Boletín de Prensa: sobre la masacre de El Mimbre que tanto oculta el estado.

México D.F., a 27 de diciembre 2011

Boletín de Prensa:
Durante la primeras horas de la mañana del día 27 de diciembre del 2011, al norte de México, en el poblado de El Mimbre, de unos pocos miles de habitantes, localizado en el Valle de Juárez, municipio del Estado de Chihuahua, hombres armados vestidos con uniformes militares ingresaron a la comunidad disparando contra la población civil de ésta, incendiando ranchos y quemando casas. Los grupos llevan actuando ya varias horas. Diversas agrupaciones de Derechos Humanos y activistas, se han comunicado a las autoridades municipales, estatales y federales sin que haya una respuesta que pueda salvaguardar la vida de la población civil en cuestión. Se teme que se repitan las diferentes matanzas de grupos paramilitares que han actuado durante horas en la zona de Chihuahua sin que haya ningún rastreo de los responsables. A las 14:30 horas locales, se recibió la información de que más camionetas continúan trasladándose a la referida población, algunos vestidos de militar y otros vestidos de civil, “por la brecha del Mimbre y por las Antenas de Canal 44, lugares en donde la policía no hace nada”, según testigos.Las organizaciones del Valle de Juárez están solicitando como medidas de Acción Urgente,presionar al gobierno mexicano Federal y Estatal para que salvaguarden la vida de los pobladores y den con los responsables de la masacre que se está cometiendo en estos momentos.

En las semanas previas al día de hoy, en diversas comunidades del Valle de Juárez habían estado ocurriendo verdaderos éxodos de desplazados por la violencia que las bandas paramilitares realizaban según las nuevas rutas de tráfico de personas, armas, drogas y dinero. En esta misma comunidad, hace un mes, ya había ocurrido el ingreso de un número menor de paramilitares a asesinar a una familia como mensaje al pueblo para que se fueran.

Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), FundaciónDiego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones deDerechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos(ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores deDerechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., laAsociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Asociación para la Defensa de losDerechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG)

Convocatoria

Comunicado de La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM)

La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) CONDENA ENÉRGICAMENTE el ASESINATO DE TRES ESTUDIANTES de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; que fueron agredidos el día 12 de diciembre del 2011 a las 12 hrs. durante una manifestación pacífica que exigía que el Gobernador Ángel Aguirre Rivero cumpliera con los compromisos asumidos y luego de la cancelación de tres audiencias. En la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco fueron certeramente agredidos por fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, resultando ASESINADOS los normalistas:

 

Gabriel Echeverría de Jesús de 20 años del 2º “B” de la Licenciatura de Educación Física.

Jorge Alexis Herrera Pino de 21 años del 3º “A” de la Licenciatura de Educación Primaria.

Y otro compañero que falleció a consecuencia de las heridas de bala.

 

Además, hay aproximadamente 5 heridos más de bala, 50 detenidos, que han sido torturados para que declaren en contra de sus compañeros y un número indeterminado de desaparecidos.

 

Las fotografías y videos publicados por las redes de comunicación muestran la saña de la agresión y claramente que quienes dispararon fueron las fuerzas policiacas y que los estudiantes y los miembros de las organizaciones que los apoyaban no llevaban más armas que sus ideas y demandas.

 

De igual forma, ha sido rodeada la normal por fuerzas militares y policiacas con la finalidad del desalojo de los estudiantes y padres de familia, a quienes no les permiten la salida.

DEMANDAMOS:

 

CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE NUESTROS COMPAÑEROS.

LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESENTACION DE LOS DESAPARECIDOS.

ENTREGA DE LOS CUERPOS A LOS FAMILIARES.

RESPETO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, NO AL CIERRE DE LA ESCUELA.

REPUDIO TOTAL AL GOBIERNO MEXICANO GENOCIDA.

 

Conferencia de prensa 13 de diciembre 12:00 hrs. En la sede de la Sección 9 Democrática de la CNTE, Belisario Domínguez 32, Col. Centro (m Allende)

Diciembre 2011

 

¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!

¡VENCEREMOS!

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México

DECLARACIÓN DE LAS COMUNIDADES CUICATECAS En defensa de la vida, la cultura y el territorio

“PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA REGIÓN CUICATECA”

Taller de información de pueblos indígenas y campesinos de la Región Cuicateca

Dado en la villa de Cuicatlán, Oax. el 03 de diciembre de 2011.

Nosotros, representantes de Bienes Comunales, Ejidales, autoridades municipales de las comunidades y organizaciones de los pueblos campesinos e Indígenas de la Región  Cuicateca, nos hemos reunido para informarnos sobre la afectación que está en ciernes sobre nuestras comunidades y territorio y sus repercusiones en nuestra vida como comunidades y pueblos, debido a la política del Estado Nacional Mexicano, lo que generará problemas en cuatro aspectos principales:

Dominio territorial
La afectación de la biodiversidad
Afectación del tejido social de las comunidades
Nuestra concepción de mundo y destrucción de nuestros espacios sagrados.

Ante lo cual manifestamos:

a. El dominio territorial que se ha practicado en nuestras comunidades por herencia histórica es comunal y/o ejidal y en una mínima parte privada, esta forma ha sido trastocada desde la modificación del artículo 27 Constitucional en 1992; el que se concreta en los programas de modificación de estas formas de propiedad, y que se enuncian como: PROCEDE, PROCECOM y FANAR.

b. Como pueblos indígenas y campesinos, hemos convivido con la naturaleza toda, en una relación de respeto a sus ritmos, calendarios y recursos; sin considerarla como objeto de posesión, ni de compra venta, por lo tanto la queremos, respetamos y no la consideramos como posibilidad de intercambio.

c. Los proyectos que se imponen a nuestros territorios, dividen, destruyen y corrompen las formas de organización comunitaria, es decir, afectan el tejido social que mantiene la unidad de nuestros pueblos y comunidades; es decir: nuestra espiritualidad y cultura y nuestros valores de reciprocidad o mano vuelta, la armonía con la naturaleza, solidaridad, colectividad, el cuidado y el compartir, entre unos y otros, prácticas cultural indispensable para lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible, hoy está en serio peligro.

d. Los pueblos indios y campesinos, no entendemos al hombre como centro de la creación del mundo, sino que somos uno con la naturaleza, somos parte del universo, del cosmos, nuestra relación es con la Madre Tierra, el Sol, la luna y las estrellas.

e. Nuestra concepción de mundo es integral, el hombre es y está con el mundo, no es su dueño; esto nos hace mirar la tierra como sagrada y es un lugar donde están nuestros protectores y patrones y también nuestros muertos; por eso, destruir un territorio es destruir el lugar donde han hecho lugar nuestros pueblos y sus deidades; por eso decimos que el modelo de desarrollo que el gobierno proclama, atenta con nuestras comunidades y pueblos.

f. Cuando el gobierno o los partidos hablan de desarrollo su modelo promueve la dominación de la naturaleza, el crecimiento económico incesante, la extracción de recursos sin límites con ánimo de lucro, el consumo y producción insostenibles de productos para los mercados; lo que tiene importancia para los mercados financieros, a los que no les interesa la comunidad, los pueblos y la persona humana. Este sistema económico no logra entender que los seres humanos somos una parte integral del mundo natural y tampoco respeta los derechos humanos de quienes aquí vivimos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

g. Somos comunidades con cultura e identidad, la que se ha creado y recreado en nuestros territorios desde tiempos ancestrales, los que deben ser respetados por el Estado Mexicano.

Por todo lo anterior, demandamos a que el gobierno mexicano actúe bajo los preceptos establecido en el Convenio 169 de la OIT, el cual establece el derecho a la consulta de buena fe e informada sobre las intenciones y efectos de los proyectos que pretenden implantar en nuestros territorios; además de acatarse a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indios.

Hacemos un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a detener todos los proyectos de las industrias extractivas en nuestro territorio y en México todo.

Nos pronunciamos por el respeto a la decisión de la comunidad de Calpulalpan de Méndez, en su derecho a decidir sobre su territorio.

Nos pronunciamos por el respeto al territorio sagrado Wirikuta del pueblo Wirrárika,

Por el respeto a los acuerdos de las comunidades el valle de Ocotlán y Ejutla.

¡Exigimos Justicia para Bety Cariño y Mariano Abarca Roblero!

¡Alto a la destrucción de la Madre Tierra!

 ¡¡Sí a la vida, no a la minería!!

Agencia Municipal                                                              Presidencia Mpal. Valerio Trujano

San Pedro Cuyaltepec                                                         Comisariado Ejidal Valerio Trujano

Agencia Municipal                                                              Congreso Autónomo Cuicateco

San Andrés Pápalo                                                             San Andrés Pápalo

Presidencia Municipal                                                     Profesionales cuicatecos en el

Santos Reyes Pápalo                                                        gobierno del estado de Oaxaca

Comisariado de Bienes                                                   Comité de revitalización de

Comunales de San Juan                                                lengua cuicateca, San Juan Teponaxtla.

Teponaxtla

Comisariado de Bienes Ejidales                               Agencia Municipal

San Pedro Chicozapotes                                               San Pedro Chicozapotes

Comisariado de Bienes Ejidales                                Centro de Estudios de la Región

San Juan Bautista Cuicatlán                                      Cuicateca

Paramilitares secuestran a comunero de Ostula

Sobre la Caravana de Observación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) a Ostula Secuestro del Compañero Trino, J. Trinidad, de la comunidad de Ostula. El día de hoy 6 de diciembre de 2011, 18 compañeros del MPJD fueron interceptados por un grupo paramilitar en la carretera al salir del poblado de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán.

Fueron bajados del vehiculo, amagados con armas largas y secuestraron al compañero don Trino de la comunidad de Ostula.

El secuestro de Trinidad de la Cruz Crisóforo de 73 años se dió de la siguiente manera, luego de una visita a la comunidad de Xayakalan. al salir de ahí, la Policía Federal, parte de la seguridad , no se encontraba; de entre los arbustos salieron 4 sujetos armados que amenazaron a los integrantes de la Caravana y que retuvieron al comunero en mención.

Cabe señalar que anteriormente había sido amenazado, así el pasado 14 de noviembre don Trino fue “duramente golpeado, en presencia de la comunidad, con un arma R-15 por Priciliano Corona Sánchez, alias Chalano, con la complicidad de Iturbide Alejo, alias Turbinas, y por Margarita Pérez, alias La Usurpadora, personas que habitan en Xayakalan y trabajan para el crimen organizado”.

Foro-taller “TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, DERECHO INDÍGENA Y CONSTITUCIONAL Y MINERÍA EN LA REGIÓN CUICATECA”.

La región cuicateca se sitúa al noroeste del estado de Oaxaca, y ocupa un territorio aproximado de 8, 400 km², el cual es atravesado por la sierra Madre Occidental, a la altura de las sierras de Pápalo y Teutitla. Incluye una gran parte del distrito de Cuicatlán y una porción del distrito de Nochixtlán, con un total de diez municipios y 54 comunidades y rancherías aproximadamente, entre los que destacan Concepción Pápalo, San Andrés Teotilalpan, San Juan Tepeuxila, San Juan Bautista Cuicatlán y Santos Reyes Pápalo. 

El territorio de esta etnia milenaria es abrupto con alturas desde los 3 300 msnm. en las elevaciones mayores, hasta los 600 msnm. en la cañada propiamente. La variabilidad de la temperatura y humedad es también característica de la zona, pues comprende clima de seco a húmedo y de frío a cálido. Estos factores determinan la presencia de diversos tipos de vegetación y asociaciones en donde predominan las selvas y bosques en las partes altas y matorrales en las partes bajas, bosques mixtos en las zonas templadas así como vegetación tropical en la parte de zotavento hacia el Golfo de México.

 

El pueblo cuicateco es esencialmente campesino de agricultura tradicional de subsistencia en las partes altas. Los cultivos son el maíz, frijol y chile y en algunos lugares, sobre todo remontando hacia la zona de la mixteca el cultivo básico es de trigo. El café fue uno de los productos de mayor importancia comercial en la parte serrana hasta que los precios bajaron por la importación del aromático, mientras que en las tierras bajas de la cañada los cultivos principales son aparte del maíz, frutales como el aguacate, mango, chicozapote, naranja y mamey, entre muchos otros. Otra actividad es la renta de los ahora deteriorados bosques de su territorio para la explotación forestal en la parte alta, además de la venta de artesanía textil y alfarera en algunas comunidades, así como de diversos objetos tejidos con carrizo e ixtle, sobre todo en la zona mixteca. Es de notar que una considerable población, predominantemente masculina migra en busca de trabajo asalariado a la capital del estado, Puebla, Distrito Federal y recientemente a Estados Unidos.

 

Por esta zona atraviesa el proyecto del Plan Puebla Panamá (PPP), en momentos en que en el estado de Oaxaca se pone a prueba la vigencia de “las leyes y los derechos humanos”. En momentos en que se da la definición de dos proyectos políticos, uno apoyado por el gran capital y otro de corte “social y popular”, hasta la fecha cooptado por el primero.

 

Esta situación cobra para nosotros especial importancia ante un terrible descubrimiento, en el año 2006, el gobierno federal signó una concesión minera por 50 años, con la Minera Zapata, S. A. de C. V., subsidiaria del grupo Peñoles para la explotación de oro y otros, en una superficie de 3,500 has., que afecta directamente las tierras de las comunidades, Tlacolula, Teponaxtla, san Andrés, Cuyaltepec, Santa María Pápalo y Tepeuxila, Sin embargo, es necesarios aclarar que las repercusiones afectarán a comunidades como Tutepetongo, Cacalotepec, Reyes Pápalo, El Casique, San Pedrito, Tomellín, Cuicatlán y todas aquellas comunidades que habitan en las márgenes del Río Grande, desde Cuicatlán río abajo, por los volúmenes de agua que utiliza la minera para limpiar los minerales que le interesan y posteriormente esas aguas serán desechadas con contaminantes cancerígenos que causan la muerte a los arroyos y manantiales que desembocan en el río grande.

 

Mencionada minera se desistió de la concesión, y el predio en la actualidad está en “posesión” de la minera Almaden Minerals Ltd., de Cánada.

 

Dada la magnitud de la superficie “concedida” resulta indudable que la explotación minera mencionada, arrasará con el entorno ecológico de la región cuicateca, habida cuenta de que seguramente se trata de una mina a cielo abierto. Además de ello, en función de la ubicación del predio en cuestión, denominado LA RAQUELITA I, se afectará directa e inmediatamente a la comunidad hermana de San Sebastián Tlacolula, comunidad que está dentro del polígono concedido, y los resultados serán desastrosos ya que las aguas a utilizar se verterán posteriormente al río grande, que es la espina dorsal de la parte baja de la cuicateca.

 

De la misma manera nos preocupa que en los 10 años de gestión ante la Presidencia de la República Mexicana de gobiernos surgidos del PAN, se hayan concesionado aproximadamente el 30% del territorio nacional y en complicidad, el gobierno federal y el gobierno del estado, el antecesor y el actual han concesionado 800 000 has., que se asimilan a la cantidad de tierras concesionadas a nivel nacional, todas ellas en su gran mayoría ubicadas en tierras comunales y ejidales.

 

Hasta la fecha la explotación minera en el predio la Raquelita I no se ha iniciado pero esto no quiere decir que el trabajo no se vaya a realizar, mas bien lo que creemos es que la empresa minera se aparecerá en cuanto el precio del oro tenga más valor o en su caso en cuanto termine de explotar los predios donde la concentración de oro es mayor por tonelada de tierra que haya que remover, recordemos que la explotación minera es viable con medio gramo de oro que se encuentre en cada tonelada de tierra.

 

Por otro lado, a la región cuicateca pertenecen varias comunidades del grupo indígena cuicateco, por tanto, su existencia está protegida por las leyes y las constituciones tanto del Estado de Oaxaca como de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, amén de todos los convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano como el Convenio 169 de la OIT, de ahí que todas las acciones que la comunidad emprende son legales y legítimas, sobre todo cuando se sustentan en los usos y costumbres locales, así, al decidir que la propiedad de la tierra y los bienes que en ella existen sean de carácter comunal y/o ejidal, refrenda su unidad e integridad y protege en la práctica su existencia.

 

Estas facultades fueron obviadas en el proceso de concesión ya que todas las comunidades consultadas hasta la fecha desconocen los procedimientos que se realizaron para hacer el otorgamiento de la concesión mencionada. Por tal razón nos vemos en la necesidad de revisar los marcos normativos constitucionales, comunitarios e internacionales con la finalidad de encontrar la justificación de la defensa de nuestro entorno territorial antes que las empresas mineras trasnacionales se apoderen de nuestros espacios y terminen con la vida en la región cuicateca.

 

 

“Defendamos la vida, no la muerte”

Diciembre 3 de 2011.

Comisariado Ejidal de San Francisco Tutepetongo, Cuic. Oax.

Congreso Autónomo Cuicateco, (CAC).

COMUNICADO DE PRENSA UCIZONI

EXIGIMOS CESE PERSECUCION CONTRA OPOSITORES AL MEGAPROYECTO EOLICO DEL ISTMO

UCIZONI

29 DE OCTUBRE DEL 2011

 

La imposición del megaproyecto eolico del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) ha traído como consecuencia el despojo “legal” de más de 12,000 hectareas propiedad de comunidades indígenas; el cambio de uso de suelo de tierras de cultivo y una gran cantidad de conflictos sociales y todo ello en beneficio de empresas trasnacionales, las cuales han contado con el respaldo del Banco Mundial, del gobierno de Felipe Calderón y de caciques priistas de la región.

 

Sin ningún tipo de consulta y sin brindar información adecuada, cientos de campesinos indígenas han sido ” convencidos” para que arrienden hasta por 30 años sus tierras a cambio muchas veces de una renta irrisoria. Los renuentes han sido hostigados y perseguidos, algunos encarcelados y amenazados, sin que ninguna autoridad haya intervenido para frenar estas acciones violentas. Durante el gobierno de Ulises Ruiz, los caciques priistas se convirtieron en operadores del proyecto eólico y hoy algunos de ellos se han convertido en empleados de las empresas españolas que estan relacionadas con la construcción de los parques.

 

Tierras de alta productividad, como las de la zona de riego del ejido La Venta que en sus 1,050 hectáreas producia anualmente unas 10,000 toneladas de alimentos, ahora estan ocupadas por cientos de aerogeneradores. El Parque Eurus el más grande de América Latina produce energía eléctrica barata para CEMEX, en tierras que antes servían para alimentar a miles de familias istmeñas.

 

La imposición del megaproyecto eólico ha generado graves conflictos sociales, ha dividido comunidades como ha ocurrido en La Venta, Ingenio Santo Domingo, La Mata, San Dionisio del Mar y La Ventosa; también ha provocado choques entre pueblos como ha ocurrido en el grave conflicto que enfrentan las comunidades ikoots de Santa María con San Mateo del Mar.

 

En uno de los conflictos más graves, operadores priistas y golpeadores al servicio de la empresa DEMEX estuvieron estas últimas semanas amenzando y hostigando a varios campesinos del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo quienes se oponen a ceder sus tierras para la construcción del Parque Eolico Piedra Larga, el cual beneficiara directamente a la empresa Bimbo. Dichas amenazas se extendieron hasta sus asesoras Bettina Cruz y Maribel Gonzalez y en días recientes operadores priistas como Pedro Santiago Rasgado y Rolando Gómez Wendolay hicieron amenazas públicas en contra de los opositores al Proyecto Eolico Piedra Larga.

 

Ante los intentos de los empleados de la empresa DEMEX (filial de la española Renovalia Energy)de apoderarse de tierras en Unión Hidalgo, diferentes organizaciones sociales de la región entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, la Sección 22 del SNTE entre otras iniciaron una Jornada de Movilización el pasado 24 de Octubre la cual incluyo acciones de protesta en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.

 

A pesar de estas intensas movilizaciones, las agresiones por parte de los operadores de la empresa DEMEX se intensificaron por lo cual el 28 de Octubre los opositores al proyecto eólico bloquearon la carretera Panamericana a la altura del poblado La Venta. Esta protesta fue atacada a partir de las 4 de la tarde y en tres ocasiones por un grupo de unos 50 golpeadores y agentes priistas entre los que se destacan Ventura y Luis Angel Ordaz Santiago, líderes del poblado de La Venta ligados a la empresa DEMEX quienes encabezaron a un grupo, entre los que iban taxistas y camioneros de la CTM y policias municipales, en este ataque fueron golpeadas más de 20 personas entre ellas Bettina Cruz y en el enfrentamiento resulto muerto Reynaldo Ordaz Velazquez.

 

El agente priista Ventura Ordaz es un individuo sumamente violento que apenas hace unos días ataco violentamente una movilización de indígenas zoques de San Miguel Chimalapa quienes bloqueaban la carretera Panamericana (federal 190) en demanda de atención a un grave conflicto agrario.

 

Ante la grave situación que se vive en el Istmo de Tehuantepec a raíz de las imposición del megaproyecto éolico, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) demanda:

 

1.- Cese a la criminalización y persecución en contra de los opositores al proyecto éolico Piedra Larga ( Unión Hidalgo). Respeto a la integridad de Bettina Cruz, Rodrigo Peñaloza, Juan Regalado Martínez y Maribel Gonzalez.

 

2.- Investigación imparcial de los graves hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de Octubre en la zona de la Venta, mismos que fueron instigados por Ventura y Luis Angel Ordaz Santiago.

 

3.-Moratoria a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, con el fin de asegurar el respeto a los comunidades indígenas y en particular al derecho que tienen a un consentimiento libre, previo e informado y de esa manera evitar nuevos enfrentamientos,un mayor desgarramiento del tejido social y el despojo “legalizado” de tierras ejidales y comunales.

 

4.- Establecimiento por parte del gobierno del estado de Oaxaca de una Mesa para atender las inconformidades ciudadanas en torno al megaproyecto eólico y a la operación de la Comisión Federal de Electrricidad (CFE).

 

5.-Determinar un esquema fiscal que obligue a los propietarios de parques eólicos al

pago de un impuesto estatal de uso del suelo por generación de energía eléctrica.

 

UCIZONI exige cese la persecución en contra de los opositores al Megaproyecto Eolico del Istmo y el respeto pleno a los derechos de los Pueblos Indígenas.

 

Atentamente

PCI-UCIZONI

COMUNICADO: EMPRESAS EOLICAS ESPAÑOLAS COBRAN UNA VIDA EN OAXACA

A los pueblos de Oaxaca

A los pueblos de México

A los pueblos del mundo

 

La voracidad y la codicia de los ricos no tiene límites y no les importa derramar la sangre de los campesinos  y  trabajadores para imponer sus intereses. Las rebeliones contra la avaricia capitalista que se extienden hoy por todo el mundo desde Egipto hasta Chile y desde Grecia hasta  Estados Unidos se suman  a la larga y ancestral resistencia de los pueblos originarios contra los invasores colonialistas capitalistas. En Oaxaca, México, la lucha contra las empresas eólicas transnacionales en el istmo de Tehuantepec ha cobrado ayer 28 de octubre de 2011 una vida y más de 20 lesionados, algunos de gravedad.

El día de ayer 28 de octubre de 2011 ocurrió un enfrentamiento en la carretera panamericana frente a la comunidad de la Venta, Juchitán, Oaxaca cuando un grupo de golpeadores y policías comandados por el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago, pretendieron desalojar violentamente un bloqueo que campesinos inconformes con el proyecto eólico mantenían en esta carretera evitando la extracción de material de sus terrenos que se usaría para la construcción de más parques eólicos en la región. Ante esta agresión los compañeros se trataron de defender y en la confusión fue muerto una de las personas que formaba parte del grupo agresor además de veinte heridos, muchos de ellos de gravedad, todos campesinos opositores al proyecto eólico. Estos hechos ocurrieron siete días después que los campesinos opositores al proyecto recibieran amenazas de muerte, incluso documentadas por amnistía internacional (AI) y unas horas después que un representante del movimiento opositor, el profesor Rodrigo Flores Peñaloza hiciera una denuncia pública en la ciudad de Oaxaca sobre la inminente agresión a sus compañeros. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A CARGO DE GABINO CUE MONTEAGUDO NO HIZO NADA PARA IMPEDIR ESTA AGRESION A PESAR DE LAS REITERADAS DENUNCIAS.

Hoy la prensa local y los funcionarios del gobierno del estado guardan un hermético y sospechoso silencio sobre estos hechos, al mismo tiempo que en la región del istmo de Tehuantepec pistoleros armados buscan a compañeros campesinos que según ellos son los  responsables de la muerte del ciudadano asesinado ayer para vengar su muerte.

Ante el silencio cómplice del gobierno del estado de Oaxaca a cargo de Gabino Cue Monteagudo que ya ha provocado una muerte y que pudiera desembocar en una violencia aun mayor denunciamos estos hechos ante los hombres y mujeres del mundo, a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales de todo el mundo que luchan y resisten por un mundo mejor.

Denunciamos además que estos hechos en el istmo son parte de la ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE GABINO CUE PARA ENFRENTAR A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, DEJAR QUE SE PUDRAN LOS CONFLICTOS Y AZUZAR LA VIOLENCIA ENTRE PUEBLOS PARA HACER PARECER CONFLICTOS INTERCOMUNITARIOS LO QUE EN REALIDAD SON ACTOS DE DESPOJO de grandes empresas transnacionales contra los pueblos indígenas de Oaxaca. Así ha ocurrido en San Juan Cópala y en el istmo de tehuantepec y así pretenden que ocurra en San Miguel Chimalapas, Oaxaca.

 

Responsabilizamos directamente a las empresas españolas DEMEX (RENOVALIA), GES SCADA, GAMESA, CIISA.

 

 

Responsabilizamos directamente a las personas Pedro Santiago Rasgado personero de Ulises Ruiz Ortiz y Ventura Ordaz Santiago, agente municipal de la venta, Juchitán, Oaxaca quienes encabezaron este desalojo violento.

 

Responsabilizamos a Gabino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca y a Jesús Martínez Álvarez, secretario de gobierno de Oaxaca por practicar una política perversa para enfrentar a los movimientos y organizaciones sociales al azuzar la guerra fratricida entre hermanos, entre indígenas, entre pobres, mientras las empresas transnacionales y los ricos en general reciben todas las garantías para sus negocios.

 

Exigimos firmemente el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la carretera panamericana el día de ayer 28 de octubre de 2011 pues estamos seguros que nuestros compañeros campesinos opositores al proyecto eólico son inocentes.

¡CASTIGO A LOS CULPABLES!

¡NO AL PROYECTO EÓLICO TRANSNACIONAL!

¡CASTIGO AL ASESINO ULISES RUIZ ORTIZ!

¡JUSTICIA PARA OAXACA!

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad

 

Oaxaca de Magon, ciudad de la resistencia, 29 de octubre de 2011.

 

Boletin Urgente . Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria. octubre 26, 2011

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

Territorio Comunitario. Territorio Comunitario. San Luis Acatlan, Gro. Octubre 26. 2011.

AL PUEBLO EN GENERAL. A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS FRATERNAS. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El día de ayer, martes 25 de octubre, aproximadamente a las 10 de la mañana, fuimos informados en la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlan, que un convoy de aproximadamente siete vehículos que trasladaban a personal militar y elementos de la Policía Federal, ingresaron a territorio comunitario, por San Luis Acatlan, pasando por las comunidades de Horcasitas, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, Hondura Tigre y arribaron a la comunidad de Buenavista, lugar donde hicieron una parada y preguntaron por donde llegar a la comunidad de Pajarito Grande, supuestamente extraviados.

Ahí se les informo, y regresaron hacia esta última comunidad mencionada, lugar al que arribaron aproximadamente a las 16 horas y detuvieron al compañero Agustín Barrera Cosme, consejero de la CRAC, a quien se le dijo que tenía orden de aprehensión por haber cometido un delito ambiental meses atrás.

Luego de la detención regresaron de igual manera por San Luis Acatlan, con rumbo a la ciudad de Acapulco, llevándose detenido a nuestro compañero, por quien exigimos su inmediata libertad. Lo anterior ocurre en un contexto de alerta generalizada en las comunidades que integran nuestra institución comunitaria, ya que en los últimos meses, y en particular en los últimos días, se han incrementado de manera visible los actos de delincuencia, sobre todo los relativos al narcotráfico.

Concretamente, los días 13 y 14 de octubre del año en curso, precisamente durante los días de celebración del XVI aniversario de nuestra Policía Comunitaria, se logro la captura de cinco personas involucradas en el traslado de un cargamento de mariguana, (33 paquetes) utilizando tres vehículos; junto con la carga y los vehículos, se les decomisaron aparatos de radio de banda civil y teléfonos celulares; no llevaban ningún tipo de arma. Los detenidos son los CC. Javier Ventura Morales y Marcos Ventura Morales, de la comunidad de Cahuañaña, municipio de Metlatonoc, Gro.; Pedro Ponce Rodríguez y Feliciano Ponce Chávez, de la comunidad de Rio Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, Gro., y Gabriel Orozco Nieto, quien dijo ser del Estado de México. Por la gravedad de la falta cometida, los detenidos de inmediato fueron puestos a disposición por la Policía Comunitaria ante la máxima autoridad de nuestra institución, que es la Asamblea Regional de Autoridades, la cual sesionara el próximo 5 de noviembre, fecha en la que se determinara el procedimiento y términos de su sanción y reeducación. De igual manera, en esa fecha se determinara el destino de la droga y los bienes asegurados. Sabemos de las posibles implicaciones de este caso grave que está ocurriendo, y solo pedimos a las autoridades del Gobierno, respeten los procedimientos y acuerdos que las instancias del sistema comunitario establezcan para la atención de dicho caso. En el entendido de que nosotros no estamos en guerra contra nadie, y que en todos los casos priorizaremos la seguridad, integridad y tranquilidad de nuestras comunidades, así como las mejores condiciones para la reeducación de los detenidos, respetando debidamente, conforme a nuestras posibilidades, sus derechos como personas.

Rechazamos desde ahora, la presencia de militares y policías federales en Territorio Comunitario, ya que ello no contribuye a la seguridad ni a la tranquilidad de nuestros pueblos. Reiteramos nuestra disposición de dialogo y trabajo coordinado con el gobierno, pero con respeto a nuestras instancias y mecanismos para la toma de decisiones. Decimos no a la sumisión ni a la subordinación.

“SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO” “EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA” COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

Boletín Urgente: OSTULA INFORMA

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“Tenemos que luchar, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil, es desgastante, tanto económica, física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad”

Pedro Leyva, Santa María Ostula,

6 de Julio de 2011.

Hoy aproximadamente a las 9 p.m. en el poblado de Xayakalan, Santa María Ostula, municipio de Aquila Michoacán, el compañero comunero Pedro Leyva de 34 años de edad, quién era miembro de La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales, de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y representante de Santa María Ostula ante el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, fue cobardemente asesinado por paramilitares que operan en la región al servicio de los grupos de la delincuencia organizada que desde el 29 de junio de 2009 persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de la comunidad y de las comunidades vecinas con total impunidad.

A pesar de que en septiembre del año 2010 la comunidad obtuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Medidas Cautelares para algunos de sus miembros, la violencia y las agresiones en contra de los miembros de la comunidad continúan ante los ojos cómplices de los gobiernos federal, estatal y local.

Hacemos un llamado a tod@s los miembros de la Sociedad Civil para que difundan esta terrible situación por los medios a su alcance, así como ha estar atentos ante nuevas agresiones en contra de los compañeros de la comunidad.

Además del asesinato del compañero Pedro Leyva, han sido asesinados o secuestrados-desaparecidos los siguientes indígenas nahuas de Santa María Ostula:

Asesinados:

Fecha del Asesinato Víctima

26 de julio de 2008 Diego Ramírez Domínguez (profesor y comunero)

15 de agosto de 2009 Simón Pineda Verdía (comunero)

15 de agosto de 2009 Simón Pineda, hijo(comunero)

11 de septiembre de 2009 Quintín Regis Valdez (comunero)

15 de septiembre de 2009 Erick Nemesio Domínguez (comunero)

18 de septiembre de 2009 Froylán Medina Álvarez

18 de septiembre de 2009 Demetrio Olivero Álvarez

17 de julio de 2010 Humberto Santos Valladares (comunero)

27 de julio de 2010 Venancio Ramírez Cirino (comunero)

27 de julio de 2010 Manuel Flores Álvarez (comunero)

27 de julio de 2010 Miguel Ángel Flores Álvarez (comunero)

3 de agosto de 2010 José Martínez Ramos (comunero)

10 de diciembre de 2010 Horacio Martínez Ramos (comunero)

1 de enero de 2011 Ernesto Nicolás López (comunero)

1 de enero de 2011 Pedro Nazario Domínguez (comunero)

1 de febero de 2011 Pedro Guzmán (comunero)

20 de marzo de 2011 Isidro Mora Domínguez

20 de marzo de 2011 Feliciano Cirino Domínguez

2 de mayo de 2011 Fortino Verdía Gómez (quemado y después

asesinado)

2 de mayo de 2011 Jonathan Verdía Gómez (quemado y después

asesinado)

13 de Mayo de 2011 Francisco Verdía Macías (comunero y

director de la escuela primaria de Ostula)

13 de Mayo de 2011 Ambrosio Verdía Macías (comunero y

profesor de la escuela primaria de Ostula)

28 de mayo de 2011 Nicolás de la Cruz (comunero, PRIMER

COMANDANTE DEL TERCER GRUPO PERTENECIENTE A LA GUARDIA COMUNAL QUE RECUPERÓ XAYAKALAN EL 29 DE JUNIO DE 2009)

28 de mayo de 2011 Nicolás de la Cruz, hijo (comunero)

29 de mayo de 2011 Juan Faustino Nemesio (comunero, PRIMER COMANDANTE DEL SEGUNDO GRUPO PERTENECIENTE A LA GUARDIA COMUNAL QUE RECUPERÓ XAYAKALAN EL 29 DE JUNIO DE 2009)

Secuestrados-desaparecidos:

Fecha Víctima

23 de Febrero de 2010 Gerardo Vera Orcino

23 de Febrero de 2010 Javier Martínez Robles

20 de Abril de 2010 Francisco de Asís Manuel (presidente del Comisariado

de Bienes Comunales de Ostula)

26 de junio de 2010 Máximo Magno Valladares (representante de la encargatura El Potrero)

8 de Abril de 2011 Enrique Domínguez Macías (17 años de edad)

Además de lo anterior el 20 de febrero de 2011 un comando intentó asesinar al comunero Semeí Verdía, quien es miembro de la Comisión Comunal de Diálogo para la Problemática Agraria de la Comunidad y actualmente se encuentra fuera de Ostula.

Campaña Alto a la Guerra Contra Ostula.

5 de Octubre de 2011

Nueva alerta en la región cuicateca

Como un ejercicio de solidaridad con las comunidades cuicatecas organizadas, publicamos el siguiente boletín de denuncia sobre la ofensiva que prepara el capital trasnacional en contra de las comunidades cuicatecas, en contravención de todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales  violentando de manera flagrante los derechos humanos de las comunidades involucradas directamente en el mencionado proyecto.

PERSONEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS ESTUVIERON EN TEPEUXILA, OAX.
BOLETIN DE PRENSA No. 2.

A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS CUICATECOS
A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS TODOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS INTELECTUALES HONESTOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD JUSTA
A TODOS AQUELLOS QUE AÚN CREEMOS EN LA IZQUIERDA, DESDE ABAJO.

Nuevamente nos vemos en la necesidad de recurrir a ustedes para denunciar los movimientos que se están realizando en los territorios indígenas de la región cuicateca, sobre todo, en los municipios de San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Tepeuxila y Santa María Pápalo, concretamente.

1.- Como se hizo público a mediados de 2006, de que una porción de nuestra tierras había sido concesionada al capital privado internacional para la explotación de recursos mineros en el predio denominado La Raquelita I, (RI), con una extensión de 3 500 hectáreas que afectan las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo, San Juan Tepeuxila y todas las comunidades que se encuentran en la rivera del Río Grande.

2.- Ahora fuimos enterados y por ello la denuncia nacional e internacional de que personas de la Dirección General de Minas, dependencia del gobierno federal se apersonaron en la cabecera municipal de San Juan Tepeuxila, a bordo de dos camionetas y pidieron hablar con el presidente municipal, C. Juan García Palacios, quién por su parte buscó al Sr. Cayetano Cruz Palacios para que sirviera de guía de los empleados para mostrarles la zona que solicitaban inspeccionar. Esto sucedió el día miércoles 11 de febrero de 2009.

3.- Una vez informados de la situación recurrimos a investigar el trabajo que se está realizando y personas de diversas comunidades nos dijeron que tienen ya conocimiento de que el Comisariado “anterior” de San Juan Tepeuxila, permitió el trabajo para los estudios de prospección en el paraje conocido como “el zorrillo” en las tierras de la mencionada comunidad.

4.- De la misma manera, compañeros nuestros estuvieron presentes en la reunión de ejidatarios en la comunidad de San Francisco Tutepetongo, Cuicatlán, Oax., por la tarde del día domingo 15 de febrero de este año donde se trató el tema de la solicitud que hace el Presidente Municipal de San Juan Tepeuxila al ejido de Tutepetongo para que dicho ejido permita los trabajos en su territorio para el paso del tendido de luz trifásica de 4 líneas que está pendiente entre los limites del ejido de San Pedrito y Tutepetongo y que nadie sabe con certeza a donde van ni para que servirán, pero se sospecha que van dirigidos a la explotación de los minerales en algún punto de esta región.

5.- Por lo anterior denunciamos que el Presidente Municipal de San Juan Tepeuxila si sabe de los trabajos que diversas instancias del Gobierno Estatal y Federal así como personal de diversas compañías extranjeras están realizando en nuestro territorio y que fueron permitidas por el Comisariado Comunal saliente representado por el señor Manuel Villegas Villegas.

6.- De la misma manera, solicitamos la intervención de los antropólogos estudiosos de la cultura cuicateca porque en los parajes de exploración que se están realizando, como es el caso del Zorrillo y La Banqueta, esta ultima denunciada con anterioridad, son espacios donde hubo asentamientos de nuestros antepasados y están a escasos metros del punto “Cerro San Jacinto” o “Yicu Chindu” que tiene cierta deformación con la palabra “Yicu Tindu” o “cerro de colibríes”. Asentamiento origen de la cultura cuicateca y que por cierto no a sido estudiada y que además este lugar sagrado lo andan buscando por Usila, ¡ah, que intelectuales!

7.- Bueno sin que esta sea la intención, de un tiro matamos tres pájaros. Pero también es necesario recordar lo que dicen varios estudios sobre el impacto que tienen las explotaciones mineras, entre ellas el uso irracional del agua, únicamente para lixiviar o lavar o limpiar de impurezas sus minerales, por cada hora de trabajo utilizan la cantidad de agua que una familia de 5 personas gasta durante 20 años aproximadamente.

8.- Por lo anterior nos solidarizamos con el ejido de San Francisco Tutepetongo y los conminamos a que tomen las acciones pertinentes porque seguramente que dentro del estudio de la minera está el utilizar el agua del Río de la Grana, principal caudal que abastece las necesidades de los pobladores que habitan esta comunidad, para que realicen lo conducente, y a la sociedad nacional e internacional los ponemos al tanto de nuestras acciones para que nos apoyen con su solidaridad como lo han hecho siempre, lo mismo que nuestros hermanos indígenas de la región y del país.

Atentamente.
San Juan Bautista, Cuicatlán, Oax. Méx. Febrero 16 del 2009.

CONSEJO AUTÓNOMO CUICATECO.

En México se violan los derechos humanos II o Crimen de Estado los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero

La indignación llena los corazones de todos los que desde el sotano de la patria miramos dia a dia como no solo se violan los derechos elementales de los pueblos originarios sino que se ha desatado una guerra no declarada de exterminio en contra nuestra, en este contexto, los miembros del CECUIDH denunciamos a todo el mundo el crimen de Estado realizado en Guerrero, mediante la ejecución sumaria de nuestros hermanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron víctimas de un cobarde e innombrable ejercicio de exterminio por el solo hecho de defender sin cortapisas los derechos de sus respectivas comunidades y con ello los derechos de todos y todas quienes conformamos los pueblos originarios, reproducimos a continuación la denuncia de nuestros hermanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregando unicamente.
Por los caidos no un minuto de silencio sino una vida de lucha y compromiso con la paz con justicia y dignidad.

Crimen de Estado los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero.

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009. Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), desde el pasado viernes 13, en Ayutla de los Libres.

Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.

Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla —que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa—, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público de inauguración de obras.

En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla —y ex militar—, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.

De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.

Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.

Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.

Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia, cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados —esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial— y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.

Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

ALERTA II

¡A las comunidades cuicatecas!

¡A los pueblos de México y el mundo!
¡Los organismos de DERECHOS HUMANOS nacionales e internacionales!
¡A los mexicanos mexicanas concientes!

Como es de su conocimiento, el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC, ha realizado desde hace cuatro años, las investigaciones relativas a la existencia de una concesión minera, por cincuenta años, en el territorio del municipio de San Juan Tepeuxila, hasta ahora no existe una sola prueba que permita poner en duda lo anterior, justamente por eso se inició desde el año 2006 una labor de información a las comunidades de la región cuicateca, circundantes a la probable área de impacto, tanto de la parte alta como a la cañada, cuya vida depende de los escurrimientos de agua que se originan en la parte alta, ello ha resultado en el firme compromiso de las comunidades informadas, hasta el momento alrededor de veinte, en la defensa de la vida y la integridad territorial cuicateca.
A través de diversos medios, que van desde las autoridades locales, comisariados, autoridades municipales y de las agencias, se ha solicitado la información y el expediente relativos a la mencionada concesión sin que hasta el momento la Secretaría de Minas, específicamente por medio de la Dirección General de Minas, se haya dignado en responder a las peticiones mas que con evasivas, el expediente de marras ha sido visto por las representaciones comunitarias interesadas, sin embargo por medio de obstáculos no se ha entregado a los interesados, y en el colmo del cinismo, en la versión que se ha mostrado a petición de las comunidades, el expediente ha sido rasurado, reduciéndolo a unas cuantas páginas con folios alterados e irreconocible.
Mientras tanto a partir de septiembre del 2008 se ha iniciado un hostigamiento por parte de las instituciones estatales y federales, e incluso del ejército federal en las comunidades participantes, la presencia de inteligencia militar, denunciada ya en este espacio, la presencia de un pelotón del ejército en plena celebración patronal en San Juan Tepeuxila, haciendo ostentación de su condición, así como patrullajes conjuntos en San Francisco Tutepetongo, interrogando a los lugareños, son solo un pequeño muestrario.
Durante el mes de diciembre del año anterior, el equipo de investigaciones del CEREC, realizó una visita al sitio sagrado de los tepeuxileños, conocido como la BANQUETA, ahí se localizaron marcas ajenas al sitio, que se ilustran en algunas fotografías al final, estas mismas marcas han sido realizadas por el personal de la Dirección General de minas, en la carretera que comunica a la comunidad de San Juan Tepeuxila con las demás comunidades, en un tramo que comprende desde el río de la Grana, límite natural con San Francisco Tutepetongo, y el sitio conocido como la capilla, sobre la carretera mencionada por ubicarse allí una pequeña capilla dedicada a la virgen de Guadalupe. Es necesario indicar que en este caso el sitio mencionado se encuentra totalmente fuera del polígono que comprende las 3500 has., concedidas ilegalmente en 2006 a Minera Zapata S. A. ce C. V., la cual renunció a la titularidad, lo que ocasionó que el propio gobierno Federal pusiera en licitación las tierras mencionadas en abril del 2008, nuevamente de manera ilegal al no haber hasta el momento ninguna notificación oficial, ni a las autoridades municipales ni a las representaciones comunitarias de los afectados.

El espacio mencionado, es conocido como el Zorrillo y se encuentra en los límites de San Juan Tepeuxila y San Francisco Tutepetongo, en los últimos dos meses ha sido visitado por equipos de exploración de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, en una franca violación a la autonomía de las comunidades, el régimen de propiedad es comunal en la totalidad de las comunidades afectadas, por lo que se rigen por usos y costumbres, pues como dato adicional se trata de comunidades indígenas, amparadas por leyes federales y estatales, como la propia Ley General de Cultura y Derechos de los Pueblos indios de Oaxaca, así como los ordenamientos internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, y otros tantos refrendados por el SENADO de la República y por tanto obligatoriamente vigentes en nuestro país.

Alertados por la situación, el día 7 de marzo del años en curso, luego de al menos dos intentos fallidos, autoridades municipales y de la comunidad de San Juan Tepeuxila, lograron detener una camioneta con placas TK-30-538, del estado de San Luís Potosí, al servicio de la mencionada dependencia, a bordo de la cual se confiscaron algunas rocas, se solicitó la presencia de los responsables de los trabajos y el día ocho del mismo mes alrededor del medio día se presentaron otros dos vehículos a bordo de los cuales viajaba personal de la dependencia que se identificó como parte de un equipo de geólogos provenientes del norte del país, todos ello pertenecientes a dicha dependencia federal, es necesario señalar, que por acuerdo de ASAMBLEA comunitaria, se les consignó ante las instancias correspondientes en la ciudad de Oaxaca de Juárez..
En un recorrido de trabajo, el equipo del CEREC, visitó en las mismas fechas varias comunidades de la región cuicateca y pudo constatar la existencia de señalizaciones similares en varias de las comunidades, estas de acuerdo con la nomenclatura geológica apuntan a la existencia de minerales como el oro y muy presumiblemente uranio, ello sin embargo hasta ahora no ha sido notificado a ninguna comunidad de manera oficial, asimismo se denunció por parte de los habitantes y autoridades comunitarias la presencia de personas ajenas a las comunidades las cuales a bordo de camionetas e incluso de helicópteros han inspeccionado los territorios de las comunidades de Copán de Guerrero y San Juan Teponaxtla, esto último testificado por parte de nuestro equipo de investigación.
Ante ello se realizaron en algunas de las comunidades Asambleas comunitarias para el análisis de la situación, hasta el momento se espera la réplica de las mismas en otras tantas, entre los resolutivos de las Asambleas se propone declarar a la Secretaría de Economía y en específico a la Dirección General de Minas organismo NON GRATO a las comunidades cuicatecas y se alertará a las comunidades para que tomen las previsiones necesarias y se impida el paso de los vehículos relacionados con esta institución, hasta en tanto la misma no considere informar puntualmente a las comunidades de la naturaleza de su presencia y disipe conforme a pruebas fehacientes las razones de su presencia y de que esta es inocua para los interesados, mientras tanto se harán las notificaciones pertinentes a los organismos estatales y federales y se conminará a que hasta que no sea cabalmente disipada cualquier duda la dependencia mencionada se abstenga de manifestar su presencia en la zona, deslindando a cualquiera de las comunidades sobre los riesgos que el personal de la DGM pueda correr de persistir en la violación de nuestros territorios.
Finalmente en tanto se realizan las diligencias correspondientes, tendientes a notificar oficialmente a las instituciones oficiales de dichas resoluciones apelamos a la vigencia de las leyes y solicitamos, nuevamente, la información pormenorizada referente a los trabajos que, hasta ahora clandestinamente, realiza la DGM en nuestro territorio cuicateco. Al mismo modo solicitamos a todos los hermanos y hermanas cuicatecos estén alertas ante las posibles implicaciones de esto y reiteramos nuestra solicitud a los pueblos y organizaciones originarias para que nos apoyen difundiendo este mensaje y observando atentamente el desenlace de los hechos.

FRATERNALMENTE
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO

¡Solidaridad para la reconstitución de la sociedad!

Señalización de la DGM en la Banqueta

señalización DGM sobre carretera a Tepeuxila

Vehículo retenido en Tepeuxila

Placas del vehículo retenido en Tepeuxila

En México se violan los derechos humanos

Como una prueba más de las sucesivas violaciones del Estado mexicano a los derechos humanos, presentamos los videos de las visitas del CCIODH al estado de Oaxaca, de donde somos originarios, mismos que prueban fehacientemente la participación del gobierno estatal y federal en la represión por los sucesos del año 2006, por considerarlos el preámbulo de lo que puede venir para toda resistencia frente a los megaproyectos que se desarrollan en el estado de Oaxaca, y en el país en general, especialmente en los territorios de los pueblos originarios, los cuicatecos alertamos con esto la eventualidad de una oleada represiva en contra nuestra por la oposición al proyecto minero llamado la “Raquelita I”.

Boletín No. 3

paisaje cuicateco

Por considerarlo una situación de emergencia y una clara violación , de las muchas cotidianas, en contra de los derechos comunitarios el CECUIDH, lanza éste boletín llegado a nosotros por los hermanos de San Alejo del municipio de San Francisco Chapula, Cuicatlán, Oaxaca, en la región cuicateca, los cuales alertan sobre una invasión en curso en su territorio ancestral, alertando al mundo sobre las probables impicaciones de la misma, este boletín ha sido generado por el equipo de investigación del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC.

DENUNCIA PÚBLICA AL MUNDO

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS ORGANIZMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS PERSONALIDADES E INTELECTUALES CONCIENTES Y CONSECUENTES.
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO

Nosotros investigadores del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGION CUICATECA (CEREC), nos dirigimos a los Pueblos Indígenas de México, a las organizaciones sociales, a los Organismos de Derechos Humanos, a las personalidades e intelectuales, a los medios de comunicación y a la opinión pública, para denunciar las amenazas que NUESTRAS COMUNIDADES CUICATECAS enfrentan en la actualidad con los megaproyectos que el gobierno federal tiene comprometidos con las trasnacionales que lo llevaron al poder.

De esta manera denunciamos ante ustedes que hermanos nuestros nos han enterado de que un equipo de investigadores extranjeros se han internado en los montes y serranías cercanas a la comunidad de San Alejo del municipio de San Francisco Chapula, Cuicatlán, Oaxaca, realizando estudios de prospección de diversa índole.

Por lo anterior, exigimos que se presente la información pertinente de las instancias gubernamentales correspondientes sobre dicho equipo y que se haga del conocimiento general de que tipo de estudios y con que finalidad está realizando el equipo mencionado.

Sin otro particular, reciban un fraternal saludo

“El oficio de un pueblo es crear, y la fuerza está en los que crean.”
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC

Represión en Ocotlán Oaxaca

represión en Ocotlán

Por tratarse de un asunto de interés público en momentos en que el Estado mexicano por sugerencia del Departamento de Estado norteamericano, Hillary Clinton, de seguridad Janeth Napolitano y asesores de CIA, pone en práctica medidas de CONTENCION SOCIAL, so pretexto de una emergencia sanitaria, más en la imaginación del estado que en la realidad, ampliamente difundido por los medios convencionales de comunicación, quienes manipularon ampliamente a la opinión pública, hacemos patente nuestra adhesión a la presente denuncia y seguimos alertando a toda la sociedad civil, nacional e internacional, sobre las implicaciones que las acciones de resisitencia pueden tener a futuro.

Mayo 6 del 2009

· El Estado nuevamente utiliza el uso excesivo de la fuerza pública para solucionar conflicto en San José el Progreso ante la resistencia de los habitantes a la exploración minera en su localidad.

· El estado viola derechos humanos de las comunidades indígenas.

· La protesta es un derecho, la represión un DELITO.

El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. y la COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ REPRUEBAN Y CONDENAN el uso excesivo de la fuerza pública como método institucional para acallar la voz y la participación de los inconformes ante los proyectos mineros; no es con la represión, detención y tortura como se resuelve la inconformidad, por el contrario genera más revuelta social y graves violaciones a los derechos humanos.

A los habitantes de las comunidades de San José el Progreso, Ocotlán Oaxaca se les están Violando sus Derechos Humanos:

- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,

- Derecho a la información,

- Derecho a la consulta,

- Derecho a la participación,

- Derecho a la integridad física,

- Derecho al desarrollo,

- Derecho a la organización y a la protesta social.

Exigimos

· Al Gobierno Federal y Estatal garantizar estos derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto minero.

· Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante diálogo, ya que éste tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

· Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México (Convenio 169 de la OIT).

· Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que, al no existir estudio de impacto ambiental y programa de atención a contingencias éste pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

· Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera.

· Garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos.

· Garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita de los detenidos.

· Alto a la represión de los habitantes de San José el Progreso Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

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Fuerzas represoras en Ocotlán

Habitantes de tres ejidos en Zacatecas exigen a minera canadiense cumplir compromisos

Una vez más las mineras en contra de las comunidades, por tratarse de una experiencia comunitaria que ilustra porque los cuicatecos decimos no a la minería, reproiducimos una más de las notas que involucran a las mineras, sobre todo canadienses en violaciones a los derechos y la vida de las comunidades

* Pago de regalías anuales e inversión en obras y educación, en Mazapil, entre las demandas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal

Zacatecas, Zac., 25 de mayo. Habitantes de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp no ha cumplido su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón.

En conferencia de prensa este lunes en la capital del estado, representantes de los tres ejidos confirmaron que desde el fin de semana tienen bloqueados los tres accesos principales a la mina, ubicada en el municipio de Mazapil. Acotaron que también tomaron los 26 pozos de agua que abastecen al complejo minero, ubicado a unos 330 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas.

El 21 de abril pasado, unos 300 campesinos y sus familias impidieron la entrada a Peñasquito, para entre otras exigencias “renegociar” los contratos que, según los campesinos, firmaron hace tres años “con engaños y aprovechándose de nuestra ignorancia” para ceder a la empresa canadiense más de 5 mil hectáreas, a precio de 50 centavos por metro cuadrado.

Peñasquito, que tiene “reservas probadas y probables” de 17.4 millones de onzas de oro y más de mil millones de onzas de plata, dejó de operar totalmente dos días de abril por el bloqueo.

Más de 4 mil 800 trabajadores subcontratados en el complejo minero pararon labores, ante la protesta de los ejidatarios.

Luego de dos reuniones en las cuales, además de las partes en conflicto, participaron el gobierno de Zacatecas y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) –que asesora legalmente a los ejidatarios–, se acordó levantar el bloqueo.

Las partes signaron un convenio de 12 puntos, que presentaron los ejidatarios. Incluían los compromisos de Gold Corp de invertir en obras de infraestructura urbana, salud y educación, así como de hacer una revisión de los contratos de ocupación, firmados en 2006 y 2008, mediante la Procuraduría Agraria.

La minera canadiense ofreció, además, indemnizar a los ejidatarios por la destrucción de un camino vecinal, de acuerdo con un avalúo comercial.

Como punto sujeto a “revisión”, los ejidatarios de Mazapil incluyeron la demanda de que, al igual que lo hizo en Guerrero con la mina Dos Filos, Gold Corp entregue en Zacatecas un porcentaje de 7 por ciento de las ganancias obtenidas con la explotación de los minerales preciosos. Felipe Pinedo, miembro del FPLZ y asesor de los ejidatarios, señaló: “En el estado de Guerrero, Gold Corp firmó un acuerdo de pago de 37 mil 200 pesos por hectárea anuales con los campesinos de aquel lugar; aquí en Mazapil, la misma empresa canadiense sólo quiere pagar 5 mil pesos durante 30 años, para explotar los yacimientos de oro de Peñasquito”.

Felipe Pinedo consideró que el reclamo de los ejidatarios de Mazapil no es un capricho, sino una petición legítima: “la ley minera obliga a la compañía Gold Corp a pagar a los campesinos de Zacatecas parte de las regalías obtenidas, las cuales oscilan alrededor de 17.5 millones de pesos diarios”.

Ejidatarios de Cedros, Mazapil y Cerro Gordo bloquearon de nuevo, por tiempo indefinido, las instalaciones de la mina Peñasquito, la veta de oro más grande del continente americano. Acusan a la empresa canadiense Gold Corp Inc. de negarse a cumplir acuerdos. Foto Alfredo Valadez

También decimos ¡Qué se vayan todos!

Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo sobre el inevitable proceso de transformación que el país requiere, en todos los ámbitos de la vida nacional, en unos más en otros menos, los temas diarios giran alrededor de la viabilidad o no de un país, que sumido en una profunda crisis, que desde hace ya mucho tiempo dejó de ser sólo económica, se ve cada día más al borde del negro abismo de la confrontación fraticida, sin que ningún poder terrenal tenga la autoridad moral para rescatarlo.

La clase política, cada vez menos influyente, fuera de sus tradicionales cotos de poder, ahora cercados por la inefable presencia del narcotráfico, el cáncer que ha corrompido las entrañas del Estado mexicano, que como testificamos recientemente no distingue colores o “ideologías”, si es que estas existen todavía, se apresta para escenificar, una vez más el ya de por sí, desabrido espectáculo del circo electoral.

En el colmo de la inmoralidad la vieja oligarquía, o sus testaferros, pretendidos herederos de la familia “revolucionaria” callista de los 20’s, escenifica burdos culebrones en los que redescubren, sus desde siempre conocidas miserias, así, ex presidentes decrépitos por el tiempo y por sus prácticas de entonces y de ahora, relanzan acusaciones sobre corruptelas y sucias alianzas delincuenciales, como si ello pudiera ser novedoso, lamentablemente eso dejó de asombrarnos desde hace ya mucho tiempo, probablemente porque como sociedad no hemos conocido, a los largo de nuestra historia alguna otra forma de ejercicio político, la máxima “él que no tranza no avanza” del carrancismo, dejó su lugar al ”político pobre es un pobre político” del hankismo y sus herederos del salinismo y el actual calderonismo, recuérdese a los Mouriño, es decir la corrupción, el nepotismo y todos los vicios no mencionados han sido la divisa del poder.

En medio de todo ello, afortunadamente se expresa una amplia gama de movimientos emergentes que buscan a través de variadas formas de expresión y, sobre todo de organización, generar una nueva oportunidad para que México despierte y, por fin, se decida a construir una sociedad cuya divisa sea la dignidad de todos y todas los y las que conformamos éste mosaico multicultural que aspira a convertirse en una nación.

Ante ello, evidentemente llegó la hora de abandonar conceptos monolíticos que no solo han limitado, sino que han impedido el pleno ejercicio de la democracia y la soberanía de los pueblos, en el entendido de que al ser un país multicultural convivimos en este espacio una variada gama de identidades, muchos pueblos una sola nación podría ser la gran divisa.

En este marco la oligarquía blandiendo lo que queda del Estado y renunciando a la defensa de la soberanía nacional, amenaza con precipitar el caos y aunque a viva voz declaran, al más puro estilo de las dictaduras tradicionales, “el caos o yo”, hacen todo lo posible por agitar las aguas de la ya de por sí frágil paz social. La vía elegida por el Estado es el etnocidio directo y la entrega inmoral de la riqueza nacional a las grandes transnacionales, vía los megaproyectos del gran capital y si hay oposición y resistencia el exterminio directo es la ruta.

No es necesario hacer una sesuda reflexión ni una profunda investigación, a lo largo y ancho del país, en cualquier punto de la geografía del nacional, tal como lo harían los delincuentes novatos, van dejando huellas de sus aviesas intenciones, despojos, asesinatos, amenazas, persecuciones, fabricación de delitos, desapariciones, etc., son solo unos cuantos ejemplos de ello, al mismo tiempo los viejos caciques, aliados al narcotráfico están prohijando una nueva generación de politicastros que refuerzan esta ofensiva, ya no por razones de Estado, como solía decirse, sino por intereses personales, las declaraciones de algunos de ellos apuntan claramente en esa dirección, actúan como voceros oficiosos de las transnacionales sin asomo de pudor, traicionando su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Tal como lo hemos hecho desde hace siempre, los mexicanos verdaderos, los de carne y hueso, sin nada que ver con la macroeconomía ni con las realidades virtuales en que la clase política se regodea, cada vez más dependiente del aparato represivo y de la suripanta en que han convertido al poder judicial, reclamamos el espacio que nos corresponde por la vía de los hechos. Es hora de gritar, “Que se vayan todos”, que nos permitan ejercer nuestro derecho a la “autonomía”, si no pueden resolver los problemas del país lo haremos nosotros mismos, no los necesitamos, nunca lo hemos hecho. Solo el pueblo salva al pueblo.

Finalmente, solo la verdadera organización, fundada en los intereses y necesidades reales de las comunidades, sean urbanas o rurales, permitirá resignificar la política y devolverle su sentido de servicio y búsqueda del bien común, ¡No a la mercantilización del ejercicio político, sí a una vocación de servicio y honestidad!, sólo así será realidad una verdadera y duradera paz con justicia y dignidad.

La junta del buen gobierno “corazón del arco iris de la esperanza”

La vida

Otra más sobre el ESTADO DE DERECHO, que como sabemos en nuestro país aún sin golpe de Estado, sólo existe en la imaginación de quienes detentan el poder y para sus aliados de siempre. Esto sucede en México para quienes lo duden.

La junta del buen gobierno “corazón del arco iris de la esperanza”

caracol IV torbellino de nuestras palabras. Morelia, Chiapas, México

28 de junio de 2009

A los medios de comunicación alternativos.

A I@s compañer@s adherentes de la otra campaña de México.

A I@s compañer@s de la otra sexta internacional.

A los organismos de derechos humanos.

Compañeros y compañeras.

Ésta junta del buen gobierno hacemos pública nuestra denuncia de un acto provocativo del señor Baltazar Domínguez Trejo de la fecha 16 de junio de 2009, mandando un grupo de 12 personas según para posesionarse en el poblado 16 de febrero donde ya viven en el lugar nuestros compañeros bases de apoyo tomado por el EZLN de 1994.

Está enviando a vivir en el lugar las 12 persona porque según Baltazar Domínguez ya les vendió el terreno y significando que ésta persona está renegociando la tierra recuperada porque sabemos que dicho terreno ya está pagada por el mal gobierno. Además es totalmente increíble sus argumentos porque ante ésta situación en que vivimos por la crisis creado por Felipe Calderón yel neoliberalismo es incansable el dinero para comprar cosas materiales de valor.

De la fecha 16 de junio de 2009, llegaron en el poblado de nuestros compañeros las 12 personas queriendo expulsarlos de sus casas y llevaban la disposición de quedarse a construir sus casas y pasaba lo que pase porque llevaban machete en la mano, lonas y cobijas.

La postura de nuestros compañeros y todos nosotros que jamás dejaremos las tierras recuperadas porque ya están pagadas por sangre de nuestros compañeros caídos.

Cuando estaba a punto de un enfrentamiento de eso llegó una persona empleado de gobierno que es operador público de nombre Oscar Pérez Hernández según para calmar el ánimo del enfrentamiento que estaba para sucederse.

En que podemos confiar de ellos, cuando sabemos que son los mismos y los mismos del mal gobierno que es parte actor de impulsar la contrainsurgencia que está pasando en nuestras regiones y sin vergüenza de él, disque llegó para calmar el ánimo de la violencia, cuando sabemos que está dentro de sus planes de los 3 niveles del gobierno de acabar las comunidades indígenas con sus culturas.

Mientras salía de un viaje nuestro compañero que es nombrada por los pueblos zapatistas asignada como comisión de tierra, el 27 de junio de 2009 eso de las 8 de la mañana, nuestro compañero Juan Cruz Pérez se dio cuenta que está vigilada sus salidas en cumplir su misión por 4 personas de las 12 personas que intentaron ocupar el terreno donde viven nuestros compañeros.

En una esquina sin saber nombre de la calle se dio cuenta que estaba perseguido por una persona sin saber su nombre y cuando estaba en la camioneta que viajaba llegaron 4 personas de las 12 personas provocadoras enviadas y manipuladas por Baltazar Domínguez Trejo

La situación actual está cruda por las amenazas que les llegan a nuestros compañeros, en éstas últimas fechas en boca de las 12 personas que llevarán a vivir y posesionarse en el poblado 16 febrero, 80 personas de Huixtán y más 30 personas de Ocosingo.

Y no solo esa amenaza, hoy nuestro compañero Juan Cruz Pérez, comisión de tierra del municipio autónoma Lucio Cabañas está amenazado de tener una orden de aprehensión, inventándole delitos. Nuestro compañero dice que se siente inocente porque nada malo está haciendo.

De las 12 persona que están impulsando las amenazas a nuestros compañeros son:

Nasario Hernández, Gerónimo de Mesa Guzmán y José López Pérez de la colonia de los pinos (3) de Ocosingo, Chiapas.

Hacemos ésta denuncia pública para evitar derramamiento de sangre y nosotros como juntas del buen gobierno tenemos esa preocupación con nuestro gobierno porque nosotros no buscamos la muerte por eso denunciamos lo que está sucediendo.

Como éste problema no es la única, así sucede en otros poblados de nuestros compañeros que existe el plan de provocarnos es sin dudar que está metido las instituciones del mal gobierno.

Aunque diga Juan Sabines que respeta nuestros poblados pero en los hechos vemos actos de provocación, buscando la manera de cómo desalojarnos.

Si sigue habiendo éste acto de provocación responsabilízamos directamente los señores Felipe Calderón y Juan Sabines.

A T E N T A M E N T E

La Junta del buen gobierno
Publicado por Congreso Autónomo Cuicateco en 6:11

CONSTRUIR EL FASCISMO

Resistencia social

Pocas mentes lúcidas y combativas quedan en el ámbito académico e intelectual de este país, al parecer la crisis ha terminado por afectar, también, este espacio de la vida diaria, mientras el comodinismo intelectual y la inmoralidad llevan a este país a la debacle, los medios alardean su impunidad y retan, un dia sí y otro también a los poderes fácticos establecidos y al fantasmagórico Estado de Derecho, que dicen existe en este país, recrean un discurso fascistoide que lo mismo ataca al obradorismo que al chavismo y alerta sobre el peligro para México que puede entrañar cualquier lucha social y tiende la cama a la represión masiva, vía el Plan Mérida y la traqueteada Iniciativa Mesoaméricana, el golpe de Estado en Honduras es tan solo una pequeña muestra, los gobiernos de avanzada social no son deseables, el gran capital no puede permitirlo y tal como en la europa de la crisis de los 20`s se apresta a elevar al poder sistemas represores, en este escenario presentamos una reflexión, aguda y lúcida en torno a estas dinámicas en el México de hoy, elaborada por el Maestro Alberto Híjar Serrano.

¿Las botas al poder?

CONSTRUIR EL FASCISMO

Alberto Híjar.

2 de julio, 2009

Dictadura del capital financiero, parlamento y sistema judicial de pacotilla para beneficiar a los traficantes del poder, militarización de la vida y control corporativo de gremios y clases sociales son señales del fascismo. Le falta el movimiento de masas, aquel que vitoreo a Mussolini con camisas negras, a Franco “de cara al sol con la camisa nueva”, a Hitler enaltecido en escenarios grandilocuentes. De algún accidente se valió Bertolt  Brecht para atesorar una película donde Hitler ensaya los gestos, los ademanes, el tono de voz y los pasos de ganso con los que enloquecía multitudes. De aquí el paso importante del trío formado por Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto y Aquiles Córdova el dirigente histórico y perpetuo de Antorcha Campesina. 130 mil asistentes al Estadio Azteca el domingo 21 de junio llegaron acarreados desde los estados centrales de la República, escucharon el discurso retador y violento de Córdova para insistir en la presencia organizada de los antorchistas ante las sonrisas complacientes de Gordillo y Peña a quien lo traicionó el subconsciente al declararse en lucha por la desigualdad en México.

El proyecto es aterrador. Antorcha Campesina asume desde su adhesión priísta, un lugar de agresivo apoyo a quienes encabezan empresas de Estado y privadas acompañadas por lecciones con apariencia sindical suficientemente sumisas al poder gremial y corporativo. El fascismo es este orden donde corporaciones beligerantes asumen su cuota de poder vertical en un Estado que las beneficia a cambio de su apoyo sustituto de cualquier otra representación. El parlamento, la administración de justicia y los grupos represivos, se someten a los mismos intereses con la consigna de acabar con las protestas populares. Tanto Peña como Gordillo han probado su eficiencia en estos menesteres.  Atenco es ya un caso histórico de represión impune donde las mujeres violadas, los dos jóvenes asesinados, los presos condenados a injustas sentencias, las familias pobres desmembradas, no sólo no tienen equivalente con los castigos a los culpables cuyas fianzas fueron pagadas por el gobierno del Estado de México, sino que los culpables fueron encumbrados hasta ser uno el Procurador General de la República y el otro el Secretario de la Seguridad Nacional. Gordillo por su parte, preside a perpetuidad uno de los sindicatos mas numerosos de América desde el que controla al gremio, a la Secretaría de Educación Pública, a las fuentes de financiamiento de sus proyectos empresariales con el control de la Lotería Nacional y su tajada en el ISSSTE y con la asociación con Televisa para cerrar la rosca empresarial con la idiotización masiva. Peña gasta dinerales en promoverse en radio, prensa y televisión, ostenta a una estrellita de Televisa como novia y el Día del Padre organizó una fiesta pública en Toluca donde Danna Paola cantó al mundo de caramelo con las niñas Peña para que papi saludara al conmovido público. 16%  ha aumentado el gasto de Comunicación Social (sic) del Estado de México y 5% ha disminuido el presupuesto de Desarrollo Social.

En tiempos de Raúl Salinas de Gortari al frente de CONASUPO, Antorcha Campesina vivió sus años de gloria levantando campesinos para someterlos a promesas de tierras, insumos y créditos. Todavía se ven indígenas de la Sierra de Puebla cumpliendo su cuota de propaganda al mendigar en los transportes públicos con sus famélicos hijos repartiendo papelitos. Y todavía los seleccionados son entrenados militarmente en casas de seguridad. Quizá resurja en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo la organización de Los Bolcheviques como formación de cuadros de dirección al amparo de la educación pública.

Nada de esto alcanza todavía una dimensión pública suficiente aunque hay regiones donde la violación a los derechos humanos por el ejército, las policías y los grupos paramilitares son cotidianos. Es aún una reserva estratégica para los dirigentes del empresariado y de la educación encabezada por Televisa cuyo presidente proclama las bondades de la caridad en encuentros empresariales de América y España. Con la Gordillo, Azcárraga echó a andar un programa de concurso como gran aportación educativa mientras las telenovelas son orientadas a exaltar a las comunidades indígenas falsas, bien vestidas y peinadas, como prueba del bien que hacen las fundaciones filantrópicas sustitutas de las obligaciones del Estado. Todo esto aletarga conciencias y cede posiciones de poder, pero lo grave es que ahí está el proyecto larvado del fascismo alimentado por la crisis total.

Resistir

Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses

• En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses.

• La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera.

• Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladore

Israel Rodríguez J.

Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).

Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.

La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.

Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.

La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.

Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.

Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.

En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.

Alianza ciudadana

Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.

Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.

Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.

Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.

Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.

Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

tomado de http://www.jornada.unam.mx/2009/07/17/index.php?section=economia&article=021n1eco

LA CUARTA GUERRA DE CONQUISTA EN LAS COMUNIDADES CUICATECAS.

EL FANAR Y LAS TIERRAS COMUNALES.

Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)

Julio 31, 2009

1.- El Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) es un programa gubernamental federal para privatizar las tierras comunales y ejidales que tiene como finalidad entregar una escritura al poseedor de la tierra para que finalmente dada su necesidad u el ofrecimiento de alguna persona particular este pueda vender su propiedad a quien así lo requiera sin importar el origen o característica particular del comprador porque quien vende ha perdido automáticamente la característica que anterior al proceso de privatización poseía: el uso y la costumbre, la dignidad y el origen, que también son leyes, conocido en varias comunidades indígenas como El Derecho Mayor.

De esta manera, la finalidad última del programa es la desincorporación del sujeto de su cultura y que entre en el proceso de “modernización” al dotarlo de la seguridad de ser “dueño” de su parcela como si viviendo en un espacio comunal u ejidal no lo fuera. Sólo que la diferencia radica en que en las tierras comunales y ejidales el sujeto no existe, porque en ellas quien decide es la asamblea, aunque si existe la venta de la tierra pero se da entre propios del lugar, generalmente. En caso contrario, para que un particular de un lugar distinto pueda adquirir una posesión en el lugar comunal o ejidal tiene que apegarse al derecho mayor, o sea que tiene que cumplir con las costumbres de la comunidad, prestar los servicios comunitarios gratuitos y cumplir con las actividades que programa el comisariado comunal u ejidal según sea el caso, entre otras actividades y servicios. Cumpliendo estos el sujeto se vuelve plural, se convierte en parte del pueblo y tiene los derechos que tiene cualquier comunero y/o ejidatario, además de que si existe alguna posesión que se encuentra en venta y quiere adquirirlo, lo puede hacer.

¿Entonces porqué entrarle al FANAR? Si no hay necesidad de privatizar la tierra no tiene sentido alguno entrarle al programa. Más bien, el gobierno es el que parece necesitado de ello. ¿Por qué? Porque sigue insistiendo en que las comunidades que no lo hicieron con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en su momento continúen el proceso de cambio a la propiedad privada, cuando en el documento que da origen a mencionado programa dice que la decisión de entrarle o no debe de ser voluntario. Entonces ¿por qué tanta insistencia?

Existen varias razones para ello, a) somos un país dependiente del exterior, en todos los sentidos, de infraestructura, de alimentos, de gas y otros que son pilares elementales en cualquier economía. b) Padecemos de gobiernos corruptos que viven de entregar nuestras riquezas al exterior. c) Existe un grupo de poder amafiado con grandes trasnacionales que dominan los poderes facticos en las naciones quienes a cambio de mantenerse en su posición o para escalar a otro nivel negocian las riquezas de las naciones para que por anticipado se les apoye con dinero en épocas electorales. O Sea, que quien decide quien gobierna un país es ese grupo de poder trasnacional, posteriormente viene el cobro de la factura. d) El país se mantiene económicamente de la venta de petróleo el cual se está volviendo más caro extraerlo. e) Vivimos en una región muy basta de riquezas naturales, agua dulce, maderas y minerales. Por todo lo anterior, pero sobre todo por el punto “e” es que quieren que se privaticen las tierras porque como las comunidades indígenas viven de la agricultura para autoconsumo y además de que estos productos finalmente se importan de los Estados Unidos, los indígenas salimos sobrando, y nuestras tierras son ociosas aparentemente, lo cual es ganancia para ellos porque lo ven con signo de pesos, por ello hay que cambiar el dominio de la tierra para que se pueda vender, que se vayan los legítimos dueños a otro lado, mientras que los poderosos y las trasnacionales se apropien de los recursos rentables, los que si se venden y que tienen un valor alto de ganancia. Esta parte es la que no ven ni analizan aquellos que están de acuerdo al interior de las localidades y se prestan para que el gobierno avance en su interés por privatizar la tierra de las comunidades y ejidos.

De esta manera regresa al campo cuicateco la nueva invasión por el control territorial. Primero fue el poderío azteca que alcanzó dominar la región, posteriormente vino la conquista española, más reciente, en los años cuarenta del siglo XX, fue la imposición de la educación, ahora vienen por los recursos naturales y minerales que como lo indican los estudios al respecto, nuestras tierras tienen concentraciones altas de minerales como oro, zinc, manganeso y uranio, entre otros, además de que poseemos importantes nacimientos de agua dulce, flora y fauna que son codiciados en otros lugares del planeta y que el gobierno mexicano nunca le ha importado su destrucción, ejemplos abundan a lo largo y ancho del país.

2.- En la actualidad, todas las comunidades con características sociales de explotación de la tierra han sido visitadas por la Procuraduría Agraria (PA) para insistir más no para invitar a que los núcleos agrarios le entren a la privatización de la tierra, de lo cual no han estado exentas las localidades cuicatecas. De esta manera en los años 2006 y 2007, fueron visitadas las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo y San Juan Tepeuxila, anteriormente ratificaron sus condición de ejido las comunidades de San Francisco Tutepetongo y El Casique.

De manera amañada la PA inició sus trabajos por la comunidad de Tlacolula y Teponaxtla, ahora nos damos cuenta de que la finalidad era lograr que dichas comunidades privatizaran sus tierras ya que paralelamente el gobierno federal ponía a la venta 3500 hectáreas de tierras posesión de las comunidades mencionadas a las empresas mineras para explotar oro en la modalidad de minería a cielo abierto e incluso el visitador agrario Lic. Juan Edy García Coronado ofreció camionetas del año a cada uno de los miembros del comisariado en la comunidad Tlacolula, aún así la comunidad no le entró a la privatización de la tierra.

San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec y Santa María Pápalo, privatizaron parte de sus tierras, con la finalidad de que se reconocieran partes que se encontraban ocultas o porque tenían diferencias en sus limites entre comunidades colindantes y según la PA esto permitiría darle solución a las problemáticas intercomunitarias, pero lo que desconocen las comunidades mencionadas es que están habitando una franja de tierra que va desde Tehuacán, Puebla, hasta el norte de Chiapas y que va de ancho desde Teotitlán del Camino hasta los limites de Teponaxtla al oriente que contienen importantes concentraciones de Oro, Aluminio, Zinc, Manganeso y Uranio en sus tierras, además de importantes cantidades de agua para hacer la lixiviación de los minerales en caso de ser explotados.

Queda la comunidad de Tepeuxila, que es cabecera municipal de las localidades Teponaxtla, San Andrés, Cuyaltepec y Tlacolula, que por lo visto cuando se hicieron los procesos de privatización en estas comunidades no tuvo una opinión al respecto.

Por otro lado, en su interior, políticamente no hay claridad. Tepeuxila es una de las comunidades más occidentalizadas de la región y quienes en la actualidad representan el poder desde la presidencia municipal están sometidos por el gobierno estatal.

Siempre Las tierras de Tepeuxila han sido comunales. Fue por los años sesenta cuando ya hubo un intento de privatización de ellas y a través de la recaudación de rentas en Cuicatlán se hicieron escrituras de la parte poblada o solares de la comunidad y uno que otro en el campo. Finalmente, en el año 2003, después de varios decenios de pleito por límites con el ejido de San Francisco Tutepetongo, el Tribunal Agrario (TA) manifiesta que los bienes de la comunidad Tepeuxila siguen siendo comunales en su totalidad.

La forma de vivir de los tepeuxileños en relación con la tierra ha sido de la siguiente manera, los solares, están delimitados por mojoneras en los puntos donde cada fracción de tierra linda con otra porción correspondiente a otra persona, de la misma manera se delimitan las tierras en la zona agrícola donde se maneja que la tierra es propiedad y que ha sido asignado a su actual posesionario por herencia o por compra. Estas tierras están escrituradas o en su caso tienen documento de compra venta.

Por otro lado, están las tierras de uso común, y casos ejemplares son los lugares donde se ha trabajado con anterioridad, la hierbabuena, el rancho, ojo de agua, tierra caliente y la montaña, en estos montes, las fracciones de tierra no estaban delimitadas por mojoneras, cada comunero conocía y respetaba hasta donde podía trabajar, algunos terrenos eran encorralados y otros estaban dentro de un corral común donde laboraban más de dos comuneros, pero cada uno en los casos donde el lote era pequeño inclusive sabían cuantos surcos tenía la parcela.

La montaña, fue un corral común, de hecho en la temporada de sequía toda la gente se organizaba dirigida desde la sindicatura del municipio, para que una vez terminada la recolección de la mazorca y levantado el zacate para alimento de los animales de quienes hicieron cultivo en señalado lugar, se abriera el corral común para la alimentación del ganado de los comuneros de Tepeuxila, al parecer esto se le ha olvidado a los nuevos comuneros y al ayuntamiento, más sin embargo a los animales no, hasta la fecha es notoria la llegada de animales que se encuentran en otros puntos del territorio tepeuxileño cuando ya la pastura se agota en esas zonas y hay andan rondando la montaña.

Problemas generados por esta forma de vida: ninguna

¿Entonces por qué y para qué la privatización de la tierra? Si no es para entregarla al gobierno para que este a su vez la concesione a empresas privadas no tiene ningún sustento.

Por el contrario la privatización de la tierra termina con una serie de formas de organización que tienen y que han mantenido a las comunidades indígenas. Por ejemplo, se terminaría el tequio y los trabajos comunitarios gratuitos: el servicio de policía, comités y ayuntamiento. Todos estos servicios tendrían que ser pagados.

Las propiedades serían vendidas a cualquier persona de la comunidad o sin que pertenezca a ella. Nadie de la comunidad podría tener una responsabilidad a nombre del pueblo ya que todos serían sujetos particulares.

La cohesión social que permite el uso del suelo es el que se desintegraría. Cada persona, cada familia se aislarían porque ya no existirá más ese valor comunitario que hace que la vida de los pueblos funcione como una familia.

En las tierras comunales y ejidos son los comisariados quienes cuidan del uso y disfrute de los recursos naturales para su explotación común como es el caso del pastoreo de ganado, del uso de leña para combustible y de la distribución de la tierra para quien así lo requiera.

En las tierras privadas, reyna el dinero. Si tienes dinero compras lo que quieras o requieras y si no tienes dinero te mueres de hambre, nadie se solidariza con tu persona.

AUTONOMIA TRIQUI

AUTONOMIA TRIQUI

Alberto Híjar.

San Juan Copala se hartó de violencia caciquil y proclamó en 2007 su autonomía municipal con el apoyo de otros pueblos triquis como Agua Fría, Yosoyosu y Santa Cruz Tilapa. El lunes 10 de agosto en el Club de Periodistas fue presentada la película subtitulada Chuman´a Autónomo por el presidente y el secretario del municipio acompañados por la periodista y académica de la UAM Magdalena Gómez, el profesor Macario García y el traductor Timoteo Alejandro Ramírez. Entre el público deambuló el maestro Francisco López Barcenas autor del guión y los realizadores Karina Rodríguez y Noe Rojas de la UAM Xochimilco patrocinadora junto a la Universidad de la Ciudad de México, Habitat International Coalition y la Fundación Rosa de Luxemburgo. Por lo visto, la tenacidad libertaria de los triquis corre a la par de trabajadores de la cultura universitaria al encuentro de vías democratizadoras autogestivas, libres de ingerencias partidistas y estatales en beneficio de las autonomías universitarias y comunitarias.

El presidente municipal José Ramírez Flores habló en triqui para la legión de mujeres ataviadas con sus elegantes huipiles rojos característicos. Sintetizó la lucha del pueblo narrada en la película para acentuar la tranquilidad ganada luego de tres años de ejercer el gobierno a partir de las decisiones de la asamblea, el Consejo de Ancianos y los comisionados delegados. Sobre estas bases, han liquidado la ley que en 1948 los volvió agencia municipal de Juxtlahuaca. La ingerencia del PRI se acentuó en 1961 mediante la cooptación de campesinos manipulados con la posesión de tierras y minas y los financiamientos para su explotación hasta volverse una fuerza dislocadora del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui. El lema “Luchemos por nuestro pueblo” de los tiempos de Luis Flores García, perdió su sentido histórico de reivindicación de la guerra de Independencia y la Revolución de 1910 donde los triquis ganaron su reconocimiento como municipio luego denegado. Luis Flores fundó en los setenta un club recuperando la tradición liberal magonista de donde surgió el MULT con una importante dimensión regional y nacional al apoyar movimientos tan importantes como el de la COCEI. Todo esto determinó su asesinato en los trágicos setenta cuado mensualmente caían los dirigentes en las veredas donde fueron y son cazados por los pistoleros del ejército y las policías al servicio de los caciques. Debe haber sido después de ese 1975 cuando López Barcenas empezó a escribir para la revista POR ESTO! las narraciones con títulos elocuentes con grandes letras para marcar las situaciones claves de la película. “Caminar y luchar juntos hasta triunfar” dijeron los mejores al darle vida al MULT Independiente. Amnistía internacional aceptó su defensa en 1984 y el Movimiento creció como unidad popular por toda la Mixteca. López Barcenas quien inició su carrera en sentido literal al ser expulsado de Huajuapan de León, tuvo que dejar de escribir y hacer corridos sobre lo que iba pasando, para irse hasta Sinaloa donde se graduó de abogado para regresar en los noventa a hacer su maestría en la UNAM donde no le aceptaron su línea de investigación sobre la autonomía indígena. Los doctos abogados la consideraron tema aberrante. Nada de esto le ha impedido trabajar con las comunidades hasta ganarse la jefatura jurídica del extinto Instituto Nacional Indigenista de donde salió denunciando la corrupción cuando era ya una autoridad reconocida en América y España sobre autonomía, derecho consuetudinario, usos y costumbres, cultura comunitaria. Todo la servicio de pueblos y comunidades hartas de despotismo caciquil, partidario y gubernamental.

Nada de esto se reduce al derecho formalista, clasista y racista de los supremos poderosos muy bien pagados y privilegiados. La película narra lo mismo que la marca en un brazo a los votantes en 1976 para ganarse torta y refresco que los ritos y mitos festivos. (Recordé cuando al final de una asamblea de la Unidad Popular de la Mixteca en Tlaxiaco, un camión del PRI llegó a repartir tortas que les fueron regresadas como proyectiles en la plaza principal). Hay una piedra enhiesta en el río donde han sido reconocidos los dirigentes legítimos. La Piedra Sagrada del río San Juan cada año recibe peregrinación y ofrendas para asegurar la vida. Por ella, el Consejo de Ancianos en la fiesta de San Juan hace una ceremonia donde don Emiliano, el de nombre emblemático y mayor edad, bendice alimentos, dones y bastón de mando del presidente municipal legítimo, democrático, libertario.

“La voz que rompe el silencio” da cuenta radiofónica de todo esto y recuerda en la persona de la joven y bella locutora actual, el asesinato impune de Felicitas y Teresa a quienes no pudo acompañar el día del crimen. La radio participa en la amenazada Red de Radios Comunitarias donde reúnen agravios y recursos de resistencia. Sumado al Frente Nacional Contra la Represión desde el encuentro de 1982, el Municipio Autónomo de San Juan Copala es un buen ejemplo de resistencia efectiva contra el mal gobierno. La película circulará ahí donde hay focos de resistencia contra el despotismo. Larga vida les deseamos.

DENUNCIA URGENTE SECUESTRAN AL LUCHADOR CONTRA LA MINERIA CANADIENSE EN CHICOMUSELO, CHIAPAS, MÉXICO

Ñaá Yivacu (jivacu), nDube, Inguúyu, 18 de Agosto del 2009
(Nación Cuicateca, Oaxaca, México, 18 de agosto del 2009)

Lic. Fernando Gómez Mont. Secretario de Gobernación
Lic. Juan Sabines Guerrero. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic.  Juan  Carlos  Moreno  Guillén.  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos Humanos
Dr.  José  Luís  Soberanes  Fernández.Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos
Sr. John Ruggie/Representante Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales de la Organización de las Naciones Unidas
P R E S E N T E S

Como  es  de  su  conocimiento,  el  día  de  ayer,  lunes  17  de  Agosto  a  las  12  del  medio  día,
personas armadas y en dos vehículos sin placas secuestraron al Sr. Mariano Abarca cuando salía  de  la  Escuela  Primaria  Federal  de  la  cabecera  municipal  de  Chicomuselo,  Chiapas, México.

El  Sr.  Abarca  y  más  habitantes  del  municipio  de  Chicomuselo,  miembros  de  la  Red Mexicana  de  Afectados  por  la  Minería  (REMA),  mantienen  un  plantón  desde  el  mes  de junio  en  la  cabecera  municipal  para  exigir  el  retiro  de  las  mineras  canadienses  en  el municipio.  Estas  actividades  “atentan”  contra  los  intereses  de  las  empresas  mineras canadienses  y del  gobierno municipal  y estatal, por lo que los hacemos responsables de la seguridad de Mariano Abarca, de su familia y demás miembros de las comunidades que se oponen a la minería destructiva que se ha venido promoviendo con descaro y en detrimento del ambiente de este municipio y del país mismo.

Las acciones de protesta de los campesinos de Chicomosuelo, han sido en el marco de las garantías constitucionales que nuestra Carta Magna garantiza, así como las enmarcadas en los  tratados  internacionales  en  materia  de  derechos  indígenas  que  el  Estado  Mexicano  ha firmado y ratificado sin ninguna reserva.

Por  lo  tanto, nuestra  organización,  considera  que  este  tipo  de  acciones  de  intimidación  y represión  se  enmarcan  en  las  políticas  de  “criminalización  de  la  protesta  social”  que  los distintos  niveles  de  gobierno  en  nuestro  país  han  venido  realizado  ante  la  inconformidad por las políticas de estado, así como ante las políticas de inversión de  capital trasnacional, como es el caso en todo el país de las compañías mineras y en nuestra región del Istmo de Tehuantepec de las compañías trasnacionales de energía.

Son  responsables  de  la  integridad  y  seguridad  de  Mariano  Abarca  el  presidente  municipal Julio  César  Calderón  y  su  equipo  de  gobierno,  el  gobernador  del  Estado  de  Chiapas,  Juan Sabines.  ,  así  como  al  gobierno  de  Canadá  y  sus  empresas  trasnacionales  Black  Fire  que extrae de Chiapas Barita, Oro y Antimonio en más de 10 concesiones mineras.  Radius Gold con  seis  concesiones  otorgadas  por  50  años;  Linear  Gold  Corp  con  24  concesiones  la mayoría  de  oro  y  algunas  por  50  años;  Fronteer  Dev.  Group  con  12  proyectos  mineros  y New Gold Inc. con tres concesiones.

Exigimos  de  ustedes  su  inmediata  y  eficaz  intervención  para  la  presentación  de  Mariano Abarca y los hacemos responsables de cualquier agresión que pueda sufrir.

La  minería  no  es  un  problema  aislado  ni  de  Chicomuselo  ni  de  Chiapas,  sino  que  se  ha esparcido como una catastrófica epidemia por todo el país, una epidemia que ya habíamos padecido durante 1600 y 1700, y que ahora vuelve de manera más voraz y destructiva. Las políticas  entreguistas  que  están  adoptando  no  menguarán  nuestras  fuerzas  ni  nuestra esperanza de vida.

Exigimos una inmediata respuesta.

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Atentamente

“Soldadridad para la reconstitución social”

CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO

“El oficio de un pueblo es crear  y la fuerza está con los que crean”

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA

EL DEBIDO PROCESO

EL DEBIDO PROCESO

Alberto Híjar

18 de agosto, 2009

Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia (fallos en el lenguaje técnico no exento de ironía) contradicen lo afirmado por el Secretario de Gobernación en su obligada comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, campesino cantor de corridos a Lucio Cabañas en los setenta. Cosas del pasado dijo para seguir la línea presidencial de exigir pruebas de las violaciones a los derechos humanos esgrimidas por el Senado yanqui para atorar la Iniciativa Mérida a cambio de mayor ingerencia en los controles policíacos y militares. Alegan los magistrados fallas en el debido proceso de Acteal y a la par niegan amparo a la viuda de un trabajador balaceado en un retén de Ciudad Juárez. Así las cosas, nada es prueba suficiente, ni la flagrancia porque siempre queda la duda sobre la visión de los vencidos, los ofendidos, los sobrevivientes, siempre sospechosos de parcialidad. Para probarla, nada mejor de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) influido por una iglesia evangélica del mismo credo que los enemigos de Las Abejas católicas de Acteal acompañados por escritores con amplia cobertura radial y televisual como Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Meléndez, Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio de los diarios Milenio y El Universal, los lectores de noticias censuradas y hasta los chistositos como ese que le dicen Estaca y su jefe Esteban Arce de Matutino Express, Lorett de Mola el chico, Pedro Ferríz el pequeño y la runfla de desinformadores al servicio de la mentira y la deformación noticiosa. Jamás estarán desempleados mientras dure el Estado mexicano y sus gobiernos urgidos de lavadores de cerebro. Así como el TRIFE ha procurado sin éxito impedir la difamación en las campañas electorales, la Suprema Corte debiera intentar el castigo de los calumniadores profesionales. Hay en todo esto un desencuentro histórico abordado por Carlo Ginsburg cuando confronta al historiador y al juez. Uno está por la verdad en el todo y en los detalles y el otro está por la legalidad como texto. Michael Foucalt se ocupó de hacer la historia del derecho como propio de la acumulación capitalista exigida de criminalizar sus oposiciones con instituciones adecuadas. En la acumulación originaria del capital europeo se instituyó el derecho, la jurisprudencia y la profesión de abogado para terminar con los ajusticiamientos públicos luego que un tribunal supuestamente infalible determinaba las culpas ratificadas a base de torturas y vejaciones ampliadas a los familiares. En el campo latinoamericano los procedimientos del feudalismo europeo siguen usándose como consecuencia del caciquismo, esa estructura de poder necesaria a los conquistadores asociados con los dirigentes indígenas para heredar el procedimiento garante del latifundismo y la explotación extrema de las comunidades originarias envilecidas con la complicidad de la Iglesia católica. En los setenta, apellidarse Cabañas, Gervasio, Iturio o Radilla en Guerrero era suficiente para ser golpeado, torturado, encarcelado y en ocasiones desaparecido. Entre las imágenes imborrables proporcionadas para el Museo de Sitio en Atoyac está la de un anciano desnudo enloquecido por la tortura. El debido proceso viene después como sucesión de escritos y trámites en garras de abogados que cobran caros sus servicios cuando no son de organizaciones de servicio social a los perseguidos. Los escritos cuentan con un lenguaje cifrado ininteligible para el preso y las organizaciones populares carecen de cursos de alfabetización para saber que hacer en casos de represión estatal. Cuando mucho, hay cursos de derechos humanos obviamente insuficientes. En lo personal, recuerdo el auto de formal prisión leído por un secretario en una rejilla de Lecumberri. No entendí nada y supuse que estaba perdido por el nombre del documento que en realidad significaba mi acusación como conspirador con un proceso que podía seguir fuera de la cárcel mediante una fianza según me explicó el benemérito abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas que llegó corriendo al final de la diligencia para advertirme que a propósito me habían llevado hasta ahí minutos antes del cierre del juzgado a las tres de la tarde por lo que había que esperar una noche violenta de despedida como en efecto ocurrió como preámbulo a un proceso iniciado con mi secuestro y tortura policiales. En rigor, ni cuando entramos al ritual judicial el debido proceso se realiza, menos cuando se trata de analfabetas o monolingües que no entienden el español. Dentro de las cárceles, un sistema de autogobierno acordado entre la dirección, los custodios y los mayores de las crujías seleccionados entre los capos mafiosos, somete al prisionero a cuotas para pagar por todo con el dinero de las visitas, con depósitos en cuentas bancarias o con trabajos corporales infames. Desde sus elegantes sitiales, ataviados con sus ridículas togas y asistidos de toda suerte de privilegios, los señores ministros envejecidos en sus negocios, hacen los proyectos sin más consideración que el rigor del texto con una suposición de sus referentes a conveniencia del Estado a quien deben sumisión absoluta. El caso Acteal de manera semejante al de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, prueban el sentido clasista y racista del sistema jurídico en México. No puede ser de otra forma ante la escalada represiva en todos los órdenes de la administración de la crisis en beneficio de los más ricos y poderosos. A menos que las organizaciones populares apoyaran combativamente a las comisiones de derechos humanos y a los familiares de perseguidos y desaparecidos hasta acabar con la impunidad, las complicidades infames y los encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas.

El ejército mexicano entrenó paramilitares

El ejército mexicano entrenó paramilitares

Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.

• Una red clandestina de “equipos humanos” creados a mediados de 1994 con la aprobación de Salinas de Gortari trabajaba dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

Mientras el Congreso estadounidense liberó los fondos de la Iniciativa Mérida retenidos porque el Departamento de Estado no había podido demostrar el respeto a los derechos humanos en México, una serie de documentos desclasificados en Washington demuestran que el ejército mexicano armó y entrenó a grupos paramilitares en el estado de Chiapas para enfrentarlos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que condujo a una masacre de indígenas en 1997.

Una serie de comunicaciones enviadas desde México a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA según sus siglas en inglés, algo así como la CIA del Pentágono) describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas. A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”.

El 22 de diciembre de 1997, paramilitares indígenas asesinaron a mansalva a 45 indígenas de la comunidad campesina de Las Abejas que rezaban en una capilla en el poblado de Acteal, en los Altos de Chiapas. Los muertos fueron un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres desarmados. Otras 25 personas resultaron heridas y se reportó a cinco desaparecidos.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la nación liberó a 20 indígenas, encarcelados hace doce años por la masacre, pero no porque fueran inocentes, sino por deficiencias en el proceso judicial que el gobierno siguió contra ellos.

Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, desde entonces, han defendido la versión ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) tras la masacre, y han pretendido mostrarla como “un conflicto entre indios bárbaros”, asegura el historiador Carlos Montemayor.

En 1997, la PGR reconoció la existencia “de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas”.

Pero en un telegrama enviado a la sede de la DIA en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México señala el “apoyo directo” del ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. El documento describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”, destaca The National Securiy Achive (NSA), una organización estadounidense especializada en desclasificar documentos secretos del gobierno de su país.

NSA responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana de aplicar “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica (…) con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Según Kate Doyle, analista y directora del Proyecto México de NSA, aunque el cable fue escrito en 1999, “el agregado tuvo cuidado en señalar que los oficiales de inteligencia del ejército estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997”. El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las numerosas declaraciones del ejército mexicano posteriores al ataque.

Los equipos de inteligencia, explica la Oficina del Agregado de Defensa, “estaban compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, al igual que por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba a cubrir comunidades selectas por un período de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”.

El jueves pasado, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a que realicen una investigación “minuciosa, independiente e imparcial” de la masacre y subrayó que, debido a que “no se realizó una investigación a la altura de la gravedad de los hechos, no se ha garantizado justicia para las víctimas”.

Brunori instó también al gobierno de México a que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan reparación.

Pero esto parece lejos de poder cumplirse. Kate Doyle acusa al gobierno mexicano de ofrecer una historia oficial con relatos que “han sido o incompletos o falsos” y señala que todas las solicitudes de información presentadas a la administración de Felipe Calderón sobre la masacre de Acteal sólo encontraron silencio como respuesta o, en el mejor de los casos, los remitían a documentos públicos inocuos, clasificados como “improcedentes” en el Archivo General de la Nación.

“Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a los gringos en busca de información sobre el ejército mexicano y Acteal”, lamentó Doyle.

En contraste, el jueves pasado, el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, John Feeley, informó que la administración de Felipe Calderón entregó al Departamento de Estado un informe sobre las acciones que lleva a cabo para evitar violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.

De paso, Feeley contradijo al presidente Felipe Calderón, que lleva tres años justificando la violencia desatada en el país desde que asumió el cargo y que ha costado la vida a más de 12.000 personas desde entonces: “No es señal de éxito” la violencia que se vive en México, dijo el diplomático, tras anunciar que el Congreso de su país liberó la totalidad de los fondos autorizados para la Iniciativa Mérida. De hecho, en el último año, precisamente desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad que involucró a todos los gobiernos estatales y a los tres poderes federales, 7296 personas han muerto en hechos relacionados con el combate de la delincuencia organizada, lo que casi duplicó el saldo rojo del año previo, cuando del 21 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2008 hubo 3742 víctimas.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-130392-2009-08-22.html

¿Qué ha sido de los derechos humanos?

¿Qué ha sido de los derechos humanos?

Marcos Roitman Rosenmann
Hay celebraciones que enrojecen. Con un quinto del planeta en condiciones de pobreza y padeciendo hambre se rinden homenajes al 60 aniversario de la declaración de la carta de los derechos humanos. En sí constituye un acto de cinismo. Con ello no quiero afirmar que es mejor que no existiera. Pudiera ser que en su momento quienes manifestaron la necesidad de crear un prototipo de ciudadanía política tenían en mente la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del Holocausto nazi.

La mala conciencia de un mundo que no quería verse reflejado en los campos de concentración, en la tortura o las cámaras de gas, llevó por el sendero de redactar un decálogo de la dignidad humana. El tribunal de Nuremberg sintetizó el camino que seguirá la redacción de la carta de los derechos humanos. Sin embargo, las buenas intenciones han quedado presas de la dinámica de un orden político, de un sistema de dominio y explotación donde es inviable ponerlos en práctica, ya sea en su vertiente social, política, cultural y económica. Es la gran paradoja. Derechos virtuales, no reales. Como señalaba Durkheim, trate usted de ejercer la libertad y será reprimido. Mutatis mutandi demande la práctica de los derechos humanos y terminará, en el mejor de los casos, acusado de alterar el orden, y si reincide pasará a la cárcel, considerado un antisistema, pudiendo sufrir torturas o considerado un problema, remitirle al exilio.

En el capitalismo, independientemente de sus formas, ninguno de sus enunciados se cumple. De realizarse entraría en un colapso, más allá de sus crisis internas. No puede generar trabajo, educación, vivienda o producir alimentos para todos los seres del planeta. Menos aún repartir la riqueza. En otras palabras, se torna inviable. No representa una alternativa para homo sapiens sapiens. El capitalismo es un orden represivo incapaz de evolucionar hacia una democracia donde vivir una vida digna. En otras palabras bloquea la libertad de realización: poder ejecutar y convertir en realidad aquello que hemos elegido y decidido. Este concepto de Luis Villoro identifica el límite de un régimen excluyente y concentrador de la riqueza en todos los órdenes, inclusive antes del nacimiento. En un estudio del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Social y el Grupo de Investigaciones Agrarias sobre el hambre en las economías agroalimentarias de exportación realizado por Gonzalo Martner a fines de los años 80 se constataron algunas de las consecuencias del cambio de la dieta alimenticia en las futuras madres y en los futuros niños. “En el caso de los niños, los efectos a corto y largo plazos de la subalimentación son devastadores. No obstante la protección a la vida intrauterina, dichos efectos comienzan a manifestarse antes del nacimiento a raíz de la carencia de elementos nutritivos aportados por las madres insuficientemente alimentadas. Ello se traduce en aumentos de peso frecuentemente inferiores a los normales y por último en un peso insuficiente del niño desde el nacimiento, en trabas a la producción de leche materna y en efectos sobre la evolución cerebral: en el caso de la subalimentación de la madre el número de neuronas producidas hasta el séptimo mes disminuye, junto con las conexiones neuronales y a la mielinización de las neuronas, una de cuyas funciones es la transferencia de información… Cabe así subrayar que los daños cerebrales, cuyo carácter es irreparable, hacen imposible cualquier futura igualdad de oportunidades, se producen desde la concepción al tercer año de vida.”

Si el estudio se proyecta sobre el último informe de la FAO de 2008, donde se señala el aumento del hambre, de los precios de los alimentos y de mil millones de personas en condiciones de subalimentación en África, Asia y América Latina, estamos hablando de un retroceso de la condición humana. El primer derecho de igualdad y de libertad en el feto deja de cumplirse antes de nacer, a pesar de lo que dicen la iglesia y las asociaciones pro vida, tanto como las antiabortistas. ¿Dónde están los derechos humanos previos al nacimiento? Ahora están en manos de las trasnacionales de la soya y los agrocombustibles. Un quinto de los futuros habitantes del planeta tendrán inteligencia limitada. Clínicamente padecerán idiotez y, por ende, no podrán desplegar una vida digna. Son las consecuencias de la mielinización neuronal, apuntada por Martner. Hoy resultado voluntario de las políticas alimenticias diseñadas por los países dominantes y empresas como Monsanto. El uso de transgénicos, el alto costo de las semillas, el control monopólico de sus precios, por poner otro caso de violación de los derechos humanos, ha conllevado sólo en India al suicidio en un año, denunciado por el príncipe Carlos de Inglaterra, de 150 mil campesinos con raticida e insecticidas ante la imposibilidad de pagar las deudas con las financieras.

Los derechos humanos no son violados por estados o gobiernos en abstracto, lo son por banqueros, empresarios, militares, trasnacionales. Tienen nombres y apellidos. Ellos cuentan con el aval de los estados, los gobiernos y el Vaticano, quienes en nombre de la cruz y la espada, las libertades del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda, asesinan a un quinto de la población mundial. Como ejemplo del cinismo del primer mundo, en medio de la recesión, grandes almacenes de Madrid han bajado sus precios, el resultado es óptimo. Más beneficios que en todo el año. El negocio es el negocio. El primer derecho humano: apoyar el consumo. Que otros se suiciden con insecticida es mera estadística. No resulta extraño que las encuestas en América Latina reflejen alarmantemente preferencias de ciudadanos por regímenes autoritarios con tal de tener seguridad y poder consumir. Orden y progreso. Para este viaje no hacen falta los derechos humanos.

Tomado de: http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=opinion&article=021a1pol

Si me torturan, no existo

Si me torturan, no existo

Carlos Miguélez Monroy
30-Ago-2009

Si la policía captura a una persona que sabe dónde se ha puesto una bomba que explotará en unas horas, ¿sería legítimo torturarla para que confiese en dónde está el explosivo para salvar a decenas de niños? La tortura queda justificada cuando se abusa de esta analogía, alejada de los hechos y de los escándalos más recientes de tortura que implican a países considerados Estados de derecho.

Desde hace siglos se han realizado cacerías de brujas a partir de bulos y falsas informaciones. Víctimas en América Latina cuentan que sus torturadores no paraban cuando sabían que ya no quedaba nada que “confesar”, sino que buscaban la traición a la familia, los amigos y las creencias, prueba inequívoca de lealtad a lo que más importaba: los “valores” oficiales de la nación torturadora. Con 1984, George Orwell ya adivinaba la función de la tortura como engranaje de una maquinaria estatal que defendía a toda costa el pensamiento único. Aunque tomaba como modelo el totalitarismo soviético, la deriva del sistema neoliberal de hoy se asemeja cada vez más al terror que describía en su novela. Sesenta años después de la publicación de 1984, la periodista canadiense Naomi Klein publicó La doctrina del shock, que aporta nuevas luces a la utilización estatal de la tortura. Su investigación asocia el shock que produce la tortura en los cuerpos humanos con el que producen las medidas económicas que adoptan los gobiernos, en especial los de corte neoliberal. Eduardo Galeano lo define de la siguiente manera: “La gente estaba en la cárcel para que los precios pudieran ser libres”.

El “capitalismo de los desastres” parte de la premisa de que los mercados “libres” liberan a la gente. Para implantar y extender ese modelo neoliberal, los políticos aprovechan la indefensión y la desorientación de las personas en momentos de crisis colectiva —económica, política, social, medioambiental— para implementar terapias de shock en el sistema económico.

La terapia de choque en lo económico y el uso calculado de la tortura tienen como objetivo común poner en blanco aquello sobre lo que operan. Es decir, economías liberadas de cualquier amago de intervención estatal para poder implementar auténticos modelos de libre mercado sin vicios. En los casos de las personas, “borrón y cuenta nueva”, individuos reprogramados para que abracen la ideología del sistema. En Chile, la terapia de choque económico llegó de la mano de Milton Friedman y los Chicago Boys al mismo tiempo que las técnicas empleadas en los centros de tortura.

Para su investigación, Naomi Klein entrevistó a Gail Kastner, una de las “cobayas” o “conejillos de indias” de la CIA. Transcurrían los años 50 cuando la agencia de espionaje financió a un médico canadiense para que llevara esos experimentos. Entre las técnicas empleadas en una universidad canadiense figuran privaciones en el sueño, aislamiento sensorial continuo, electroshock y el consumo de drogas alucinógenas. Varios años después, la CIA tuvo que ofrecer un arreglo extrajudicial por un total de 750 mil dólares a los demandantes, que padecieron los efectos de la pretensión “científica” de construir personalidades a las que se podía reprogramar desde cero. La tortura experimental no reconstruyó a las personas, sino que las regresó a un estado infantil, de desentendimiento de la realidad, de ideas extrañas y tendencias autodestructivas. A pesar de la pobreza de los resultados, la CIA los tomó como religión en la paranoia de la Guerra Fría, cuando cabía la posibilidad de que espías y soldados estadunidenses cayeran en manos de soldados de países no-alineados o al revés. Por un lado, conocer los mecanismos de la tortura evitaba perder el control en una sesión de tortura. Por otro, permitía dominar sus técnicas para obtener información valiosa.

Hay similitud en las técnicas descritas en los manuales de tortura utilizadas por las dictaduras en América Latina y las que han salido a la luz desde la puesta en marcha de la guerra contra el terror. Demuestran que repetir una mentira no la convierte en verdad pero termina por creerse. Oponerse al cada vez más extendido paradigma del máximo beneficio le puede costar a un ser humano olvidar quién es tras interminables sesiones de tortura. Si no queremos que Big Brother nos coma, dejemos de relativizar o justificar la tortura.

ccs@solidarios.org.es

Tomado de : http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/707082

El delito de ser indio

El delito de ser indio

Miguel León-Portilla

A lo largo de los años y los siglos que siguieron a la conquista de México, el destino de los pueblos originarios fue siempre, y sigue siéndolo, en extremos adverso. De muchos de sus infortunios hablan los frailes cronistas desde el siglo XVI. Fray Bernardino de Sahagún escribió que “no quedó de ellos sombra de lo que fueron”. Y, si atendemos a los tiempos presentes, encontramos que las desgracias no han terminado. De los indios contemporáneos puede decirse que unos sobreviven en zonas de refugio con muy escasos recursos, como ocurre con muchos de los que habitan en gran parte del sur de México y varios lugares del altiplano central. De otros debe notarse que, sobre todo durante las últimas décadas han emigrado, marchándose a las orillas de las grandes ciudades de México y también, a algunas de los Estados Unidos. Ahí perciben salarios muy bajos y se afanan en provecho ajeno, de diversas maneras, bien sea en el servicio doméstico o en otros trabajos nada apetecibles. Pero, si es verdad que sigue siendo en extremo adversa la situación de los indígenas, se presentan casos en que parece que ser indio es un delito. A dos casos recientes quiero referirme, dados a conocer por “La Jornada” y otros periódicos el 15 de agosto de este año. Se presenta uno con el título de “La hija que Cirila perdió por no saber inglés”, el otro como “Doña Jacinta, presa de conciencia”. El primero trata de la indígena chatina –grupo de aproximadamente 50 mil habitantes en el suroeste de Oaxaca– que había cruzado sin documentos la frontera con el vecino país. Trabajaba ella en un restaurante chino de la ciudad de Biloxi, en el estado de Missisipi. Acerca de ella se informa que su nombre completo es Cirila Baltasar Cruz y que tiene 34 años. Hallándose embarazada y a punto de dar a luz, acudió a un hospital acompañada por un miembro de su familia que, por saber inglés, podría fungir como intérprete. Recibida en el hospital, se rechazó la presencia del familiar y se le asignó a Cirila una intérprete de español a inglés. Cirila, bien sea por tener un conocimiento limitado de la primera de estas lenguas, o porque la intérprete tampoco hablaba bien español o por otra causa, no estableció adecuada comunicación con ella. Poco después, a instancia de un funcionario del hospital, Cirila, que no tenía documentos migratorios, fue llevada a un tribunal. Ahí la intérprete declaró que Cirila le había dicho que quería entregar en adopción a su hija recién nacida y regresar a México. Por su parte Cirila, como pudo, manifestó lo contrario, afirmando que nunca pensó en separarse de su hijita. No obstante, el fiscal del tribunal acusó a Cirila de grave negligencia que ponía en riesgo la vida de su hija. La decisión del juez fue que Cirila, por ser inmigrante ilegal, por no disponer de recursos económicos y no hablar inglés, debía perder la custodia de su hija. Esta fue concedida a una pareja estadounidense. Puede decirse, a la luz de tales cargos, que el delito de Cirila fue ser india. El segundo caso ha ocurrido en México. Doña Jacinta es indígena otomí, en el estado de Querétaro, ha sido acusada de intento de secuestro, nada menos que de un policía. Vendía ella refrescos en el mercado del pueblo de Mexquititlán, al que llegaron varios policías con el fin de investigar si ahí se vendía mercancía pirata. El pueblo reaccionó en contra y rodeó a los policías. Estos, relativamente pronto, quedaron libres. Pocos días después se buscó a quienes los habían intentado “secuestrar”. En una foto tomada por un policía el día del conflicto aparece doña Jacinta. Esa fue la prueba que se exhibió para detenerla. Llevada ante un juez –como en el caso de doña Cirila– fue interrogada,. No pudo ella expresarse por conocer muy poco el español. El veredicto del juez fue que doña Jacinta, a la que no se concedió un intérprete, era culpable. Así, aunque inocente, fue condenada a 21 años de prisión. Su delito fue ser india que no pudo defenderse por carecer de recursos y no hablar bien español. La nota periodística respecto del primer caso, añade que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México “anunció en un comunicado que Cirila ha sido víctima de discriminación y violación a los derechos humanos y que usará todos los recursos legales a su alcance”. Informó asimismo que se investigan otros tres casos similares de niños mexicanos arrebatados a sus padres en circunstancias parecidas. Respecto de la segunda acusada, Amnistía Internacional se propone defender a doña Jacinta. Casos son éstos de flagrante injusticia en contra de estas dos indígenas sin recursos y a las que se dio mal trato y han sido condenadas al no hablar inglés o español. ¿Es un delito ser indio?

Miguel León-Portilla /Asic/La Jornada

Tomado de: http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=81410&seccion=Opinion

Mineras, inmunes a lluvia de impuestos

En un país en donde todos los días el Estado al amparo de su muy propia interpretación de la ley, lo mismo decreta la desaparición de una paraestatal y ataca el derecho a la sindicalización, que pretende imponer nuevos impuestos a los alimentos, medicinas y servicios, continua privilegiando a las grandes trasnacionales, he aquí una muestra más.

IXE Casa de bolsa descarta afectación en la inversión extranjera y no se afectarán los proyectos de exploración

MÉXICO, septiembre 22, 2009.- De aprobarse la iniciativa de nuevos impuestos a las empresas mineras, no se prevé un impacto sustancial en la rentabilidad de aquellas que cotizan en Bolsa (Compañía Minera Autlán, Grupo México e Industrias Peñoles), señala IXE Casa de Bolsa.

Sin embargo, indica la intermediaria bursátil en un análisis, habrá� que analizar cada caso en particular dado que metal y cada empresa tienen distintas estructuras de costos.

En principio, la casa de bolsa no espera que tenga un impacto en la inversión extranjera (México es un destino importante en la inversión en minería) dado que, como se dijo el impacto no sería sustancial y además las modificaciones no afectan los proyectos de exploración.

El pasado 15 de septiembre, detalla IXE, el Senador Francisco Arroyo Viera a nombre de diversos legisladores presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.

Estas modificaciones, menciona, afectan el cálculo de los derechos que las empresas mineras pagan por la explotación y producción de metales y minerales. Aquí cabe recordar que como lo establece la Constitución Mexicana la propiedad original de los bienes del subsuelo pertenecen a la nación y que es el estado el único autorizado a otorgar concesiones para su explotación.

Más allá de otros cambios de tipo técnico que se pudieran dar, comenta, el documento analiza principalmente el cambio en el cálculo de los impuestos/derechos.

Actualmente, explica la intermediaria bursátil, las cuotas para las concesiones y asignaciones mineras van desde los 5.08 a 111.27 pesos por hectárea dependiendo del año de vigencia de la concesión.

En su lugar, subraya, la iniciativa propone la aplicación de un 4% sobre la producción. El cálculo se realizaría promediando el precio público (mercado de metales de EU) multiplicado por el volumen de producción en cada mes y luego convertirlo a moneda nacional.

Independientemente que este tipo de impuesto no es algo nuevo ya que se aplica en otros países con producción minera intensiva, como por ejemplo Perú, IXE considera que falta tomar en cuenta algunos aspectos relevantes.

La producción, destaca, es distinta de la venta, por lo tanto nos parecería más apropiado que se gravara el volumen vendido y no la producción dado que de lo contrario se gravaría los inventarios indispensables en esta industria (cíclica).

En cuanto al cálculo de precio, considera que lo mejor sería grabar los volúmenes de venta al precio de realización ya que es muy común en esta industria las “ventas anticipadas” pactadas con precios actuales los cuales pueden diferir al momento de la entrega física de los productos.

En este punto, concluye, también habrá que tomar en cuenta los efectos de las coberturas de precio con derivados que también es muy común en esta industria. (El Semanario Agencia, ESA)

Así responde el Estado en contra de quienes se oponen a la minería depredadora

Ante la resistencia en contra de la minería en el estado de Chiapas, el estado mexicano responde con la militarización, la efervescencia social demuestra una vez más es carácter fascistoide del gobierno federal y que como hace cien años en nuestro país la Constitución y el Estado de Derecho han muerto.

Municipio de Motozintla, Chiapas, México, a 16 de Octubre del 2009.

A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS Y MEXICO.

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS E INDEPENDIENTES.

A LA PRENSA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

El Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP–FNLS) y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denuncian ante la opinión pública la INTENSA MILITARIZACIÓN QUE ESTÁN PADECIENDO LOS PUEBLOS DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS, COMO RESPUESTA OFICIAL A SU RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA.

Desde que el FRCP–FNLS inició su LEGÍTIMA LUCHA SOCIAL CONTRA LAS MÁS DE 50 CONCESIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO A CUATRO TRANSNACIONALES MINERAS, nuestros compañeros fueron inmediatamente objeto de hostigamiento y vigilancia policiaca constantes; al igual que amenazas de muerte por parte de personal de la empresa Linear Gold Corp, como fue el caso concreto del compañero Elpidio Díaz Roblero del ejido Carrizal, municipio de Motozintla. Pero al mismo tiempo comenzó una paulatina militarización de toda la Sierra Madre, con especial énfasis en los puntos donde se sabe que existen yacimientos minerales.

Con los primeros recursos económicos liberados por los Estados Unidos en el marco del llamado “Plan Mérida” (vergonzoso símbolo de la abierta injerencia norteamericana y de la violación a la soberanía nacional de México), dicha militarización se incrementó notoriamente.

En este contexto, las declaraciones hechas a fines de septiembre por el gobernador Juan Sabines mediante un comunicado oficial, donde afirma que existen quienes quieren aprovechar el movimiento contra la minería para convocar a la violencia y efectuar tráfico de armas, no son sino un exabrupto irresponsable y criminalizador utilizado por el Estado mexicano con dos objetivos: 1) tratar de darle una justificación a la intensa militarización que hoy se padece en la Sierra Madre de Chiapas; y 2) hostigar e intentar desmovilizar a las personas, ejidos, grupos y organizaciones como el FRCP–FNLS que precisamente en ésa región estamos dando la lucha de resistencia contra las mineras transnacionales.

De este modo afirmamos que EL PLAN MÉRIDA TIENE COMO OBJETIVO OCULTO EL RESGUARDO MILITAR DE LOS RECURSOS NATURALES Y ESTRATÉGICOS DE MÉXICO, PARA ASEGURAR QUE PUEDAN SER SAQUEADOS POR EL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL.

La anterior afirmación se desprende de los siguientes hechos concretos:

1.      Hoy la Sierra Madre de Chiapas ESTÁ OCUPADA por el ejército federal y corporaciones policiacas tanto federales como estatales, que aparatosamente armados y encapuchados cierran caminos y carreteras con retenes donde bajan a la gente de los vehículos, para interrogarles severamente: lo cual es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos. Con ello tratan de averiguar si las personas están dentro de alguna organización. Por lo menos entre Huixtla y Frontera Comalapa hay entre 5 y 6 retenes fijos, además de otros volantes que colocan arbitrariamente en cualquier lugar.

2.      Los soldados se meten a los hogares con prepotencia y de manera violenta, si acaso sólo tocando la puerta y procediendo al allanamiento de las casas, diciendo que sus aparatos han detectado que ahí hay armas; y en el acto comienzan a interrogar a sus habitantes sobre su participación en alguna organización.

3.      Este tipo de allanamientos militares se han dado más específicamente en las casas de familias integrantes del FRCP–FNLS en los barrios de San Lucas, Emiliano Zapata, Reforma, San Antonio, y los Milenios 1, 2 y 3, todos del pueblo de Motozintla.

4.      El jueves 8 de octubre de 2009, a las 9:00 horas, un grupo de soldados entraron de ese modo al domicilio de nuestro compañero Ismael Jiménez Ovando, uno de los más activos participantes dentro del movimiento social contra las mineras transnacionales. En esos momentos sólo se encontraba su esposa Rosa Ramos Juárez y sus tres hijos; de inmediato le cuestionaron a ella sobre dónde se encontraba su marido, insinuándole que éste se dedicaba al tráfico de drogas y armas.

5.      El viernes 9 de octubre de 2009 policías estatales y federales le tendieron una burda trampa al campesino Ramiro López Matías, militante del FRCP–FNLS, para detenerlo bajo la falsa acusación de “fabricación de billetes falsos” (actividad harto extraña para un campesino que ni siquiera terminó la escuela primaria). Este compañero es uno de los que encabeza la resistencia en su comunidad (Barrio La Mina del Ejido Carrizal, municipio de Motozintla), para impedir que la transnacional “Linear Gold Corp” explote los yacimientos de oro que se localizan exactamente ahí, sin contar con el respectivo permiso de la Asamblea Ejidal y dejando a cambio una gran devastación ambiental y graves problemas de salud pública.

6.      Cuando un grupo de miembros del FRCP–FNLS se presentó con el Ministerio Público de Motozintla para conocer la situación del compañero Ramiro, el comandante Tomás Luna Hernández de la Policía Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, les dijo: “ustedes son del FRCP, ¿verdad?; ustedes tienen muchas órdenes de aprehensión que ya se van a librar y pronto les vamos a caer, de una vez les aviso”.

Una vez más dejamos claro que nuestra lucha es pacífica, abierta y sustentada en el legítimo derecho que tenemos a defender la vida, dentro del marco constitucional. Para que el gobierno no trate de tergiversar nuestras legítimas razones como lo ha hecho, ni los articulistas del régimen quieran manipular a la opinión pública como penosamente lo han pretendido, MANIFESTAMOES QUE NUESTRA LUCHA CONTRA LAS TRANSNACIONALES MINERAS TIENE CAUSAS POR DEMÁS LEGÍTIMAS:

• A nivel internacional la minería metálica (que es la que más nos afectaría en varios municipios de la Sierra y en dos puntos concretos de Motozintla: Ejidos Carrizal y Buenos Aires) es considerada la actividad más contaminante del mundo. Cientos de estudios y documentales lo demuestran; revísenlos señores articulistas, antes de emitir opiniones torpes y vagas (al que le venga el saco…).
• La toxicidad de la minería no proviene directamente del oro ni de la barita, como estúpidamente quiso engañar a la población de Chicomuselo el secretario de salud de Chiapas, James Gómez Montes, al decirles que la barita no provoca daños al ambiente ni al agua. ¡El peligro lo representan los métodos con que se extraen estos minerales! En el caso del oro, además de los miles de kilogramos diarios de dinamita que usaría una sola mina, cada día se utilizarían también varias toneladas de químicos altamente tóxicos como lo es precisamente el CIANURO de sodio: un gramo del cual es suficiente para matar a una persona. Y las experiencias en muchos lugares del planeta indican que esos desechos terriblemente tóxicos, suelen filtrarse hasta los ríos y mantos acuíferos.
• Además las cantidades de agua que consume cada mina, se cuantifican en muchos millones de litros al día; ¡agua que queda irreversiblemente envenenada!

Para el FNLS lo anterior no significa desarrollo, sino devastación ambiental y grave atentado a la salud pública. Tampoco podemos aceptar, como pregona el gobernador Juan Sabines, que se realicen las explotaciones mineras que sí generen “beneficios” a la población del lugar; pues LA VIDA NO SE NEGOCIA. Los tóxicos usados en la extracción minera metálica ocasionan, desde la muerte, hasta enfermedades demasiado difíciles y costosas de curar como el cáncer o la leucemia.

De este modo concluimos diciendo además que el PLAN MÉRIDA Y SU ABSURDA MILITARIZACIÓN, conllevan también muerte y enfermedades para nuestro Pueblo.

¡ LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS !

¡ ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS !

¡ APOYO TOTAL AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) !

¡ RECHAZO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL !

¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Nueva presa política

Nueva presa política

Alberto Hijar.

Desde el domingo 11, Zacacuautla esta sin energía eléctrica y sin teléfono de por si inútil porque ese no es territorio Telcel. El viernes grandes maquinas irrumpieron en el monte y construyeron un camino para rodear el bosque y sacar rápido la madera producida por la tala de los próximos días. Ya la Delegación de los electos por la asamblea y que trabaja intensamente, sin remuneración alguna y que va y viene a Pachuca a declarar por los cargos levantados contra ellos, los deforestadores del bosque y del agua, a los organizadores de la mejor fiesta patronale que haya vivido Zacacuautla, contrataron una excavadora y abrieron zanjas en el terreno de la comunidad para impedir el paso de los camiones. El informe incluye el remate de la jornada con comida incluida de guiso de nopales, chilacayotes, cebollas, chile y tortillas todavía de maíz de a de veras. Todo comunitariamente compartido.

Antes, durante y después de los rezos por el esposo de doña Gabriela, se dieron tiempo para avisar a la policía y encontrarse con camionetas transportando litros de disel quizás para los trailers ladrones y para luego quemar el monte como hicieron hace tres años. Se van sumando hombres y mujeres a la defensa del bosque que avanza, pero todo se complica con la aprehensión de la Delegada el jueves 15 a las 14 horas.

Filiberta Nevados Templos es la Delegada primera, muy querida por su pueblo testigo de su incansable trabajo por todos y todas. Ha sido encerrada en Tulancingo, directamente en el Reclusorio y por lo pronto la acusan de daño en propiedad ajena. Ya se sabe con los acontecimientos de Atenco, Chiapas y Oaxaca, que se trata de tomar rehenes para desmovilizar a los que luchan y  reducirlos a los tramites legales. Un contingente del Taller de Construcción al Socialismo ya esta en Tulancingo mientras desde el Distrito Federal, otros procuran la denuncia, la solidaridad, las cartas al gobernador de Hidalgo que no se digno responder a ninguna de las comunicaciones que hemos enviado.

Todos somos Zacacuacutla porque si permitimos un asalto como el que arrasará con el bosque, quiere decir que no hay ley ni garantía capaces de oponerse a un criminal como Pedro Canales protegido por las autoridades de Hidalgo para hacer válidos los títulos de propiedad falsos, mantener a los Negros armados y que dicen ostentar la licencia de Semarnat y la Profepa ante las vanas promesas de algunos diputados locales de declarar zona protegida al bosque de Zacacuautla a solo dos horas y media del centro del país, entre los desvastados estados de Hidalgo y Puebla.

Por Fili, por la ejemplar Delegación de Zacacuautla, por nuestros bosques y manantiales, por los campesinos muy pobres que defienden su tierra, hemos de vencer a los criminales amparados por gobiernos corruptos.
A continuacion MAS INFO, Y SITUACION SOBRE LA DEFENZA DEL BOSQUE.

TAMBIEN EN EL LINK:
http://zacacuautla.blospot.com

DESTRUIR, ENCARCELAR, ASESINAR.

DESTRUIR, ENCARCELAR, ASESINAR.

Alberto Híjar.

En lugar de darse a la lamentación, Filiberta Nevado Templos mantuvo en el aislamiento de su celda en Tulancingo,  la dignidad de Delegada electa por aclamación por el pueblo de Zacacuautla. Consiguió papel oficio, bolígrafo y lentes con una trabajadora social generosa y escribió a su pueblo, a las organizaciones fraternas, al cura recientemente llegado de La Huasteca que también escucha Radio Huayacocotla, la emisora comunitaria que sobrevive a la voracidad de los llamados zares de la radio y la televisión.

Queda claro en primer lugar, el secuestro de ella y del Delegado segundo, Trinidad Santos Templos, subidos con engaños a una camioneta sin identificación por tres civiles, desconocidos como agentes merodeadores de Zacacuautla mentirosos al decir que averiguaban una casa de ladrones. Hasta que enfilaron a Tulancingo y ante la protesta de los secuestrados, mostraron de mal modo la orden de aprehensión y celebraron el “operativo limpio” que logró burlar el peligro de que el pueblo defendiera a sus representantes y llamara a las organizaciones solidarias que se sabe apoyan la defensa del bosque y el manantial amenazados por Pedro Canales y su hermana Margarita quien acusa a los dos secuestrados y a tres más de daño en propiedad ajena, tan ajena que no será la primera vez que ostente escrituras y testigos falsos. Los agentes en acción sugirieron burlones la entrega traicionera de los otros tres indiciados: la septuagenaria Benita Ibarra con toda su carga de cuartetas ingeniosas y sus riñones inservibles, el comandante de seguridad Vicente Islas y Blas Islas, parte policial desarmada de la Delegación y presidente de la Cooperativa El Ocotenco por la defensa del bosque y el agua, todos cargos honorarios sin remuneración económica. Un día completo con su noche gélida pasaron en la cárcel Fili y Trini mientras su pueblo se movilizaba para conseguir escrituras y dinero para las posibles fianzas, avisar a la capital, recibir periodistas y al fin traer al Presidente Municipal de Acaxochitlán que accedió a pagar las fianzas de 25 mil pesos cada una y poner al servicio de la Delegación de Zacacuautla a los abogados del Municipio que citaron a los procesados en la mañana del sábado para advertirles que deben restituir el dinero aportado y que es mejor que entreguen a los tres procesados ahora prófugos por la acusación de Margarita Canales del 27 de junio de 2008. Ellos que habían estado acudiendo a declarar a Pachuca por otros procesos porque no saben bien cuantos hay en su contra.

Aparecieron ante el nutrido grupo de compañeras y compañeros afuera de los juzgados de Tulancingo hacia las 3 de la tarde para ser recibidos amorosamente. Todos y todas los abrazaron conmovidos y escucharon a Fili afirmar la necesidad de mantenerse alertas en estos días cuando se espera la devastación  del bosque ya rodeado por un camino nuevo que la comunidad ha interrumpido con tres grandes fosas en el terreno donado a Zacacuautla por conducto de Alejandro Gómez García, el albacea de los auténticos propietarios a quienes además se les compraron tres hectáreas debidamente requisitadas.

Una pareja de periodistas de Criterios estaba cuando  ocurrió el secuestro al que no  prestaron atención como todos y todas los que estaban en la Delegación. Pero luego de intentar una entrevista con la familia Canales y con el jefe de Los Negros, la banda de criminales al servicio de Pedro Canales que ha estado hostigando y provocando con sus camionetas y transportes a los pacíficos habitantes de Zacacuautla, los indignados periodistas echaron a andar conocencias de cuando fueron Comisión de Derechos Humanos y organizaron una conferencia de prensa en Pachuca donde estuvimos ocho reporteros para escuchar a Fili, Trini y el exdelegado Virgilio Gómez que narró la historia que le consta de los asaltos y despojos de los Canales siempre protegidos por funcionarios corruptos y recordó el asesinato impune del defensor del bosque Samuel Cruz Hernández. Funcionarios como la abogada Teresita de Jesús Adán de SEMARNAT y al Secretario de Gobierno de Hidalgo como prepotentes negadores de los derechos de la Delegación de Zacacuautla que alegan el artículo 65 de la Ley Forestal que ordena suspender todo aprovechamiento del bosque cuando hay litigio. Presente en la conferencia, Alejandro Gómez intervino para decir que se le ha citado sin decir para qué y así poder asentar en actas que carece de documentos de legítima propiedad.

El 8 de junio logró la Delegación una asamblea en Zacacuautla con representantes estatales de Gobernación y SEMARNAT. Se hizo el compromiso de atender el litigio sobre la propiedad de los terrenos con el análisis preciso de la escritura falsificada de los Canales escrita con bolígrafo y fechada en 1939 cuando el supuesto vendedor había muerto y Pedro el jefe de jefes tenía 16 años. Se acordó despedir a los policías corruptos protectores del talamontes y retirar los cargos contra los delegados. Siguió el tortuguismo característico de los funcionarios y hasta el 23 de septiembre aparecieron para seguir dando largas al asunto.

La situación es grave porque en cualquier momento pueden girarse nuevas órdenes de aprehensión y por lo pronto, Delegación, pueblo y organizaciones solidarias tenemos que atender el respeto a la legalidad con la asistencia de una defensora de oficio y los cuatro abogados de la Presidencia Municipal de Acaxochitlán. El anfitrión de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos recomendó denunciar todo lo ocurrido a la Comisión Estatal y  a la Procuraduría de Hidalgo. Nos preocupa a quienes hemos escrito al Gobernador desde hace seis  meses no tener respuesta alguna. Lo cierto es que está en pie la amenaza al bosque para volverlo tierra arrasada porque luego de talar las 60 hectáreas sentenciadas se tienen listos los bidones de diesel para quemar los restos. Todos somos Zacacuautla porque la violenta prepotencia impune afecta no sólo a ese rincón humilde entre la sierra de Hidalgo y la de Puebla.

Pronunciamiento: Fin al Terrorismo de Estado en Chiapas y México

Tomado de : http://escrutiniopublico.blogspot.com/2009/10/pronunciamiento-fin-al-terrorismo-de.html

San Cristóbal de Las Casas, Chis., a 25 de octubre de 2009.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES,

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS,

A LOS PUEBLO DE MÉXICO Y TODO EL MUNDO,

A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRA LA TORTURA.

NUEVA DETENCIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA OCEZ-REGIÓN CARRANZA,

LOS CUALES FUERON BRUTALMENTE TORTURADOS POR SOLDADOS Y POLICÍAS.

En un contexto donde la militarización se expande en todo el país como pretexto de la lucha contra el crimen organizado –cuyo saldo según los últimos estudios varios miles de personas desaparecidas, de las cuales 90% no tienen relación con el narcotráfico–, lo que observamos con honda preocupación es la elevación del número de presos políticos y de conciencia.

Sin embargo este retroceso histórico e involución democrática, que pareciera demostrar un fracaso más del señor Felipe Calderón Hinojosa, lo que en realidad nos muestra son sus verdaderos propósitos y objetivos: legalizar el Terrorismo de Estado; criminalizar las luchas sociales fabricando supuestos “terroristas” o “guerrilleros”; asesinar a periodistas; encarcelar y desaparecer a líderes sociales; liberar a paramilitares como los que cometieron la masacre de Acteal, mientras se institucionaliza la impunidad para los autores de otras masacres como la de Aguas Blancas y El Charco, y de represiones salvajes como las de Atenco, Oaxaca, Sicartsa… entre muchas otras; así como consolidar en los hechos su alianza con la oligarquía nacional e internacional, asestando un burdo golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) e imponiendo su fascismo a toda costa.

Es así como constatamos una vez más que la estrategia contrainsurgente de la década de los setentas, conocida como la Guerra Sucia, ahora se revitaliza con la tecnología y asesoría militar de Estados Unidos, Francia e Israel; lo cual de paso viola vergonzosamente nuestra Soberanía.

Para nadie es desconocido que a través de la historia de los países latinoamericanos, siempre que ha existido una coordinación entre el imperialismo con las fuerzas armadas y gobiernos para una supuesta lucha contra las drogas, lo que en realidad ha sucedido es que la usan como mera cortina de humo para llevar a cabo detenciones, desapariciones y asesinatos selectivos de luchadores sociales y opositores al régimen.

Hoy en Chiapas, como en otros estados del país, es evidente cómo se legalizan la impunidad, la violación a los derechos humanos y la falta de respeto a los Pueblos indígenas entre otros. El gobierno de Juan Sabines Guerrero, a través de su operador político, el señor Nemecio Ponce, aliados con las fuerzas armadas especializadas para la lucha contra el narcotráfico, emprenden abiertamente la persecución contra luchadores sociales. Usan y compran a los medios de información serviles que hay en el estado, para construir campañas mediáticas que respalden sus actos ilegales y les brinden impunidad, al mismo tiempo que criminalizan las luchas sociales.

Esta persecución y represión va acompañada de la entrega de nuestra soberanía nacional, a los intereses geoestratégicos del imperialismo en la frontera sur. A ello y no a otra cosa responde el proyecto “Ciudades Rurales”: que es una repetición de las Aldeas Estratégicas usadas por los gringos con fines de contrainsurgencia, para concentrar a la gente y así poder controlarla militar y policiacamente; además de convertirla en un contingente disponible de mano de obra barata para las empresas maquiladoras. Los recientes recorridos por lugares que son las caras bonitas de Chiapas, amenizados con grandes eventos sociales para adornar la visita de 65 embajadores a la entidad, no fue más que el marco hipócrita para firmar convenios de inversión y dar a conocer políticas públicas con perspectiva de género, como la “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, que claramente tienen una intención mediática y no más. El futuro, como en tantas otras ocasiones, nos dará la razón de esta valoración.

El otro rostro de Chiapas, el verdadero, aquel que no publican muchos de los medios de información estatales y nacionales, ése que esconden los articulistas alabadores de este régimen en franca descomposición, es el del horror que en estos precisos instantes están viviendo mujeres, población infantil, ancianos y hombres del municipio de Venustiano Carranza, frente a la ocupación militar que se ha desatado en sus comunidades. La última expresión de la escalada de violencia de Estado en la zona, se dio este fin de semana con ladetención de otros dos integrantes de la Organización Campesina “Emiliano Zapata” (OCEZ-RVC): José Manuel de la Torre Hernández y Roselio de la Cruz González; quienes durante cinco largas y agobiantes horas sufrieron de brutales torturas físicas y sicológicas, siendo obligados a firmar papeles en blanco. Este es el Chiapas de los “hechos, no palabras”.

Durante la larga sesión de tortura, estos luchadores sociales fueron presionados para que dieran información que los ligara con el sacerdote de Venustiano Carranza. Así, fueron torturados de modo inhumano metiéndoles las cabezas en bolsas de plástico hasta que la asfixia les hacía perder la conciencia; para luego ser despertados agua mineral gaseosa que les introducían a presión en sus vías nasales (método de tremenda crueldad conocido en México como tehuacanazo). Esto demuestra una vez más que éstas prácticas, prohibidas en el mundo por organismos internacionales dedicados contra la tortura y por el respeto a los derechos humanos, siguen siendo parte del actuar de los gobiernos estatales como el de Chiapas, y del mismo gobierno federal.

Y mientras funcionarios de gobierno, policías y militares cometían esta barbarie contra los dos luchadores sociales mencionados, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas emitía un boletín de prensa donde los criminaliza abiertamente, adjudicándoles una serie de crímenes que han sido cometidos por malvivientes en otros municipios de la entidad. Así, con todo el dolo de un Estado criminal, los señala como miembros de una supuesta banda bautizada por la PGJE como “los pelones”; que a decir de los comuneros del municipio de Venustiano Carranza, los únicos conocidos bajo ese nombre son precisamente integrantes del grupo paramilitar de la comunidad de Paraíso (que ha sido un grupo armado al servicio del Estado y los caciques de la región), que adoptaron tal apodo al ser encabezados por Bartolo Mendoza, quien estaba calvo.

En dicho boletín de la PGJE se habla en varias ocasiones de supuestos testigos protegidos, como una forma de enmascarar la consigna del gobierno de golpear a los luchadores sociales utilizando a líderes vendidos como: Juan González Esponda (“profesor”/policía de la UNACH), Eduardo Fernández Simón (el pitufo), José Bernardino Magdaleno Velasco “El Nino” (subsecretario de Pueblos Indios) y otros, quienes continuamente se reúnen con “autoridades” estatales para analizar el señalamiento y entrega de luchadores sociales.

Cabe destacar que desde la madrugada de este sábado 25 de octubre, en las comunidades de Laguna Verde y del predio 28 de Junio, la población vive momentos de terror con la aplicación de un operativo en el que entraron 40 camiones con elementos fuertemente armados del Ejército Federal, AFI y Policía Especializada que vestían uniforme y casco negro con pasamontañas.

¿Esta es la concreción de la no violencia hacia las mujeres?, ¿Del respeto a los derechos de los pueblos indios?, ¿De la libertad de organización y libre expresión?. ¿Esta es la paz inconclusa de Chiapas? ¡¡Esta es la guerra de exterminio para toda persona u organización que forme parte de la disidencia política hacia este gobierno fascista de ultraderecha!!.

Este es el gobierno de “Hechos represivos, no Palabras”, que ha promovido los famosos “Pactos de Gobernabilidad” con la intención de comprar las conciencias de supuestos luchadores sociales. Ahora quedarán en la memoria del pueblo todos los agravios, la impunidad y la corrupción que rondan en el andar por los pasillos del palacio de gobierno, de aquellas personas, funcionarios, instituciones y grupos de poder del actual gabinete que se hunde en la miseria moral, ética y política. Nuestro pueblo se niega a quedar en el olvido y tampoco olvidará quiénes son sus verdugos y traidores.

Alertamos al pueblo de Chiapas, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, al movimiento popular, a la academia comprometida, y a toda persona progresista, para que esté pendiente de que la escalada de represión social ya está encima, es inminente la instauración del Terrorismo de Estado como forma de hacer política. Convocamos a la unidad de la lucha por la libertad de todas y todos los presos políticos del país, por la presentación con vida de desaparecidas y desaparecidos, por un alto a la criminalización de la resistencia popular.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS

¡¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

¡¡¡LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!!

¡¡¡APOYO TOTAL A LA LUCHA DEL SME!!!

¡¡¡ RESPALDO TOTAL A LA GRAN MARCHA QUE ESTE DÍA REALIZA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LA ORGANIZACIÓN LAS ABEJAS DE CHENALHÓ, EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD HACIA LOS PARAMILITARES DE ACTEAL!!!

COMUNICADO PÚBLICO URGENTE COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO

COMUNICADO PÚBLICO

COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO

Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

Dado que no ha existido ninguna señal del gobierno de poner fin a las fuerzas represivas en nuestras comunidades, hemos tomado una decisión como Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.

Manifestamos públicamente nuestra renuncia a la nacionalidad chile, y declaramos territorio de la nación autónoma mapuche desde río Bío bío al Sur, a partir del reconocimiento explícito que el Estado hace sobre su existencia en el Tratado de Tapihue de (1825) Art. 19.

Por lo cual damos por terminado todo dialogo con la republica de chile y le declaramos la guerra, desde hoy 20 de octubre de 2009 en adelante. Y llamamos a todas aquellas comunidades a seguir la misma senda para poder lograr la expulsión completa a todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche.

Por lo mismo hemos dado libertad de acción a los órganos de resistencia mapuche para actuar en contra de los intereses capitalistas en el territorio mapuche.

Por ello, asumimos en plenitud la reciente acción desarrollada por nuestros Weichafes Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y huilliches de las Comunidades Mapuche en conflicto de la CAM comunicamos a nuestro pueblo y a la opinión publica lo siguiente:

Martes 20 de octubre del 2009, nuestros Weichafes realizaron acciones en contra de dos camión de la empresa forestal EL Bosque, que se encontraba circulando en la ruta que une Collipulli con la ciudad de Angol, específicamente en el alto de Cancura, en la Región de La Araucanía.

Que estas prestaban servicios a Forestales, resultando dos de estas máquinas destruidas.

Estas acciones tienen como único objetivo repudiar todos los últimos hechos de violencia en contra de nuestra nación mapuche, y a la vez respaldar el proceso de recuperación de tierras de nuestras comunidades en conflicto. Esta es también una forma en que nuestros Órganos de Resistencia del Territorio Mapuche- Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y Huilliche expresan su repudio a las condenas sufridas por nuestros hermanos recluidos en las diferentes cárceles del estado chileno y la forma de comunicar que de seguir existiendo prisión política y condenas, estas acciones se seguirán realizando por parte de nuestros weichafe, apoyados por todas las comunidades Mapuche de la nación mapuche .

Por último, reafirmamos nuestra convicción de seguir en la senda de nuestros antepasados que con fortaleza se ofrendaron a la causa de la justicia y dignidad de nuestro hermoso y heroico Pueblo Nación Mapuche. La Coordinadoraestá más fortalecida que nunca en su lucha por el Territorio y Autonomía.

Mientras exista pobreza y miseria a raíz de la falta de tierras con políticas de estado que legitiman el despojo territorial, la CAM seguirá existiendo.

Con la fuerza de de nuestros Futa Keche Kuifi y Weftun (renacer de los nuevos guerreros), que germinan y multiplican por todo el WALLMAPU por una causa que se convierte día a día en una causa más sagrada.

¡MARICHIWEU!

Órganos de Resistencia Territorial

ORT-CAM.

¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche !

¡WEUWAIÑ PU PEÑI, PU LAMNIEN!

FUERA LAS FORESTALES Y LATIFUNDISTAS DEL WALLMAPU TERRITORIO Y AUTONOMIA PARA LA NACION MAPUCHE CON LEMUN Y CATRILEO ¡

¡WEUAIÑ!!

ESTADO REPRESOR. Pide AI investigar “detención y tortura” de tres dirigentes campesinos.

ISAíN MANDUJANO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 29 de octubre (apro).- Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno mexicano investigar el caso de “la captura ilegal y tortura” en el estado de por lo menos tres líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la persecución de que ha sido objeto el resto de sus integrantes.
En un llamado urgente publicado en su página de internet, la oficina de AI en México afirmó que ha recibido noticias de que Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, dirigentes de esa organización, fueron detenidos en forma ilegal y permanecen recluidos en una prisión estatal.
El abogado de los detenidos, Marcos Pérez López, ha afirmado que, durante los interrogatorios, los mantuvieron atados y con los ojos vendados y los golpearon.
Señaló que “a De la Cruz lo golpearon y lo amenazaron de muerte, mientras que a De la Torre le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico hasta que casi se asfixió”. Añadió que a ambos los obligaron a firmar papeles que no les permitieron leer.
Además, AI manifestó su preocupación por otro líder de esa organización, José Manuel Hernández Martínez quien, dijo, permanece preso en una cárcel federal, ubicada a dos mil kilómetros de distancia, lo que dificulta que su familia o su abogado lo visiten.
Los tres son acusados de ocupar ilegalmente tierras en 2005.
Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre fueron detenidos por la policía del estado el pasado 24 de octubre, durante un cateo realizado en casas de miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), en el municipio de Venustiano Carranza.
Hernández Martínez, también miembro de la OCEZ, fue detenido el pasado 30 de septiembre. Luego, el 16 de octubre fue trasladaron a esa prisión federal.
El organismo demandó a las autoridades mexicanas que se garanticen que Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre “no serán sometidos de nuevo a torturas u otros malos tratos”.
Y pidió que se realice una investigación imparcial sobre la “tortura” de que fueron víctimas ambos y sean procesados los responsables.

Tribunal federal ordena a Semarnat anular permiso a Minera San Xavier

 

Como una manifestación de que aún por la vía legal es posible detener la destrucción, ahora sólo esperamos como muchos más en el país que el Estado verdaderamente cumpla con la ley.

Tribunal federal ordena a Semarnat anular permiso a Minera San Xavier
El plazo para acatar el fallo vence el 13 de noviembre; la empresa podría interponer amparo
Activistas esperan que ahora sí se proceda contra la compañía, acusada de daños al ambiente
EDITH ARGÜELLES
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2009, p. 35
San Luis Potosí, SLP, 29 de octubre. El pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una resolución a un amparo promovido por el grupo Pro San Luis Ecológico y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anular el permiso que otorgó el 10 de abril de 2006 a Minera San Xavier para explotar oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro.
El abogado de la organización no gubernamental (ONG), Héctor Barri González, informó que el plazo para que Semarnat retire el permiso a MSX vence el próximo 13 de noviembre. Yvette Salazar Torres, diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no descartó que la empresa busque un amparo.
La resolución del expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-10-04-QC-DA fue notificada a Pro San Luis Ecológico el 14 de octubre, indicó Héctor Barri González. A partir de esa fecha, la dependencia tiene 20 días hábiles para dar cumplimiento al resolutivo y retirar el permiso a Minera San Xavier.
De acuerdo con el ex regidor perredista Carlos Covarrubias Rendón, la resolución reconoce que en la queja de la ONG existen fundamentos para dejar sin efecto la autorización al proyecto, otorgada en 2006 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
La lucha legal de Pro San Luis Ecológico se inició en 1999, cuando la empresa Metallical Resources Inc, de la que formaba parte San Xavier, obtuvo el primer permiso de la Semarnat para explotar mineral en Cerro de San Pedro con proceso de tajo a cielo abierto. Desde su inicio el proyecto fue considerado de alto riesgo por el uso de cianuro y plomo para extraer oro.
Los opositores a Metallical Resources –que en 2008 fue comprada por el Grupo New Gold– argumentaron que el uso de suelo de la zona es de preservación ecológica, lo que invalida los permisos otorgados a la empresa por no existir condiciones físicas ni legales para la explotación minera.
Metallical Resources llegó a Cerro de San Pedro en 1995; comenzó a utilizar explosivos en 2005 y sus operaciones formales comenzaron en 2007. Se le atribuyen daños al patrimonio histórico del pueblo de San Pedro –que dio origen a la fundación de San Luis Potosí–, así como contaminación de aire, tierra y mantos acuíferos que surten a la capital del estado, ubicada a escasos kilómetros, sostuvo Covarrubias Rendón.
El pleno del TFJFA emitió su sentencia en cumplimiento de lo ordenado por el noveno tribunal colegiado de primer circuito. Ésta sería la tercera ocasión en que la sala superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve la nulidad del proyecto Minera San Xavier en favor de recursos promovidos por la ONG.
La primera se emitió en septiembre de 2004. En cumplimiento de la ejecutoria D.A.65/2004-873, el TFJFA anuló la autorización que Semarnat otorgó a la empresa en 1999. Sin embargo, el mismo tribunal concedió una excepción a la dependencia.
La segunda ocasión fue en octubre de 2005 (expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04), cuando se dictó sentencia definitiva y se asentó que la autorización promovida por Minera San Xavier no debió ser otorgada por la Semarnat, pero la dependencia entregó un nuevo permiso en 2006.
De esta autorización se desprende la más reciente declaración de nulidad. Los opositores esperan que esta vez sí se cumpla.

ANÁLISIS A FONDO: LOS DERECHOS DE LOS INDIOS

 

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

· La tímida defensa de la ONU ante el gobierno mexicano

· Y los que más la llevan mal son los indios organizados

México es un país de leyes que sólo privilegian a los poderosos. Es el paradigma de la desigualdad y la injusticia, no obstante que la clase política esté convencida de que está gobernando democráticamente, porque, lejos de todo resentimiento social, los políticos creen a pie juntillas que están trabajando para el pueblo, para las mayorías y esto puede verse en los mensajes televisivos que nos endilgan a cada momento en cadena nacional. Hasta con la aprobación del incremento de las cargas impositivas, están convencidos de que son para elevar el bienestar de la población más vulnerable, y hablando de respeto a los derechos humanos pasa lo mismo. Nosotros no violamos las garantías individuales, pero la ley que le daba a los indios derechos sobre sus tierras originarias, sus formas de gobernarse, de organizarse política, social y económicamente – la olvidada Ley Cocopa, producto de la firma solemne de los Acuerdos de San Andrés – jamás fue aprobada ni por la Izquierda, y mucho menos por la derecha en el Congreso. La Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), creada para mediar cuando el levantamiento indio de 1994 nunca funcionó y actualmente pareciera que al único que le interesara revivirla es al amigo Jaime Martínez Veloz, que es una voz que clama en el desierto en los ambientes legislativos. A los priístas les tiene sin cuidado; a los perredistas jamás les han interesado las condiciones en que sobreviven los pueblos y comunidades indias – es más, en Chiapas, una entidad federativa eminentemente indígena, los perredistas no sólo no han defendido a los indios, sino que – caciques, pues – se han puesto en su contra e incluso los reprimen con policías, gases lacrimógenos y hasta con balas, y de ello hay hartos ejemplos y hartos muertos,

Con todo, pese a tener permanentemente la espada de Damocles sobre la cabeza, muchos pueblos y comunidades indias viven ya en sus autonomías, a pesar de que la ley Cocopa no fue aprobada hace ya tres lustros. (Cómo se pasa la vida… tan callando…). Viven un modelo de sociedad armónica, convivible, solidaria, productiva, sin pedirle “chichis” al gobierno, aunque lo que han construido les ha costado sangre, sudor y lágrimas. No lo va a usted a creer, amigo lector, pero hay mestizos que siguen creyendo que los indios no tienen alma, como lo creían los conquistadores y hasta los Papas católicos. Y gobiernos, instituciones, corporaciones policiales y militares siguen violando los derechos humanos de los indios. Que lo digan los indios chiapanecos, cuyo único delito es ser simpatizantes del neozapatismo y adherentes de la llamada “Otra Campaña” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Frecuentemente se dejan venir por la www indignantes denuncias de comunidades y pueblos indios porque son reprimidos, encarcelados, asesinados sus dirigentes y en la defensa de sus derechos los únicos que ponen la cara son los centros de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil, como el Centro Brayba, el Centro Prodh, el Vitoria y otros cuya lista sería interminable. Los gobiernos locales, sobre todo, se burlan de la Constitución Política, que consagra por lo menos las garantías individuales, aunque no reconoce los derechos comunitarios, de grupo, de etnias, de culturas.

En estos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha celebrado un nuevo periodo de sesiones con el estudio de varios casos de violaciones en América Latina, en especial de los derechos de los pueblos indígenas. La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó hasta ayer 54 casos, solicitados por gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región americana. Los países que más casos presentaron ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recomendó al gobierno del presidente Felipe Calderón reforzar la legislación para proteger de manera eficaz la integridad física de los defensores de derechos humanos. Y ésta debería ser la ocasión para que el gobierno reconozca que firmó los Acuerdos de San Andrés pero que, por sus pistolas, lo desconoció y las cosas quedaron igual o peor que antes, porque ahora se criminaliza la lucha social de los pueblos y comunidades originarias. En su más reciente “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, el organismo hace una serie de recomendaciones a la nación en materia legislativa, como recientemente lo difundieron diversos medios informativos. Entre ellas está culminar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, garantizando la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en la materia firmados por México.

Sugiere también reforzar mecanismos de protección a derechos humanos como el juicio de amparo; facilitar la constitución jurídica de organizaciones defensoras de derechos humanos y el acceso al financiamiento público y privado. Además, regular en los tres niveles de gobierno la actuación de la fuerza pública cuando se trata de contener manifestaciones, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Otra recomendación es facilitar a los defensores de derechos humanos el acceso a centros de detención para verificar situaciones específicas; y reconocer expresamente en la ley a la radiodifusión comunitaria, facilitando su utilización. “A las autoridades federales se les recomienda que, en concertación con las organizaciones de la sociedad civil, definan e implementen un mecanismo nacional de protección para defensores”, que pueda extenderse a otros grupos vulnerables, especialmente periodistas. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU indica que autoridades federales y estatales deben hacer una campaña “masiva y sostenida” para reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, que a veces parece “invisible”. En específico se sugiere “abrir un canal de comunicación directa entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los defensores de derechos humanos”, sobre todo en las entidades donde el Ejército participa en labores de seguridad pública. Además, el organismo ofrece su mediación para facilitar ese diálogo. El gobierno debe reconocer los derechos históricos de las comunidades y sus sistemas normativos, así como dejar de lado los vicios característicos del sistema de procuración de justicia, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos. Digo, mientras los diputados toman conciencia de que tienen un pendiente con los indios. Las reformas constitucionales acordadas y firmadas en San Andrés Sac’anchem de los pobres.

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analisisafondo@gmail.com

¡Presos políticos, Libertad! Crónica de una reunión esperada por 10 años.

¡Presos políticos, Libertad!

Crónica de una reunión esperada por 10 años.

Ya en la soledad de mi celda recordaba yo

cómo a los comunistas, encarcelados en diversas

ocasiones, se nos debía en los últimos 40 años la

transformación de los sistemas carcelarios…

D.A. Siqueiros

Militante comunista, pintor, fundador del

Comité de Defensa de los Presos Políticos

 

Irma López Tiol

31 de Octubre del 2009.

Gloria Arenas y Jacobo Silva Nogales, ambos pertenecientes al ERPI, fueron detenidos, torturados y sentenciados a 49 años, 23 meses y 29 días por los supuestos cargos de homicidio, intento de homicidio y daño en propiedad en octubre de 1999. El miércoles 28 y jueves 29 de octubre del 2009, fueron liberados del penal de Chiconautla (Estado de México) y del Cefereso de Tepic (Nayarit), respectivamente.

Ninguno de ellos fue notificado previamente sobre su salida, ocurrió de manera sorpresiva, dijo Gloria Arenas en conferencia de prensa el viernes 30 de octubre. El recinto de periodistas que lleva el nombre del ilustre informador Filomeno Mata, cuyo hijo también fue preso político al lado de Siqueiros por apoyar al movimiento ferrocarrilero, albergó la conferencia convocada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Comité Verdad y Justicia para Gloria y Jacobo.

La noche del miércoles 28 Gloria Arenas se comunicó con sus familiares para avisar que ya la habían sacado del penal. A partir de ese momento la noticia viajó rápido por internet. Su familia, compañeros de Atenco, Trini la esposa de Ignacio del Valle (preso junto con sus compañeros en la prisión de máxima seguridad del Altiplano), miembros del Tacoso y otros compañeros en lucha fueron por ella. En la oscuridad y el aislamiento que rodea al penal de Chiconautla, con el temor de todo luchador social y político al saberse expuesta a ser detenida nuevamente so pretexto de algún subterfugio más, así esperó Gloria Arenas el arribo de quienes asegurarían su traslado a salvo hasta su casa. Ahí ya la esperaban muchos compañeros con una bienvenida de abrazos, palabras de lucha y confianza.

Prolongada recepción nocturna, difícil asimilar tan pronto el inicio de una nueva etapa de vida, sólo logró dormir dos horas. Al día siguiente, jueves 29,  a contestar innumerables llamadas telefónicas, intentaba redactar un boletín de prensa para la conferencia organizada para el viernes 30, tarea imposible dada la cantidad de personas que continuaban buscándola para abrazarla y conversar con ella. Apenas estaban en la sobremesa, caía la tarde, cuando Elizabeth Silva recibe la llamada desde Tepic, compañeros del Partido de los Comunistas habían sido informados de que en esos momentos Jacobo Silva estaba a punto de ser liberado y que personal del Cefereso lo iba a dejar en la terminal de autobuses de la capital de Nayarit. La solidaridad y el compromiso indiscutible de estos compañeros se puso en acción, implementando una estrategia rápida para monitorear en forma discreta desde las calles y avenidas como ruta probable hacia la central camionera, los compañeros se comprometieron a desplegar a sus miembros para garantizar la seguridad de Jacobo y comunicarse con Gloria Arenas en cuanto establecieran contacto con él.

Así ocurrió, gracias al invaluable apoyo de los compañeros de Tepic, Jacobo no estaba solo en ese trance tan difícil, lo recibieron en la terminal, sitio desde el cual se comunicó con Gloria su compañera y con Tía Neche, su mamá de 86 años. La atmósfera semifestiva y nerviosa inundó nuevamente el hogar de la familia Silva. Todos los que se encontraban ahí experimentaban diversas emociones, la necesidad de informar a través de los medios electrónicos, las llamadas telefónicas a las organizaciones populares, a preparar una gran recepción, etc., tareas que querían cubrir al mismo tiempo Elizabeth y Gloria, el boletín –decía Gloria- al tiempo que el teléfono no cesaba de timbrar. Una noche más sin poder conciliar el sueño, su hija Leonor también estaba a punto de llegar, había que avisarle, había que prepararla ahora para la llegada de su papá: Jacobo Silva venía ya en camino, una reunión esperada durante 10 años.

Jacobo Silva llegó a la Ciudad de México acompañado y protegido por los compañeros comunistas de Tepic, uno de ellos, un hombre de edad madura, comentó a quien suscribe la presente: “En el trayecto platicamos, a ratos Jacobo logró dormir. Yo le dije a mi hijo, tenemos que cuidarlo y tratarlo como si fuera nuestro hermano, yo le veo joven, como si fuera mi hijo, es un gran hombre, muy talentoso y sencillo en su trato.” Desde las 8.00 a.m., poco a poco se fue reuniendo un contingente en la Terminal de Autobuses del Norte. Familiares, amigos, compañeros, fotógrafos, etc. Alrededor de las 8.40 hrs., apenas cruzaba los torniquetes cuando Jacobo fue abrazado por Gloria, su mamá, Leonor, Elizabeth, al tiempo que las consignas ¡Presos Políticos, Libertad!, ¡Libertad, Libertad a los presos por luchar!, rompían la cotidianidad de ese espacio. Comerciantes, viajeros, personal de limpieza, personal de vigilancia, con asombro y curiosidad no alcanzaban a comprender semejante apropiación de un espacio urbano que marca el arribo o el punto de partida de múltiples historias anónimas. El nombre de Gloria Arenas y Jacobo Silva, coreado e integrado a las consigas políticas, por unos momentos, rompió con el anonimato que sólo es trastocado y es noticia cuando transitan por ahí personajes “del canal de las estrellas” o individuos por el estilo. La ruptura momentánea generó la “petición de abandonar el lugar” por parte del personal de seguridad de la terminal. Ya afuera, los saludos prosiguieron, las fotos, las entrevistas.

Acompañados de compañeros y familiares, ambos ex presos políticos se dirigieron hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México no sin antes hacer una breve escala para un sencillo almuerzo. Al mediodía se convocó a una conferencia de prensa en la que sólo se había confirmado la participación de Gloria Arenas. Ahora, a unas cuantas horas de salir de la prisión, Jacobo Silva también tomaría la palabra ante la prensa convocada. Gloria y Jacobo juntos, re-unidos porque unidos siempre estuvieron a pesar de las rejas, a contracorriente de los muros. Gloria irradiaba alegría e ímpetu por la necesidad de difundir la violación a los derechos humanos cometida al interior de las prisiones en México, la tarea por continuar luchando para obtener la liberación de presos políticos está en la agenda inmediata de ambos. Jacobo, menos extrovertido, mesurado, parece estar reflexionando constantemente y explica con sentido didáctico a quienes pudimos estar por momentos cerca de él.

Con pasos tranquilos, sin prisa, Jacobo y Gloria dejaban que los rayos del sol de esa mañana, los cobijaran; caminaron juntos por aquellas calles adoquinadas hacia el Club de periodistas, Gloria le tomaba del brazo, a veces lo abrazaba, las imágenes poéticas de algunas pinturas de Jacobo en clara referencia a ese amor que se profesan acudieron a mi memoria.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Un promedio de 80 personas esperaban el inicio de la conferencia, fotógrafos, reporteros, compañeros de La Otra Campaña, de ONG’s, etc., conforme ésta se fue desarrollando acudieron aproximadamente 150 personas.

El agradecimiento con las organizaciones sociales y populares que estuvieron pendientes de ellos, apoyándoles de diversas formas, marcó el inicio de la conferencia en voz de Gloria Arenas. Refirió cuán largo e intrincado fue el camino jurídico para lograr la libertad de ambos. En días anteriores a su liberación, esperaban la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La salida de ambos fue sorpresiva, no les notificaron con antelación las autoridades correspondientes. Salir en momentos tan críticos en que viven los movimientos populares en México, difiere de la época en que ellos fueron privados de su libertad, en que actualmente ven menos temor en la participación organizada, a pesar de que está más complicado el panorama del país. Ahora como ex presos políticos –afirmó Gloria-, el compromiso es continuar participando en la lucha social, particularmente para que obtengan su libertad otros presos políticos, algunos de los cuales antes de ser encarcelados, manifestaron su solidaridad con Jacobo y Gloria, como por ejemplo, los compañeros de Atenco, entre muchos otros.

Sobre el seguimiento jurídico de sus casos y dado que fue el propio Jacobo quien llevó la autodefensa jurídica de ambos en los últimos años, Gloria Arenas dio el micrófono a su compañero.

Jacobo Silva puntualizó que la liberación de ambos no se debía, de ninguna manera, a la “buena voluntad de las autoridades”, no fue un acto de benevolencia, salimos porque jurídicamente era insostenible que los mantuvieran por más tiempo presos. Salimos –dijo Silva-, por el esfuerzo de una gran cantidad de personas. No sé que hubiera pasado si no se han mantenido pendientes de nosotros. El apoyo, la solidaridad recibida nos dio libertad y esperanza a pesar de las condiciones tan inhumanas que prevalecen en el confinamiento.

Diez años de prisión en un penal de Máxima Seguridad como el del Altiplano y posteriormente en Tepic –sostuvo Jacobo-, me permiten decir lo que ahí ocurre porque lo vivimos, Gloria en Chiconautla y él en las prisiones referidas. Lo que vivieron ahí es necesario que se conozca. Conocer en forma indirecta cosas aún peores de lo que Gloria y Jacobo padecieron, por ejemplo, el homicidio al interior de las prisiones. Jacobo fue testigo del asesinato de un preso y lo denunció a las autoridades del penal, pero no pasó nada, lo visitó personal jurídico por ese motivo y sin embargo jamás interrogaron a los otros testigos.

Prosiguiendo con el tema, Jacobo también señaló cómo hay presos que desde la entrada a la celda asignada mueren como resultado de las golpizas de que son objeto cuando recién ingresan. La inexistencia de garantías individuales al interior de las prisiones van minando la salud física y emocional de los presos, un ejemplo sencillo es la prohibición de verse en algún espejo, no saber cómo se ve uno mismo al paso del tiempo, condiciones diversas que afectan gravemente y pueden conducir a la demencia, aunque espero que no me vean  así, espero no verme como demente. Palabras de Jacobo Silva que suscitaron risas de la concurrencia.

Al retomar la palabra, afirmó que ese conjunto de medidas coercitivas son también lesiones a la dignidad humana, no se permite leer, no se permite tener libro alguno, no se permite comunicarse con nadie, etc., es estar en el aislamiento extremo lo cual conlleva la despersonalización y, es muy posible, dijo Silva, que él sea una víctima más en ese sentido. Como ejemplo inmediato, comentó que durante la bienvenida de la mañana en la terminal de autobuses, ante los abrazos que le daban, él se sentía incómodo porque estaba acostumbrado a tomar distancia, distancia precautoria. Ahora, ya quisiera más abrazos, comentario de Jacobo que nuevamente motivó sonrisas.

Es importante que se conozcan las condiciones que prevalecen en las prisiones –continuó diciendo-, porque la adaptación al medio carcelario también puede contener una veta lúdica, un perfil creativo para encontrar formas de resistencia al medio, formas de resistencia al interior de la prisión. La cárcel es un exilio interno y externo. La prisión permite encontrar en uno mismo facetas desconocidas para sí mismo, habilidades como en su caso la pintura, escribir, eso permite sobrevivir a la soledad, a la enfermedad, ayuda a asumir una autodefensa en varios sentidos y que otros presos también lo hagan.

Visto así –afirmó Jacobo-, la cárcel es una gran experiencia, salir, es un logro colectivo. Agradeció en nombre de ambos, las visitas que les hicieron en prisión, todas las muestras de solidaridad porque el esfuerzo colectivo no tiene precio, en particular también mencionó a Marcos (EZLN) y solicitó comprensión por no recordar muchos otros nombres porque ha vivido un largo periodo de aislamiento. Concluyó sosteniendo que sí hay esperanza para la libertad de los presos políticos, ahora –dijo refiriéndose a Gloria y a él- nos toca a nosotros continuar esa lucha.

Consignas por la libertad de los presos políticos nuevamente fueron coreadas, antecedieron a la ronda de preguntas de los periodistas. Una breve pausa para que Gloria y Jacobo bebieran agua.

Una de las preguntas en relación a las características del contexto social y político en que son puestos en libertad, un contexto en el que existe acoso y represión, fue respondida por Gloria señalando que el movimiento popular ha sido muy golpeado, mencionó la APPO, Atenco, el SME, no obstante, piensa que el movimiento continúa y se defiende.

Jacobo insistió en que la libertad de ambos fue resultado de un esfuerzo colectivo y por una lucha que se dio en distintos frentes. Desde que fueron capturados, ambos admitieron ser guerrilleros no delincuentes comunes, asi que por conducta delictiva no podían sostenerles la sentencia imputada. No probaron que nosotros cometimos homicidio –dijo Silva-, es más, en el caso de Gloria mucho menos porque ella no se encontraba ahí. Daño en propiedad, pues sí. Es decir, era ya insostenible jurídicamente que los mantuvieran presos.

Ahora, ya como ex presos políticos –continuó explicando Jacobo-, somos unos más de los luchadores sociales, no somos una amenaza que salió a organizar por la vía armada; ahora podemos esgrimir otras armas como las de la razón, las del arte, hay otra clase de armas, sigue considerando válidas todas las formas de lucha. Se congratuló por salir en momentos en los que se puede participar en luchas como las del SME, por ejemplo.

Para precisar el sustento jurídico que se argumentó en la defensa de ambos, Jacobo Silva mencionó que el artículo 137 del Código Penal Federal, establece que no se considera homicidio quien muere en combate, combate como rebeldes, es decir, en ese caso se muere por lesiones en combate. Ellos, reiteró, nunca negaron ser guerrilleros, rebeldes. De hecho, cuando fue interrogado para saber a qué se dedicaba, cuál era su oficio, respondió: guerrillero. ¿Por cuánto tiempo lo había sido? respondió que por mucho, mucho tiempo, por eso lo catalogaron como preso de alta peligrosidad. No obstante, Jacobo manifestó que su corazón está con el ERPI, con el EZLN, con las FARP, y con muchas otras organizaciones cuyos nombres aún no se conocen.

En torno a si experimentan temor, si se sienten inseguros o temen por sus vidas ahora, Jacobo explicó con algunos ejemplos, cómo al interior de las prisiones se conocen testimonios de torturadores del Estado en los que narran su participación en asesinatos y tortura. Él escucho de viva voz tanto a un participante de la matanza del 2 de Octubre de 1968, como a otro involucrado en “los vuelos de la muerte” aplicados durante la década de los 70. Nadie está seguro de no ser acusado impunemente como hicieron con Nacho Valle, sin embargo, Jacobo aseguró que tanto él como su compañera están bien, salieron bien, porque a diferencia de otros, ellos no están tan afectados ni fueron mutilados.

La libertad como la posibilidad de apreciar la luz del sol, los colores, salir y caminar, son actos hermosos, es apreciar la belleza, no molestarse si nos toman fotos o nos filman, claro como ahora, aquí. Palabras finales que motivaron a un editor independiente quien se levantó de su lugar para leer un poema dedicado a ambos ex presos políticos. Las consignas se corearon de nuevo, Gloria y Jacobo permanecieron largo rato en el recinto, había muchas personas deseando estrechar sus manos, conversar, tomarse una foto con ellos, periodistas a la búsqueda de otra entrevista.

Asi  finalizó la conferencia de prensa, asi inician su nueva etapa de vida y lucha, acompañados, reconocidos como luchadores sociales en libertad para apreciar la belleza como bien lo dijo Jacobo. La libertad relativa que todos debemos cuidar manteniéndose en guardia porque ninguna acción de lucha es individual, libertad de organización amenazada por un Estado dispuesto a seguir criminalizando a los movimientos populares en lucha y ante una clase política-empresarial rapaz dispuesta a silenciar e ignorar a los cientos de presos políticos en México, compañeros confinados en espera de la acción organizada y la solidaridad incondicional para obtener su libertad.

Formal prisión a fundador de radio indígena

Misael Habana de los Santos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 13 de noviembre de 2009, p. 33

Acapulco, Gro., 12 de noviembre. El juez de primera instancia del distrito judicial de Abasolo, con sede en el municipio de Ometepec, Darly Arnoldo Alderete Cruz, dictó auto de formal prisión a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa La palabra del agua, acusado de privación de libertad en agravio de Ariosto Rocha, hermano de Aceadeth Rocha Ramírez, diputada local priísta y ex alcaldesa del municipio de Xochistlahuaca.

Mientras, dos desconocidos allanaron el domicilio de David Valtierra la madrugada del 11 de noviembre, aseguraron indígenas amuzgos y miembros del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Según familiares de Valtierra Arango, los dos sujetos no eran de la región.

El 5 de noviembre David Valtierra informó que había una orden de aprehensión en su contra y de otros 30 indígenas amuzgos. Valtierra Arango se presentó ante el juzgado de primera instancia el 10 de noviembre y ese mismo día se le dictó formal prisión.

En 2002, el pueblo de Xochistlahuaca se organizó para tener un gobierno autónomo regido por usos y costumbres y acusó a la entonces alc

aldesa Aceadeth Rocha de malversación de fondos.

Dos años después, en diciembre de 2004, se inició el proyecto de la radio comunitaria La palabra del agua, la primera de su tipo en Guerrero.

Los fundadores han enfrentado persecución de autoridades estatales y federales. Mientras, Aceadeth Rocha abrió el 18 de enero de 2007 una estación en Xochistlahuaca para bloquear la señal de radio Ñomndaa.

Tomado de : http://www.jornada.unam.mx/2009/11/13/index.php?section=estados&article=033n3est

Gobierno hostiga a defensores de derechos humanos

Autor: Nancy Flores / Publicado en: Contralínea,

http://laconvencionsinaloa.blogspot.com/

15 Noviembre 2009

En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.

Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.

Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.

Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.

En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales).

Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.

Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.

Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.

Proyectos de inversión, detrás del acoso

En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.

Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.

Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.

Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.
Conflictos mineros

De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.

El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.

Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.

Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.

Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.

Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.

“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.

Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).

Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto –llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.

Criminalización de la protesta

A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.

Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

Señala que éste es justo el contexto en el que trabaja el Frayba: “En donde se han agudizado las controversias, hay una acción más agresiva del Estado para realizar estos proyectos de desarrollo y también hay más claridad, mayor organización y mayor articulación en las comunidades indígenas para defender su territorio”.

El abogado –quien, junto con el obispo Samuel Ruiz, fue seguido, fotografiado y videograbado por personal del Cisen en mayo y junio pasados– dice que esta situación seguramente ha llevado al Estado a “ubicar” quiénes son los actores que representan un “obstáculo para saquear los recursos de los pueblos, y es muy probable que esté ubicando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un actor en esa lógica”.

Por ello, reflexiona, se está instrumentando una “campaña de hostilidad en nuestra contra en los medios de comunicación, que evidentemente están sometidos al poder del gobernador: el gobierno ha invertido mucho dinero en convenios mercantiles con los medios, que utiliza para promover el turismo y, al mismo tiempo, su versión tendenciosa de lo que está ocurriendo en los ámbitos político y social del estado. Entonces, por un lado, promueve el turismo y, por otro, criminaliza y pone fotos de gente que está en el movimiento y los presenta como delincuentes”.

Territorio en disputa

Además de la actividad minera, Diego Cadenas identifica a la autopista San Cristóbal-Palenque como uno de los proyectos prioritarios para los gobiernos federal y estatal, así como un atractivo negocio para las empresas españolas.

“Aquí hay intereses económicos muy importantes, porque esa autopista supone que potenciará el desarrollo ecoturístico de la región, pues conectará con la Riviera Maya: comienza aquí en Chiapas y acaba en la Península de Yucatán.”

Explica que quienes han mostrado mayor oposición a ese proyecto son los ejidatarios tzotziles de la comunidad de Mitzitón y los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. Estos últimos también luchan por usufructuar los recursos de las cascadas de Agua Azul, que se encuentran en su territorio y que han sido explotadas por la Secretaría de Turismo estatal.

En el caso de Bachajón, Diego Cadenas recuerda que tras intentar ejercer su derecho a administrar sus recursos naturales, el 13 de abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate, “como presos políticos”.

La constante en la administración del gobernador Juan Sabines es “un doble discurso: por un lado, dice que él está a favor de los derechos humanos; por otro lado, manda reprimir de distintas formas a los movimientos que se oponen al saqueo de sus recursos que se encuentran en sus territorios”.

Medidas cautelares

Ante los embates gubernamentales, Diego Cadenas explica: “Estamos recurriendo a las instancias internacionales de derechos humanos para solicitar su intervención para que cese esta hostilidad en nuestra contra y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ya se ha informado lo que está pasando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando su intervención para que le pida al Estado mexicano, a los órganos de seguridad, las medidas cautelares a nuestro favor y sobre todo de los ejidatarios de Bachajón, que se encuentran sitiados por la Policía Estatal Preventiva con la amenaza de desalojarlos de la caseta que les corresponde por derecho administrar en Agua Azul”.

El presidente del Frayba dice que, además de esta solicitud, los integrantes del centro han tomado medidas de seguridad, puesto que no pueden cejar en su lucha por el respeto pleno de los derechos humanos en Chiapas.
“Siempre hay un riesgo, como ya lo vimos con el caso de Ricardo Lagunes, nuestro compañero que fue agredido recientemente en una carretera por integrantes de la Opddic.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la opinión del gobierno de Juan Sabines a través del jefe de prensa Guillermo Enríquez. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Paramilitares y contrainsurgencia

“La estrategia de contrainsurgencia está destinada no únicamente contra los zapatistas, aunque inicialmente eso se pensaba por los patrones derivados de la documentación que hemos hecho en campo. Ahora notamos que realmente la estrategia es parte de la aplicación de una política más amplia: de la política económica”, explica Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Reflexiona que dicha política económica –con un concepto de desarrollo excluyente hacia los pueblos indígenas y de despojo de los recursos– se acompaña de mecanismos represivos para asegurar su propia realización y también para garantizar los negocios de los inversionistas.

En ese contexto, asegura, el gobierno está ubicando cuáles son las organizaciones que pueden ser sus aliadas en un momento dado para enfrentar a quienes se opusieran a este modelo de desarrollo.

“Ésta es la lógica de los grupos de corte paramilitar. Y aunque en este momento el rol es ciertamente de confrontación no armada, sí es definitivo que mantienen una subordinación a las fuerzas regulares, sobre todo a la Policía Estatal Preventiva.”

Diego Cadenas asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares. Indica que esa presencia busca dar una “perspectiva militar” de cómo atender los distintos conflictos y asuntos que hay en la región.

“Los temas del narcotráfico y del tráfico de personas están resultando en una justificación. Sin duda (ambas problemáticas) existen, pero también son muy oportunas para aplicar arraigos, hacer detenciones sin órdenes de aprehensión y criminalizar los movimientos sociales, la protesta social.”

Diego Cadenas refiere como ejemplo la detención injustificada del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata, José Manuel Hernández Martínez, ocurrida el pasado 1 de octubre.

A don Chema, explica, las autoridades “no quieren acusarlo abiertamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por eso le imputan otro tipo de delitos. Pero, en el fondo, hay también una justificación de combatir los grupos guerrilleros, particularmente el EPR, que también se está convirtiendo en Chiapas en una justificación para hostilizar a las comunidades”.

Cadenas reflexiona que la lucha contra el narcotráfico también ha servido para armar operativos militares en comunidades como San Jerónimo Tulijá; Galeana, muy cerca de La Garrucha; 28 de Junio, que es la comunidad de don Chema; y Río Florido, entre otras. “La justificación fue la lucha contra el narcotráfico, pero lo que realmente estaba haciendo el Ejército era hostilizar las comunidades, para señalar a los disidentes del sistema”.

Diego Cadenas observa que la sociedad civil debe tener un papel más activo en la defensa de los derechos humanos, pues es a través del activismo como se pueden superar los climas de violencia gubernamental.

“Es importante que tengamos claro que el Estado mexicano tiene un proyecto que va más allá de sus propios intereses, un proyecto global que va a beneficiar a unas cuantas personas, a unos grupos de poder económico y que si nosotros no hacemos nada como sociedad civil después vamos a lamentarlo todos.”

El defensor de los derechos humanos destaca la preocupación en el Frayba respecto de la hostilidad que padecen las comunidades: “Es donde vemos mayor vulnerabilidad”. Por ello, solicita que “toda la gente tenga acceso a esta información y haga algo en sus posibilidades; es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que cuando menos enviemos una carta o que estemos cada vez más enterados de esta realidad”.

El presidente del Frayba advierte que en Chiapas se percibe un incremento, “a un futuro muy cercano”, de la hostilidad gubernamental. “Van a estar en riesgo muchas personas y en su mayoría indígenas, que están intentando romper el cerco de marginación que el Estado mexicano les ha impuesto, y reclamar sus derechos humanos”.

Al respecto, señala, son derechos a los que el Estado mexicano está comprometido por los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos y “que simplemente no cumple”. “Ni la Constitución ni los derechos internacionales son practicados por nuestros gobiernos, más bien son letra muerta”. (NF)

2009, denuncias de agresiones omitidas

26 de febrero:  La Junta de Buen Gobierno de los Altos denunció la complicidad existente entre grupos paramilitares y el Ejército Mexicano, quien realizó constantes sobrevuelos y patrullajes militares en comunidades zapatistas
27 de febrero:  El Centro de Derechos Humanos Frayba denunció los “riesgos de posibles operativos policiacos y militares en contubernio con distintos funcionarios del gobierno estatal”
19 de abril:  Mediante una “acción urgente”, el Frayba denunció la complicidad de integrantes de la Opddic con policías estatales para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios de Agua Azul, adherentes a La Otra Campaña.
16 y 19 de junio:  El centro de derechos humanos denunció actos de persecución y hostigamiento en contra de sus integrantes. Entonces señaló como responsables a agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, quienes a bordo de distintos vehículos sin placas realizaron tareas de vigilancia y persecución

22 de junio: El Frayba se pronunció por la manipulación de información atribuida al gobierno estatal, “en su afán de mediatizar los conflictos sociales, contribuyendo a polarizar el clima de tensión en distintas zonas de Chiapas”

22 de julio:  La organización civil de defensoría advirtió el riesgo existente en la comunidad de Mitzitón, debido a la presencia de civiles armados quienes amenazaron a los ejidatarios, adherentes a La Otra Campaña, para que desistieran de sus acciones de protesta en defensa de su territorio. Como responsable de los hechos, el centro señaló a Esdras Alonso González, coordinador del grupo Ejército de Dios.

7 de agosto: Esdras Alonso González demandó penalmente al director del Frayba, Diego Cadenas

28 de agosto: Mediante “acción urgente”, el centro de derechos humanos recapituló y actualizó distintos actos de vigilancia, persecución, hostigamiento y descalificación contra sus integrantes y contra la labor que realiza con distintas comunidades y organizaciones de Chiapas. Desde entonces, advirtió el riesgo hacia la integridad personal y sicológica del equipo Frayba y la obstrucción de su trabajo

2 de septiembre:  Un periódico de circulación estatal (no identificado por el centro) publicó una nota de prensa que señaló al Frayba como “responsable” de un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Santo Tomás, municipio de Ocosingo. Al día siguiente, la fuente citada, organización ARIC-Unión de Uniones, desmintió la versión de los hechos que “ponen en riesgo la integridad de los defensores de derechos humanos”

18 de septiembre:  Integrantes de la Opddic emboscaron y golpearon al abogado Ricardo Lagunes Gasca, cuando éste concluía una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón
Abril-septiembre El periódico Péndulo de Chiapas, mediante distintas columnas y notas de prensa, publicó “información tergiversada que pone en riesgo la integridad de los miembros de este centro de derechos humanos. Sin fundamento ni fuente sustentada, ha tratado temas estigmatizando la labor de defensa integral que se realiza en distintas comunidades”
Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Algunos proyectos de inversión vigentes en Chiapas

Juan Sabines  “Mi gobierno es el mejor aliado de la inversión”

Proyecto  y Características
Minería:  Consolidación de la inversión de Black Fire Exploration México. Inversión: 5 millones de dólares. Empleos directos: 250

Programa de Ciudades Estratégicas:  Construcción de infraestructura carretera, aeropuerto y Centro Integral Planeado de Palenque y colocación de la señalización turística, que en su primera etapa contempla a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y Tapachula

Corredor cárnico:  Proyecto ganadero integral de la empresa de Carnes VIBA, ubicado en el municipio de Cintalapa. Inversión: 55 millones de dólares. Empleos directos: 550
Corredor avícola Granja avícola del Grupo Bachoco en el municipio de Ocozocoautla. Inversión: 10 millones de dólares. Empleos directos: 80

Planta de refrescos y agua:  Instalación de la planta de refrescos y agua de la empresa Grupo Embotelladoras Unidas, SA de CV, DGUSA Pepsico. Inversión: 45 millones de dólares
Corredor de autopartes Para fortalecer este proyecto se impulsó la expansión (dos nuevas plantas) de la empresa ARNECOM en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Inversión: 36 millones de pesos. Empleos directos: 80

Producción de PVC:  Se concretó la inversión para una fábrica de tuberías de PVC, en el municipio de Chiapa de Corzo

Plazas comerciales:  Construcción de cuatro plazas comerciales con cines, hoteles y locales comerciales en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque
Supermercados Construcción de siete tiendas supermercados de nacionales en las ciudades de Chiapa de Corzo, Ciudad Hidalgo, Comitán, Tonalá, Ocosingo, Frontera Comalapa y Villaflores. Inversión: 1 mil 471 millones de pesos. Empleos directos: 3 mil 600

Liofilizadora: Instalación de la liofilizadora: industria transformadora del grano aromático en café soluble, que conserva textura, sabor y aroma del café chiapaneco. Inversión: 24 millones de dólares
Fuente: Segundo informe de gobierno de Juan Sabines Guerrero, Chiapas, diciembre de 2008

BOLETIN DE PRENSA AMAP

Ante la ofensiva del Estado Mexicano en contra de toda forma de lucha social, ampliamente documentada y en concordancia con la razón del ser del CECUIDH, nos sumamos a la condena absoluta y a más enérgica protesta por el exterminio que se pretende hacer de toda causa social por la vía de la desaparición de los que abanderan las mismas, elertamos al mismo tiempo sobre las implicaciones de nuestro silencio y reiteramos desde el espacio cuicateco que la  ¡destrucción de nuestras tierras y culturas no pasará!

Mariano Abarca vive en la conciencia de quienes refrendamos nuesto derecho a la autonomía.

¡No más asesinatos!

¡Alto a la escalada represiva del Estado en alianza con los grandes capitalistas!

¡Volveremos y seremos millones!

CONDENA ASESINATO DE MARIANO ABARCA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2009

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) expresa su más energica condena por el asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido la noche del día 27 de Noviembre pasado en Chicomuselo, Chiapas. En la misma acción resultó herido de gravedad su acompañante Orlando Velazquez. Mariano encabezo la resistecia ciudadana en el municipio de Chicomuselo en contra de la empresa minera canadiense Blackfire y participó activamente en la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA). Dada su intensa actividad fue hostigado en diversas ocasiones y arbitrariamente detenido el pasado 17 de Agosto, luego de permanecer diez días en la cárcel fue liberado. Sin embargo el hostigamiento en contra de su persona se agravó, por ello apenas hace unos días presentó formal denuncia en contra de Directivos de la empresa Blackfire, quienes de manera pública lo habían amenazado de muerte, amenazas que al parecer cumplieron. La AMAP demanda que este crimen no permanezca impune y le exige al gobierno de Chiapas que encabeza Juan Sabines sean castigados con todo el rigor de la ley los autores materiales e intelectuales de este asesinato; la Procuraduría de Justicia debe de inmediato seguir la línea de investigación ya iniciada con la denuncia hecha por Mariano en contra de LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO y de CIRO ROBLERO PEREZ, el primero de ellos Gerente de Relaciones Públicas de la Minera Blackfire quién amenazó de muerte públicamente a Mariano Abarca. Basta ya de crimenes en contra de luchadores sociales. Basta ya de criminalización de la protesta ciudadana.

Por la Coordinacion Nacional de AMAP

Carlos Beas Torres

GRUPOS PARAMILITARES CERCAN AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA Y ASESINAN UN NIÑO

· Hay tres heridos y un niño muerto

· Buscan terminar con el municipio autónomo y entregarlo al control del gobierno estatal

· La agresión se da en el marco de las actividades de un acto de solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco

· En los últimos meses las agresiones en contra del municipio autónomo se han dado de una manera sistemática

El municipio autónomo de San Juan Copala informa a todo el público en general:

El día 28 de noviembre, la sede del municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue atacado violentamente por grupos paramilitares que disparaban armas de grueso calibre. La agresión se dio en dos ocasiones: una como a las tres de la tarde, que duró como una hora, y otra como a las seis de la tarde, que duró casi el mismo tiempo. En la primera tomaron como blanco el albergue infantil ubicado en el municipio autónomo y como consecuencia de ello, asesinaron a un niño de nombre Elías Fernández de Jesús; también resultaron heridos otros tres de sus compañeros, Tomotelín Velasco y Jacinto Velasco, y un tercero cuyo nombre se ignora.

Las primeras noticias que tenemos sobre los responsables apuntan a una alanza entre Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT) y un sector del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-UP). Mientras los primeros cerraron el único camino que comunica a San Juan Copala con el resto de la región, para aislar al municipio, los segundos iniciaron la agresión militar desde los cerros que se encuentran alrededor del centro del municipio, justo por el lado donde colinda con comunidades del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Después de que estos comenzaron la balacera, se les unieron los pistoleros de UBISORT que viven en el municipio autónomo.

Por las notas de prensa cercana al gobierno, donde se informa de la cancelación del municipio autónomo, sabemos que hay una estrecha alianza entre estas dos fuerzas políticas, coordinadas desde las altas esferas del gobierno estatal. No es una alianza de ahora sino de hace años, y no consideramos que sea todo el MULT-UP, sino principalmente sus dirigentes. Por eso desmentimos que el municipio ya no existe. Al momento de hacer esta denuncia se encuentra cercado y agredido con armas de fuego, pero nuestras autoridades autónomas siguen en sus cargos. Los barrios y comunidades que lo integran ya se movilizan para apoyarlos.

No podemos olvidar que el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en donde legalmente pertenecía el municipio Autónomo de San Juan Copala, es gobernado por el Partido Unidad Popular, y es ahí en donde la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) ha estado recibiendo los principales apoyos para las agresiones en contra del municipio autónomo. Tampoco olvidamos que a principios de noviembre pistoleros al servicio de la UBISORT intentaron asesinar al Presidente Municipal autónomo, matando a un miembro del municipio autónomo que intentó impedirlo, finalmente el asesino fue detenido y confesó que había un plan para asesinar al Presidente Municipal autónomo y a los líderes de los barrios. Cuando se entregó al Ministerio Público se presentó el líder de la UBISORT a exigir su liberación.

Las agresiones contra el municipio autónomo han aumentado desde que comenzamos a brindar apoyo a otros compañeros en lucha. Primero los compañeros zapotecos de los Loxicha, mientras exigían la libertad de sus compañeros, después la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero, contra la represión que están sufriendo por el gobierno del estado y ahora los compañeros de San Salvador Atenco, en la lucha por la libertad de sus compañeros presos y sentenciados a largas e injustas condenas de prisión.

Al denunciar estos hechos ante la opinión pública refrendamos nuestro derecho a seguir con nuestro proyecto de autonomía y a solidarizarnos con nuestros compañeros en lucha. Exigimos al gobierno del estado que deje de agredir a través de sus organizaciones títeres.

Municipio Autónomo de San Juan Copala, 29 de noviembre de 2009.

José Ramírez Flores

Presidente

Severo Sánchez González

Alcalde

Macario García Merino

Secretario

Mariano Abarca Roblero Vive

La Memoria es el motor de la resistencia

¡NO A LAS MINAS, SI A LA VIDA!

SALUD CAMARADA

¡Hasta siempre!

“EL MOVIMIENTO INDÍGENA PUSO EN CONTRADICCIÓN LAS NORMAS DE DD.HH. INTERNACIONALES”

Por Manuel Lonkopan

En un auditorio del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se mostró repleto, Rodolfo Stavenhagen brindó una conferencia referida a los derechos internacionales de los pueblos originarios y sus implicancias en los países de Latinoamérica.

El reconocido especialista en la realidad indígena latinoamericana fue invitado a la “Jornada de Pueblos Originarios y Derechos Humanos. Debates contemporáneos”, organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y el Movimiento Internacional contra el Racismo y la Discriminación.

Stavenhagen, profesor-investigador emérito del Colegio de México, expresó a los asistentes que “la visión que tienen nuestros países sobre los pueblos originarios en general es un pensamiento ligado al pasado ya superado, en el mejor de los casos pertenecen a los museos y en los textos de historia brillan por su ausencia”. Pero, a juicio del ex relator, esto ha cambiado en las últimas décadas, “por eso hoy podemos hablar de un fenómeno sociológico, político, jurídico de emergencia como son los movimientos indígenas en América latina y que son parte de nuestra sociedad”.

La irrupción de los pueblos originarios ha ido configurando un nuevo mapa político en los Estados de Latinoamérica y que pone en crisis las Constituciones de los países. “Un ejemplo claro es Bolivia donde se ha declarado un Estado Multicultural y una nueva política de Estado hacia los pueblos originarios”, expresó Stavenhagen. Es decir, se está cuestionando el modelo básico de estos Estados por el sector social emergente que representan los pueblos originarios a poco de cumplirse el Bicentenario, y esto no es menor y menos aún casual a juicio del ex representante de Naciones Unidas en cuestiones indígenas.

Esto obliga además a repensar la concepción que se tiene de los conceptos de los Derechos Humanos, para tomar en consideración estos fenómenos históricamente nuevos referidos a la presencia de los pueblos originarios. “Esto no sucede solo a nivel de los países, sino también hacia el interior de las estructura de las instituciones de los Derechos Humanos. Hoy se puede afirmar que los pueblos indígenas son nuevos sujetos del derecho internacional”, señaló.

En las primeras declaraciones sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas no aparecían los Derechos Indígenas, puesto que esta noción se contrapone con la concepción colectiva de los pueblos originarios. “El Derecho Humano tiene como espíritu el resguardo individual de los hombres y mujeres sin discriminación, eso es importante porque hasta mediado del siglo XX muchos países no aceptaban esto. La importancia del reconocimiento de la Naciones Unidas a los derechos indígenas, puso en evidencia la contradicción de las normas con la realidad, porque por primera vez se habla de derechos colectivos, la ley es igual para todos pero la sociedad de cada país no es heterogénea. Lo indígena no es solamente un atributo individual, es mucho más, es sentirse parte de una identidad colectiva, no solo histórica sino también geográfica, donde la territorialidad es parte esencial de la identidad”, enfatizó Stavenhagen. Y reconoció que este no es un debate acabado en términos de los Derechos Humanos a nivel internacional.

“Mucho se ha discutido qué hacer ante esto”, señaló el ex relator, “porque hay una desigualdad en los hechos: los pueblos originarios buscan igualdad pero también plantean sus diferencias culturales y sociales traídas de las culturas ancestrales de esos territorios que pertenecen y hoy están bajo las jurisprudencia de los países”. Esto comenzó a cuestionar el modelo, por las crecientes demandas de los pueblos originarios a la opinión pública, a sus propios gobiernos y principalmente hacia el sistema internacional, reconoció Stavenhagen.

Esto se refleja en la Declaración Universal de los Derechos Indígenas del 13 de septiembre del año 2007, donde 147 países lo ratificaron positivamente. Para Stavenhagen esto abrió una nueva perspectiva en término de los Derechos Indígenas a nivel internacional. “Hay un reconocimiento a la libre determinación de los pueblos, muchos países se oponen a esto y es obvio que lo hagan, pero la Declaración trata de delimitar esto porque no se trata de separación o fragmentación de los Estados nacionales, sino que lo que se plantea es en términos de los derechos humanos y es importante porque se trata de la libre decisión de los pueblos sobre su propio existir, sus propios futuros y al manejo de las políticas publicas, de sus recursos naturales a nivel interno y regional”, señaló. Esto esta plasmado en el Articulo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, donde además reconoce la autonomía y autogobierno derivados de la autodeterminación de cada pueblo.

A diferencia de la ONU, la Organización de Estados Americanos aún continua discutiendo una declaración. “Son nuestros gobiernos y ahí esta nuestra responsabilidad como ciudadanos, que señales les mandamos en materia de derechos humanos sobre los pueblos originarios”, enfatizó.

Existen muchos avances en los últimos 20 años referidos a los Derechos Indígenas a nivel internacional, pero también hay mucho retroceso en reformas legislativas en America Latina. “Todavía en nuestros Parlamentos hay voces que de ninguna manera quieren reconocer estos derechos y hay acciones de gobiernos, como es el caso de Chile donde se emplean legislaciones dictatoriales de la época de Pinochet para castigar y criminalizar a los indígenas que procuran defender sus territorios ante los embates de la globalización y explotación de sus recursos naturales”, señaló Stavenhagen.

Todo este proceso conforma un panorama nuevo que está en pleno desarrollo, evaluó el ex relator, y planteó que preocupa que “la opinión pública de nuestros países parece ser que no se ha dado cuenta”. Esto se refleja en “la visión que todavía tenemos a través de los medios, a través de los discursos oficiales, de vestigio del pasado y que los pueblos originario son los menos valorados en la concepción de la Nación y de la sociedad”, concluyó.

Tomado: http://www.eibmisiones.org/site/?p=460

DDHH-MÉXICO: Cuando defender a la comunidad se paga con la vida

Por Emilio Godoy

MÉXICO, 4 dic (IPS) – Los activistas comunitarios han vivido un año oscuro en México, pues su labor de defensa de los derechos de las comunidades ha derivado en amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos.

“Hay amenazas, la situación se ha agravado por la ‘criminalización’ a diferentes protestas. Por eso, se pone en riesgo a los defensores”, dijo a IPS Gubidcha Matus, portavoz del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), afincado en el sureño estado de Chiapas.

El último expediente en esta materia es el asesinato el 27 de noviembre en Chiapas de Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien se opuso duramente a la operación de la firma minera canadiense Blackfire Exploration en territorio chiapaneco.

Abarca y otros pobladores del municipio de Chicomuselo han combatido a esa empresa transnacional, que extrae desde el año pasado barita, un mineral empleado en la perforación de pozos petroleros y en la industria automotriz.

“Un ámbito de riesgo para los defensores de derechos humanos está relacionado con proyectos de inversión en distintas regiones del país, como mineras y grandes complejos hidroeléctricos.

Hay un elemento común, la impunidad, que contribuye a generar más condiciones de riesgo”, declaró a IPS Edgar Cortez, director de la Red Todos los Derechos para Todos, que agrupa a organizaciones de derechos humanos de todo el país. Miguel Pérez, activista del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en el sureño estado de Morelos, fue secuestrado, torturado y ultimado el 31 de octubre. Se oponía a proyectos de urbanización en una reserva natural en ese territorio.

“La contaminación del agua y la crisis alimentaria, producto de la venta de la tierra agrícola para proyectos de urbanización, están provocando el descontento general y la organización de los pueblos”, escribió en el periódico mexicano La Jornada, días después de ese crimen, Francisco Taboada, documentalista que ha filmado las luchas de los pueblos por proteger los recursos naturales.

Los activistas locales suelen dedicarse a la defensa del territorio, de los derechos religiosos y ambientales, además de promover el respeto a los derechos humanos.

Chiapas y los también sureños estados de Guerrero y Oaxaca han sido escenarios de persecución en contra de los defensores comunitarios. El suelo chiapaneco es rico en materiales minerales, un filón para las empresas de ese sector, especialmente las canadienses.

En Guerrero fueron ejecutados en junio Leonel Castro y su sobrino Ezequiel Castro, miembros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y cuya labor era la protección de los bosques.

En ese mismo territorio, los cuerpos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la no gubernamental Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, aparecieron torturados y ejecutados en febrero de este año.

En el también sureño estado de Puebla, cuatro activistas se encuentran bajo proceso penal desde 2008 por enfrentarse a la operación de la empresa productora de ganado porcino Granjas Carroll, subsidiaria de la estadounidense Smithfield Foods.

Durante la Jornada Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, realizada en Puebla en noviembre, un grupo de organizaciones sociales reclamaron el cese del hostigamiento oficial y la liberación de activistas.

Un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los activistas, difundido en octubre, dio cuenta de los peligros que afrontan en su labor.

La agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a activistas, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.

Las amenazas representaron 27 por ciento de los expedientes, la persecución penal de los promotores otro 20 por ciento, el hostigamiento ascendió a 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, a 10 por ciento, según el reporte.

“En esta región existen diferentes movimientos en contra de la minería, ya que están siendo afectados en su medio ambiente y en consecuencia en su salud por la extracción del mineral”, señaló Matus.

Entre los colectivos que defienden la tierra, el territorio, los recursos naturales y el ambiente, se hallan, entre otros, los comités de derechos humanos Oralia Morales y 10 de Enero, quienes han denunciado amenazas de muerte por parte empleados de Blackfire Exploration.

“La respuesta del Estado es de muy pocas acciones efectivas, no ha habido investigaciones que den resultados satisfactorios. Hay que seguir haciendo tareas como presentar y dar todos los elementos de denuncia ante las autoridades respectivas, y presionar para que estas instancias puedan realizar una investigación objetiva, pronta y efectiva”, planteó Cortez.

La ONU propuso la creación de un mecanismo nacional para la protección de los defensores, la consolidación de un programa especial de atención a los promotores amenazados y una campaña de difusión masiva sobre la labor de los activistas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, señaló que el respeto en esta área “en un estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los activistas para desplegar libremente sus actividades”…

También indicó “que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.

Mientras, la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, que data de 1998, indica que “el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos”. (FIN/2009)

Tomado de: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94151

ZACACUAUTLA- COPENHAGUE-ZONGOLICA

Alberto Híjar.

La reunión de 192 gobiernos del mundo convocada por la ONU en Copenhague atiende a los grandes consorcios en defensa de su derecho a contaminar. Obama El Débil tendrá que enfrentar el repudio de los empresarios al reconocimiento hecho por su encargada de los efectos malignos del bióxido de carbono y otras porquerías incorporadas al aire ambiental por los escapes, chimeneas y desagües de quienes envenenan tierra, aire y agua cotidianamente. Lo han hecho y lo seguirán haciendo pero son respetuosos de las leyes y normas y no toleran ser descalificados por la obviedad de sus procesos productivos malignos. Han fijado cuotas de contaminación y culpan a China de la devastación planetaria.

No hay comunicación entre Copenhague y Zacacuautla ni hay manera de construirla mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente esté en manos de uno de los gobernadores más corruptos que hayan existido y vaya que está dura la competencia. Patricio Patrón Laviada devastó Yucatán, contribuyó a la destrucción de playas y manglares de Quintana Roo y propició toda clase de construcciones y negocios sucios. Ahora forma parte de los responsables de la destrucción de la tierra, el aire y las fuentes de agua en beneficio de los grandes consorcios y sus socios locales. Ni siquiera sabe de la tala criminal del bosque de Zacacuautla en la frontera serrana de Hidalgo y Puebla gracias a la protección oficial de los falsos propietarios Canales por todas las autoridades: las ambientales, el gobierno del Estado de Hidalgo, el municipio de Acaxochitlán. Valido de la banda criminal de Los Negros, el cacique Pedro Canales ha destruido además, las marcas de los estudiantes y profesores de arquitectura de la UNAM organizadores de un proyecto productivo en el terreno de la comunidad. No saben en Copenhague de los trece procesos contra los Delegados electos en asamblea y sin sueldo, para mantenerlos amenazados e impedir su informe al pueblo en la asamblea del 25 de diciembre al salir de misa para reunirse en el auditorio junto a la sede delegacional a la que con mil esfuerzos se ha agregado un piso para albergar el centro de computo prometido por SEDESOL. Una cadena de mandos corruptos descubre asombrada la respuesta del pueblo organizado y encabezado por autoridades honoríficas y valientes. Esa cadena de mandos reproduce a la de los grandes empresarios apoyados por el gobierno  planetario concretado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional   y los bloques productivos como la Unión Europea y la Cuenca del Pacífico. A la cola de Estados Unidos, el gobierno de México simulará indignación y propondrá compromisos a sabiendas de que hay cientos de Zacacuautlas en proceso de destrucción de bosques y manantiales con sus defensores encarcelados, muertos y amenazados.

Un breve reporte televisual informó de la tala criminal de la Sierra de Zongolica en Veracruz. El valiente defensor del bosque informa de la presencia constante de matones para impedir que el pueblo se organice en defensa del ambiente. Hay asesinatos, como el del niño triqui victimado en San Juan Copala por el fuego de las organizaciones que atacaron por sorpresa el lugar del municipio autónomo que la prensa mentirosa de Oaxaca declara inexistente. Tampoco hay comunicación entre Copenhague y San Juan Copala donde la riqueza minera invita a las empresas yanquis y canadienses a la explotación en el sentido peyorativo.

La situación agónica del planeta no se resuelve con encuentros de altos funcionarios de Estado comprometidos con los destructores concientes del ambiente. Todos los presentes en Copenhague saben que sus declaraciones y compromisos serán tan incumplidos como el Protocolo de Tokio de hace cinco años. A Zacacuautla, Zongolica y San Juan Copala, a Venustiano Carranza en Chiapas donde mil hectáreas han sido concesionadas a mineras canadienses, a Montes Azules de Chiapas donde la explotación turística trasnacional expulsa campesinos y beneficia caciques, al Cerro de San Pedro donde la Minera San Xavier canadiense ha destruido el monte, la tierra y el pueblo pese a ser declarada ilegal, a las playas privatizadas de Quintana Roo rellenadas con miles de toneladas de arena de Cozumel e Isla Mujeres en perjuicio de los bancos de coral, los manglares y las especies arrasadas, a Baja California devastada por los saqueadores de sal y arena  y por los miles de conjuntos residenciales,  no llegan las fiestas de Copenhague. La organización de Cancún que trató de impedir el saqueo de la arena para recibir como respuesta la exigencia de una fianza millonaria, sufre tanto la farsa de los falsos ambientalistas gubernamentales para integrarse a los defensores de bosques, selvas, fuentes acuáticas, volcanes apagados y activos, manantiales, desiertos y estepas irremediablemente sentenciados a muerte por quienes han reducido al mundo a un gran bazar donde sólo cuenta la relación costo-beneficio. El beneficio de unos cuantos poderosos, la desgracia para muchos, para todos los habitantes del planeta porque a pesar de todo, entre Copenhague, Zacacuautla y Zongolica si hay relación.

El homicidio en Chiapas trae una dura crítica a las mineras canadienses en México

ONG’s canadienses hacen un llamado para tomar la responsabilidad por los descuidos; las comunidades mexicanas quieren las minas cerradas

Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

14 de diciembre 2009

El reciente homicidio del líder antiminero chiapaneco, Mariano Abarca Roblero, ha traído una dura crítica a las mineras canadienses en México. Abarca fue asesinado frente a su casa el 27 de noviembre. Tres hombres ligados a la compañia minera canadiense Blackfire Exploration Ltd. fueron arrestados por el homicidio. Blackfire es propietaria de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas. Al momento de su homicidio, Abarca, residente local, era líder de la campaña por el cierre de la mina.

El funeral de Abarca Fotos: D.R. 2009 Otros Mundos Chiapas

En respuesta al homicidio, se han movilizado comunidades y organizaciones mexicanas en demanda de la responsabilidad por el homicidio y por el cierre permamente de la mina de Chicomuselo y de otras minas canadienses. Cientos de personas asistieron al funeral de Abarca en Chicomuselo. La procesión se detuvo en las oficinas de Blackfire en Chicomuselo para demandar justicia.

Residentes de Chicomuselo y representantes de otras comunidades afectadas por la minería formaron una caravana para trasladarse a la Ciudad de México y demandar justicia. La caravana se detuvo para celebrar mítines y eventos en Comitán, Chiapas y en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La caravana de dos camiones, se reunió con representantes de otras comunidades afectadas por la minería frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, donde llevaron a cabo una protesta. Representantes de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y de la Ciudad de México se reunieron con los delegados de Chiapas para llevar a cabo la protesta en la capital del país.

Los manifestantes se detuvieron en la Secretaria de Economía para entregar una carta que demanda que la concesión de Blackfire en Chicomuselo sea cancelada inmediatamente. De acuerdo al comunicado emitido por la organización de Abarca, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los delegados le dijeron al representante del secretario “si [la Secretaría de] Economía no le quita la concesion minera a Blackfire, el pueblo se la quitara en los hechos, pues no soportaremos mas muertos, ni mas destrucción ambiental, ni division de la Comunidad.” Esa no es una amenaza sin fundamento: en julio la comunidad bloqueo el camino que lleva hacia la mina.

Luego de reunirse con un funcionario de la Secretaría de Economía, la caravana se dirigió a la Embajada de Canadá para protestar por el asesinato de Abarca. De acuerdo con el comunicado de REMA: “Asi mismo le planteabamos [al gobierno canadiense] la necesidad de que apoyaran leyes que le diera dientes al gobierno para pedirles cuentas a las empresas mineras que hoy apoyan economicamente y tienen una conducta general de violaciones a los derechos humanos y la democracia.”

Leyes con dientes

Cuando las comunidades afectadas por la minería demandan “leyes que le den dientes al gobierno” para responsabilizar a las compañias por sus acciones en países extranjeros, se refieren a leyes como: la Ley C-300, Ley que busca Responsabilzar a las Corporaciones por Acciones Resultantes en Minería, Petróleo, o Corporaciones de Gas en Países en Desarrollo, que en la actualidad se encuentra en el parlamento canadiense. De acuerdo con la ONG Mining Watch, la ley sentaría los estándares de responsabilidad de las corporaciones que determinaría la elegibilidad para el apoyo político y financiero que en la actualidad el gobierno canadiense proporciona a compañias canadienses de extracción. Estos estándares de responsabilidad incluirían criterios en salud, protección, seguridad, y derechos humanos. La ley crearía también un mecanismo de quejas en donde las comunidades afectadas pudieran emitir quejas al gobierno canadiense. Si se encuentra que una compañia no cumple con los estándares de conformidad de responsabilidad, perdería el apoyo del gobierno canadiense.

La ONG canadiense, Council of Canadians, admite que las sanciones propuestas en la Ley C-300 son “modestas.” Sin embargo, ellos creen que la acérrima oposición de la industria minera a la ley demuestra que la industria ve a la ley como una amenaza.

El gobierno de Harper se ha opuesto a la Ley C-300.

Otra ley propuesta, Ley C-354, permitiría que extranjeros puedan demandar a compañias canadienses ante juzgados canadienses por abusos a los derechos humanos, sin importar el lugar en donde los abusos ocurrieron. De acuerdo con uno de los proponentes de la ley, Peter Julian, esta ley es un replicante a la la Ley de Reclamo por Agravio de los Residentes de los Estados Unidos, por la cual los sobrevivientes de la tortura en otros países pueden demandar a sus torturadores en las cortes estadunidenses.

El presidente de Council of Canadians, Maude Barlow, liga el homicidio de Abarca con la inacción del gobierno canadiense con respecto a las compañias a las que presta apoyo y que cometen abusos. Barlow dijo: “Un hombre involucrado profundamente en las protestas contra la compañia minera canadiense Blackfire ha sido asesinado afuera de su casa. Éste desenlace trágico puede ser un indicio directo al rechazo del gobierno de Harper de terminar con la impunidad que en la actualidad gozan las compañias mineras canadienses.”

Gordon Peeling, presidente de la junta directiva del grupo cabildero de la industria minera canadiense, la Asociación Minera del Canadá, dijo a la prensa: “En términos de la dinámica de la discusión esto no le ayuda a aquellos que quieren ligar esos asuntos. Su pensamiento está estropeado si tratan de ligarlo [el asesinato] con la [Ley] C-300.”

“El asesinato de Abarca: misión cumplida”

Los tres hombres arrestados por el homicidio de Abarca son empleados en activo o ex empleados de Blackfire.

Jorge Carlos Sepúlveda Calvo está acusado de haber disparado contra Abarca. Era conductor de Blackfire.

Las autoridades chiapanecas no han revelado el rol que creen que tuvo en el asesinato otro de los hombres detenidos, Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Coutiño Velasco era contratista de Blackfire.

Caralimpio López Vázquez es operador y supervisor de turno en la mina. De acuerdo con testigos, el condujo la motocicleta en la que los homicidas huyeron.

Blackfire no puede argumentar que el homicidio fue un incidente aislado. REMA reporta que en agosto de 2008 tres hombres que portaban chalecos de empleados de Blackfire golpearon a Abarca y a su hijo en su casa. Los hombres mantuvieron a la esposa encañonada con una pistola. REMA dice que en respuesta al ataque, Abarca presentó una denuncia ante el gobierno. El gobierno no hizo nada.

En el verano de 2009, los pobladores de Chicomuselo entraron en negociaciones con Blackfire con respecto al camino que la compañia construyó ilegalmente en su tierra comunitaria. Los pobladores afirman que poseen el acuerdo firmado en enero de 2008 en el que la compañia determinaba donde construiría el camino a la mina. La compañia ignoró el acuerdo y construyó el camino en un sitio en donde el gobierno de Chiapas dice que no debería estar. Cuando las negociaciones entre los pobladores y Blackfire se rompieron, los pobladores comenzaron a cercar el camino con el fin de cerrarlo. De acuerdo con el líder antiminero Gustavo Castro Soto los pobladores presentaron una denuncia ante el gobierno: “Luis Antonio Flores (Gerente de Relaciones Públicas de Black Fire), Sr. René Salvador Cartajena, C. Caralampio López (y) otro más, y además trabajadores de la misma amenazando de omicidio (sic) y golpes con armas blancas y con armas de fuego que portaban, por lo tanto no se llevó a cabo el trabajo de tapar el paso, decidimos retirarnos para no comprometernos aun (sic) acto de provocación de confrontación violenta a muerte que ellos insistían con palabras provocativas trataron de echar las maquinas encima de los compañeros, por eso hoy pedimos al C. Gobernador Juan Sabines Guerrero, rotundamente a su administración y trabajadores prepotentes ante nuestra comunidad, que se erradique [a la minera Blackfire] su estancia en este ejido.”

Debe resaltarse que Caralimpio López, mencionado en la denuncia como parte del grupo amenazante, está acusado de conducir la motocicleta que los homicidas usaron para huir en el asesinato de Mariano Abarca. Caralimpio López era trabajador de Blackfire al momento del homicidio. En otras palabras, los pobladores presentaron una denuncia formal en contra de López por ser parte del grupo que amenazó a los pobladores de Chicomuselo con agresiones físicas si trataban de cerrar el camino construído ilegalmente, y aparentemente Blackfire no hizo nada.

Tan solo días antes de su asesinato, Abarca presentó una denuncia en contra de dos empleados de Blackfire, Ciro Roblero Pérez y Luis Antonio Flores Villatoro, por amenazas de muerte si no dejaba de organizar a la comunidad de Chicomuselo en contra de la mina de barita de la compañia minera canadiense Blackfire. De acuerdo a una denuncia formal presentada ante un empleado de gobierno que trabaja en el edificio municipal de Chicomuselo, Roblero Pérez llegó al edificio municipal para decir que había ido a buscar a Abarca “para quebrarle la madre a plomazos”. Se informa que también dijo que Abarca y otras personas estaban en la lista de personas a los que los dueños de Blackfire querían lastimar. El gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro, es también mencionado en la denuncia como una de las personas responsables de dicha lista. El gobierno había citado a Roblero Pérez y Flores Villatoro para que declararan con respecto a la denuncia hecha por Abarca, sin embargo, estos no se presentaron. Abarca fue asesinado esa misma tarde.

El 7 de diciembre, las autoridades del estado de Chiapas finalmente actuaron. Cerraron temporalmente la mina de Blackfire en Chicomuselo. Aparentemente Blackfire cerró la mina y removió los aparatos que generaban luz poco tiempo después de la muerte de Abarca. El gobierno de Chiapas solamente hizo un acto oficial al pegar sellos de “Clausurado” en las puertas de la mina.

El gobierno dice que la clausura del mina no tiene nada que ver con el asesinato de Abarca. De acuerdo con el gobierno: “El motivo de la clausura de dicha empresa deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas, así como la desviación de causes y escurrimientos naturales y cambio de uso de suelo en una superficie importante.”

La contaminación era la principal razón por la que Abarca y la REMA protestaban en contra de la mina de barita de Blackfire. Cuando Abarca estaba vivo, dijo que diría a todos los que estaban dispuestos a escuchar sobre la contaminación que la mina provocaba en Chicomuselo. De acuerdo con Castro Soto, incluso después de la brutal golpiza de agosto de 2008 por parte de los supuestos empleados de Blackfire, Abarca “siguió en la lucha denunciando la falta de agua en los arroyos y las consecuencias de las detonaciones, denunciando la contaminación de los ríos que, llenos de lodo han acabado con los peces, con ganado y otros animales muertos.”

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, demanda que el gobierno haga de la clausura temporal de la mina de Blacfkire una clausura permanente. “Este Centro de Derechos Humanos celebra la clausura de la mina de barita, ubicada en el ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, operada por la empresa canadiense Black Fire Exploratión… Sin embargo, consideramos necesario que la cancelación no sea sólo de forma temporal sino definitiva, ya que las afectaciones denunciadas insistentemente por los habitantes ha costado la vida al señor Mariano Abarca Roblero, asesinado presuntamente por su activismo al oponerse a la explotación de la empresa canadiense. Es urgente que el gobierno tome medidas de no repetición para garantizar que en el futuro no se instalen este tipo de empresas transnacionales para evitar daños ocasionados al medio ambiente, como sucedió en la Región de Chicomuselo con la explotación minera de la empresa Blackfire.”

Es una lástima que Abarca tuvo que haber dado su vida para que las autoridades del esatdo de Chiapas actuaran por fin y cerraran la mina. Es incluso aún más trágico que el gobierno canadiense, que subsidia importantemente a su industria minera, no haya hecho nada con respecto a los continuos abusos ambientales y a los derechos humanos por parte de Blackfire. La Gobernadora General de Canadá Michaëlle Jean y Peter Kent, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá para las Américas, visitaron Chiapas solo dos días después de que el gobierno del estado clausurara la mina de Blackfire. Fueron recibidos por cerca de 50 manifestantes que demandaban que la mina fuera cerrada permanentemente y que la compañía pagara por los crímenes que ha cometido. REMA solicitó una reunión con los dignatarios, sin embargo, Jean y Kent rechazaron la invitación, argumentando limitación en los tiempos.

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Gustavo Castro Soto
OTROS MUNDOS A.C.
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Chiapas, México
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Estado de derecho, derecho comunitario y leyes federales.

Desde la malograda reforma constitucional, generada por la traición de la plutocracia partidista que desde hace ya un buen tiempo gobierna México, al espíritu original de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo y la Comandancia General del EZLN, se han originado una serie de reformas constitucionales, todas bajo la supuesta protección, ya de los derechos de las “minorías”, del nonato, del entorno ecológico, etc., y al mismo tiempo se ha posicionado a las instituciones federales como las únicas tuteladoras de cualquier “grupo vulnerable” como eufemísticamente se llaman en los corrillos oficiales, colocando, más todavía, a los tutelados en la indefensión total, tal es el caso particular de las comunidades originarias.

Una de las dependencias federales que ha tomado el control de las acciones comunitarias es la PROFEPA, ente que junto a la SEMARNAT, se ha encargado de “proteger” a las especies y, cuando es necesario, avalar concesiones mineras, sobre bosques, eólicas, sobre aguas, etc., si así es necesario para legitimar la política pro-megaproyectos del gobierno federal y los gobiernos locales aliados al capital trasnacional. Como se ha denunciado por parte, primero del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA y, posteriormente por medio del CONGRESO AUNTÓNOMO CUICATECO, en la región cuicateca, particularmente en cuatro comunidades pertenecientes al Municipio de san Juan Tepeuxila, se otorgó por la SECRETARÍA DE MINAS, dependiente de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA, por medio de todas las malas artes de las que el Estado es capaz, por supuesto sin ninguna formalidad jurídica, una concesión de cincuenta años sobre 3500 has., hasta aquí no habría mayor implicación de no se porque los organismos “protectores” mencionados, PROFEPA y SEMARNAT, han negado sistemáticamente conocer del hecho, al menos, argumentan en lo relacionado al medio ambiente, paradójicamente, esta región comparte el territorio de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, lo cual supondría que se encuentra protegida.

Hasta aquí esto podría ser irrelevante a no ser por los acontecimientos más recientes, hacia finales del año 2009 un grupo de policías federales, PFP, a bordo de una camioneta recorrían la carretera de terracería que une a la comunidad de San Juan Tepeuxila con Cuicatlán y coincidieron con un vecino de dicha comunidad el cual se dirigía a sus actividades cotidianas, en posesión de una escopeta, su machete y una navaja, esta situación ocasionó que fuera detenido y sin mediar ninguna observación ni validar ningún argumento de su parte fue despojado de sus herramientas y remitido hasta la ciudad de Oaxaca, sin enterar de ello a los representantes comunitarios, sobre todo porque los hechos sucedieron en su jurisdicción, en donde se le impuso una multa cercana a los cuarenta mil pesos, por supuesto sin devolverle lo que legítimamente le pertenece.

A ello es necesario precisar que dadas las características y las costumbres de los vecinos de las diferentes comunidades cuicatecas es, más que, común que porten algún tipo de arma de fuego, generalmente escopetas de pequeño calibre y excepcionalmente pistolas, por cierto todas con los permisos de ley ya que existe la tradición de notificar oficialmente a las autoridades correspondientes de su existencia. Este primer incidente abrió la puerta para otras acciones sucesivas de la misma PFP, ahora con el pretexto de la aplicación de las leyes federales de armas de fuego, convenientemente sin notificar de manera oficial a las autoridades correspondientes, ignorando que San Juan Tepeuxila es un municipio autónomo, de acuerdo a las leyes mexicanas, y que es en su territorio y a sus ciudadanos a quienes afectan directamente estas acciones, a partir de estos hechos se pueden documentar al menos otros cuatro acontecimientos similares, la detención de un vecino de la comunidad cuando regresaba de sus labores, su delito transitar con la yunta en el camino, fue despojado de doscientos pesos, lo único que traía en efectivo.

Otra más en las vacaciones de fin de año un grupo de jóvenes escolares se encontraba vacacionando y decidió visitar una pequeña represa conocida como Matamba, ahí fueron detenidos por una patrulla de la PFP, misma que con el pretexto de proteger su integridad los amedrentó y al percatarse de que eran, en su mayoría, menores de edad se les “permitió” continuar con sus actividades, no sin advertirles de los “peligros” que entrañaba andar en la zona, que hasta ahora no representa ningún peligro para nadie pues en la zona se goza de tranquilidad permanente, salvo cuando las patrullas de la PFP hacen su aparición.

La preocupación mayor de la comunidad de San Juan Tepeuxila se ha generado a partir de una serie de acontecimientos relacionados con la PROFEPA y SEMARNAT, como es del conocimiento público estas dependencias desarrollan programas de “protección” ambiental y de los recursos naturales, que casualmente abundan en la región de la que hablamos, para ello han establecido convenios con varias comunidades de la región para financiar programas de reforestación y protección de especies, Tepeuxila no ha sido la excepción, hasta aquí no habría mayor dificultad a no ser que con el pretexto de “vigilar” el desarrollo de los proyectos los representantes de PROFEPA y SEMARNAT han iniciado un hostigamiento sistemático en contra de la población, tomándose atribuciones que no les corresponden.

Es necesario aquí puntualizar que existe un derecho comunitario, expresado en el Estatuto Comunal correspondiente y que en concordancia con las leyes estatales como la LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA, La LEY AGRARIA y por supuesto las Constituciones estatal y Federal, además de las otras que se derivan de su naturaleza, faculta a la comunidad y a sus representantes a tomar todas las decisiones relacionadas con el territorio y la conservación de los recursos que se hallan en el mismo, lo cual no es más que parte del espíritu comunitario en tanto que la vida de la misma gira entorno a una relación de respeto y armonía con la naturaleza, los cuicatecos como los demás pueblos originarios somos parte de la naturaleza, pertenecemos a ella, no nos pertenece.

Como podrá derivarse de ello, es evidente que la relación hombre-naturaleza tiene para nosotros un papel fundamental en la vida y su preservación, como pueblo hemos convivido con nuestro medio durante miles de años, así existen mecanismos que garantizan plenamente que la relación de los miembros de la comunidad con el medio no son de depredación, pensamos que la naturaleza y todos los miembros que la componen somos complementarios y solo cuando se corre un riesgo claro actuamos, como es natural en defensa de nuestra integridad.

En nuestras comunidades existe una idea perfectamente clara de la relación con el entorno y cuando esta se altera por alguna razón se hacen las notificaciones correspondientes a la comunidad y ésta por las vías institucionales realiza las notificaciones correspondientes, en este sentido los últimos acontecimientos en San Juan Tepeuxila son especialmente ilustrativos, como señalaba anteriormente, la PROFEPA y SEMARNAT, con el pretexto de “apoyar” en las tareas que les competen ha pretendido intervenir directamente con los miembros de la comunidad, pretendiendo determinar las formas en que la comunidad debe realizar sus funciones vitales, prohibiendo a los comuneros utilizar los recursos que por ley les pertenecen, aquí hasta ahora el régimen de propiedad es comunal, con todo y los intentos de la Procuraduría Agraria, PA, por revertirlo, primero vía PROCEDE y ahora por la vía del FANAR, por tanto la adjudicación de los espacios se realiza por Asamblea y mediante la noción central de la preservación.

El argumento del dúo PROFEPA y SEMARNAT, en el territorio se hayan especies protegidas, fauna y flora por igual, por lo que según los inspectores y funcionarios de esta institución han pretendido determinar qué destino deben tener las tierras de la comunidad, algo que históricamente ha determinado la comunidad misma, con gran conocimiento de las dinámicas del territorio, mismo que han preservado sin la ayuda de dicha dependencia ni de otra.

Adicionalmente, siguiendo los usos y costumbres, cuando es necesario tomar decisiones relacionadas con las especies protegidas los comuneros, desde siempre, siguen el canal comunitario, dar aviso a la representación comunitaria, la cual procede de acuerdo a las formalidades del caso, así en fechas recientes se han dado al menos dos casos dignos de ser considerados.

Uno de ellos relacionado con el pastoreo de ganado, en la comunidad es una tradición utilizar los pastizales de las tierras comunitarias para engordar y mantener el escaso ganado que se cría en ella, las instancia comunitarias manejan los tiempos y las condiciones en las que los comuneros pueden, o no, hacer uso de dichos recursos, sin embargo la PROFEPA y SEMARNAT, han amenazado a los comuneros con proceder sin siquiera analizar las circunstancias con el pretexto de que el ganado daña los pino jóvenes, mismos que se plantaron por la comunidad, mediante trabajo comunitario, llamado Tequio, solo que como parte de los programas impulsados por PROFEPA y SEMARNAT, lo cual en opinión de los empleados que se han presentado en la comunidad les faculta para “intervenir” y castigar si es necesario.

El otro, más preocupante porque ha unido las acciones de la PFP, mencionadas anteriormente, a las de PROFEPA y SEMARNAT, se relacionan con las especies de la fauna protegidas por las leyes federales, particularmente el caso del puma americano, especie que se encuentra en las tierras cuicatecas, en la comunidad existe un espacio conocido como “tierra caliente”, parte de la reserva de la biósfera Cuicatlán-Tehuacán, mismo que se compone de tierras de alta productividad, las cuales en otras épocas contribuyeron a la subsistencia de la comunidad, con el paso del tiempo y el surgimiento de otras condiciones de vida fueron abandonadas paulatinamente por lo que el puma las ocupó, como es natural en un momento dado esta especie empezó a interactuar con los comuneros, no necesariamente para bien, en tanto que se trata de una especie salvaje.

En estas circunstancias, los pumas empezaron a depredar el ganado de los comuneros, al menos un par de burros, un caballo y algunos novillos, reses jóvenes, lo cual fue notificado a la representación comunitaria, misma que a su vez reportó a PROFEPA y SEMARNAT quienes se comprometieron a analizar el caso y a intervenir en caso necesario, evidentemente nunca lo hicieron, a lo sumo cuestionaron el hecho de que la comunidad interactuara con las especies, incluso alguno de los funcionarios “sugirió” que la comunidad se trasladara a otro sitio ya que dicha especie tenía “derechos” que no podían ser violados, ¿ignorancia o mala fe?.

Como era de preverse llegó el momento en que los felinos irrumpieron en la comunidad, poniendo en riesgo a los habitantes de la misma, así un comunero, realizando sus labores agrícolas cotidianas tuvo el infortunio de toparse con una puma, la cual atacó a sus perros, matándolos, intentando agredir a un hijo del comunero por lo que éste tuvo que intervenir dando muerte al animal, acto seguido, como corresponde a las normas comunitarias el comunero dio aviso a la representación comunitaria, el Comisariado de Bienes Comunales, para que como corresponde a las normas diera el aviso a la PROFEPA y SEMARNAT y éstas dependencias actuaran conforme a lo que les corresponde, lamentablemente una filtración de la información permitió al trío PFP, PROFEPA y SEMARNAT, intervenir en un aparatoso operativo en la comunidad de San Juan Tepeuxila con el pretexto de detener y proceder en contra del comunero y al no localizarlo se amenazó a la comunidad con regresar e iniciar un operativo conjunto para requisar las armas de los comuneros, que como mencionamos más que armas son herramientas para el trabajo.

Ante ello planteamos algunas preguntas, ¿justifica la existencia de leyes sean federales, sean locales, atentar contra los derechos humanos de las comunidades?, con el pretexto de proteger la vida salvaje, con todo lo valioso que en ello hay, ¿es más valiosa la vida de las especies que la de las comunidades?, o bien podemos concluir que esta aparatosa reacción de las “autoridades” vía las dependencias mencionadas constituye una especie de forma de represión y hostigamiento, en una zona en la que a voces se han pronunciado en contra de la posible implementación de un proyecto, ese sí indudablemente mortal, no solo para las especies protegidas, sino para toda forma de vida, nos referimos al proyecto minero “Raquelita I”, el tiempo revelará la dimensión real del asunto.

Mientras tanto apelamos a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales a mantener la atención en ello, sobre todo porque la comunidad ha decidido refrendar el apoyo al comunero lo que eventualmente puede servir de pretexto para acciones punitivas por parte del Estado y sus instituciones.

Luis Hernández Navarro: Siembra de odio, cosecha de ira

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.

No sólo allí. En otras regiones de México suceden cosas parecidas. La violencia se ceba sobre promotores de derechos humanos, defensores del medio ambiente y líderres sociales. Oscuerecidos por los más de 16 mil asesinatos cometidos en la guerra contra las drogas, esos crímenes parecen ser invisibles. No lo son.

La militarización de la política

Vicente Fox comenzó su sexenio con una fiesta popular. Felipe Calderón inició el suyo con una parada militar. Ha transcurrido casi tres años desde que el nuevo inquilino de Los Pinos asumió el cargo y lo que sobresale de su mandato es su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las Fuerzas Armadas como telón de fondo.

El 3 de enero de 2007, en Apatzingán, durante su primera actividad pública en ese año, el jefe del Ejecutivo se hizo retratar con uniforme de campaña, con una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional. Cuatro meses más tarde, el pasado 8 de mayo, en el mismisimo Apatzingán, la foto era una continuación de la del 3 de enero: elementos del ejército, utilizando vehículos blindados y lanzagranadas, se enfrentaban con presuntos narcotraficantes.

El discurso de endurecimiento de Felipe Calderón busca mandar mensajes de dominio y disciplina. Acosado por manifestaciones ciudadanas que impugnaron su triunfo en la fase de presidente electo, el mandatario desea romper su aislamiento social y carencia de legitimidad utilizando como pretexto la guerra al narcotráfico. Con el apoyo de los poderes fácticos que lo hicieron mandatario, desde el inicio mismo de su administración ha pretendido hacer del Ejército su principal sostén.

Felipe Calderón ha hecho de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno. El combate al crimen organizado ha proporcionado a su mandato una vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para administrar el país con medidas de excepción. La politización de la seguridad pública le ha facilitado recomponer la cadena de mando-obediencia.

De la misma manera en la que el 11 de septiembre de 2001 le permitió a George W. Bush intentar hacer de la guerra el poder constituyente de un nuevo orden neoconservador, la batalla contra los cárteles de la droga ha posibilitado al jefe del Ejecutivo mexicano tratar de afianzar y perpetuar su gobierno. Pero, en lugar de enviar tropas a Irak y Afganistán, el mandatario mexicano las ha sacado de sus cuarteles para tomar posiciones dentro del territorio nacional.

El Ejército está en las calles de muchas localidades del país, desempeñando funciones que no le corresponden. Ha establecido retenes, toques de queda de facto e inspecciones. Los mandos militares ocupan los puestos policiales. En lo que parece el ensayo general de lo que se piensa hacer en el país, en varios estados del norte se vive una situación muy cercana a un estado de excepción no decretado por el Congreso.

Día a día Felipe Calderón se presenta ante los medios de comunicación como el comandante en jefe de una gran cruzada nacional. La propaganda nacional lo presenta como el defensor de las familias mexicanas. Sus desplazamientos por el país son organizados con el mayor sigilo. Sus actos públicos son encapsulados por elementos del Estado Mayor Presidencial. Las demandas o protestas en su contra son acalladas por la fuerza pública.

A corto plazo, la politización de la seguridad pública le ha proporcionado al jefe del Ejecutivo saldos positivos. Las encuestas le reconocen niveles de aceptación razonables, aunque han caído sistemáticamente en los últimos meses. Las violentas expresiones de descontento social que se vivieron durante 2006 se han acotado.

Entre las primeras bajas de la guerra en que vivimos se encuentran los derechos humanos. El marco jurídico ha sido transformado en despecho de éstos. En la macabra cuenta de descabezados, cadáveres insepultos y pozoleros que se registra cada día, el asesinato de líderes sociales apenas cuenta. La criminalización de la protesta social avanza cada día.

No parece importarle al jefe del Ejecutivo que al militarizar la política la haya desgastado y degradado. Pareciera ser que le tiene sin cuidado que en plena crisis económica, con la producción nacional estancada, el desempleo creciendo y la válvula de escape de la migración hacia Estados Unidos atascada, sus márgenes de maniobra se hayan reducido. La única salida que vislumbra es intensificar aún más esa guerra.

El descontento social

Más de lo mismo, pero peor. Así se resume la posición de Felipe Calderón frente a los graves problemas sociales que sacuden al país. El choque de trenes entre un movimiento social radicalizado, un movimiento ciudadano agraviado y un gobierno federal torpe y endurecido no puede descartarse.

Una nueva conflictividad social sacude al país. Los síntomas son claros. Han aparecido una multiplicidad de nuevos actores. Los métodos de lucha de las organizaciones populares se han radicalizado al tiempo que los problemas se multiplican. Los canales institucionales para atender sus demandas han sido frecuentemente desbordados.

Los funcionarios encargados de la gobernabilidad y los servicios de inteligencia del nuevo gobierno no han entendido la naturaleza de la nueva problemática social: hay una crisis en el modelo de mando, en donde una parte nada despreciable de quienes estaban acostumbrados a obedecer no quieren obedecer a quienes estaban acostumbrados a mandar.

Durante los últimos meses de su administración, Fox quiso suplir su desconcierto ante la creciente rebeldía social con el uso de la fuerza pública. Con acciones relámpago, en nombre del Estado de derecho, la firmeza y el uso legítimo de la violencia, se reprimió a movimientos paradigmáticos de esta nueva conflictividad como el de los mineros de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Atenco y la sublevación oaxaqueña. Sin embargo, lejos de solucionar los conflictos, la “salida” policial los complicó más. La población enfrentó indignada a la fuerza pública y, lejos de atemorizarse, ha mantenido su lucha.

Los desplantes autoritarios del panismo responden, en parte, al gran temor que estas luchas desde abajo provocan en los sectores acomodados. Desde que a raíz de la Marcha del Color de la Tierra en marzo de 2001, el ideólogo empresarial Juan Sánchez Navarro recomendó a los suyos encerrarse ante el empuje del pobrerío. En las clases pudientes hay miedo. Para su gusto, hay demasiado desorden y en lugar de aplicar la ley se negocia con los inconformes.

Esta nueva conflictividad social tiene un punto de arranque en 1999 al desarrollarse una intensa lucha social que enfrentó con relativo éxito las políticas gubernamentales de privatización. En esa fecha la sociedad civil se hizo pueblo y las demandas ciudadanas se reciclaron en lucha de clases. Por supuesto siguen desarrollándose luchas cívicas e identitarias, pero la mayoría de ellas se expresan en clave clasista. El protagonismo de las ONG y las organizaciones ciudadanas dio paso a la acción de organismos gremiales y profesionales. El afán de avanzar en las propuestas se transformó en un retorno a la protesta. Surgieron grandes expresiones gremiales de resistencia, movimientos de base “feos” para el mundo de la política formal y una multitud de luchas locales contra el despojo. A diferencia de otros tiempos, una parte de esas movilizaciones han sido parcialmente exitosas.

Desde entonces se ha producido una tenaz movilización social. Centenares de protestas de indígenas, campesinos, trabajadores, pobres urbanos, mujeres, defensores de derechos humanos, ecologistas han surgido en todo el país enarbolando diversas demandas. Algunas, incluso, han decidido darse sus propias formas de gobierno.

Estas luchas expresan el hastío hacia una cierta forma de hacer política. Está presente en su seno una tradición antipartidista y una desconfianza en la política institucional. Sin embargo, la radicalización social proviene también del entorno de la política institucional. El fraude electoral de 2006 provocó que una muy importante parte de la población que confiaba en los partidos y las elecciones se haya sumado a una dinámica de movilización antinstitucional y de resistencia civil pacífica.

Es así como muchas de las expresiones de malestar social reciente han tomado forma de acciones de desobediencia civil. Han emprendido acciones voluntarias y públicas que violan leyes, normas y decretos porque son considerados inmorales, ilegítimos o injustos. Han hecho de la transgresión que persigue un bien para la colectividad, un acto ejemplar de quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia.

Ignacio del Valle

Lleva más de tres años en la cárcel. Habita una celda de tres metros por dos, en el módulo 3 del penal de alta seguridad del Altiplano. Purga una condena de 112 años y seis meses de prisión. Se llama Ignacio del Valle.

En su morada no hay noche ni día. La luz está encendida siempre. A veces disfruta de 35 minutos de sol diarios. Le revisan la correspondencia y los mensajes que le llegan. Lo someten a revisiones humillantes. Por su crujía se pasean 10 o 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitan sus escritos y los rompen. No sabe lo que sucede afuera. Puede hablar por teléfono 10 minutos a tarifas altísimas. A menudo, los guardias reducen ese tiempo a sólo siete u ocho minutos. Cuando sus parientes lo visitan, los custodios se prodigan en los malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión.

Nunca ha robado ni matado a nadie. No consume drogas ni las vende. No extorsionó a ninguna persona. Es un hombre honesto. Es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo. No es delincuente. Sin embargo, comparte prisión con los más peligrosos criminales del país: asesinos, narcotraficantes y secuestradores.

Está acusado de los delitos de secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa de la ciudad de Texcoco, estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar, en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo; no rendirse. Impedir que sus tierras fueran expropiadas para construir en ellas un aeropuerto.

Desde la prisión Ignacio escribe largas cartas. En una de ellas, enviada a sus compañeros el 22 de octubre de 2008, escribió: ¡Del tamaño de nuestra sentencia, de este mismo es el miedo que nos tienen! No le falta razón.

Las cárceles del país están llenas de presos como Ignacio del Valle. Cada día que pasa la lista de luchadores sociales que ingresa a prisión crece. Quienes se encuentran detenidos por participar en movimientos sociales enfrentan procesos legales llenos de anomalías jurídicas. La ley se ha convertido en una herramienta para combatir la justicia.

Muchos de quienes se encuentran tras las rejas fueron víctimas por parte de los cuerpos policiales de violencia. Fueron golpeados, torturados, e, incluso, abusados sexualmente, durante y después de su arresto. No pocos se encuentran en condiciones carcelarias humillantes. Varios están recluidos en penales de alta seguridad, al lado de torturadores, narcotraficantes y secuestradores.

Un enorme número de los presos políticos son jóvenes, y no son pocos los dirigentes populares que encabezaron luchas de protesta. Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social antes de abrirle espacios reales de negociación. Los prisioneros a los que se les asocia con organizaciones guerrilleras son una minoría.

Tantos presos políticos es síntoma de un profundo problema en el funcionamiento del sistema político mexicano. Hay un severo déficit de representación política de amplios sectores de la población; existe una fuerte crisis de las mediaciones sociales; los canales institucionales para la atención de la demanda social están atrofiados. La tendencia a que la lista de detenidos crezca es indicador de que, lejos de solucionar el conflicto, el nuevo gobierno está empeñado en agravarlo.

Hace treinta años el Estado enfrentó una profunda crisis -no necesariamente similar a la actual pero sí con algunos elementos en común- emprendiendo una reforma política que legalizó a la izquierda comunista y a una parte de la izquierda radical, y promoviendo una amnistía a los presos políticos. A pesar de sus limitaciones, las medidas crearon un nuevo marco para la competencia y la convivencia política. Pero el gobierno de Felipe Calderón parece no haber aprendido la lección.

Fin de época

Detrás de la ola de violencia que azota al país hay un hecho medular: el agotamiento acelerado de un régimen que vive sus últimos estertores.

La nación atraviesa por una crisis en la que convergen varias crisis: económica, de seguridad pública, ambiental, sanitaria, diplomática, de gobernabilidad. Aunque cada una de ellas tiene su propia dinámica, han crecido por la incapacidad del gobierno federal para enfrentarlas adecuadamente, y por la división y enfrentamiento entre las elites.

Las elites están fracturadas y peleadas; sus reglas de convivencia se han roto. Este pleito coincide en el tiempo con la emergencia de un nuevo ciclo de descontento popular y con la reanimación de las organizaciones guerrilleras.

La incompetencia del equipo de Felipe Calderón para enfrentar la tormenta ha resultado proverbial. El único terreno en el que su gestión parece eficaz es el control de los medios de comunicación.

Por supuesto, el narcotráfico existía antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, pero su manejo, exitoso en términos de popularidad personal, ha sido un desastre para la seguridad pública. Según Jorge Carrillo Olea (La Jornada, (12 de mayo de 2009), que algo sabe de estos asuntos, el jefe del Ejecutivo abrió una guerra sin información, sin plan y sin cálculo de consecuencias. No sabe adonde ir ni como ejercer el mando; no ha tenido la capacidad para controlar sus huestes. Las bases, mandos básicos y medios de las fuerzas armadas están en un estado de ánimo bajísimo y una situación moral deplorable. Tienen miedo a cumplir misiones inexplicadas y sin objetivos claros. El solitario de Palacio “vive su propio Vietnam, sordo y solitario.”

Mientras en México apenas y se tocan las redes y las plazas de Joaquín el Chapo Guzmán, desde Washington se advierte sobre su peligro: lo mismo se le incluye en la lista de Forbes en la que participan los hombres más ricos del planeta que la revista Time lo ubica en el sexto lugar de los personajes más influyentes durante 2008. A buen entendedor, pocas palabras, más allá de los halagos y los apapachos públicos, la política mexicana de combate a las drogas está siendo cuestionada en Estados Unidos.

Escándalo tras escándalo, el régimen político se agota. Vivimos un fin de época. La crisis de derechos humanos esproverbial. La nueva conflictividad social no cesará. El uso de la represión para contenerla no la detendrá. La amenaza de la mano dura anuncia un nada hipotético choque de trenes. Se ha sembrado odio y se cosechará ira. El país huele a pólvora.
en: http://www.mexicoquovadis.de/2010/02/13/luis-hernandez-navarro-siembra-de-odio-cosecha-de-ira-2.html

SECUESTRO DE ESTADO.

Alberto Híjar.

En estos días, diputados y senadores discuten sobre el secuestro. Entre las precisiones necesarias ignoran aún las promovidas por la señora Miranda de Wallace respecto a los daños a los familiares y allegados. Esto conlleva la prescripción del delito evidentemente improcedente por los daños profundos que acarrea. De aquí también la responsabilidad del Estado para el tratamiento de las víctimas y el necesario apoyo a las organizaciones civiles empeñadas en la solución del problema, en especial, la de nombre elocuente: Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Este nombre alude a un punto de obligado tratamiento: el terrorismo de Estado. Sólo en él y por él se da la asociación tortura-impunidad…y secuestro. Es tan grave esta asociación que el más grande revolucionario centroamericano, Salvador Cayetano Carpio tituló su primer testimonio Secuestro y capucha. Ataduras y capucha asfixiante son obligados en el proceso de despersonalización de todas las torturas de Estado luego del secuestro policíaco o militar.

Con el proceso de militarización y paramilitarización en marcha orgullosa de Calderón, el terrorismo de Estado se fortalece. El Día del Ejército, Calderón llamó a legalizar atribuciones militares para actuar contundentemente según amenaza del general Galván. No usan aún el estado de emergencia sino basta con decir, por ejemplo, estado de afectación. “Más Colombia en México y más México en Colombia” proclamaron Álvaro Uribe y Calderón en la Feria del Libro de Bogotá con la invitación especial a México nada casual. Distinguidos escritores de Estado ofrecieron conferencias y entrevistas. Una cultura del terrorismo de Estado con todo y su impunidad es avalada y reproducida con la anuencia de intelectuales tan privilegiados como Krauze, Aguilar Camín, Volpi y hasta Sergio Pitol quien se dejó homenajear.

Todo esto merece discusión parlamentaria. El Estado soluciona una injusticia para consolidar y tapar muchas más. Sale libre luego de catorce meses el inculpado del asesinato de Brad Will en Oaxaca, pero no se repara el daño a él y su familia. Ahí mismo se vio desaparecer golpeados y amarrados a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz a quienes defiende el EPR luego de probar su poder de fuego con el ataque a ductos de PEMEX y la convocatoria a una Comisión que luego de cumplir puntualmente topó con la intolerancia de las secretarías de la Defensa y Gobernación para dar por terminado el diálogo. El EPR pidió continuar y la Comisión aceptó seguir y hasta se amplió incorporando valiosos auxiliares. La Secretaría de la Defensa alegó pérdida del documento donde se enlistaban los interrogantes aún sin responder. La impunidad se impone y Carlos Montemayor, el escritor siempre solidario y de respuesta rápida, sufre grave enfermedad acumulada al desánimo en el punto de quiebre con el Estado represor y protector de criminales. Los dos desaparecidos del EPR sufren más que los once de Atenco incluyendo a los tres en penal de máxima seguridad culpados de secuestro equiparado o sea algo que se parece al secuestro pero que no lo es cuando retuvieron rehenes de Estado como propaganda pública el auditorio al aire libre de Atenco para entregarlos frente a cámaras y micrófonos a diferencia de los ejércitos del Estado que rompieron puertas y sacaron a rastras a inocentes. La recomendación de prisión perpetua de la señora Miranda de Wallace contra los secuestradores por incorregibles, se aplica en cambio a los de Atenco sentenciados a más de 65 años de cárcel.

A la estrategia revolucionaria de guerra popular prolongada y a las autodefensas de comunidades agredidas, el Estado responde con la guerra de baja intensidad y la defensa de la seguridad nacional. Para eso están los asesores no sólo yanquis, sino los franceses herederos del colonialismo contra los pueblos de Haití, Argel y Vietnam, los israelíes defensores del sionismo crudelísimo y los traidores centroamericanos como Joaquín Villalobos que si asesinó a Roque Dalton y entregó sus armas a Salinas de Gortari antes de firmar los Acuerdos de Chapultepec liquidadores del FMLN, es capaz de cualquier complicidad con los represores a quienes asesora.

Todo esto pone en crisis al parlamentarismo mexicano que una vez más podría optar por el institucionalismo falaz y retardatario de las comisiones de derechos humanos y las fiscalías especiales de todas maneras sin capacidades más allá de las recomendaciones contra las desapariciones forzadas. Pero también podría optar como parte de la promoción de leyes como la de revocación de mandato del presidente y otros, por la legalización del juicio político y penal a los culpables históricos del terrorismo de Estado como Echeverría y Nazar Haro, Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, Fox, Peña Nieto, García Luna, de modo que no prescriban el secuestro y la tortura porque sus daños permanecen no sólo en las víctimas directas sino en sus familiares y allegados. Es grave la aprobación legal de la intervención telefónica y la captura sin orden de aprehensión que conllevan secuestro y tortura, pero más grave es que no haya parlamentario crítico del terrorismo de Estado.

Ricardo Loewe del CCTI me hizo ver la tardanza de 34 años para producir un testimonio satisfactorio de mi secuestro, tortura y al fin consignación en 1974. Si tú acostumbrado a la reflexión y la escritura tardaste eso, piensa en quienes no tienen más recurso que su dolor como daño profundo no evidente. En efecto, cada febrero acabo en urgencias respiratorias a donde llegó asfixiado. Este año el colapso fue puntual porque llegó en la noche del 13 al 14 de febrero, justo cuando se conmemoraban los secuestros en 1974 de quince compañeros de las FLN en Monterrey más los dos responsables y al ataque brutal a la casa de Nepantla con cinco masacrados para seguirse con mi secuestro policiaco y la cacería que acabó en Chiapas con el dirigente principal y sus compañeros de núcleo guerrillero en formación cuyos cuerpos no aparecen. No hay a quien recurrir para la cura del daño psicológico profundo salvo el CCTI donde saben aplicar el Protocolo de Estambul. Una compañera que también sufrió secuestro, tortura y cárcel, procura construir un centro de atención a víctimas y sobrevivientes. Alguien y no sólo los diputados y senadores donde hay algunos exguerrilleros reprimidos con altos cargos como Jesús Zambrano, debiera ocuparse para siempre de todo esto en bien de frenar al terrorismo de Estado. El gobierno de Durango anuncia el arranque de la primera Red de Atención Integral a Víctimas del Secuestro con el aval de la señora Miranda de Alto al Secuestro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Toca a los sobrevivientes del terrorismo de Estado y a los familiares de secuestrados y desaparecidos por militares o policías, organizar una red con psicólogos que entiendan de la represión mientras se procura eliminar el delito de secuestro equiparado aplicado a luchadores sociales.

El miedo como forma de hacer política en México

Mariela Zunino, Antoine Libert Amico, Miguel Pickard – 28-noviembre-2008 – num.568
ciepac, san cristóbal de las casas
Introducción
En fechas recientes, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Munich, Alemania entrevistó a integrantes de CIEPAC sobre el miedo y su relación con la represión política, tal como es ejercida en México en la actualidad. Reproducimos aquí las respuestas para que alcancen a más lectores.

En México ¿se usa el miedo para hacer política? ¿En qué contexto? (represión política y social?)

Definitivamente, en México el miedo es una manera de hacer política. La falta de justicia en el país es una manera de generar y perpetuar el miedo entre la población, lo cual explica la ausencia total de voluntad del poder y de sus autoridades de subsanar, de forma frontal y estructuralmente, este enorme vacío en el “pacto social y político” que debería existir entre la sociedad y sus gobernantes. Desde temprana edad, la población mexicana aprende que el Estado en que vive es dominante, violento, corrupto, arbitrario, depredador, asesino y que prevalece la impunidad total en el aparato de seguridad y de justicia. Asimismo, la violencia está institucionalizada mediante decretos del poder ejecutivo, leyes del poder legislativo y veredictos del poder judicial. La impunidad cuenta con un patrón de complicidades imbricadas entre “autoridades políticas, militares, policiales y judiciales a nivel municipal, estatal y federal” (Carlos Montemayor, La Jornada, 31/10/08), es decir, en todo el sistema político-gubernamental.

La población mexicana sabe que el aparato de justicia sencillamente no funciona y que está diseñado a propósito para trabajar en su contra. En tales circunstancias, en la mayoría de los casos es preferible no denunciar cualquier abuso, atropello, delito o crimen que buscar el resarcimiento y arriesgar estar sujeto a estudiadas arbitrariedades del aparato de “justicia”. El poder sabe que el ciudadano común rehuye de tal aparato y lo manipula para amedrentar (infundir el miedo) a la ciudadanía, a la vez que desata sus brazos represores en contra de expresiones de inconformidad, protesta, desacato, desafío, resistencia o incluso interpelaciones. La mayor furia de este aparato se reserva para el/la luchador/a social y particularmente para expresiones de desobediencia civil.

Todo lo anterior se ha agravado en forma significativa desde 2005. Se han profundizado varias tendencias: criminalización de la protesta social, represión selectiva y masiva, desprestigio de líderes, organizaciones y movimientos, fomento de divisiones, detenciones arbitrarias, militarización, restricción a los derechos civiles, ambiente general de una guerra contra el terror y/o de contrainsurgencia, etc.

La insurrección popular en Oaxaca de 2006 ofrece ejemplos claros de lo anterior en términos de cómo se desató el aparato para reprimir – y quizá más importante aún – para aterrorizar a la población. Los medios de comunicación nacionales (todos, incluyendo los de izquierda) desplegaron una amplia cobertura de la represión. Podemos hablar incluso de que algunos medios la ensalzaron adrede. El objetivo era difundir ampliamente las siniestras consecuencias que esperan a la población que protesta, lucha y, peor, trata de construir alternativas al actual sistema. El costo político internacional de la brutalidad fue prácticamente nulo para el gobierno mexicano, por haberse dado en un año de transición entre un gobierno y otro.

La irónica “Rayuela” en La Jornada del 16/11/08 lo dice todo en su escueta síntesis: “La venganza parece no tener límites. A los luchadores sociales los castigan con penas más severas que a los secuestradores y narcos. Y encima no les permiten ver a su madre…”

¿Contra quienes, contra cuales sectores de la población en México se dirige esta política?

La política del miedo se dirige a cualquier sector de la población que protesta y, en especial a quienes protestan fuera de mecanismos seleccionados y vigilados para canalizar inconformidades hacia el poder. Asimismo, conviene mencionar un sector en especial, en gran parte políticamente inactivo pero sujeto al miedo como control social, los transmigrantes indocumentados que se encuentran en el país en tránsito en su mayoría hacia Estados Unidos. Es ampliamente conocida en América Latina la brutalidad y la corrupción de todas las autoridades mexicanas. No es aventurado suponer que el miedo de enfrentarse con semejante aparato policiaco, en condiciones de total desamparo, es un factor que los migrantes potenciales toman en cuenta a la hora de decidir si permanecerán en su país de origen o arriesgarán su vida exponiéndose a vejámenes de las autoridades mexicanas en su tránsito por el país.

¿Cómo se ejerce esa política?

El uso del miedo como forma de ejercer el poder – es decir, el miedo como política – se ha vuelto mas descarado desde el fraude electoral de 2006, que llevó a la imposición de Felipe Calderón en la presidencia de la república. En respuesta a su falta de legitimidad ante los pueblos de México, el gobierno federal ha buscado cobijarse detrás de la Ley. Así, los discursos del “Estado de Derecho” y de “mano dura” dominan la retórica del gobierno. Para afirmarse como institución que detenta el poder y justificar ese poder, el gobierno federal se ha lanzado en una guerra, siguiendo así un postulado maquiavélico histórico. Sin embargo, a diferencia de otros ejemplos como el de George W. Bush y su invasión de Afganistán y Irak, Calderón ha decidido declararle la guerra no a otro país, sino que a ese concepto tan vago y mediáticamente construido de “enemigo interno”. La guerra proclamada por Calderón supuestamente en contra del narcotráfico y el crimen organizado tiene a otros “enemigos internos” en la mira, y más bien se presenta como excusa perfecta para la militarización del país y la criminalización de la protesta social.

En esta publicitada guerra contra el narcotráfico el gobierno de Calderón ha hecho uso de todas las herramientas a su disposición. Estas herramientas buscan fortalecer el aparato represivo (policías, ejército, tribunales, medios) y son estas mismas las que acaban siendo utilizados contra los movimientos y los/las luchadores sociales. El desarrollo del aparato represivo en México se ha dado en el marco de la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmado tras puertas cerradas entre los mandatarios de Estados Unidos de América, Canadá y México. En resumidas cuentas, la ASPAN busca fortalecer la efectividad de los cuerpos militares y policíacos del país a través del financiamiento de Estados Unidos y las reformas legales correspondientes. Así, México recientemente recibió unos 400 millones de dólares de Estados Unidos como primer aporte anual en el marco de la llamada Iniciativa Mérida (más popularmente conocida como Plan México por sus semejanzas al Plan Colombia)(1).

Asimismo, se han llevado a cabo reformas a la ley que amplían las competencias y responsabilidades de los cuerpos policíacos y del ejército, mientras se fortalece el aparato judicial y penal. Estas últimas reformas se dan en el marco del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, firmado en Agosto de 2008 entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, las empresas, los medios de comunicación, y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De las 74 acciones precisas contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, resaltan: depurar y fortalecer las instituciones de seguridad; ampliar la base de datos de la policía sobre la ciudadanía con la creación de la llamada Plataforma México; castigos mas fuertes para la privación ilegal de la libertad y el secuestro; programas de difusión de la cultura de la legalidad y la seguridad en iglesias y centros de culto; el compromiso de los medios masivos de comunicación a dar seguimiento y difusión al Acuerdo; y la creación de la Policía Federal Únicacomo coordinación de los 2,500 diferentes cuerpos policíacos “públicos” que existen en México (sin contar las empresas privadas de seguridad). El uso de este aparato represivo fortalecido en contra de luchadores sociales es claramente ejemplificada por el hecho que el mismo día que se firmó este Acuerdo, el dirigente de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, vio su sentencia de cárcel aumentar 45 años por el delito de “secuestro”. Así, el gobierno federal ocupa el narcotráfico como la excusa perfecta para la imposición de su “Estado de Derecho”, a través del Acuerdo Nacional por la Seguridad.

Al mismo tiempo, mientras se proclama el “Estado de Derecho”, sigue la impunidad. Un ejemplo claro de esto siendo la reciente agresión por parte de la organización paramilitar OPDDIC en la comunidad de Jolamaltzac, ejido San Sebastián Bachajón, donde paramilitares previamente denunciados ante las autoridades correspondientes intentaron asesinar a ejidatarios adherentes a la Otra Campaña. Para más información sobre este caso ejemplar, les invitamos a consultar el Boletín Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (http://www.frayba.org.mx/index.php).

De igual forma, mientras se pone anuncios espectaculares en las carreteras del estado afirmando que “En Chiapas los golpeadores van a la cárcel”, los periódicos estatales y locales reportan de forma constante el hallazgo, una y otra vez, de cuerpos de mujeres asesinadas y tiradas al lado de la carretera. Mujeres en su mayoría provenientes de Centroamérica, pero no sólo. Así, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destaca en su último informe que en los últimos 19 meses se han reportado al menos 1,014 feminicidios en 13 estados del país (2).

De esta manera, la violencia y el miedo (el segundo siendo componente integral del primero) están presentes en todas las esferas de la sociedad mexicana. Desde abajo se vive y se sobrevive ante la crisis económica que ha provocado el sistema capitalista, dejando a los pueblos sin opciones de supervivencia: o te integras al crimen, o migras a Estados Unidos, o te dedicas a sobrevivir como puedas vendiendo lo que puedas en la economía informal, o te organizas para luchar y construir alternativas como pueblos. Y desde arriba, se fortalece el aparato represivo, sus instituciones, sus leyes y sus cuerpos policíacos, para mantener a toda costa el estatus quo.

¿Qué discursos existen en este marco? ¿Se puede identificar algunos actores?

El discurso predominante, como hemos mencionado, es la retórica del “Estado de Derecho”. Este discurso legalista se ha vuelto la justificación de toda acción, el cheque en blanco para las instituciones de gobierno.

Esto ultimo es visible en uno de los lemas del gobierno federal que son difundidos a través de “spots” (comerciales) en la televisión y la radio del país, que para promocionar los programas de gobierno, pronuncia: “Tu participación es tu protección. Gobierno Federal”. Este lema oficial, que nos recuerda demasiado los estados totalitarios que describían tan detalladamente George Orwell y Aldous Huxley, no puede ser tomado a la ligera.

La apuesta del gobierno federal a la imposición de su política a través de las reformas legales necesarias, descartando en los hechos cualquier reconocimiento de la legitimidad o falta de, es acentuada por el nombramiento de Fernando Gómez-Mont como nuevo Secretario de Gobernación tras la muerte repentina del Secretario anterior, Juan Camilo Mouriño, en un accidente cuestionable. Así, un empresario con fuertes vínculos a las transnacionales – particularmente españolas – con interés en la privatización de los energéticos en México, es remplazado por un abogado jurista, confiándole la responsabilidad de llevar a cabo las reformas legales necesarias para la seguridad y prosperidad de México, según el Presidente.

Sin embargo, este discurso del Estado de Derecho no tiene legitimidad ante la impunidad que prevalece en el país. Esas profundas heridas provocadas en los pueblos, las organizaciones, las comunidades y las familias por la impunidad, le restan todo sentido a los discursos legalistas desde arriba.

En cuanto a los actores, faltaría simplemente constar quienes firman el previamente mencionado Acuerdo Nacional por la Seguridad (gobiernos de los tres niveles, empresarios, medios de comunicación, y la misma CNDH) y preguntarse quienes lo financian (Pentágono y las empresas privadas de seguridad beneficiadas por la ASPAN).

Esa política del miedo, ¿cómo afecta a la gente, a corto y a largo plazo? ¿Cómo afecta la vida cotidiana y el planeamiento de vida?

El miedo posee un efecto paralizante sobre la gente. El bombardeo mediático al que nos sometemos a diario nos habla de secuestros, del aumento de la criminalidad, del peligro de los narcos y de cuán insegura es nuestra ciudad. La manipulación por parte de los medios de comunicación refuerza este imaginario colectivo acerca de la inseguridad y por lo tanto fomenta en la población el reclamo de medidas de combate al crimen y la delincuencia. En este marco, no sorprende que la sociedad reclame mano dura y endurecimiento de las políticas de seguridad.

Sentimientos como la angustia, el temor y la sensación de peligro constante se propagan entre la gente, provocando el querer encerrarse, el “no meterse”, lo cual reduce al mínimo los espacios públicos e induce al aislamiento.

Asimismo, la política del miedo funciona como un medio para mantener a la gente dentro de los parámetros “normales” de comportamiento. Como parte de su función de control social, el miedo busca dividir, fragmentar, desconfiar del otro. La política del miedo nos quiere individuales: cada quien sálvese como pueda.

¿Cómo afecta a la organización política alternativa y a los movimientos de resistencia?

El miedo, en su efecto paralizante, muchas veces provoca que se disuelvan los niveles organizativos, conduciendo al rompimiento de los tejidos sociales. La política del miedo busca romper los lazos de solidaridad y debilitar el sentido de comunidad.

Además, este modo de hacer política forma parte del sistema hegemónico de poder que todo el tiempo recrea e impone sujetos con roles que sean funcionales al sistema. Entonces, estas formas de subjetividad dicen por ejemplo que no está bien ser indígena, ni cultivar la milpa, ni oponerse a la construcción de una carretera… Esto muchas veces logra desmotivar la organización y la resistencia.

El estado de miedo que se genera a través de la criminalización de la protesta social tiene el claro objetivo de control social. La política del miedo construye nuevos enemigos internos, a los que intenta aniquilar para imponer su modelo de dominación. El mayor enemigo entonces está constituido por los movimientos de resistencia, que se vuelven victimas de la criminalización de la protesta. Acusados de terroristas, criminales, narcotraficantes, estos núcleos de resistencia son perseguidos y estigmatizados. El aumento de la represión encuentra su justificación en el incremento de la mano dura que el pueblo pide.

El objetivo principal de la represión psicológica es provocar el miedo. Se espera que al instigar el miedo, se logre inhibir las personas a seguir adelante con un trabajo que el gobierno u otro actor represor vea que le afecte. Busca provocar la paranoia, crear un ambiente de sospecha, y así llevar a las divisiones internas. Busca hacer que la gente se sienta sola, aislarla y separarla de su familia, comunidad, colectivo, organización.

El miedo es un sentimiento natural y humano que todos/todas hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. El miedo se vincula con un sentimiento de impotencia: impotencia frente a algo que parece inevitable, impotencia para poder responder, impotencia para poder cumplir un objetivo o negociar emociones profundas dentro de uno mismo.

Por eso decimos que el objetivo principal de la represión, en todas sus expresiones, es el aislar. Los asesinatos y las desapariciones son la expresión máxima de esto, por razones obvias. La represión legal y la cárcel lo son también: la idea principal es físicamente separar estas personas de sus relaciones cotidianas, de su familia, su comunidad, su organización. No solamente se encierra tras rejas y en celdas, conteniendo así el espacio físico, sino que las cárceles también son ubicadas de forma estratégica; y además se envía seguido a los detenidos a cárceles lejanas, tales como en el caso de Oaxaca, con el traslado a Nayarit de los cientos de presos tras el operativo policiaco-paramilitar del 25 de noviembre de 2006. El objetivo del aislamiento también está presente en la represión psicológica, a través del hostigamiento y las amenazas, que buscan provocar el sentimiento de soledad.

¿Existen estrategias individuales o colectivos contra esos discursos del miedo?

A nivel individual es difícil apreciar qué estrategia podría haber contra el discurso del miedo, aparte de compartir impresiones y retroalimentarse de los intercambios en la red social que tenga el individuo. Contra los efectos del aparato, sí las hay, por ejemplo, evitar el contacto con las autoridades del aparato militar-policiaco-judicial en la medida de lo posible y tener activas las redes familiares y sociales que podrían apoyar al individuo en caso necesario.

Las estrategias de los colectivos pueden ser varias: la deconstrucción conjunta del discurso mediante el análisis de sus componentes, las acciones conjuntas que pueden dar cauce al miedo, una actualización constante sobre el tema, una autoevaluación de las fuerzas y debilidades, búsqueda de alianzas con organizaciones afines, actuar en redes, contar con aliados en diferentes ámbitos, etc.

Al organizar una respuesta coordinada frente a la represión, hacemos cara a este sentimiento de impotencia, dándonos propuestas de acción. Pasamos de ser victimas pasivas a ser actores activos. Al organizar formas de comunicación constante, uno se sabe acompañado, venciendo así el sentimiento de la soledad, que es terreno fértil para el miedo. Al identificar los objetivos, las estrategias, los actores y las formas de la represión, aprendemos a enfrentarla. El análisis de la represión nos lleva de la denuncia a la acción, de la protesta a la propuesta. Al analizar la represión psicológica como algo que busca provocar el miedo, nos planteamos la necesidad de vencer ese miedo.

Algo que es urgente y sumamente importante tener en cuenta ante la política de miedo que busca imponer el estado mexicano, es que esta política es reacción. Reacción del gobierno, expresión clara de su propio miedo. Como describíamos mas arriba, el arribo al poder de Felipe Calderón a través de un fraude electoral hizo del Poder en México lo que podríamos llamar una silla sin piernas, una pirámide sin base. Los pilares que sustentan el Poder están derribados, y entonces el Estado busca otras formas de cimentar, arraigar, y justificar su poder, con un único objetivo obvio, que es la manutención de ese poder. Y aquí es donde interviene la política del miedo. La “cruzada contra el crimen organizado” puede entenderse de esta forma como la creación de un teatro alterno para distraer la atención, no sólo de las causas de raíz del poderío y la amplitud que representa el narcotráfico debido a que es una de las pocas alternativas económicas que se presenta para la gente frente a la crisis financiera.

La represión brutal de las expresiones de desobediencia civil y la criminalización de la protesta social representa entonces un intento desde el gobierno, bajo la presión de las empresas, de paralizar y socavar el caminar de los movimientos sociales. Y es que este caminar alternativo, desde abajo, ha tomado pasos importantísimos en estos años. Sí, con sus errores, equivocaciones y problemas, pero construyendo y difundiendo poco a poco una realidad innegable: es tiempo de construir algo diferente a este sistema. Y los pueblos no solo lo están diciendo, sino que ya lo están haciendo.

Notas

1. Para más información sobre la ASPAN, véase www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=541

2. La Jornada, 25/11/2008. www.jornada.unam.mx/2008/11/25/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

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Tomado de : Boletines de CIEPAC
“CHIAPAS AL DIA”

Mexico La nueva guerra sucia

Kent Kent Paterson

Carlos Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de México un país más democrático y justo.

La muerte alcanzó prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.

Irónicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.

Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideológica de la represión actual.

Muchas regiones de México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.

La madre del movimiento de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Ibarra opina que la guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.

“Exigimos el compromiso y la decisión de lucha para cambiar esta situación”, dijo. “Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente.”

Suele ser difícil saber dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván, admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.

Un caso ilustrativo está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600 personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.

Las playas sangrientas del paraíso

Las últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los grupos “narco-paramilitares”. Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo año.

Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el clásico tiro de gracia.

“Esto de verdad me afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo cómo encontró los cuerpos de sus hijos”, contó Castro. “Los muchachos eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que sobresale?” Castro agregó que los conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la región.

Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó Hercilia Castro, y agregó que la “miseria” de la población es palpable.

De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.

El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.

La violencia mancha precampaña electoral

En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28 líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.

Desde su fundación en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.

Al regresar de una visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. “Nunca hubo justicia alguna”, relató la maestra de escuela jubilada.

Aunque la primera ola de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.

Al mismo tiempo que aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los años formativos de la organización política entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.

Para consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.

“Esto representa un retroceso a las guerras sucias de los 1970s”, comentó Hercilia Castro. “Es una probadita para la opinión pública de cómo Guerrero es el ejemplo de la eterna guerra sucia, de cómo tiene lugar la represión. Es una muestra de lo que estamos atravesando en todo el país.”

Se han vinculado muchas de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las víctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organización de base, el Comité de Parientes y Amigos de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, se formó para presionar por que se haga justicia.

En el tercer aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón, estudiante de arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando armado en marzo de 2007, este comité ciudadano emitió un manifiesto.

“Hemos recalcado cómo el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa privada y de la clase política, quien en último análisis es responsable de la inseguridad pública, la corrupción, el terror y la impunidad en la cual vive la ciudadanía en general, y de la cual Jorge Cerón, su familia y todos nosotros hemos sido víctimas.”

Capacitados originalmente por el ejército mexicano en la década de 1990, los grupos paramilitares también están resurgiendo en el estado sureño de Chiapas, donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas y a otras organizaciones de oposición.

La guerra sucia se intensificó después de asumir el poder Felipe Calderón a finales de 2006. Al año siguiente, los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan muerto. En 2008 dos líderes de la organización indígena por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron secuestrados, se afirma que por policías, y asesinados en Guerrero. A fines del año pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra la minería en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo, donde los campesinos habían librado una batalla contra una mina de barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire Exploration Ltd.

La recientes desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el fracas de la administración del ex presidente Vicente Fox de procesar penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex presidente Luis Echeverría, implicado en los crímenes de la guerra sucia, y la disolución por el gobierno de Calderón de la fiscalía especial encargada de investigar la guerra sucia.

La guerra antidrogas como tapadera

La guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva represión. En Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, numerosos activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el año cuando estalló una guerra de competencia entre dos cárteles y se despachó al ejército para, ostensiblemente, dominar la violencia.

Entre otras víctimas se encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad mormona Benjamin LeBaron, el líder campesino Armando Villarreal Martha, el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos humanos Alicia Sainz, el líder de vendedores ambulantes Géminis Ochoa, y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa crítica de la militarización. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los crímenes.

El 2 de marzo Ernesto Rábago Martínez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la Asociación Civil Bowerasa, Rábago ayudaba a defender a indígenas rarámuri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses en la comunidad de Carichi. La muerte de Rábago remató casi un año de ataques contra dirigentes indígenas y defensores de Carichi.

En respuesta al homicidio de Rábago, la organización de derechos humanos Cossydhac con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió que se ponga fin a la criminalización de los activistas y se de protección a defensores de derechos humanos que, afirmaron ambos grupos, viven entre el “compromiso y el riesgo.”

Es más: la carnicería diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez (que suma cerca de 5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de seguridad privada que operan en las mismas narices de la policía y el ejército.

Un informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó 128 agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de órdenes de protección emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones continúan. En los últimos meses, varias organizaciones que defienden los derechos de los indígenas en la región de La Montaña de Guerrero han experimentado un patrón de vigilancia, invasiones y entradas ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa.

Revelando que la CIDH había sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres indígenas por soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó al gobierno mexicano que se habían librado órdenes de protección para los activistas de Me’phaa y que el gobierno tiene la obligación de proteger a los defensores.

“La Comisión recuerda también que el trabajo de los defensores de derechos humanos es crítico para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y desempeñan un papel principal en el proceso para implementar plenamente el estado de derecho y fortalecer la democracia”, declaró la CIDH.

El compromiso con los derechos humanos está puesto a prueba

Casi a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en México. Desde que inició el año, una marejada de recomendaciones e informes críticos se ha dejado venir de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y muchas otras entidades.

La respuesta de la administración de Calderón ha sido contradictoria. Aunque algunos funcionarios reconocen sin dificultad los problemas, la defensividad y el fingimiento en declaraciones políticas aún son reacciones automáticas. Al contradecir el último informe del Departamento de Estado de E.U. el General Brigadier Benito Medina Herrera rechazó la noción de que las fuerzas armadas violan derechos humanos, afirmando a Notimex que el personal militar recibe principios y capacitación en derechos humanos desde los “más bajos niveles” hasta los generales de mayor rango.

Quizá la prueba de fuego del compromiso real de México con las normas internacionales de derechos humanos será la respuesta del gobierno de Calderón a una resolución histórica tomada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En una sentencia vinculante publicada en diciembre pasado, la Corte hizo responsable al Estado Mexicano por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla, ex alcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la primera guerra sucia. En presencia de su hijo pequeño, Radilla fue “levantado” por soldados mexicanos en un retén y nunca se le volvió a ver.

La Corte ordenó al Estado Mexicano esclarecer la desaparición de Radilla, reformar el código de justicia militar que protege a los soldados de ser procesados por delitos civiles, compensar a los familiares los daños causados y publicar la sentencia entera en el diario oficial gubernamental y en una publicación de circulación nacional.

El gobierno federal también tendrá que realizar una ceremonia pública en donde reconozca su culpabilidad en la desaparición de Radilla, y erigir una placa en su memoria en Atoyac de Álvarez.

La hija de Radilla, Tita, es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Arrestados, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM), grupo que ha trabajado infatigablemente por décadas exigiendo justicia para Radilla y otras víctimas de la guerra sucia. Junto con la ONG Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuyos abogados llevaron el caso Radilla a nivel internacional, la AFADEM aplaudió la resolución de la Corte como una reivindicación de su lucha y un paso positivo hacia el fin de la impunidad institucional en crímenes contra los derechos humanos.

La Corte concedió a México un año para presentar un informe en donde se detalle el progreso en el cumplimiento de la sentencia. Aun cuando el gobierno mexicano subió la sentencia al sitio web de la Procuraduría General de la República, ha sido lento en cumplir otros aspectos de la sentencia, declaró el director jurídico de la CMDPDH, Humberto Guerrero. Lo más importante, dijo, es que sus parientes siguen sin conocer el destino de Radilla.

De acuerdo con Humberto Guerrero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó el caso Radilla en una reunión en Nueva York hace poco. El fiscal militar de México, que asistió a la sesión, dijo a los miembros del Comité que las fuerzas armadas estaban trabajando para modificar el código de justicia militar “en un momento oportuno”, concluyó Guerrero.

El cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla, agregó, determinará si el gobierno mexicano refuerza o no el “mensaje de impunidad” que predomina en el país.

“El incumplimiento de la sentencia implica que México no tiene la voluntad de confrontar su pasado autoritario”, acusó Guerrero. “México tiene una nueva oportunidad. Tuvo una oportunidad en 2000 con Fox y el fiscal especial, y ahora la tiene con este caso.”

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Kent Paterson es un periodista independiente que cubre la parte sudoccidental de Estados Unidos y México y América Latina. Es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org. Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Traducción por: María Soledad Cervantes Ramírez

Para mayor información

CIDH expresa alarma por amenazas contra líderes indígenas en guerrero, México:

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/32-10sp.htm

Ciudad Juárez desciende a otro círculo del infierno

http://www.ircamericas.org/esp/6680

Un abecedario del Plan México

http://www.ircamericas.org/esp/5251

http://www.alainet.org/active/37307&lang=es

2010: ¿Una cruenta contrarrevolución?

Se trata solamente de analogías, porque estrictamente hablando, los procesos históricos no se repiten, pero las analogías ayudan a entender algunas cosas.

Este 10 de abril de 2010, además de las movilizaciones de diversos grupos con demandas agrarias, y formación campesina, indígena y popular en sus filas, está presente la forma histórica de actuar del poder en México.

Mientras un poder de ideologías y éticas mudables al sonar del dinero dice recordar sendos bicentenario de 1810 y centenario de 1910, lo que hace es repetir las gestas represivas del ejército realista que combatió a las tropas independentistas y del ejército porfirista y los posteriores gobiernos y ejércitos que gobernaron en nombre de una “revolución” mientras reciclaban al ejército porfirista, su burguesía y su clase política, y para complacerlos, intentaban arrasar con las huestes del villismo y del zapatismo, al grado de terminar asesinando a Zapata el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos, y a Villa y su escolta personal de Dorados cuando ya se había desmovilizado el caudillo del norte.

Así los gobiernos del PAN, el PRI y el PRD, por un lado, usan la demagogia de reciclar los símbolos históricos: La iglesia que persiguió a Hidalgo lo reivindica como cura católico; el PRI que nació del aniquilamiento de la revolución y el pacto entre sus enterradores, ahora se quiere presentar heredero del “general Plutarco y el compañero Donaldo”; y el lópezobradorismo, además de aceptar a los trásfugas de la clase política porfirista… es decir, priista, de Ebrard a Juan Sabines, pretende pasar por rebelde publicando “Regeneración”, olvidando que los Magón pelearon por ser libres y no por cambiar de amo (de AMLO).

Las insurgencias sociales son arrinconadas mediante el ejército, la policía, los grupos paramilitares y parapoliciales, y también con la prensa neoporfirista que renueva los epítetos antizapatistas de 1910- 1919: “robavacas”, “bárbaros”, “Atilas del Sur”, en los análogos epítetos contrainsurgentes que le cuelga al zapatismo de 1994- 2010: “terroristas”, “etarras”, “extranjeros”.

Resulta irónico que un poder autoritario, heredero de los represiones del 1810 y 1910, con sus “armas cubiertas de gloria” en Tlatelolco 1968, en el Jueves de Corpus de 1971, y en una y otra masacres, como las de Wolonchán, con los Sabines priistas de ayer, la de Acteal con el zedillismo y las de Viejo Velasco y Chinkultik con los Sabines pri-perredistas (benditos por AMLO) de hoy, acuse a los zapatistas de “terroristas”.

Mas no es casual que se practique tal contrainsurgencia “preventiva” que intente abortar las semillas del cambio para mejor preservar al porfirismo revisitado que entrega el país a los mismos poderes de facto que dice combatir.

En el caso del diario Reforma, rebautizado por sus críticos comoDeforma, y la sensacionalista y ya desinflada nota en que pretendía “desencapuchar” a líderes zapatistas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha publicado una carta en la que denuncia el uso contrainsurgente al que se prestó el diario dirigido por Alejandro Junco de la Vega. Y amplía la ficha de ese medio: “Esta no es la primera ocasión en que Reforma se presta al juego contrainsurgente, ya el 9 de noviembre de 2009 en la nota publicada por el mismo diario en su portada, firmada por su corresponsal Martin Morita, con el título “Detectan en Chiapas Grupos subversivos”, afirman sobre movimiento, vínculos, y acciones que señalan a una red de diversos actores de Chiapas en un supuesto levantamiento armado para el 2010,

“En esta campaña mediática de contrainsurgencia no es Reforma el único medio que juega el rol para desinformar y criminalizar, diversos medios de comunicación difunden información “filtrada” por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano que pretenden deslegitimar el trabajo de personas y de las organizaciones sociales que reivindican los derechos de los pueblos indígenas.

“Refrendamos que este Centro de Derechos Humanos respeta el trabajo que realizan distintos comunicadores comprometidos con su labor de informar con ética y veracidad, saludamos el ejercicio de libertad de expresión de distintos medios pero reprobamos la irresponsable actitud de quienes hacen uso de los medios para poner en riesgo la integridad y seguridad de ciudadanos que son señalados dolosamente, sin previo cotejo de fuentes y abonando a la estrategia contrainsurgente como lo señalan distintos documentos del Ejército Mexicano.”

Una carta pública de organizaciones italianas también ha denunciado el intento de criminalizar al EZLN y ha refrendado su apoyo a los actuales zapatistas: “Nosotros, así como muchos en el mundo apoyamos, y seguiremos apoyando, las comunidades zapatistas en el desarrollo de su Sistema Autónomo de Educación, de Salud, de Capacitación, de Producción. Y así como denunciamos esta nueva agresión, seguiremos denunciando cada violación de los derechos de los pueblos y cada ataque contra el movimiento zapatista.”

Escandalizarse porque los zapatistas reciben ayuda solidaria internacional para sus proyectos es tan hipócrita como escandalizarse por el apoyo internacional a la Guerra Civil Española o el apoyo internacional que recibían los hermanos Flores Magón. En todo caso, desde el movimiento de Independencia hubo un Francisco Xavier Mina. Con la ventaja de que la ayuda actual es pacífica y en la perspectiva de los derechos humanos, reconocidos por la ONU y, por tanto, legitimada por un derecho internacional.

La prueba de la hipocresía es que los mismos escandalizados (y xenófobos a la carta) no condenan el intervencionismo de Obama y Hillary Clinton, que desde Washington azuzan la militarización del país.

La Sedena pide legalizar la militarización de facto que padece México, burlando la Constitución, así como legalizar un estado de excepción con medidas como el allanamiento de los domicilios y anuncia que el ejército estará en las calles cinco o diez años más.

Como han denunciado las organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todos, “la opacidad de las fuerzas armadas el negarse a ser juzgados por tribunales civiles tratándose de crímenes cometidos contra civiles”, aunada al militarismo exhibido en las aludidas declaraciones, lleva a concluir que “la negativa para cambiar esa situación” puede interpretarse “como un esfuerzo del ejército para gozar de impunidad”.

Es, aparentemente, un programado y masivo Chinameca, no contra un líder, sino contra un pueblo organizado que pide un cambio. ¿Para conmemorar los centenarios preparan una cruenta contrarrevolución?

TOMADO DE  http://www.kaosenlared.net/noticia/123112/mexico-2010-cruenta-contrarrevolucion

ALERTA ROJA!!!

A la Otra campaña

A la Sección 22 del SNTE

A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo

A la Opinión Pública, Nacional internacional

Al Movimiento Social, Organizaciones Democráticas y de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicación Responsables, Medios Libres, Solidarios y a todos los Comunicador@s.

El Municipio Autónomo de San Juan Cópala nuevamente es golpeado por los grupos paramilitares que operan en la región, sostenidos por los grupos caciquiles y mafias políticas que buscan aniquilar la resistencia o la semilla de la paz que se construye en consenso con las comunidades triquis y organizaciones fraternas como SERAPAZ, MAIZ, ANAD, el compañero José Celestino Hernández Cruz quien se encontraba en el palacio Municipal, fue asesinado como a las 6:30 pm del día de hoy 17 de abril de 2010 por una ráfaga de fuego de alto calibre, quedando tirado sin poder recuperar hasta este momento su cuerpo, José Celestino fungía como comité suplente del Albergue Escolar que mantenía por la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas desmantelado por la gente de Antonio García Cruz alias el Pájaro , Rufino Juárez Hernández y Anastasio Juárez Hernández integrantes de la UBISORT -PRI quienes en noviembre del 2009 ante la presencia de nuestros hermanos de San Salvador Antenco se autonombraron autoridades municipales de San Juan Cópala y quienes impidieron llegar a dialogar con nuestra Lucha de resistencia al MASJC bloqueando el camino que hasta el día se mantiene este bloqueo.

Hoy nuevamente hacemos un llamado úrgete de ¡ALERTA ROJA! Por el clima de violencia que vivimos, ya que se teme por la integridad física de las mujeres y de los niños de San Juan Cópala, la comunidad se encuentra Cercada por grupos altamente armado que rodean desde los cerros la comunidad, generando condiciones de aislamiento para preparar una masacre como en el caso de San Miguel Cópala, donde fueron asesinados 11 personas, en este momento se ha cortado los servicios de la luz, el agua y se mantienen retenes para entrar y salir de MASJC en la Sabana, donde responsabilizamos a Ramiro Domínguez García quien despojando del poco alimento que valientemente las mujeres consiguen para mantener a sus compañeros he hijos, también se ha desalojado a el doctor de la comunidad mediante amenazas porque era quien nos apoyaba para traer alimentos y medicinas, así como para darle atención a nuestros hijos.

Manifestamos que el día de ayer Viernes 16 del presente mes se tuvo un dialogo con la sección 22 en la que se le pidió su intervención para solidarizarse con san Juan copala, el secretario de Organizaciones y quien realizo un llamado a Evencio Martínez secretario General de Gobierno y titiritero de la UBISORT para que se comprometiera a destensar la zona, permitir la entrada de los maestros y por lo contrario, vemos mas evidente que es el quien junto con Jorge Franco, Ulises Ruiz preparan una masacre para asesinar a gente inocente de la comunidad, para despojarnos de nuestro territorio y de nuestros derechos, por lo que hacemos un llamado urgente y los convocamos a una caravana a gente de la otra campaña, a la sección 22 del senté, a los pueblos indígenas de México y el mundo a la opinión pública, nacional internacional al movimiento social, organizaciones democráticas de mujeres, ONGs, Colectivos y de derechos humanos, hombres y mujeres que comparte nuestra lucha, medios de comunicación responsables, medios libres, solidarios y a todos los comunicador@s, el día jueves 27 de Abril de 2010 a la comunidad de San Juan Copala Convocamos para que nos acompañen, la salida será en Huajuapan de León Oaxaca, a las 7 de la mañana en el la explanada de la Libertad de expresión.

Responsabilizamos directamente a Evencio Martínez, Jorge Franco a Carlos Martínez candidato para la diputación local del PRI de cualquier agresión más a esta caravana, así como de los ataques y agresiones contra cualquier acto de intimidación y físico de cualquier otro miembro, exigimos públicamente al MULT responsabilidad y seriedad con la mesa de PAZ para el pueblo triqui, no solo en el discurso político, si no en la Practica.

JUSTICIA PARA TERESA Y FELICITAS!!!

ALTO A LA MILITARIZACION DEL PAIS!!!

LIBERTAD A TOD@S LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!!!

POR LA AUTONOMIA Y A LA AUTODETERMINACION DE NUESTROS PUEBLOS.

Municipio Autónomo de san Juan Copala

Jesús Martínez Flores

Presidente Autónomo

LOS DERECHOS INDÍGENAS EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de San Cristóbal de Las Casas

Les saludo respetuosamente y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes y propuestas sobre los derechos de los indígenas, no sólo de Chiapas, sino de México y de otras latitudes. No soy experto en leyes, ni en otras ciencias, sino sólo un caminante entre ellos. Llevo en Chiapas 19 años: nueve con indígenas mames, mochós y kanjobales; diez entre tseltales, tsotsiles, ch’oles, tojolabales y zoques. Antes de ser obispo en Chiapas, compartí parte de mi vida con los otomíes y los mazahuas del Estado de México. Como responsable de la Pastoral Indígena en el país, he debido acercarme a las realidades indígenas nacionales, y como encargado de la Sección de Pueblos Originarios en el CELAM, he tenido oportunidad de conocer algo de los pueblos indígenas de los países latinoamericanos.
SITUACION
1. Según algunos censos, en toda América hay más de 42 millones de indígenas; en México, hay cerca de 12 millones, de 56 etnias reconocidas. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diversos. Su progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de costumbres y de relaciones entre ellos mismos. Sin embargo, se constata una clara emergencia de diversas etnias, que se hacen cada vez más presentes en la sociedad, exigiendo sus derechos.

2. No sólo el grito que se levantó el 1 de enero de 1994, sino los datos estadísticos nacionales nos confirman que la mayoría de los indígenas no gozan de todos los derechos que, como mexicanos, debemos disfrutar, sino que viven empobrecidos y excluidos. Es limitado el derecho a la vida, pues muchas madres indígenas no tienen atención médica y alimentación suficiente durante el embarazo, por lo cual muchas abortan sin pretenderlo, algunas mueren en el parto, o nacen los hijos en condiciones infrahumanas. No gozan el derecho a la salud, pues en sus pueblos se dan los más altos índices de desnutrición y mortandad infantil. Es muy doloroso que enfermedades curables, sean mortales para ellos sólo porque no hay médicos ni medicinas a su alcance. No gozan el derecho a la educación escolar básica, pues en sus pueblos subsiste el analfabetismo. Las cárceles del país retienen injustamente a muchos de ellos, sólo porque son pobres y no tienen recursos para pagar un abogado, o una pequeña fianza.
3. Persiste un racismo inhumano y anticristiano contra ellos. Muchos mexicanos siguen pensando que ser indígena es equivalente a ser ignorante, sucio, tonto y, por tanto, objeto de desprecio y explotación. No faltan quienes consideran que tener tantos indígenas en el país es un signo de atraso, una vergüenza, un vestigio del pasado, y que lo mejor sería que ya no existieran. No se escucha su voz, no se les toma en cuenta, no se valora su palabra, no se aprecia su cultura, porque no se les conoce con el corazón. Se les ha regateado su derecho a ser reconocidos como pueblos originarios, como sujetos de derecho público para organizarse y administrarse, con formas políticas y sociales distintas a las del común del país. No se ha reconocido su derecho a ejercer justicia según algunas de sus costumbres muy sabias y efectivas. No se les ha tomado en cuenta en todos los casos para decidir obras públicas, como carreteras y construcciones, en sus territorios. Excepto en Oaxaca, no se reconoce su forma de elegir autoridades, sin tener que sujetarse a partidos y sistemas electorales ajenos a su cultura. Ellos proceden por asambleas en las que se trata de llegar a consensos, sin tener que recurrir a la mayoría de votos. Se avanzó en la reforma indígena constitucional de abril de 2001, pero es necesario seguir caminando.
4. Es de justicia reconocer que los gobiernos federal, estatal y municipal, en los sexenios y trienios pasados, han canalizado muchos recursos a Chiapas y a algunos otros Estados con población indígena, para superar el rezago histórico que han padecido estos pueblos. En los 19 años que llevo en Chiapas, soy testigo de que se han abierto más carreteras por todas partes y algunas se han pavimentado; se han electrificado casi todas las comunidades, menos las que siguen “en resistencia”, que han rechazado todo cuanto haga el gobierno, y no han aceptado carreteras ni electrificación. Hay más escuelas y universidades, clínicas y hospitales. Se han implementado programas de ayuda a los pobres y se han hecho esfuerzos por modificar algunas leyes en su favor. También grupos solidarios de empresarios mexicanos han aportado sus recursos para combatir la pobreza. Organizaciones no gubernamentales e iglesias hemos hecho cuanto hemos podido para comprometernos en la liberación integral de los pobres y marginados. Sin embargo, es tanto el desnivel y el desequilibrio en comparación con otras zonas y otros grupos sociales, que aún resta mucho para que llegue la justicia a estos mexicanos, hermanos nuestros y parte radical de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. Desconocerlos es negarnos a nosotros mismos.
5. No idealizamos las culturas indígenas, pues estamos conscientes de que hay también injusticias entre ellos mismos, marginación de la mujer, esclavitud a ciertas costumbres, tradiciones que no siempre respetan los derechos de todos y se imponen decisiones comunitarias que no toman en cuenta los derechos individuales. Hay intolerancias hacia las diferencias, hacia la diversidad, tanto en la política como en la religión. Todavía quedan unos lugares, cada día menos, donde no se tolera que alguien o algunos cambien hacia otra preferencia religiosa; a veces se les amenaza, se les expulsa y se viola su derecho a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución y defendida por nuestra Iglesia. Nosotros no alentamos la intolerancia; no promovemos que se les cobren cuotas para festividades religiosas, ni que se les impongan cargos de un credo diferente al propio. Hemos insistido en que las asambleas comunitarias deben respetar los derechos de todos a profesar la religión de su preferencia; sin embargo, no siempre nos hacen caso, pues para muchos la costumbre y la decisión de la asamblea es lo único que vale; no las leyes civiles, ni la Biblia. En contrapartida, también los católicos sufrimos intolerancias y ofensas de otras religiones.
PROPUESTAS
6. Caminar al unísono de nuestros hermanos indígenas, en el momento actual en que ellos irrumpen en la sociedad, reclamando el reconocimiento de su identidad cultural. Escuchar con respeto sus propuestas, sus inquietudes, sus necesidades, antes de proponer y aprobar nuevas leyes. Aunque se desee hacerles un bien, esto no se logrará sin tomarlos en cuenta a ellos. No basta escuchar a los no indígenas que decimos hablar por ellos; es de justicia darles la palabra y escucharlos con humildad.
7. Los “Acuerdos de San Andrés” son una base para avanzar hacia nuevas propuestas legislativas, pues cuentan con el trabajo de diputados, senadores, expertos e integrantes del EZLN. Si no llegaron a feliz término, hay que hacer nuevos esfuerzos, como lo trata de hacer la nueva COCOPA, y no perder la esperanza. Hay que afinar lo necesario, evitar los riesgos que en 1995 impidieron su aprobación legal y dar pasos aún más avanzados, tomando en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del 13 de septiembre de 2007..
8. Entre otras cosas, hay que avanzar en el reconocimiento de su personalidad jurídica como pueblos distintos, con historia e identidad propia. Reconocer, con los límites convenientes, su derecho a una legítima autonomía, autodeterminación y autogestión, dentro de la necesaria unidad nacional. Reconocer su derecho a disponer de sus territorios históricos y a ser consultados cuando se planean y se ejecutan obras o proyectos en sus tierras. Reconocer sus sistemas de elección de autoridades por medios distintos a los partidos políticos. Reconocer sus sistemas jurídicos y educativos, sus idiomas, su forma de hacer justicia y de resolver diferencias. Encontrar formas jurídicas para evitar más intolerancia religiosa, combinando los derechos comunitarios y los individuales.
9. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de los miembros de la COCOPA para resucitar los “Acuerdos de San Andrés”, no se logrará un avance que sea satisfactorio para el EZLN y para muchos otros indígenas, si éstos no participan, si no son tomados en cuenta, si el EZLN no acepta un nuevo diálogo, al menos con esta instancia, la COCOPA. Por ello, con todo respeto insto a la COCOPA a no desanimarse y seguir buscando mecanismos de acercarse a la Comandancia General del EZLN, para invitarles a un nuevo diálogo, aunque ellos digan que ya no confían en ninguna instancia oficial. Y finalmente, con cariño y respeto, hago también un llamado cordial a la Comandancia General del EZLN a darle una nueva oportunidad a la esperanza y aceptar un diálogo sobre los “Acuerdos de San Andrés”, no sólo para continuar luchando por una paz más profunda y estable de Chiapas, sino para que los indígenas de México puedan disfrutar los derechos que en justicia les corresponden, como pueblos integrantes de nuestro país. Muchas gracias.

TOMADO DE: http://www.expresochiapas.com/noticias/contraportada/11761-los-derechos-indigenas-en-el-contexto-de-los-derechos-humanos.html

Secuestran paramilitares a Francisco De Asís Manuel, de Santa María Ostula, Michoacán

COMUNICADO

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento público que el día 20 de abril del presente año, alrededor de las 23:30 horas de la noche, el compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, fue “levantado” y secuestrado en la encargatura de la Palma Sola por un grupo paramilitar fuertemente armado con fusiles de asalto AK-47; razón por la que tememos por su vida e integridad física. El compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL encabezaba la lucha de la Comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía. Bajo la dirección del compañero FRANCISCO DE ASÍS nuestra comunidad recuperó las tierras del paraje conocido como Xayakalan, fundó una nueva población y estructuro su autodefensa indígena sobre la base de la policía comunitaria y su guardia comunal. En dicho sentido tenemos la firme convicción de que nuestro compañero pudo haber sido secuestrado por el cartel de narcotraficantes de La Placita y Aquila articulado con el grupo de pequeños propietarios encabezado por Refugio Ventura, alias “Cuquillo”; grupo delictivo y de supuestos pequeños propietarios que es protegido por funcionarios y por la estructura de seguridad pública del gobierno municipal de Aquila.

La anterior situación se suma al hecho de que desde el pasado 18 de agosto hasta el día de hoy ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido violentamente asesinados sin que nadie realice las investigaciones y finque las responsabilidades correspondientes; mientras que los medios de comunicación locales ocultan la existencia impune de poderosos cárteles mafiosos en la zona y señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de estos asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y represión hacia nuestro movimiento.

Asimismo el día 26 de julio de 2008 el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordinador, hasta su muerte, de la comisión especial que nuestra asamblea general nombró para la defensa y recuperación de las tierras de Xayakalan, fue violentamente asesinado.

Ante los hechos manifestados exigimos la intervención de la Procuraduría General de la República y del Procurador General de Justicia del Estado para que se aclaren los crímenes cometidos en contra de nuestra comunidad, se desarticule al grupo delictivo de La Placita-Aquila y se resuelvan nuestras exigencias, mismas que puntualizamos a continuación:

Presentación con vida del compañero FRANCISCO DE ASIS MANUEL y de los comuneros JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la Costa.
1. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xayakalan.
2. La INMEDIATA y URGENTE creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. La desarticulación de los grupos de narcotraficantes que actúan en la región Y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE LOS PROTEGEN.
4. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
5. Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:

CUENTA “PERFILES” BANAMEX A NOMBRE DE VICTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.

SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 22 DE ABRIL DE 2010.
TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

ALERTA: Atacan a caravana de observación de derechos humanos en Oaxaca

Huajuapan de Leon Oaxaca a 27 de Abril del 2010

El día de hoy, martes 27 de Abril partió hacia el Municipio Autonomo de San juan Copala una caravana de observacion de derechos humanos; integrada por observadores nacionales e internacionales. Dicha comisión partió alrededor de las 13 horas, el objetivo de la caravana era el cese al hostigamiento, represión y asesinato de que son víctimas los y las integrantes del Municipio Autonomo de San Juan Copala, además de llevar viveres. ya que la comunidad fue cercada, sin contar con el derecho a la alimentación; al libre tránsito, todo esto es resultado de un política represora que ejerce el gobierno del estado; a través de su grupo paramilitar denominado Unidad de Bienestar social de la región Triqui (UBISORT).

El gobierno estatal ha hecho caso omiso de las denuncias que se han hecho sobre lo que acontece en la region triqui.

Sin embargo, hoy esta caravana que partió con este firme propósito fue recibida a balazos por el grupo paramilitar UBISORT en el centro de la población denominada la Sabana. Los resultados de este terrible y condenable ataque sobre la caravana aun son incuantificables. Se nos ha informado que Monica Santiago procedente de la ciudad de Oaxaca se encuentra hospitalizada en Juxtlahuaca, de la misma manera lamentamos informar que al parecer nuestra compañera Bety Cariño se encuentra herida, en el lugar de los hechos. EL ataque fue perpretado alrededor de las 14: 30 horas.

Hasta este momento no estamos seguros sobre la intergidad física y psicológica de nuestra compañera, ni de los demas participantes en la caravana.

Es por ello que responsabilizamos al C. Ulices Ruis Ortiz, a la Unidad de Bienestar Social de la Region Triqui (UBISORT) y quien resulte responsable de tan terribles actos.

Exigimos que el gobierno del estado, a través de la Policía Estatal entre a la zona para poder saber en que estado se encuentra nuestra compañera Bety Cariño y demás participantes de la caravana.

Alto a la represión contra el Municipio Autonomo
respeto a los Derechos y Cultura Indígena.
Rescate y presentación de todos y todas las participantes de la caravana.

Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS)

URGENTE: Caravana de solidaridad que iba rumbo al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la Región Triqui de Oaxaca, integrada por observadores internacionales, integrantes de CACTUS, VOCAL, de la Sección 22 del SNTE y de la APPO, fue balaceada en la comunidad de La Sabana controlada por la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT). Esta organización está impidiendo el rescate de los heridos. Reportes indican que hay al menos 15 heridos, se desconoce si hay muertos y se reporta que Alberta Cariño, directora de CACTUS, se encuentra desaparecida. Tememos que esta acción constituya una provocación que pueda utilizarse para justificar la militarización de la región Triqui.

Bety Cariño ha muerto

Comunicado
CATUS / AMAP / Red de Radios Indigenas Comunitarias del Sureste Mexicano

Compañeras y compañeros:

La caravana humanitaria integrada por observadores internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas, maestros e integrantes de diversas organizaciones oaxaqueñas que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, fue emboscada por un grupo de hombres armados, resultando varias personas heridas y algunas presuntamente muertas.

No se tiene información oficial del número de personas heridas ni muertas, porque el Gobierno local se ha negado a entrar a la zona. Por su parte, el Gobierno federal ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil y de diputados, diputadas y Senadores para ingresar a rescatar a las víctimas.

Solo se ha logrado confirmar la lamentable, triste y dolorosa muerte de nuestra compañera y hermana Bety Cariño directora de CACTUS e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y de Juri Jaakkola, observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa.

Bety Cariño Trujillo, ees una defensora de derechos humanos desde más de 15 años, tiene un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca capacitando a los pueblos indígenas de la región y brindando solidaridad y asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos, de igual manera impulso la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades de la zona y logró junto con varias organizaciones más crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, actualmente tenía el acompañamiento de una organización internacional de protección a defensores de derechos humanos por el riesgo que enfrentaba en el ejercicio de trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Bety será recordada como una compañera y luchadora incansable que perdió la vida acompañando una caravana humanitaria que buscaba como siempre lo hizo, el beneficio de los más pobres, como una compañera confiable, comprometida e incanzable que acompañara nuestras luchas con su espíritu y que no nos dejará rendirnos hasta encontrar la justicia y el castigo de este acto estúpido de barbarie y violencia perpetrado por un grupo paramilitar que actúa bajo la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca.

Hasta el momento de enviar esta comunicación, cuando menos 6 personas se encontraban en calidad de desaparecidas en las inmediaciones del ataque.

Entre las personas desaparecidas se encuentra 1 ciudadano de Bélgica, 3 integrantes de VOCAL y 2 periodistas de la revista “Contralínea” que acompañaban la Misión humanitaria.

Las autoridades estatales se habían negado a entrar a la zona a constatar el estado físico de los integrantes de la misión, aunque según reportes de compañeros que se encuentran en Juxtlahuaca un convoy de aproximadamente 45 elementos de la policía estatal en compañía del Ministerio Público y de servicios periciales habrían realizado un operativo para ingresar a la zona del ataque a las 10 de la mañana del día de hoy, desconociendo hasta el momento el resultado de dicho operativo.

En este momento se encuentran desaparecidos:

1. Martin Sautan – Bélgica
2. David Venegas – Oaxaca – Vocal
3. Noé Bautista – Oaxaca- Vocal
4. Fernando Santiago – Oaxaca – Brigadas Indígenas
5. David Cilia – Contralínea
6. Ericka Ramírez – Contralínea

Ante esta brutal agresión en contra de los defensores, defensoras y observadores internacionales de derechos humanos, de representantes de los medios de comunicación y del horrible asesinato de nuestra compañera Bety Cariño, exigimos a las autoridades estatales y federales:

• Ingreso a la zona de la agresión, recuperación de los cuerpos, rescate de los desaparecidos o secuestrados, atención a los heridos.

• Presentación con vida de los activistas, defensores y periodistas desaparecidos.

• Establecimiento de garantías de seguridad para los heridos y para los sobrevivientes.

• Intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación de estos hechos.

• Investigación y sanción a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos algunos de ellos habitantes de la comunidad de La Sabana Copala, pues desde las casas de este lugar se perpetro el ataque y que presumiblemente pertenecen a la organización paramilitar denominada Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT).

• Investigación imparcial, expedita y certera a cargo de la Procuraduría General de la República para castigar a los asesinos de este grupo paramilitar.

• Destitución inmediata del Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

Solicitamos la intervención de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional para denunciar estos hechos, de los medios de comunicación para darlos a conocer y de toda la sociedad en su conjunto para exigir su esclarecimiento.

COMUNICADO 1
(28/04/2010 13:15)

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

ASESINAN A COORDINADORA DE REMA, BETTY CARIÑO

Betty Cariño, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo Cactus, fue asesinada el pasado 27 de abril del presente año en Oaxaca, México. Con ella también fue asesinado Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia.

La Caravana de Observación de Derechos Humanos intentaba llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui en el municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, que se encontraba cercada por la represión del estado y grupos paramilitares en contra de los indígenas triquis. Desde el mes de enero los niños se encuentran sin escuelas, y la comunidad sin energía eléctrica, ni agua potable ni médicos, y vive el continuo acoso del grupo paramilitar quien ha cerrado todo acceso al poblado. En la agresión armada contra los vehículos de la caravana también se registran desaparecidos y heridos, entre ellos extranjeros y reporteros de los medios de comunicación.

Ante estos hechos de violencia, hacemos responsables al Procurador General de Justicia Evencio Nicolás Martínez, al Secretario de Gobierno del Estado Jorge Franco Vargas, al candidato para la diputación local por el PRI Carlos Martínez; a Rufino Juárez Hernández quien actualmente preside al grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), a los miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. Esta violencia y la presencia de los grupos paramilitares no son posibles sin la anuencia, apoyo y complicidad del ejército mexicano y la policía por lo que también hacemos responsables al presidente de la República Calderón Hinojosa.

La REMA repudia enérgicamente estos hechos y exige:

1) Investigación hasta las últimas consecuencias de esta agresión armada y castigo a los autores materiales e intelectuales.

2) Presentación con vida de los desaparecidos y respeto total y alto a las agresiones contra el Municipio Autónomo San Juan Copala.

3) Destitución inmediata del Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

¡ALTO A LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA

- REMA -

28 de Abril de 2010

México: Gobernantes de Oaxaca implicados en el asesinato de dos activistas

- El presidente Felipe Calderón mira de palco cómo grupos paramilitares vinculados al PRI matan a sangre fría a luchadores sociales.

Bolpress, 29 de abril, 2010.- Al menos dos integrantes de una caravana humanitaria que pretendía llevar ayuda a indígenas Triqui fueron asesinados el 27 de abril por un grupo paramilitar que al parecer responde a las órdenes del gobernador del estado mexicano de Oaxaca Ulises Ruiz.

Un grupo integrado por un medio centenar de cooperantes, miembros de organizaciones internacionales y periodistas, intentaba repartirropa y alimentosentre los pobladores de San Juan de Copala, municipio autónomo hostigado y cercado por elementos armados.

La caravana estaba conformada por miembros del colectivo Vocal, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sudeste Mexicano; maestros y concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); y un grupo de observadores internacionales de los derechos humanos de Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania que pretendía constatar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Triquis.

Reportes oficiales confirmaron que en la zona La Sabanafueron recogidos los cuerpos sin vida de la directora de la ONG Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Beatriz Cariño, y del observador de Derechos Humanos finlandés Tyri Antero Jaakkola.

Antero pertenecía a la organización finlandesa Uusi Tuuli Ry, que también formaba parte de la otra campaña, un movimiento simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Cariño fue una luchadora social de Oaxaca que participó activamente en el congreso constitutivo de esa entidad en Panamá en 2007. También formaba parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y en tal carácter había participado el 3 de diciembre del año pasado en un acto realizado frente a la embajada de Canadá en México. Era un acto de homenaje a Mariano Abarca, líder opositor contra la empresa minera canadiense Blackfire, asesinado días antes por sicarios en el estado de Chiapas.

Dijo ese día esta valiente mujer:

“Estamos aquí para decirles a estas grandes empresas transnacionales, para decirles a estos malos gobiernos que están mal representando asus pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando. Que no vamos a permitir que la vida de nuestras hermanas y nuestros hermanos siga en juego.

Es necesario como bien decía Mariano(Mariano Abarca, el activista asesinado en Chiapas) que vayamos trabajando juntos desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad.

Es necesario hermanos y hermanas que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos, con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días para llevar el pan a la boca. Somos gente sencilla, somos gente pobre y somos gente campesina“.

Por otro lado, en la emboscada resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia dela Cruz Roja al hospital ruralde Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares.

Entre los desaparecidos figuran Erika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de la revista “Contralínea”. También desaparecieron Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martín Sautan, un observador de nacionalidad alemana.

Los vehículos de la caravana recuperados por la policía estatal presentan daños y decenas de impactos de armas automáticas. El Dodge en el que viajaban los periodistas tiene 25 impactos de bala.

Según varios activistas de la región, se trata de un mensaje aterrador del fascismo internacional. Primero impusieron bases militares en Colombia y Panamá, luego invadieron Haití aprovechando la miseria y el dolor de la gente afectada por el terremoto; después derrocaron el gobierno de Honduras y ahora construyen aparatos de seguridad desde los Estados represivos para perseguir y asesinar a los luchadores sociales.
Acusan al gobernador de Oaxaca

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) denunció que la organización vinculada con el PRI denominada Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) son las responsables del ataque.

El municipio autónomo de San Juan Copala en la zona Triqui se encuentra cercado desde enero por un retén paramilitar de la UBISORT, grupo que ha sido denunciado como responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona.

El cerco paramilitar impide la realización de las actividades escolares y ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio en el intento de impedir el autogobierno ejercido por el municipio autónomo declarado por los pobladores indígenas de la zona.

En Oaxaca y en diversos lugares de México se han levantado voces de protesta por el ataque paramilitar contra la caravana humanitaria. Frente a la Secretaria de gobierno del estado, manifestantes exigieron la intervención federal y reclamaron justicia.

Uno de los oradores, Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que la emboscada “fue un acto premeditado orquestado por los grupos paramilitares que tiene bajo su tutela el gobierno de Ulises Ruiz”.

El gobernador Ulises Ruiz afirmó que no tiene ningún vínculo con la emboscada y asesinatos, afrontando con esa frase las múltiples denuncias que lo señalan como responsable del ataque.

Por la connivencia y falta de acción para resolver los problemas y las dificultades enfrentadas por las comunidades indígenas de la región, también están siendo responsabilizados por los actos criminales el procurador General de Justicia Evencio Nicolás Martínez; el secretario de Gobierno del Estado Jorge Franco Vargas y el candidato a diputado local por el PRI Carlos Martínez.

Este nuevo hecho de violencia es intencionalmente mimetizado desde el gobierno y por medios de comunicación con las acciones de lo que denominan “crimen organizado”, o la brutal injerencia de los sicarios ligados con el narcotráfico en Ciudad Juárez y en otros estados del país. Pero en realidad, estos hechos son parte de las operaciones represivas que intentan anular las acciones legales y pacíficas organizadas por entidades de la sociedad civil.

Sin excepción, los conflictos sociales no encuentran cauces de negociación y suelen ser tratados como”asuntos de orden público”. Chiapas, Atenco y Oaxaca son ejemplos de cómo el poder criminaliza a los opositores y les reprime con violencia desmedida con la intención de paralizar por el miedo cualquier tipo de protesta social.

El gobierno federal ha iniciado un proceso gradual de militarización del país, pero no solo donde ha perdido prácticamente el control, como ocurre en Ciudad Juárez, sino también en regiones donde existen movimientos indígenas, campesinos o urbanos que demandan diversas reivindicaciones, mejoras sociales o derechos políticos.

El mismo día del violento ataque en Oaxaca, el Senado de la República aprobó una “Ley de Seguridad Nacional” que permite a Ulises Ruiz o a cualquier otro gobernador solicitar la presencia del ejército en su estado. Y además, otorga al Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad de determinar el área geográfica de actuación y el tiempo de permanencia de esas fuerzas militares en el lugar asignado.

El presidente de ese Consejo es Genaro García Luna, imputado por la represión y de los crímenes en San Salvador Atenco. La justicia mexicana nunca encontró responsables de los homicidios, secuestros, detenciones ilegales y abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad en aquellos hechos represivos. Y ahora este “experto” en Seguridad es quien preside el Consejo Nacional del gobierno federal que preside Felipe Calderón.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México exigió que el gobierno federal informe sobre los hechos, garantice la atención a los heridos y encuentre a los desaparecidos. También solicitó una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala.

“Denunciamos al gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de los derechos humanos que fueron en la caravana de observación de derechos humanos en la Agencia de San Juan Copala y a las instituciones estatales de la Fiscalía de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los acontecimientos violentos vividos por la comunidad indígena Triqui”, indica el texto del Alto Comisionado.

Amnistía Internacional (AI) urgió a las autoridades mexicanas investigar de manera profunda e imparcial el ataque contra la misión de observadores de derechos humanos que se dirigían a San Juan Copala, Oaxaca.

En un comunicado, la organización demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) porque “las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a investigar violaciones graves a los derechos humanos en el estado”. Pidió a la dependencia proteger a los afectados por el ataque.

Para responsabilizar al gobierno por el ataque en la región de La Sabana, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos inició una campaña internacional de envío de una petición. En la página virtual de la red (http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=89) es posible llenar el documento con nombre y e-mail y enviarlo a todos los que están siendo señalados como actores conniventes y encubridores del atentado.

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Fuente: Bolpress, con datos de SERPAL, Adital y Notimex.Tomado de Servindi
De: http://elpolvorin.over-blog.es/article-mexico-gobernantes-de-oaxaca-implicados-en-el-asesinato-de-dos-activistas-49575475-comments.html

México: Crónica de mi sobrevivencia ante una emboscada paramilitar

Roger Valle (APIA – MACHETEARTE)

Este acontecimiento brutal en el Estado de Oaxaca, va contra la paz social de este estado y de todo México es reprobable esta actitud de ceguera política, abuso de autoridad y cerrazón al diálogo y la voluntad de resolver conflictos, no de agrandarlos o peor aún de provocarlos. El MOMPADE es solidario con las causas justas, democráticas y que se encaminen a la convivencia pacífica de resolver problemas con el compromiso de la autoridad estatal de dar respuesta a la voluntad del pueblo oaxaqueño. Pero está visto que no es así debemos abiertamente reprobar este tipo de acciones y pedir a las autoridades federales competentes resuelvan sin evasivas. “la lluvia de balas cayeron sobre nuestros vehículos, fue un milagro que sobreviviéramos algunos que viajábamos en la Van”.

HUAJUAPAN DE LEON OAX. Medios estatales, locales y observadores de derechos humanos empezamos a reunirnos en punto de las 8 de la mamana en el parque de la libertad expresión de esta ciudad a los pocos minutos arribo un contingente de maestros de la sección XXII del SNTE que dieron el respaldo a los integrantes de la caravana por la paz que tenia destino san Juan Cópala.

1035 horas: los medios y los integrantes de comunicación de observación de Alemania y Finlandia abordamos la Van con el logotipo “Frente Nacional indígena y campesino”, y encabezamos la caravana conformada de 6 vehículos, yendo entre ellos Omar Esparza Zarate, integrante del movimiento indígena zapatistas, Macario García Merino, integrante del municipio autónomo.

Los vehículos que conformábamos la caravana eran una camioneta Nissan de color roja sin placas de circulación, un Volsvaguen color verde, el vehículo marca Dodge, de color azul, con placas de circulación 4761-tnd del estado de Quintana Roo; Ford Explorer de color negro, con placas de circulación EAU 51-87 del estado de chihuahua y una camioneta Ranger color blanca sin placas de circulación.

1345 horas: arribamos a la altura de la Gasolinera ubicada en la carretera federal 135 Putla-Juxtlahuaca, se intercambian pláticas y se deciden que vehículos entraran a la comunidad de Cópala, pero antes de eso arriba Omar Esparza Zarate, quien dice que les reportaron que tres mujeres fueron secuestradas y desconocen el paradero de ellas, por lo que insiste y manifiesta que en caso de que se detecte el camino bloqueado no entremos.

1355 horas: exactamente en el paraje los pinos nos percatemos que estaba bloqueada la carretera con piedras, cuando pretendíamos realizar algunas tomas fotográficas del Cerro uno dice “hay gente armada de los cerros, cuando de pronto una lluvia de balas caen sobre nosotros buscábamos como esquivar las balas,” “vamos regresemos”, “demos vuelta”, cuando proximadamente 15 personas fuertemente armadas venia sobre nosotros al momento que una lluvia de balas caía sobre la van, solo vi cuando un extranjero cae muerto por recibir un disparo en la cabeza; se podía ver el odio de las personas que a sangre fría trataban matarnos.

Los gritos de las mujeres de desesperación creo un pánico y falta de coordinación, cada quien buscaba salvar su vida, yo me tire al piso la lluvia de balas cruzaban sobre mi, fueron segundos de terror interminables; en el momento que dejaron de echar bala por estar cambiando el cargador de su arma, grita uno “aprovechamos para salir corriendo”, yo me arrastro hasta alcanzar el suelo caigo y emprendo una huida pero las balas seguían tras de nosotros, éramos como el animal preso con su cazador.

Buscamos como parapetarnos, el grito de alguien que decía “por aquí”, “ya vienen vamos”, las balas no cesaban, unos tomaron otros caminos, solo se escuchaban detonaciones de los cuernos de chivos que zumbaban las balas al romper el aire, a unos los alcanzaron y los llevaron presos, hacia el rio, otros buscaron la forma de salvar su vida, parecía una zona de guerra donde el enemigo de los defensores de derechos humanos y de los medios de comunicación tenían mucha ventaja.

Yo logre escapar y esconderme de un arbusto, mi otros compañeros se escondieron dentro de unas piedras que estaban entre si, estuvimos por mas de 4 horas, mi compañeros Rubén valencia (supe su nombre después, ya que nunca se nos ocurrió preguntarnos nuestros nombre), los armados cruzaron cerca de nosotros; mi compañero me dice “vámonos”, le contesto “no mejor no, nos van a matar”, me pregunta ¿alguna vez han matado a periodistas, estos? Le contesto, “que yo sepa no, pero estos están locos y muy agresivos”, y acordamos mejor salir durante la noche.

Yo me daba por muerto, mentalmente estaba preparado, pero seguí luchando por que habían cuatro personas que les prometí que regresaría a verlos “mi amada esposa que tanto amo, mi hija y mis dos hijos, por lo que le rogué a Dios que me ayudara, después que cayo la tarde decidimos salir a rastras y después de varios metros de avance caímos frente a ellos.

Intentamos regresar pero a mis espaldas se escucho el cerrajear de un arma por lo que nos detuvimos y nos llevaron presos nos tuvieron mas de 40 minutos uno de ellos nos dijo un discurso muy largo que mejor prefiero omitir por motivos de seguridad; después nos permitieron salir según ellos nos perdonaron la vida, por lo que emprendimos la caminada, eran como 2 kilómetros pero para nosotros era como querer caminar el mundo en una hora.

Como aproximadamente a las 21:35 horas de la noche, logramos salir a la carretera nadie nos quería levantar y llevarnos hasta Santiago Juxtlahuaca nuestro único amigo era la luna que nos alumbraba el camino, al cabo de unos minutos paso un hombre que vende frutas y amablemente nos llevo hasta Santiago Juxtlahuaca, “volvimos a nacer”.

Este suceso no se lo deseo a mi peor enemigo, pero es una muestra mas del estado de descomposición que se vive en el estado, además esto es una muestra mas de que algunos medios de comunicación estamos comprometidos a darles la noticia desde el lugar de los hechos ya que no hay mejor noticia que la que vivimos palpamos, vemos y sentimos aunque en ocasiones sentimos que nos arrebatan la vida.

Le doy gracias a Dios Primero, y gracias a todos los medios nacionales, internacionales que se han solidarizado conmigo, al NOTICIAS DE OAXACA que me dio todo su apoyo, ya que después de ver los vehículos donde viajaba y ser el segundo pasajero (detrás del chofer) no puedo ni yo mismo saber como pude sobrevivir a la lluvia de balas de personas que no se tocan el corazón para matar a quien solo pretende hacer su trabajo periodístico y que otros medios por compromisos no hacen.

Lamento el fallecimiento de Alberta Cariño y del extranjero, y me alegro por mis otros compañeros que lograron salvar su vida y les pido perdón si no los pude ayudar pero créanme que en ese momento el único objetivo era salvar mi vida a costa de todo y creo que ellos también pensaron de esa manera.

Por ultimo quiero agregar que no fue nada fácil, sobrevivir a este artero ataque contra nosotros como medios ya que solo contábamos con una cámara y una grabadora que no matan como las armas pero si demuestran, plasman el estado de sitio, agresión, violación de derechos humanos del cual son objeto los pueblos indígenas.

Los Derechos Indígenas en el contexto de los Derechos Humanos

+ Felipe Arizmendi Esquivel. Obispo de San Cristóbal de Las Casas.

Foro: LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS, ASIGNATURA PENDIENTE, Promovido por la COCOPA, 21 de abril de 2010

Les saludo respetuosamente y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes y propuestas sobre los derechos de los indígenas, no sólo de Chiapas, sino de México y de otras latitudes. No soy experto en leyes, ni en otras ciencias, sino sólo un caminante entre ellos. Llevo en Chiapas 19 años: nueve con indígenas mames, mochós y kanjobales; diez entre tseltales, tsotsiles, ch’oles, tojolabales y zoques. Antes de ser obispo en Chiapas, compartí parte de mi vida con los otomíes y los mazahuas del Estado de México. Como responsable de la Pastoral Indígena en el país, he debido acercarme a las realidades indígenas nacionales, y como encargado de la Sección de Pueblos Originarios en el CELAM, he tenido oportunidad de conocer algo de los pueblos indígenas de los países latinoamericanos.

SITUACION

1. Según algunos censos, en toda América hay más de 42 millones de indígenas; en México, hay cerca de 12 millones, de 56 etnias reconocidas. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diversos. Su progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de costumbres y de relaciones entre ellos mismos. Sin embargo, se constata una clara emergencia de diversas etnias, que se hacen cada vez más presentes en la sociedad, exigiendo sus derechos.

2. No sólo el grito que se levantó el 1 de enero de 1994, sino los datos estadísticos nacionales nos confirman que la mayoría de los indígenas no gozan de todos los derechos que, como mexicanos, debemos disfrutar, sino que viven empobrecidos y excluidos. Es limitado el derecho a la vida, pues muchas madres indígenas no tienen atención médica y alimentación suficiente durante el embarazo, por lo cual muchas abortan sin pretenderlo, algunas mueren en el parto, o nacen los hijos en condiciones infrahumanas. No gozan el derecho a la salud, pues en sus pueblos se dan los más altos índices de desnutrición y mortandad infantil. Es muy doloroso que enfermedades curables, sean mortales para ellos sólo porque no hay médicos ni medicinas a su alcance. No gozan el derecho a la educación escolar básica, pues en sus pueblos subsiste el analfabetismo. Las cárceles del país retienen injustamente a muchos de ellos, sólo porque son pobres y no tienen recursos para pagar un abogado, o una pequeña fianza.

3. Persiste un racismo inhumano y anticristiano contra ellos. Muchos mexicanos siguen pensando que ser indígena es equivalente a ser ignorante, sucio, tonto y, por tanto, objeto de desprecio y explotación. No faltan quienes consideran que tener tantos indígenas en el país es un signo de atraso, una vergüenza, un vestigio del pasado, y que lo mejor sería que ya no existieran. No se escucha su voz, no se les toma en cuenta, no se valora su palabra, no se aprecia su cultura, porque no se les conoce con el corazón. Se les ha regateado su derecho a ser reconocidos como pueblos originarios, como sujetos de derecho público para organizarse y administrarse, con formas políticas y sociales distintas a las del común del país. No se ha reconocido su derecho a ejercer justicia según algunas de sus costumbres muy sabias y efectivas. No se les ha tomado en cuenta en todos los casos para decidir obras públicas, como carreteras y construcciones, en sus territorios. Excepto en Oaxaca, no se reconoce su forma de elegir autoridades, sin tener que sujetarse a partidos y sistemas electorales ajenos a su cultura. Ellos proceden por asambleas en las que se trata de llegar a consensos, sin tener que recurrir a la mayoría de votos. Se avanzó en la reforma indígena constitucional de abril de 2001, pero es necesario seguir caminando.

4.  Es de justicia reconocer que los gobiernos federal, estatal y municipal, en los sexenios y trienios pasados, han canalizado muchos recursos a Chiapas y a algunos otros Estados con población indígena, para superar el rezago histórico que han padecido estos pueblos. En los 19 años que llevo en Chiapas, soy testigo de que se han abierto más carreteras por todas partes y algunas se han pavimentado; se han electrificado casi todas las comunidades, menos las que siguen “en resistencia”, que han rechazado todo cuanto haga el gobierno, y no han aceptado carreteras ni electrificación. Hay más escuelas y universidades, clínicas y hospitales. Se han implementado programas de ayuda a los pobres y se han hecho esfuerzos por modificar algunas leyes en su favor. También grupos solidarios de empresarios mexicanos han aportado sus recursos para combatir la pobreza. Organizaciones no gubernamentales e iglesias hemos hecho cuanto hemos podido para comprometernos en la liberación integral de los pobres y marginados. Sin embargo, es tanto el desnivel y el desequilibrio en comparación con otras zonas y otros grupos sociales, que aún resta mucho para que llegue la justicia a estos mexicanos, hermanos nuestros y parte radical de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. Desconocerlos es negarnos a nosotros mismos.

5. No idealizamos las culturas indígenas, pues estamos conscientes de que hay también injusticias entre ellos mismos, marginación de la mujer, esclavitud a ciertas costumbres, tradiciones que no siempre respetan los derechos de todos y se imponen decisiones comunitarias que no toman en cuenta los derechos individuales. Hay intolerancias hacia las diferencias, hacia la diversidad, tanto en la política como en la religión. Todavía quedan unos lugares, cada día menos, donde no se tolera que alguien o algunos cambien hacia otra preferencia religiosa; a veces se les amenaza, se les expulsa y se viola su derecho a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución y defendida por nuestra Iglesia. Nosotros no alentamos la intolerancia; no promovemos que se les cobren cuotas para festividades religiosas, ni que se les impongan cargos de un credo diferente al propio. Hemos insistido en que las asambleas comunitarias deben respetar los derechos de todos a profesar la religión de su preferencia; sin embargo, no siempre nos hacen caso, pues para muchos la costumbre y la decisión de la asamblea es lo único que vale; no las leyes civiles, ni la Biblia. En contrapartida, también los católicos sufrimos intolerancias y ofensas de otras religiones.

PROPUESTAS

6. Caminar al unísono de nuestros hermanos indígenas, en el momento actual en que ellos irrumpen en la sociedad, reclamando el reconocimiento de su identidad cultural. Escuchar con respeto sus propuestas, sus inquietudes, sus necesidades, antes de proponer y aprobar nuevas leyes. Aunque se desee hacerles un bien, esto no se logrará sin tomarlos en cuenta a ellos. No basta escuchar a los no indígenas que decimos hablar por ellos; es de justicia darles la palabra y escucharlos con humildad.

7. Los “Acuerdos de San Andrés” son una base para avanzar hacia nuevas propuestas legislativas, pues cuentan con el trabajo de diputados, senadores, expertos e integrantes del EZLN. Si no llegaron a feliz término, hay que hacer nuevos esfuerzos, como lo trata de hacer la nueva COCOPA, y no perder la esperanza. Hay que afinar lo necesario, evitar los riesgos que en 1995 impidieron su aprobación legal y dar pasos aún más avanzados, tomando en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del 13 de septiembre de 2007..

8. Entre otras cosas, hay que avanzar en el reconocimiento de su personalidad jurídica como pueblos distintos, con historia e identidad propia. Reconocer, con los límites convenientes, su derecho a una legítima autonomía, autodeterminación y autogestión, dentro de la necesaria unidad nacional. Reconocer su derecho a disponer de sus territorios históricos y a ser consultados cuando se planean y se ejecutan obras o proyectos en sus tierras. Reconocer sus sistemas de elección de autoridades por medios distintos a los partidos políticos. Reconocer sus sistemas jurídicos y educativos, sus idiomas, su forma de hacer justicia y de resolver diferencias. Encontrar formas jurídicas para evitar más intolerancia religiosa, combinando los derechos comunitarios y los individuales.

9. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de los miembros de la COCOPA para resucitar los “Acuerdos de San Andrés”, no se logrará un avance que sea satisfactorio para el EZLN y para muchos otros indígenas, si éstos no participan, si no son tomados en cuenta, si el EZLN no acepta un nuevo diálogo, al menos con esta instancia, la COCOPA. Por ello, con todo respeto insto a la COCOPA a no desanimarse y seguir buscando mecanismos de acercarse a la Comandancia General del EZLN, para invitarles a un nuevo diálogo, aunque ellos digan que ya no confían en ninguna instancia oficial. Y finalmente, con cariño y respeto, hago también un llamado cordial a la Comandancia General del EZLN a darle una nueva oportunidad a la esperanza y aceptar un diálogo sobre los “Acuerdos de San Andrés”, no sólo para continuar luchando por una paz más profunda y estable de Chiapas, sino para que los indígenas de México puedan disfrutar los derechos que en justicia les corresponden, como pueblos integrantes de nuestro país. Muchas gracias.

Plagia Ubisort a 11 mujeres y niños de San Juan Copala en la sierra triqui, denuncian

• Responsabilizan de la agresión a Rufino Juárez, de la comunidad de La Sabana
• Otras 24 personas evadieron el cerco paramilitar que asedia al municipio autónomo

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Domingo 16 de mayo de 2010, p. 11

Seis mujeres y cinco niños y niñas del municipio autónomo de San Juan Copala, en la sierra triqui, fueron retenidos ayer por la tarde a punta de pistola por un grupo de hombres pertenecientes a la Unión de Bienestar de la Región Triqui (Ubisort) al mando de su representante Rufino Juárez en la comunidad de La Sabana, denunció ayer a este diario el comisionado para los derechos humanos del cabildo copalense, Jorge Albino.

Otras 24 mujeres lograron evadir el retén de este grupo armado que tiene sitiado San Juan Copala desde hace seis meses. La Sabana, ubicado en una colina que domina el camino de terracería que llega al municipio autónomo, es donde el 27 de abril fue atacada una caravana internacionalista y asesinados dos activistas, la poblana Beatriz Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

Hace dos años ahí mismo fueron asesinadas las locutoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez.

Al cierre de esta edición las autoridades de San Juan no habían podido comunicarse con las mujeres secuestradas, entre las que se encuentran la secretaria de la alcaldía Joaquina Velasco Aguilera e Isabel Bautista, esposa de un ex presidente municipal. Seis niños pequeños, el menor de un año, están con ellas. Según testimonios de las mujeres que sí lograron llegar al pueblo, se sospecha que dos de las retenidas pudieran estar heridas.

“Más ya no puedo hacer”: autoridad oaxaqueña

Albino, quien se encuentra en el Distrito Federal, informó de los hechos al comisionado estatal de Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, quien pidió apoyo al secretario general de gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez. Éste lo remitió a la subprocuraduría estatal de derechos humanos y advirtió que “más ya no puedo hacer” para garantizar la seguridad de las mujeres secuestradas.

Como consecuencia del sitio, San Juan Copala está sin servicio telefónico ni electricidad; el grupo armado de la Ubisort ha ahuyentado a los maestros y al único médico que había. Además impide, con actos violentos, que los hombres transiten por el camino hacia la cabecera municipal que pasa por su bastión, en La Sabana. La situación es crítica para los habitantes y la escasez de alimentos apremia.

Pese al antecedente de la emboscada de la caravana humanitaria hace 20 días, con saldo de dos muertos y al menos cinco heridos, las mujeres triquis de San Juan Copala decidieron salir a comprar víveres a la cabecera municipal, Juxtlahuaca. El primer tramo del camino lo hicieron a pie y pasaron por La Sabana sin ser molestadas. Una vez en el mercado de Juxtlahuaca, sin embargo, una integrante del grupo, Margarita López, y su sobrina Susana Martínez fueron apartadas por la fuerza por varios hombres y llevadas al palacio municipal, donde las esperaba Rufino Juárez y al menos 10 hombres armados. Mientras discutían la mujer y la niña escaparon. Una vez reunido el grupo completo, llamaron por teléfono a Albino, solicitándole que pidiera apoyo para que pudieran regresar con seguridad.

Dormir en la calle

Albino se comunicó con Evencio Martínez, quien sugirió que fueran con testigos ante un Ministerio Público a levantar una denuncia. El grupo de mujeres triquis prefieron no hacerlo y se solicitó protección al comisionado de derechos humanos. Esa noche el grupo de mujeres y niños tuvieron que dormir en las calles de Juxtlahuaca. Este sábado se reunió un grupo de ocho enviados de la delegación estatal de derechos humanos, tres vehículos y varios centenares de policías preventivos para escoltar al grupo. Sin embargo, estas fueron conducidas a la localidad de Yosoyusi, que queda al borde de la carretera federal y no a Copala, como se requería.

Jorge Albino se volvió a comunicar con el secretario de gobierno para explicarle que el tramo peligroso era justamente el que cruza por La Sabana y que para llegar por veredas a San Juan le llevaría a los niños y las mujeres al menos 10 horas de camino inseguro. “Yo ya las dejé en tu terreno –le respondió por teléfono Evencio Martínez al representante de Copala– ahora tú muévelas de ahí.” Jorge Albino alegó la inseguridad de la carretera de terracería.

Cerca de las cuatro de la tarde Albino recibió una llamada de una autoridad de San Juan Copala informándole que las mujeres habían decidido emprender el camino de regreso caminando por la carretera. Después de una hora de caminata pasaron por La Sabana. Ahí las esperaba de nuevo Rufino Juárez y sus hombres. Las encañonaron y trataron de impedir su paso disparando al aire. Casi todas echaron a correr y lograron llegar al municipio autónomo, que ya queda a sólo 20 minutos.

Entre las mujeres que quedaron retenidas en La Sabana están: Felipa de Jesús Suárez, Martiniana Aguilera Allente, Marcelina Ramírez y Lorena Merino Martínez. Con ellas las niñas Rosario Velasco Allente, Josefa Ramírez Bautista y otra pequeña, además de dos niños de cuatro años y otro de uno.

Comunicado de las Abejas de Acteal:

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Chenalho, Chiapas, México

22 de Mayo, 2010.

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas
A todos los Defensores de los Derechos Humanos
A la prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil
A la Otra Campaña y
A la Opinión Pública

Hermanos y Hermanas:
En este nuevo día 22 los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas nos detenemos un momento en esta Tierra Sagrada de Acteal y nos preguntamos por qué murieron nuestros mártires asesinados hace 12 años con 5 meses. La respuesta que encontramos en nuestros corazones es que murieron por la misma razón por la que muchos hermanos y hermanas indígenas han vivido, han luchado y han muerto: murieron porque querían RESPETO para nuestra DIGNIDAD.

Para nosotros los indígenas el RESPETO es algo que siempre nos han enseñado nuestros padres y abuelos. El RESPETO es parte de nuestra cultura, algo tan cotidiano como el maíz y la tortilla. Por eso entendemos muy bien que fue un indígena, Benito Juárez, el que dijo estas palabras: el respeto al derecho ajeno es la paz.

Nuestros padres y abuelos nos enseñan que debemos respetar a los mayores por ejemplo cediéndoles el paso en el camino y también en la manera de saludarlos. También respetamos a la Madre Tierra cuando le pedimos permiso para sembrar o le pedimos permiso a un árbol para cortarlo cuando necesitamos su madera. Y si pedimos permiso a los árboles y a la Madre Tierra pues ¿Cómo no le vamos a pedir permiso a un hermano para entrar a su casa? Pero los gobiernos no entienden esto. Creen que porque somos pobres se pueden meter a nuestras casas y a nuestras tierras sin permiso y luego todavía dicen que traen proyectos de desarrollo en nuestro beneficio. ¡Qué bien nos dice la Biblia lo que son estos gobiernos! Los gobiernos de las naciones se las apropian como si fueran suyas y después todavía se hacen llamar benefactores (Lucas 22, 25).

Si de veras quieren nuestro beneficio lo primero que tienen que hacer es RESPETARNOS, pero no, se meten y hacen lo que quieren con nuestras tierras y con nuestros recursos. Esto es lo que está pasando con las Ciudades Rurales de Juan Sabines que después de gastarse muchos millones en anunciarlas en todo el mundo ya las empezó a hacer aquí, una en el municipio vecino de Santiago del Pinar y otra aquí mismo en el municipio de San Pedro Chenalhó. ¿Y creen ustedes que alguna vez nos consultó a ver si estábamos de acuerdo? Pues ni siquiera nos ha informado oficialmente. No nos ha preguntado si queremos dejar nuestras casas y nuestras tierras para que nos de otras que ellos han decidido. No han dialogado con nosotros para ver qué es bueno para nuestro municipio. Pero eso sí, después de gastarse los millones del pueblo para hacerse publicidad en todo el mundo ahora Juan Sabines se está gastando más millones invitando a Tuxtla artistas como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Reyli Barba “para promover las ciudades rurales”.

El plan del gobierno lo vemos muy claro. Quieren controlar a nuestras organizaciones para quedarse con nuestras tierras y hacer negocio con las transnacionales. Por eso es la contrainsurgencia contra las organizaciones independientes. Por eso Zedillo y después el Congreso de la Unión no quisieron aprobar los Acuerdos de San Andrés, porque ahí se hubiera obligado al gobierno a respetarnos. Hubiera quedado en la Constitución lo que dice el Convenio 169 de la OIT: los gobiernos no pueden hacer proyectos ni explotar los recursos de los territorios indígenas si primero no CONSULTAN A LAS COMUNIDADES.

Pero el gobierno no solo no respeta los convenios internacionales y los Acuerdos de San Andrés, en verdad no respeta ni sus propias leyes. A los hermanos de la Colonia Puebla, Chenalhó, los quieren obligar a que acepten el PROCEDE. Esta es otra manera como hace el gobierno para que después sea más fácil para él quedarse con nuestras tierras.

Lo que nosotros sabemos, porque lo estamos viendo es que al gobierno no le importa nuestro beneficio sino imponer su voluntad en beneficio de los grandes capitalistas. Por eso nos quiere sacar de nuestras tierras y mandarnos a donde él quiera. Y a los que no están de acuerdo con el gobierno los trata de comprar o de intimidar. EL GOBIERNO NO NOS RESPETA. No respeta a los sobrevivientes de la masacre de Acteal. El 24 de abril envió a Acteal a hermanos nuestros que se salieron de Las Abejas para irse con el gobierno y su dinero para que ofrecieran apoyos a los sobrevivientes. A nuestros hermanos les decimos: si el gobierno no nos respeta, por lo menos respétenos ustedes. Si ustedes ya no quieren luchar contra la impunidad y prefieren los apoyos del gobierno, está bien, nosotros los respetamos a ustedes, esa es su decisión. Pero respétenos a nosotros y no se presten a que los manipule el gobierno. Acuérdense de los paramilitares que por dinero mataron a sus hermanos en Acteal. Si ustedes quieren reciban su dinero pero no se dejen que los usen contra sus hermanos. El gobierno no tiene la voluntad de resolver conflictos ni de apoyar a los sobrevivientes de Acteal sino de corromper y comprar las voluntades del pueblo.

También vemos que el gobierno utiliza en otros lugares la misma política contrainsurgente que utiliza contra nosotros. Así lo vemos lo que pasó en San Juan Copala, Oaxaca donde paramilitares protegidos por el gobierno atacaron una caravana de Derechos Humanos y mataron a Beatriz Cariño y Jyri Antero y donde nuestros hermanos Triquis están sufriendo igual que como nos hicieron a nosotros que nos secuestraron los paramilitares en 1997. Y nos acabamos de enterar de otro asesinato en San Juan Copala:Timoteo Alejandro quien es el dirigente Natural del Municipio Autonomo y su esposa Cleriberta Castro; siguen los crímenes y la impunidad que protege Ulises Ruiz, el gobernador violador de derechos humanos. La misma política de contrainsurgencia la vemos en Campeche donde el sábado 15 de mayo fue detenido por elementos de la PGR el compañero Octavio Solís Cortés del Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria, Campeche. Como siempre el gobierno NO RESPETA a las organizaciones independientes solo sabe reprimirlas o comprarlas.

POR TODO LO ANTERIOR EXIGIMOS:

RESPETO a los pueblos indios, RESPETO a sus organizaciones que tienen el derecho de ser independientes del gobierno, RESPETO a sus decisiones y RESPETO a su tierra y territorio.
Exigimos el fin de la impunidad y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.
Exigimos el fin de la impunidad y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Beatriz Cariño y Jyri Antero y de Timoteo Alejandro y su esposa Cleriberta Castro.
RESPETO a los defensores y observadores de Derechos Humanos, nacionales y extranjeros.
Libertad para Octavio Solís Cortés y para Sara, Joaquín, Guadalupe y los demás compañeros de la Resistencia Civil de Candelaria presos desde hace un año.
Hemos escuchado a algunos hermanos de Santiago del Pinar que dicen que con lo de las Ciudades Rurales YA NO SE PUEDE HACER NADA. Así es como quiere el gobierno que pensemos. Pero nosotros decimos: NO HAY QUE PERDER LA FE.

¡VIVA LA RESISTENCIA!
¡VIVAN LOS DERECHOS INDÍGENAS!
¡VIVAN 200 AÑOS DE LUCHA DEL PUEBLO MEXICANO POR EL RESPETO A NUESTRA LIBERTAD Y A NUESTRA DIGNIDAD!

Atentamente
La voz de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”

Por la mesa directiva:

José A. Jiménez Pérez

Agustín Gómez Pérez
Lázaro Arias Gómez Francisco López Sántiz

Agustín Méndez Paciencia
Andrés Gómez Vázquez

Copala: el Estado debe “romper su cerco”

Magdalena Gómez

Está por cumplirse un mes de la brutal agresión a la caravana civil que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuyos muy lamentables saldos han sido ampliamente difundidos dentro y fuera del país, tanto desde espacios sociales como en los de las Naciones Unidas. Incluso la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se sumó al reclamo de justicia.

La inocultable situación de ingobernabilidad e impunidad que se vive en esa región de Oaxaca poco parece importar al Estado. Desde el ulisismo pretenden convencer de que el conflicto les es ajeno y sólo es del pueblo triqui dividido. Esta tesis se ha convertido en visión oficial. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó: El gobierno de México considera que el pronunciamiento que hicieron esta mañana en Ginebra cuatro relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos en San Juan Copala, cuando éstos están apenas en su curso de investigación por la Procuraduría General de la República que, como saben, ha atraído el caso. Quiero destacar que, hasta la fecha, no se ha identificado la participación de agentes de Estado, ni federales, ni estatales en los hechos a los que me he referido. Las versiones que han circulado hasta ahora atribuyen la responsabilidad de los hechos a los grupos en conflicto, lo que deberá, por supuesto, ser precisado por las investigaciones. Y sentenció: Se espera, en el futuro, una actitud constructiva por parte de los relatores y mecanismos de los derechos humanos con los que México coopera (conferencia de prensa, 14/5/2010). Quién lo dijera, los diplomáticos de carrera hablando igual que el ulisismo. ¿No le informaron al señor embajador que está en juego un proceso autonómico a partir de una declaración que México aprobó en 2007 y que éste es asediado por paramilitares?

Los grupos paramilitares como forma de incentivar y acrecentar los llamados conflictos intracomunitarios están en el centro de la espiral de violencia. Exculpar al Estado de manera ligera, como hizo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, elude el cumplimiento de la obligación de todo Estado de garantizar el estado de derecho.

La revista Contralínea anunció que rompió el cerco cuando, de manera valerosa y con apoyo de triquis, lograron entrar y salir por el monte. Nos mostraron un retrato apremiante desde el municipio autónomo en voz de sus habitantes. Lamentablemente, esa arriesgada incursión no rompió el virtual estado de sitio en que se encuentra Copala, pues al salir de allí la situación no cambió. Ya dio cuenta de ello la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca, que en su boletín del 16 de mayo pasado señala que, a solicitud de Jorge Albino y en coordinación con seguridad pública, debían proteger el ingreso a Copala de 38 personas, la mayoría mujeres y niños, a plena luz del día y acompañados por 300 elementos de la policía estatal. Y agregó: Cabe señalar que el líder de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, acompañó a la caravana la mayor parte del trayecto. Finalmente, al considerar que no existían las condiciones para ingresar a Copala, dejaron al grupo en Yosoyuxi. El acompañante estaba en un aprieto, pues si entraban en paz a Copala gracias a su protección implicaba una especie de autodenuncia.

Como sabemos, la situación se agravó con el asesinato a mansalva en Yosoyuxi, el pasado jueves 20 de mayo, de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Él fue uno de los fundadores del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y era considerado el líder natural del MULT Independiente.

¿Cuántos crímenes más deben ocurrir para que el Estado retire a los paramilitares y los someta a la justicia? ¿Cuánto sufrimiento para las mujeres, los hombres, las niñas y niños que aún resisten en Copala? ¿Qué dicen al respecto en el Congreso de la Unión? No es tiempo de puntos de acuerdo o de ya van a ir a Oaxaca unas comisiones a hablar con Ulises –sin pasar por Copala–. ¿Qué más esperan los líderes triquis, sin Ubisort, para deslindarse de paramilitares y construir puentes entre ellos para detener la cadena de violencia y centrar sus baterías en la exigencia al Estado para que cumpla sus responsabilidades?

Con incriminaciones públicas de unos contra otros sólo se profundizará la crisis. Que se investigue y pruebe quién eliminó a uno de los más destacados promotores del municipio autónomo y quién ordenó su ejecución. Tampoco debemos eludir la pregunta: ¿a quién favorece electoralmente este clima? Mientras Copala ocupa ciertos espacios de prensa, las campañas electorales caminan como si nada estuviese pasando. A mi juicio, las exigencias deben centrarse en la responsabilidad del Estado, a todo nivel, por sus acciones y por sus omisiones.

en: http://www.jornada.unam.mx/2010/05/25/index.php?section=opinion&article=019a2pol

Jyri Jaakkola: el solidario

Jyri Jaakkola: el solidario

Bety Cariño: constructora de futuros

Luis Hernández Navarro

Fue un hecho inusual. El pasado 5 de mayo, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada al debate sobre la eurozona, Jerzy Buzek, su presidente, lamentó el asesinato en México de dos activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola. Queremos transmitir nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos, declaró Buzek, y añadió: es triste que siga habiendo estos ataques.

La historia es conocida. El pasado 27 de abril el grupo Ubisort –ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca– emboscó una caravana humanitaria que llevaba alimentos y medicinas al municipio autónomo de San Juan Copala. En el ataque fueron asesinados Alberta Cariño y Jyri Jaakkola. Mónica Santiago, quien viajaba con ellos, fue testigo del momento en que una bala se impactó en la cabeza de Bety Cariño; después caería el internacionalista finlandés: Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Jyri le gritó a sus compañeros que se salvaran. Fue encontrado protegiendo el cuerpo de Bety.

Según el gobernador Ulises Ruiz, el asesinato fue un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros, [pero] no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.

Jyri nació el 11 de febrero de 1977 en el este de Finlandia. Venía de una familia de izquierdas. Desde joven se ubicó en la tradición libertaria. Comenzó a estudiar filosofía y ciencias políticas en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa. A pesar de ser un alumno brillante, descubrió que esa forma de educación no era para él. Renunció a la universidad como un acto solidario con los que no tenían la misma oportunidad de acceder a ella.

Se involucró en colectivos anarquistas y colaboró activamente en el apoyo al pueblo angoleño, golpeado severamente por la guerra civil. Empezó trabajar en la organización sin fines de lucro Estelle Uusi Tuuli (Nuevo Viento), dedicada a promover la solidaridad internacional, el comercio justo, la paz y la comprensión entre los pueblos. Era una persona tímida, sencilla y humilde, que sabía hacerse querer y respetar. La injusticia no le daba paz.

Identificado con el magonismo y la lucha zapatista, enfocó su actividad, junto con otros compañeros, alrededor de México. Coordinó la visita a Finlandia que un integrante del colectivo VOCAL hizo para denunciar la criminalización de la protesta social en nuestro país. Coincidió con este grupo en la visión sobre la comunalidad y la autodeterminación de los pueblos. En 2009 obtuvo una beca para ir a Oaxaca. En dos meses aprendió a hablar español y estableció relaciones entrañables con sus compañeros. Fue invitado por VOCAL para colaborar en la observación de derechos humanos (comunitarios ) y trabajar alrededor del cambio climático, la soberanía alimentaria y la economía de la reciprocidad. Tenía un blog donde escribía sobre Oaxaca y acerca de sus impresiones sobre la construcción de la autonomía y las resistencias.

Jyri era un ecologista social. Su pensamiento y su acción estaban influidos por la obra de Murray Bookchin. Según Bookchin, casi todos los problemas ecológicos son problemas sociales. La crisis ambiental está provocada por la sociedad capitalista, pero tiene sus raíces más profundas en las jerarquías sociales. La ecología social propone remplazar al Estado y al capitalismo con la sociedad ecológica, basada en relaciones no jerárquicas, comunidades geográficamente descentralizadas, ecoteconología, agricultura orgánica y producción de bienes en escala humana.

Jyri escribió sobre temas filosóficos, ecología y anarquismo. Se expresaba con elocuencia y exactitud. Para él no existían fronteras entre elaboración teórica y transformación práctica. Amaba la teoría y le encantaba desarrollar ideas y convencer a la gente de las bondades de la lucha libertaria.

Jaakkola consideraba que su misión estaba, sobre todo, en Finlandia, en su propia cultura. Pero reconocía que en México y América Latina podía encontrar inspiración y esperanza para construir un mundo distinto. Según él, en el continente americano existían movimientos sociales de los que se puede aprender, para trasladar sus enseñanzas a su país. Aquí hay otras maneras de vivir diferente, hay esperanza en otros caminos, y en vivir bien aparte del sistema capitalista. Por ello decía, sin ninguna duda: yo quiero estar aquí, quiero aprender de esto.

Jyri estaba al tanto de lo que sucede en México. Tenía una lectura sofisticada de la coyuntura del país. Afirmaba que hay esperanza en el cambio y experiencia de los pasados movimientos, como el levantamiento de Oaxaca de 2006, y muchas diferentes alternativas anticapitalistas comunitarias, y formas de autonomía desarrolladas por los zapatistas, además de un montón más de todo tipo de experiencias para construir un mundo diferente.

Apoyándose en Paulo Freire, Jaakkola sostenía que la solidaridad real exige que uno se coloque en la misma posición en la que se encuentra aquel con quien se solidariza. Así pues, no dudaba en estar allí donde su presencia podía ayudar a prevenir el uso de la violencia contra los movimientos sociales. Era consciente de que su condición de europeo le daba ventaja sobre los mexicanos. “Yo siempre tendré el boleto de avión de regreso a Finlandia –decía–; y está mi piel de color blanco, que funciona como una especie de protección.”

Sin embargo, el pasado 27 de abril nada de eso le sirvió a Jyri. Por primera ocasión en la historia reciente de México, un grupo de derechos humanos fue violentamente atacado y un observador internacional fue asesinado. Su crimen, junto al de Bety Cariño, es un grave precedente en la violación de derechos humanos en el país. Los observadores de derechos humanos han puesto sus barbas a remojar.

en: http://www.jornada.unam.mx/2010/05/25/index.php?section=opinion&article=019a1pol

Carta de Pascual Pichún desde la cárcel de Traiguén

Pascual Pichún Collonao, preso de conciencia, miembro de la nación Mapuche

Esposado de pies y manos sólo puedo caminar dando saltitos. Por cada movimiento que doy el acero inoxidable de las esposas aprieta, dañan y lástima al punto del calambre. Pese a todo estoy tranquilo, como sí fuera el agua de un lago por la mañana, sonrío y levanto la cabeza mirando a los ojos a uno de los pacos que me apunta de frente con su ametralladora.

Está serio, es un peñi se nota en su rostro moreno y en sus ojos oscuros. Lo miro de frente como interrogándolo, pero no soporta esa presión por lo que decide desviar la mirada como avergonzándose de si mismo. Quizás sabe que esta haciendo lo incorrecto, quizás le pesa ese uniforme que reprime y daña a diario a su propia gente. Sin embargo, no le queda de otra pienso, de eso vive, de ese misero sueldo comen sus hijos y puede darle esperanzas en este malvado sistema. Porque él sabe y ese es el punto, que no le está apuntando a un delincuente como tal, ni está cuestionando a un terrorista como le hacen creer y le recuerdan toda vez que debe apresar a un peñi.

Cómo está peñi, cómo se llama su gente, su comunidad. Me dan ganas de hablarle y decirle que no se preocupe que lo entiendo. Responderle que estoy bien, que nada más me aprietan un poco las esposas pero nada que no logré a acostumbrarme con el paso de las horas. Y señalarle que han pasado años de no usar una de estas, y terminar riendo juntos.

Es que al final siempre reímos y le encontramos sentido a esta vida que hemos heredado de nuestros viejos. Yo el preso, el me vigila, pero no somos distinto, ni él mi enemigo, ni yo de él. Este sistema, este, que nos impusieron a fuerza y fuego, es por eso que hoy nos ponen sin opción de frente. Y es esto lo que se hace necesario cambiar, porque somos parte de una gran historia y de un gran pueblo peñi.

Me suben al carro y veo entre la pequeña ventana enrejada la luz del sol, parece un lindo día, las calles, la gente. Esa que no nos ve, que no quiere ser parte de esta historia, que se avergüenza, que tiene miedo. Pero nosotros no somos culpables de ese miedo, siempre estuvimos y siempre estaremos acá y nuestra lucha es también, por ellos, por cada uno de los habitantes del wallmapu.

Se detiene el carro llegamos al hospital, esta la prensa, esta prensa chilena que no cumple un bien social sino el resguardo de los intereses capitalista, esta es la prensa que construye historia de terroristas, la que nos clasifica entre malos y buenos. La que aclama represión y levanta a esos hermanos que se venden al vedetismo barato como un objeto turístico de feria costumbrista. Para esta prensa omnipotente, los que soñamos y luchamos por una vida mejor para nuestra gente somos los terroristas, los violentos. El tema es que el terrorismo existe desde que invadieron nuestro territorio, desde el momento que nos impusieron sus próceres y nos niegan nuestra historia que es mucho mayor a 200 años.

Entramos por un pasillo hacia la sala de espera colmada de gente, sobre pasada como la mayoría de los hospitales que estos gobiernos han abandonado. Es que ni la salud, ni la educación en chile es un derecho amigo, sino un rentable negocio que obliga a los chilenos a hipotecar su futuro para sanar una enfermedad o conseguir un título universitario. El dios dinero que lo puede todo, en un país que pareciera no tener memoria, un país que quiere profundizar un modelo de vida dictatorial y donde se cree que el presidente hizo todos sus millones trabajando.

“Denle duro, hay que meter preso a todos estos indios”. Le reclama una señora a los policías que me custodian. Parece mentira lo que estoy oyendo sí soy como usted señora, mírese al espejo e indague sólo un poco en su historia familiar y comprenderá el porqué de su piel morena, como yo, y su cabello oscuro aunque intente ocultarlo.

El trámite es sencillo, no tengo lesiones ni daños corporales ni mucho menos morales por eso debo firmar y con las manos esposadas, es que soy un reo peligroso según la información que maneja la policía.

De vuelta a la comisaría, me encuentro con una celda exclusiva para mí. Es un lugar conocido, cuantos peñi han pasado por aquí y así lo demuestran los rayados: “Resistencia Mapuche” “Lemun Vive” “Matías Katrileo Vive” se lee en las paredes.

Esta comisaría, esta celda es parte de nuestra historia, de nuestra lucha, pienso, hace frió y parece que comienza caer el sol en Temuko, llega la noche, la oscuridad necesaria para partir un nuevo día, más radiante.

Me apresto a iniciar este camino, nuevamente soy uno de los cuántos peñi presos por soñar, siendo perseguido y temiendo ser asesinado por esta falsa democracia. Siendo esta la forma en que ellos celebran su bicentenario, pero nuestra historia es mucho más que doscientos años, más que esta ciudad, que estas cárceles. Por eso sonreímos todo el tiempo y le encontramos sentido a la vida e intentamos pensar en un mañana, en un futuro para nuestros hijos. Mismo sueño que hace tanto tiempo queremos compartir, porque somos así, siempre pensando en el del lado y estamos acá como siempre hemos estado.

Estoy nuevamente en prisión, aprovechando estos días para la reflexión. Para pensar en nuestro futuro, el que debemos construir para las futuras generaciones.

Agradezco a cada uno de los amigos que me han acompañado en estos años y me han enseñado el valor de un ser humano. Pero sobre todo han estado en los momentos tristes y felices que se descubren en el camino de lucha que compartimos.

Newentuleayiñ kom pu che

Wewayiñ Marrichiweu

Pascual Pichun

Preso Politico Mapuche

Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=5468

CENTRO HISTÓRICO

Alberto Híjar
8 junio 2010

Hasta la semana iniciada con la noticia del desalojo de las guardias mineras en Cananea y Pasta de Conchos mientras las televisoras y sus aliados lanzaban la Iniciativa México y poco antes de que partiera de ahí mismo la Caravana Bety Cariño y Jyri Jaakkola pese a las recomendaciones del gobierno de Oaxaca y al repudio de Eviel Pérez, candidato del PRI y del nefasto criminal Ulises Ruíz al gobierno de ese estado, el zócalo del Centro Histórico de México fue sede de la lucha por el poder y de la solución despótica.

Frente a Catedral estuvo el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; atrás, un lugar pequeño con cuatro mujeres triquis del agredido Municipio Autónomo de San Juan Copala y luego, el SME con sus carpas de huelguistas de hambre con entrada controlada frente a Palacio Nacional desde donde les dispararon balines grandes en una noche difícil. Cada quien su pleito y su resistencia, apenas una manta de los profesores manifestaba apoyo al SME. Grave cosa porque en los días de coexistencia espacial, sólo espacial, no hubo pláticas ni siquiera para compartir experiencias, seguridad, logística.

“Somos muchos desgraciados pero muy desperdigados y es por eso que un puñado de asesinos y rateros nos tienen esclavizados”, les cantó León Chávez Teixeiro el jueves 27 de mayo. Otros grupos solidarios pretendieron acrecentar la solidaridad pero la ausencia de propaganda y de notas previas y posteriores, hizo que el concierto sólo tuviera efectos mientras duró. Los doce compañeros que días antes habían acudido a misa a la Catedral para intentar una entrevista con el cura que les volvió la espalda, fueron sacados a empellones por la guardia especial que les negó descanso en las bancas y el uso de los baños, no sin amenazarlos si se les ocurriera volver a entrar así fuera sin manta o camiseta sobre su terrible huelga de hambre.

Lo deseable hubiera sido que creciera la unidad entre la defensa del sindicalismo y el repudio a la guerra declarada por el gobierno de Calderón contra los trabajadores con el derecho a la autonomía y la denuncia contra el gobierno de Oaxaca y el federal protector de los matones de la UBISORT y por el desconocimiento de la Gordillo, dirigente espuria de los trabajadores de la educación con su riquísimo instrumento de presión que es el SNTE. De haber ocurrido esto, los cantores, los grupos solidarios y hasta los asambleístas del PRD hubieran tenido un punto de apoyo para construir un movimiento creciente con un fuerte simbolismo histórico por su construcción en pleno zócalo del Centro Histórico de México.

A cambio, 700 policías acompañaron el desalojo de los profesores y las triquis, cerraron calles y organizaron protecciones (civiles, claro) para la instalación de las tres enormes pantallas donde 60 mil desocupados podrán ver el futbol y saludar a su presidente en el palco de honor FIFA en todo su esplendor. El Secretario de Turismo del D.F. acompañó al SME con ayuno de un día para corresponder a su aceptación del desalojo.

Pero los electricistas en lucha han dicho no y pese a que el ruideral y las agresiones previsibles y toleradas crecerán a partir del viernes 11, no se moverán del zócalo en vista de que “al gobierno le interesa quedar bien con los empresarios y a los trabajadores los golpea, desaloja, los maltrata, por lo que los electricistas en ayuno no se moverán”.

Sin sensibilidad en sus piernas y exhausta, Beatriz Juárez tuvo que ser retirada en camilla y a su pesar luego de 35 días de ayuno. El gran aplauso conmovido, tanto como el que concluye el canto del himno del SME al final de la marcha vespertina diaria ahora obstaculizada por las pantallas del futbol, tendrá que integrarse a la campaña por la restitución de los plenos derechos de los trabajadores con el reconocimiento legal del patrón sustituto que si hubiera estado de derecho, tendría que acordar con el SME un nuevo contrato colectivo de trabajo. A más de ocho meses sin salario, los electricistas dignos están fatigados y ahora es cuando los solidarios tenemos que actuar hasta construir un solo repudio contra Calderón y las iniciativas corruptas que lo acompañan y por un proyecto nacional que, como previeron Marx y Engels, sólo puede venir de los trabajadores evidentemente sin patria reducida a fan fest , pero con la claridad en ascenso para mantenerse en lucha y hacerla crecer con todos los desgraciados desperdigados.

Paramilitares en Río Laja – Guanajuato

La cooperativa Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentable, S.C. de R.L. de C.V., con sede en el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, es la primera cooperativa en nuestro país en contar con un proyecto de rescate ambiental de una cuenca, como el Río Laja.  La cooperativa desde hace tres años realizó un proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento de materiales pétreos, (gravas y arena sílica principalmente), con el objetivo de tener recursos económicos para llevar a cabo la restauración ambiental del río.

Hasta antes del proyecto de la cooperativa un conjunto de empresas constructoras como “Ingeniería Extractiva Manuel Rodríguez y Cía. (Actualmente COROSA, S.A. de C.V.)”, “Constructora ORO, S.A. de C.V.”, “Constructora Hermanos Romero Hernández, S.A. de C.V.” y NACOPRE, S.A. de C.V. y extractores de arena clandestina, destruyeron el cauce del Río Laja, la flora y la fauna por la sobre explotación de arena, lo que provoco la perdida de parcelas que están a la orilla del río, el derrumbe del puente que comunica a la ciudad de Dolores Hidalgo con San miguel de Allende y la población vive un riesgo permanente de inundaciones y desastres naturales, provocados por las malas prácticas de extracción de arena que hicieron las empresas privadas constructoras.

Desde hace 3 años las empresas constructoras ya no cuentan con permisos para extraer arena del Río Laja, sin embargo se han dado a la tarea de saquear clandestinamente la arena del Río Laja y  evitar que la cooperativa trabaje en las labores de restauración ambiental, conservación y  aprovechamiento sustentable de la arena para financiar el rescate del río.   A partir de este año, se han dado agresiones hacia la cooperativa, por parte de los grupos de choque de las empresas privadas, se han tenido varios enfrentamientos y el pasado viernes 11 de junio, surgieron grupos paramilitares armados y agredieron a los cooperativistas que se encontraban trabajando en el lecho del río, realizaron varios disparos hacia los camiones y en contra de los cooperativistas, por lo que tuvieron que replegarse.

Estos hechos violentos del 11 de junio dejaron a varios cooperativistas heridos y uno hospitalizado de nombre Juan Vázquez Diosdado,  con un traumatismo craneal y lesiones en diferentes partes del cuerpo por lo que pedimos a usted y a las cooperativas lo siguiente:

1.       Apoyo solidario económico para los gastos de hospitalización y operación de la cooperativa Desarrollo Ecológico, ya que le han impedido realizar sus trabajos de restauración ambiental y aprovechamiento sustentable de los materiales pétreos.

2.       Ayudar y sumarse a la gran campaña de difusión a nivel nacional para denunciar al Gobernador del Estado de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez y al coordinador de asesores Héctor García Cerrillos por no solucionar y dejar crecer el conflicto, y permitiendo que las empresas privadas operen con grupos paramilitares que agreden a la cooperativa.

3.       Un pronunciamiento público firmado por los cooperativistas, responsabilizando al gobernador y su asesor de las agresiones y amenazas de muerte en contra de los socios de la cooperativa Desarrollo Ecológico, por parte de las empresas privadas.  Con el fin de que el gobierno haga cumplir el Estado de Derecho y brinden la protección necesaria a los cooperativistas para que realicen sus trabajos en el río.

Sin más por el momento, esperamos de su apoyo solidario.

Desde la cuenca de la Independencia de México

Cooperativa Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento

Comunitarios Sustentable, S.C. de R.L. de C.V.

Paramilitares agresores en Río Laja, Guanajuato

ACCION URGENTE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OCOTLÁN OAXACA.

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

“BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.

ACCION URGENTE

• RESURGE LA VIOLENCIA EN SAN JOSE EL PROGRESO, OCOTLAN.
• DOS MUERTOS POR ENFRENTAMIENTO ENTRE HABITANTES.
• GOLPEAN Y PRIVAN DE LA LIBERTAD AL PADRE MARTIN, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DE BARCA-DH.

Oaxaca de Juárez, México a 19 de junio de 2010.

Antecedentes:

El año pasado habitantes de la comunidad de San José el Progreso, Ocotlán, Oaxaca junto con otras comunidades de la región se enteraron que la compañía minera Cuzcatlán  S.A de C.V. tenía otorgada concesión de explotación de oro y plata de la mina denominada “San José”, también sabían que la empresa en lo inmediato iba a dar inicio a los trabajos de explotación.

Después de conocer esta información la gente comenzó a marcar una postura frente a la problemática, las autoridades municipales y agrarias junto con un grupo de personas de la comunidad se encontraban a favor de la minera, otro grupo de personas estaban en contra ya que nunca fueron consultadas y además sabían de los enormes efectos al medio ambiente que ocasionarían el funcionamiento de la mina, a raíz de esto la población se dividió.

El seis de mayo del dos mil nueve un grupo de personas decidieron bloquear el acceso a la mina con el objetivo de mostrar su inconformidad frente a la explotación de la minera, esto motivo que los cuerpos policiacos desalojaran violentamente a los protestantes, dejando como saldo más de veinte personas detenidas y golpeadas.

A raíz de la resistencia y movilización de la gente en diferentes medios de comunicación aparecía el nombre del padre Martín señalándolo como “alborotador” “agitador “y el que ocasionaba problemas en la región, incluso un grupo de personas empezó a solicitar su salida de la parroquia de San Pedro Apóstol, con todo esto se empezó a crear un clima de difamación y hostigamiento al trabajo y a la persona del Padre Martín, cabe destacar que en los meses de mayo y abril  2009, salieron notas periodísticas en los diarios locales de  de Oaxaca atacando al Padre Martín, acusándolo de no dedicarse a lo que su ministerio le manda y alborotar a la gente, ante estos ataques la Arquidiócesis de Oaxaca a través del Padre Wilfrido Mayrén, quién es Coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz hicieron un documento Publico donde respaldan el trabajo al Padre Martín.

Así mismo el en el mes de Noviembre del 2009, el Presidente Municipal de San José del Progreso con un grupo de ciudadanos de este Municipio irrumpió en la misa en Catedral, donde oficia el Sr. Arzobispo de Oaxaca, para pedir con gritos y pancartas la salida de la Parroquia de San Pedro Apóstol del Padre Martín;  al no lograr su objetivo en ese momento por no ser el lugar y momento adecuado, cerraron las calles de García Vigil, donde está la Casa del Arzobispo y se plantaron frente a la casa para exigir ser atendidos en su demandas, insistiendo la salida del Padre Martín, acusándolo de subversivo, asimismo distribuyen volantes difamando al Padre en los medios locales.

El 2 de Marzo del 2010, supuestamente por una nota del diario local “El imparcial” publicada el 20 de noviembre del 2009, donde el Presidente Municipal de San José El Progreso, Sr. Venancio Oscar, denuncia ante la PGR (Policial General de la República) al Padre Martín de haber estado en la retención de funcionarios municipales, señalándolo como del EPR (Ejercito Popular Revolucionario), por esta denuncia el Padre Martín es requerido el 16 de diciembre 2009 y acude  acompañado del Padre Mayrén; ahí se le informan que existe una acta circunstancia que se levanto  por la denuncia hecha por el Sr. Oscar Venancio donde lo señalaba  como del EPR porque lo vio encapuchado  en la parte alta de la iglesia,  pero como no aporto pruebas el denunciante, se le cito para pedirle si tiene algo que agregar a la información vertida por el Presidente Municipal de San José el Progreso y también le informan que quienes si están señalados directamente de pertenecer al grupo armado son los señores, lideres que encabezan la defensa de la tierra y se oponen a la Mina.

El 16 de Marzo del 2010  a través de las radiodifusoras locales nuevamente vuelve el Presidente Municipal de San José El progreso, Sr. Venancio Oscar, a solicitar la intervención del Gobernador del Estado y el Sr. Arzobispo para que el Padre Martín sea removido.

Vale la pena señalar que el padre Martín ha sido una persona comprometida con la iglesia y  con la DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, siempre trabajando con los más desprotegidos, promoviendo y educando en derechos humanos, en la parroquia donde se encuentra principalmente ha promovido la organización para el cuidado y protección de sus recursos naturales, facilitando asesorías para la captación de agua, reforestación y recuperación de la relación ancestral del hombre-mujer con la tierra, la naturaleza y el agua.

Hechos:

El día de hoy 19 de Junio nos informa el representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que se da un enfrentamiento entre habitantes de San José el Progreso en el lugar denominado “Cuajilote” y en este lugar retienen a los catequistas de la Parroquia de San Pedro Apóstol que van para sus domicilios que se ubican en la Agencia de “Maguey Largo”; según reportes el saldo del enfrentamiento es de DOS MUERTOS: Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente Municipal de San José el Progreso, Felix Misael Hernández, Regidor de Salud; HERIDOS: Leonardo Ramírez Porras, Agente Municipal del Cuajilote; Alberto Mauro Sánchez, Policía del Cuajilote; DETENIDOS: Lorenzo Bertín, Silvino Vásquez López; Celso Vásquez y otras 9 personas más que aun no tenemos sus nombres.

Este mismo día el Padre Martín junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia se dirige a la comunidad de San José del Progreso a realizar una misa de una presentación que esta programada para las siete de la noche aproximadamente, al llegar al Municipio de San José del Progreso, un grupo de personas les bloquea el paso y con pistola en mano lo obligan a bajar de la camioneta, en la que se transporta, no dejándole opción él tuvo que acceder dadas las condiciones de violencia, al encontrarse abajo las personas lo empezaron a golpear fuertemente con puñetazos, piedras y todo lo que tenían a su alcance, después de que le padre se encontraba mal herido se lo llevaron a un lugar desconocido, las personas que estuvieron y pudieron observar la agresión al Padre Martín mencionan que principalmente las personas: ANGEL ARANGO, FLORA MARIA RODRIGUEZ, CLAUDIA REYES, CRISTINA HERNANDEZ, SILVANO VASQUEZ quienes lo insultaban y golpean sin dar explicación el porque de la violencia hacia el Padre que en ese momento se encontraba en cumplimiento de su deber ministerial.

Exigimos:

1.- Presentación inmediata del Padre Martín.

2.- Respeto a la integridad física y psicológica del Padre Martín.

3.- Castigo a los responsables de este acto de agresión en contra del Padre Martin, romper con la impunidad que se da a todos los niveles con hechos de ataque a personas que se manifiestan, que son solidarias y que hacen un trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.

4.- Que el Gobernador y todos los funcionarios públicos del estado respeten de forma absoluta el trabajo que realizan todos los defensores y aquellas personas que hacen una labor de promoción y defensa de los derechos humanos.

5.- Investigación pronta y expedita de los hechos violentos registrados en el Municipio de San José del Progreso para dar con los verdaderos responsables.

6.- Que la procuraduría del Estado actué con apego a la Ley sin usarla para crear chivos expiatorios deteniendo a gente inocente que ha estado en la defensa de sus recursos naturales.

5.- No más imposiciones de proyectos que traen consigo división y rompimiento del tejido social de las comunidades.

Solicitamos:

1.- A los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional su intervención en el asunto para que se obtenga el castigo de los responsables y garantizar la integridad física y mental del Padre Martín.

2.- A todas las organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos sus comunicaciones a los diferentes órganos del gobierno federal y estatal.

3.- A todas las personas solidarias y organizaciones la denuncia pública de este hecho, para evidenciar que los defensores de derechos humanos no tenemos la más mínima garantía de llevar a cabo nuestra actividad.

Enviar sus cartas a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente Constitucional de la República Mexicana

Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52  55 527 72 376. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx

Lic. Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col.

Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”), E-Mail: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx.

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Lic. Ulises Ruiz Ortiz

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

E-mail: gobernador@oaxaca.gob.mx

Fax:      (+52) 5020530

Lic. Ma. de la Luz Candelaria Chiñas

Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca

Fax. 01951 5115174, 019515115121

E-mail: procuraduria7@oaxaca.gob.mx

Lic. Javier Rueda Vázquez

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

Heroico Colegio Militar 317

Reforma, 68050 Oaxaca
Cómo llegar, 01 951 132 5748

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

(55) 56 81 71 99, E-mail: correo@cndh.gob.mx

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez

Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – SEGOB

Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030, Tel: (55) 5551-28-00 Ext: 11863, E-mail: jguevara@segob.gob.mx

S.E. Sr. Juan José Gómez Camacho

Misión Permanente de México ante las Oficinas de Naciones Unidas en Ginebra

Fax +41 (22) 748 0708, E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

Sr. Alberto Brunori

Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +52 (55) 5061 6358; E-mail: oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago Cantón

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fax +1 (202) 458 3992 E-mail: cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +41 22 917 9000 E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org

Favor de marcar copia de sus escritos a:

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.

Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, C. P. 68120, Oaxaca México

E-Mail: barcadh09@gmail.com

Derechos humanos en México

20 Junio 2010

En el marco de sus actividades, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC, publica el Informe sobre la situación de los DESCA en México 2008-2009. La autoría recae en las investigadoras Salomé Almaraz, Angélica Gay y, una servidora, Ana Luisa Nerio, quienes contamos con las invaluables aportaciones del área jurídica y el apoyo de otros colaboradores del Centro.

Ana Luisa Nerio Monroy*

Dicho informe se centra en seis derechos: laboral, salud, alimentación, vivienda, educación y medio ambiente. A continuación se presentan algunas de sus conclusiones más importantes:

Laboral. En México, el trabajo más que un derecho es visto como un elemento importante para la productividad, para atraer inversiones hacia una economía que pretende ser más competitiva, pero cuyas relaciones laborales son importantes sólo en la medida en que contribuyen a la generación de riqueza para unos cuantos. Por esta razón, las empresas son los actores privilegiados de la legislación laboral y de la política pública, pese a que son ellos justamente los que cometen las mayores violaciones a los derechos laborales.

Y es que, en medio de una crisis económica-financiera, la situación de las trabajadoras y los trabajadores muestra graves retrocesos en relación con las conquistas adquiridas a través de años de lucha. La generación de empleos es nula, el desempleo aumenta de manera alarmante, los salarios cada vez están más lejos de garantizar un mínimo de bienestar a las trabajadoras, trabajadores y a sus familias, mientras que la demanda de empleo y las personas que se suman como económicamente activas siguen aumentando. Existen pendientes urgentes en materia laboral, sobre todo aquellos relacionados con los sectores en situación de discriminación o vulnerabilidad: niños, migrantes, indígenas, adultos mayores, jóvenes y mujeres.

Salud. El Estado mexicano aún no cuenta con un diseño de política pública que garantice la equidad y el acceso a los servicios de salud. El presupuesto para que las instituciones del ramo atiendan con eficacia a la población es insuficiente y tampoco está bien distribuido. El gobierno federal ha centrado su política pública en diversos programas sectoriales que, si bien han tenido como fin el atacar problemas focalizados, no han tenido resultados debido a cómo se lleva a cabo su desarrollo, sin un impacto sustancial en la plena realización del derecho a la salud. Además, la política económica en general y prácticas como los derechos de importación obstaculizan el acceso a los medicamentos esenciales y a las tecnologías. La salud es un derecho humano vigente para todas las personas; desde el punto de vista del desarrollo humano, contribuye de manera importante al crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo social y la seguridad humana. De ahí la importancia de que los programas desarrollados no sean sólo planes complementarios o de emergencia ante las crisis, sino que han de ser planificados y puestos desde los aspectos esenciales que otorga el marco de derechos humanos.

Alimentación. Este derecho no está reconocido a nivel constitucional. Al no existir condiciones económicas adecuadas para que las personas adquieran sus alimentos, este derecho se ve violentado. Existen millones de mexicanos que padecen hambre, pero también hay problemas de sobrepeso y obesidad, ya que las personas consumen alimentos baratos no necesariamente nutritivos. Los efectos en la salud y en las finanzas públicas del país de estas formas de malnutrición son muy graves. El campo y la actividad agrícola requieren una reorientación de estrategias; los apoyos no llegan a quienes de verdad los requieren y hay funcionarios gubernamentales que se benefician de programas y recursos públicos. Por otra parte, muchos campesinos son amenazados por el crimen organizado y el narcotráfico.

Llamamos la atención sobre la autorización de siembras experimentales de este tipo de organismos genéticamente modificados, sobre todo en el caso del maíz, ya que ponen en peligro a esta semilla originaria de México y con ello el trabajo de miles de campesinos, favoreciendo sobre todo a trasnacionales de origen extranjero. Para éstas, las tradiciones, cultura, formas milenarias de siembra y de producción carecen de importancia frente a la producción a gran escala, para un mercado global que ha contribuido, tal y como lo muestra la reciente crisis económica, a profundizar desigualdades económicas y sociales.

Vivienda digna. Respecto de este derecho humano, se concluye que las acciones del gobierno federal no sólo no resuelven la falta de accesibilidad al mismo, o ponen en peligro el derecho a un medio ambiente sano, sino que también en muchos casos, como la construcción de presas y la autorización de explotación de minas, afectan elementos del derecho a una vivienda de las comunidades aledañas, e incluso criminalizan a quienes luchan por hacer valer sus derechos humanos. La política pública y la asignación del presupuesto no han sido eficaces y eso tiene un impacto directo entre la población que ve afectada la plena realización de su derecho humano a una vivienda digna. El Estado mexicano está incumpliendo obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vivienda en cuanto no ha desarrollado mecanismos de consulta e información oportuna y adecuada al momento de programar y llevar a cabo megaproyectos, como presas o explotación de recursos mineros. Ante la falta de información oportuna y la consulta adecuada a la población sobre los proyectos estratégicos, se ha originado una lucha entre las comunidades y las autoridades. Frente a las protestas de los afectados por los megaproyectos, las altas tarifas y privatizaciones de bienes públicos, la respuesta ha sido su criminalización por defender y reclamar el pleno cumplimiento de su derecho humano a la vivienda y de todos los elementos que lo componen.

Educación. En México, a pesar de que existen indicadores generales en materia de cobertura, escolaridad básica y alfabetización, la educación sigue presentando problemas de calidad y de exclusión social de grupos de población, que por su condición de pobreza o por pertenecer a un sector de población discriminado (indígenas, mujeres, personas con discapacidad y jóvenes, entre otros) no pueden ejercer sus derechos a acceder a la educación, permanecer en el sistema escolar y concluirlo satisfactoriamente. La desigualdad social sigue delimitando la frontera entre tener educación y no tenerla, y esto se agrava conforme se avanza de un nivel escolar a otro, hasta volverse casi un privilegio cursar la educación superior. La desigualdad de oportunidades tiene también una ubicación geográfica: Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo las entidades con peores indicadores educativos, sobre todo los relacionados con la posibilidad de permanecer en el sistema escolar, avanzar en los niveles y concluirlos exitosamente. Si tomamos en cuenta además que en estas entidades existe presencia importante de población indígena y rural, el panorama se agrava, pues se está doblemente excluyendo a estas poblaciones.

Medio ambiente. Existen avances en aspectos normativos y programáticos del derecho a un medio ambiente sano, pero también se notan retrocesos. Persisten aún numerosos obstáculos a la plena realización de la política pública: descoordinación entre secretarías, flexibilización de medidas ambientales que permiten la instalación de inversiones extranjeras mediante proyectos que alteran la vida de las poblaciones aledañas y de su medio ambiente. La política del país en materia ambiental da preferencia a los intereses comerciales e industriales privados por encima de la protección a los ecosistemas. Dentro de la agenda verde quedan pendientes, como la conclusión del Programa Especial de Cambio Climático; el incremento de la superficie protegida de los ecosistemas terrestres y marítimos, y la superficie bajo uso sustentable que evita la deforestación; el monitoreo y evaluación de los resultados de programas de reforestación, como Proárbol; la vinculación del ordenamiento ecológico con la planeación del desarrollo sustentable, así como el mantenimiento de los servicios ambientales y de la calidad de vida de la población. El punto nodal de la conservación del medio ambiente radica en un cambio en la estrategia de desarrollo por uno que no genere tantos daños ambientales ni ponga en riesgo la vida de los seres humanos.

*Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC

Fuente: CONTRALÍNEA 187 / 20 DE JUNIO DE 2010

SAN JOSE DEL PROGRESO, OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA A 21 DE JUNIO DEL 2010.

Ante la embestida del gobierno estatal y federal, la política de odio y represión del gobernador de Oaxaca, como es su costumbre, otra vez  bañó de sangre al pueblo de Oaxaca. Esta vez tocó a San José del progreso, Ocotlán Oaxaca. El día 18 de junio aproximadamente a las 18:30 hrs a la altura del rio “El Lavadero” ubicado en la agencia de el Cuajilote, perteneciente al municipio de san José del progreso, llegó  el presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera en compañía de la constructora SECCO para extraer material pétreo del lugar; una comisión de los habitantes de La agencia Municipal,  se trasladó al lugar para hacerles la invitación a retirarse del  mismo, y recordarles sobre el acuerdo de asamblea existente, el cual dice: que dicho material que se obtiene de los ríos o arroyos solo pueden ser para consumo de los habitantes de la comunidad, al llegar al lugar de los hechos fuimos agredidos a pedradas por  los seguidores de Oscar Venancio Martínez, a lo cual lo único que teníamos para defendernos fueron nuestros cuerpos, tratamos de dialogar, cuando los guardaespaldas del ahora extinto quienes responden al nombre de Alberto Sánchez Muños, Ángel Porras y Luis Porras, dispararon sus armas a quema ropa en contra de nuestros compañeros, lesionando a 4 de nosotros y fueron las  balas de sus mismos pistoleros las que le arrancaron la vida a Oscar Venancio Martínez, y al regidor de salud.

Antes estos hechos y al ver que el principal operador de San José había fallecido,  los priistas  que son un grupo minoritario de la religión protestante, se movilizaron, secuestrando y torturando al párroco Martin Octavio, quien se dirigía a la población por la entrada principal a oficiar una celebración eucarística; lo bajaron de la unidad de motor en que viajaba, trasladándolo con lujo de violencia al domicilio del señor Servando Arango, por otro lado, el gobierno estatal una hora después inició un operativo en la comunidad donde detuvieron a  Jorge Sánchez Hernández, Marcelino Padilla Vásquez, José Guadalupe padilla, Lorenzo Vásquez López, Silvino Macrino Vásquez Sánchez, Ignacio Francisco Vásquez Sánchez, Silvino Vásquez López, todos ellos  compañeros inocentes, culpándolos del asesinato del presidente municipal, al ver la represión por parte de gobierno decidimos trasladar a nuestros heridos para que recibieran atención medica y resguardarlos temiendo por su integridad física. La situación de los compañeros detenidos y del párroco es preocupante, ya que el estado, como es característico en las instancias de procuración de justicia, les están prefabricando los hechos y delitos, y no han permitido a nuestros detenidos y a los abogados el desahogo de pruebas, además que sin terminar de integrar la averiguación el día de hoy lunes 21 los van a consignar aprox. A las 14:00 hrs. Sin dejar que pasen sus 48 horas y el traslado al penal.

Los habitantes movilizados denunciamos que estos hechos no es la primera vez que se suscitan en la comunidad, debido a que desde la llegada de la Minera Cuzcatlán, filial de la Fortuna Silver, de capital canadiense, y de que Oscar Venancio Martínez Rivera autorizara la instalación de la misma sin previo consenso de la asamblea, de manera arbitraria concedió los permisos.

Situación que hemos venido denunciando desde el año pasado cuando se decidió tomar la mina la trinidad el día 16 de Marzo del 2009, y que a solicitud del mencionado Venancio, mediante un oficio, girado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz le solicitó desalojarnos, haciendo efectiva la petición el día 6 de mayo del 2009, donde se montó un operativo impresionante con más de 1800 efectivos policiacos, resultando 21 detenidos. Ante los atropellos vividos, los pobladores de San José, Maguey largo, el Cuajilote y otras agencias conformadas en la Coordinadora de los pueblos unidos del valle de Ocotlán, a mediados del mes de Septiembre del 2009, interpusimos una demanda de desaparición de poderes, aportando una serie de pruebas mediante las cuales estamos demostrando  un sinnúmero de abusos cometidos por el hoy occiso a los pobladores inconformes con la operación de la minera Cuzcatlan, la cual hasta la fecha ha sido ignorada por la Cámara de Diputados, a pesar de que ya se había acordando con la Asociación Civil “San José Defendiendo Nuestros derechos”, la conformación de un Consejo Municipal, contando con la presencia del ex subsecretario de gobierno Ing. Joaquín Rodríguez Palacios. En la mesa de trabajo realizada el día 4 de Enero del 2010, por acuerdo de asamblea mantenemos tomado el palacio municipal por lo cual  hemos sido objeto de agresiones en diversas ocasiones por parte de los priistas de San José.

Así mismo, hemos tenidos mesas de trabajo con representantes del gobierno estatal y federal, en las cuales hemos presentado fotografías de las agresiones  con armas de fuego de las que hemos sido objeto por parte de los priistas, tal es el caso del día 4 de mayo alrededor de las 10:00 am, en su intento desesperado de recuperar el palacio municipal, el extinto Oscar Venancio Martínez Rivera y sus guaruras, los priistas de San José y otras agencias, así como los sicarios contratados por la minera Cuzcatlán sitiaron la comunidad, con la fuerza de nuestro movimiento y la decisión de nuestros compañeros repelimos la agresión.

Sin embargo, y como es costumbre de Ulises Ruiz Ortiz el gobiernos hizo oídos sordos a nuestras quejas y a cambio como justificación para reprimirnos, ha tratado de criminalizar nuestro descontento sembrando armas, a la vez, utilizado a los medios de comunicación haciéndolos creer que pertenecemos a el EPR, (ejército popular revolucionario) utiliza grupos de choque como los sicarios contratadas por la minera CUZCATLAN, y una serie de señalamiento, descalificativos con la finalidad de argumentar sus acciones represivas contra el pueblo.
Ante esta grave situación,  responsabilizamos:

Primero.- A la minera CUZCATLÁN por ser la única culpable del divisionismo en la comunidad y por financiar a la Asociación Civil “San José Defendiendo Nuestros Derechos”.

Segundo.- A los priistas integrados en la “Asociación Civil San José Defendiendo Nuestros Derechos”, creada por la minera CUZCATLÁN Y encabezados por Servando Arango y la falta de voluntad mostrada para la conformación de un Consejo Municipal.

Tercero.- Al H. Congreso del Estado por hacer caso omiso a nuestras peticiones y demandas.

Cuarto.- Al Gobierno estatal por respaldar las acciones abusivas del presidente municipal y hacer oídos sordos a la problemática.

Quinto.-, Al gobierno federal por haber otorgado los permisos a la minera Cuzcatlán a sabiendas de la inconformidad de la población y los reclamos de la misma.

A la vez, expresamos  nuestra preocupación por el asesinato del Presidente Municipal cometido en forma premeditada por sus propios sicarios como un plan previamente diseñado y acostumbrado por el tirano Ulises Ruiz  Ortiz, mismo que ha practicado en diversas comunidades del estado, con la finalidad de violentar el proceso electoral y por el otro lado desatar una ofensiva policíaca militar en contra de los pueblos que nos oponemos al proyecto de la multicitada minera, así como enturbiar los diferentes procesos legales a que hemos recurrido para sacar a la minera de manera definitiva.

Manifestamos hartazgo y preocupación por la actitud de los gobiernos tanto estatal y federal, pero más por el local que con sus viejas prácticas priistas está repitiendo el patrón de San Juan Copala, donde han dejado que sus seguidores tiendan un cerco y retenes secuestrando a la población, donde la fuerza pública y los encargados de impartir justicia, están  actuando en forma criminal  en contra de las justas demandas de sus pobladores.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y sindicatos democráticos, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos,  a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de las formas más diversas con el pueblo de San José del Progreso, para que todos detengamos la ola de violencia generada por la minera Cuzcatlán en complicidad con el Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Exigimos la libertad inmediata de nuestros 8 compañeros detenidos.

Investigación y acción penal así como salida inmediata de la minera Cuzcatlán culpable de la violencia.

Esclarecimiento de los hechos  en forma imparcial y castigo a los culpables.

Alto al cerco policiaco y paramilitar que se ha tendido en las inmediaciones de la comunidad.

Protección de todos los compañeros que nos encontramos en contra de la Minera Cuzcatlan.

COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLAN

[Nótense: la minera Cuzcatlán es filial de Fortuna Silver de Vancouver, Canadá.]

URGENTE NUEVA ALERTA EN LA REGIÓN CUICATECA

A los hermanos y hermanas del CNI

A los Pueblos del mundo.

A la Otra Campaña.

A la Red de Medios Libres Abajo y A la izquierda.

Tememos que más sangre de nuestros pueblos se derrame por la ambición, la corrupción y la injusticia de los gobiernos priistas y sus grupos paramilitares, ahora parecer ser que toca el turno a los pueblos cuicatecos.

El 29 de junio del 2010 la autoridad del Tribunal Agrario ejecutaran la sentencia definitiva que hará justicia y  restituirá las tierras comunales a Santos Reyes Papalo, del pueblo cuicateco; estas tierras que los caciques de San Pedro Chicozapote y de Choapam de Guerrero, perteneciente al municipio de Concepción Papalo han pretendido despojarlos, con un largo litigio agrario que perdieron porque no demostraron la posesión ancestral de las tierras.

Pero como ya se esta volviendo costumbre en Oaxaca, si no te dan la razón jurídicamente te violentan tus derechos con los grupos paramilitares como el MULT quien ahora amenaza a los comuneros de Santos Reyes Papalo que no permitirán que se ejecute la sentencia definitiva.

El Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT  en la cañada es quien esta llamando a la agencia de Choapam de Guerrero, perteneciente Al municipio de Concepción Papalo y a San Pedro Chicozapote a no permitir que las autoridades agrarias lleven acabo la ejecución a favor de Santo Reyes Papalo y esta orquestando la violencia.

Dado los antecedentes tememos que agredan a nuestros hermanos en especial a la comunidad de Cacalotepec pues las tierras que reclaman están en esta parte donde se ubica la comunidad.

Por lo que responsabilizamos al comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Chicozapote, de Concepción Papalo, al Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT en la cañada y al gobierno estatal de cualquier agresión a nuestros hermanos y  hermanas.

Demandamos a que se haga justicia al pueblo de Santo Reyes Papalo, llamamos a todas y todos a estar alertas en estos días por lo que pueda pasar el día 29 de Junio de 2010 cuando se llevara acabo la ejecución agraria a favor de Santos Reyes Papalo.

Por la Reconstitución y Libre Asociación de Nuestros Pueblos

Consejo de Base de la Comunidad de Cacalotepec.

Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”

Oaxaca a 27 de Junio del 2010.

“Aquí estamos y no olvidamos”, comunicado de CACTUS por asesinato de activistas

Aquí estamos  y no olvidamos

Tú no has muerto. Murieron los que apagaron el arrullo de tus ojos.

Y morirán todos los que odian tu voz, tu signo,

la suave luz de tu estrella.

Morirán los que niegan la siembra y la canción.

Roberto Armijo

Corrían los días, como de por sí pasa en la Tierra del Sol, las lluvias no caen y cuando caen se llevan todo, y se va la tierra, y se va la gente. Erosionada esta la vida, campos sin siembra, la familia con un pie allá y otro acá. Los pueblos empiezan a lucir solitarios, la migración no sólo es pa’l norte, sino también a las ciudades, y en nuestro caso, la drogadicción, secuestros, violaciones, compas limpiando parabrisas, traga-fuegos, ya parecen pan de todos los días. No supimos ni cómo llegamos a este estado de cosas, pero acá nacimos, en esta tierra digna.

Esto nos vio nacer y nosotros vimos como iba cambiando la vida, nacimos en 1998 con el nombre de CACTUS. Quienes nos nacieron, nos cuentan mucho sobre los primeros pasos, pero pocos, muchos, o quizás todos, saben poco de nosotros.

A pesar de los años, la historia es corta, en nuestros tiempos y en nuestros modos, decimos que el 2006 terminó por definir nuestro rumbo. Por muchas razones, nuestro trabajo era como de por sí, silencioso, o más bien hablábamos sólo lo necesario. Hasta antes de ese 2006, pocos nos conocían, y aún menos, los medios de comunicación. La Otra Campaña y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero sobre todo, las organizaciones que nos abrieron su corazón, nos conocieron, escucharon nuestra palabra y hoy podemos llamarles compañeras y compañeros.

Compañeras, compañeros de Oaxaca, México y del mundo, hoy queremos decirles gracias. La solidaridad que se ha mostrado ante el cobarde asesinato de nuestra compañera Alberta (Bety) Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola, nos dice que las fronteras  no existen, que la solidaridad es lo que hermana a los pueblos, que otro mundo construido desde abajo es posible.

Y prueba de que las fronteras son divisiones ilusorias son las cartas que nos han llegando de Finlandia, Francia, Grecia, España, Suiza, el País Vasco, Alemania, Italia, Bélgica, la Europa Toda y de Nuestra América, desde Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y Canadá, entre muchos otros rincones dignos del mundo. Al abrir cada una, sentimos que abríamos un camino hacia la justicia, que desde cada rincón del mundo nuestra lucha es su lucha.

La muerte nos duele hoy más que nunca, pero el dolor, es nuestra más digna rabia contra la injusticia. Aquí estamos y No olvidamos, desde el 2006 han buscado callarnos, nosotros no olvidamos a los más de 20 compañeros mixtecos que reprimieron en noviembre del 2006, enviándolos al penal de Nayarit; tampoco las tantas veces que han allanado nuestras oficinas o las amenazas contra nuestra compañera Bety, diciéndole que le iban a cortar la lengua; o la noche de diciembre en que mataron a nuestro compañero Plácido Abraham López Castro en la comunidad de San Pedro Yosotatu; o el abril del 2008, cuando Tere y Feli fueron asesinadas… cada día el dolor fue creciendo  y las injusticias se acumulan.

Pero la lucha de los pueblos por su autonomía y autodeterminación se fortificó hace 16 años. Desde el 2001, cuando la clase política desconoció los acuerdos de San Andrés y traicionó a los pueblos indígenas, diversas expresiones de autonomía han ido naciendo y la palabra de los pueblos se va abriendo camino, por la construcción de un mundo digno y justo.

Desde su nacimiento, CACTUS ha realizado su trabajo en la región mixteca, para lograr construir junto con los pueblos indígenas de la región condiciones de vida dignas y justas. Esto ha motivado a la organización a emprender iniciativas de tipo comunitario, a petición misma de las comunidades. Es el caso del municipio Autónomo de San Juan Copala, que como todos saben, nació en el año 2007. Los compañeros nos solicitaron apoyar la capacitación para la construcción de una radio comunitaria, que después se conocería como la “Voz que rompe el silencio”.  Unos meses después, el asesinato de las compañeras locutoras Tere y Feli, nos acercó más, ya que ante este crimen no podíamos quedarnos callados. Es por ello que, desde entonces, exigimos justicia.

Por los comunicados que emitía el municipio autónomo, nos fuimos enterando de la situación grave que estaban enfrentando. Desde noviembre del 2009, se empezaban a denunciar asesinatos. Este grave contexto, nos hizo participar, junto con otras organizaciones del estado y observadores internacionales, en la caravana humanitaria del 27 de abril, en la que fue brutalmente asesinada nuestra compañera Bety Cariño.

Este terrible hecho no puede quedar impune, a dos meses de ese  terrible crimen, seguiremos exigiendo justicia, y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, del asesinato de nuestra compañera Bety y de Jyri.

Hoy, queremos decirle a los compañeros internacionalistas y mexicanos que, aunque el gobierno busque criminalizar la solidaridad, nosotros decimos que acá está nuestro corazón  y nuestra convicción. Las intimidaciones contra nosotros no terminan, nos siguen persiguiendo, pero no podrán callar nuestra palabra.  Lucharemos hasta que se castigue a los asesinos de nuestros compañeros Bety y Jyri, hasta que se haga justicia para los pueblos indígenas de este país llamado México, y hasta que se respete la Autonomía y la Autodeterminación del Municipio Autónomo de San Juan Copala y de todos Pueblos Indígenas en resistencia.

Corren los días, como de por sí en la Tierra del Sol, pero ahora en nuestro CACTUS florece una Pitaya Roja.

¡Bety Vive!

“Sembrando Sueños, Cosechando Esperanzas”

CACTUS

México: Boletín del Municipio Autónomo de San Juan Copala

Julio 3 de 2010.

Ante la impunidad alarmante en la Zona Triqui
Continúan los asesinatos.
En riesgo habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Desde la emboscada de la caravana del día 27 de abril del 2010 donde murieron los defensores de derechos humanos Bety y Jyri; la retención de 6 mujeres, 5 niños y un bebe, el 15 de mayo 2010; después la muerte de nuestro líder indígena Timoteo y su esposa Cleriberta, el 20 de mayo 2010; del impedimento a la segunda caravana humanitaria del día 8 de junio del 2010  y de vivir  en constantes tiroteos en el municipio.

A todo esto sumamos los últimos hechos violentos que han acontecido en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, como son, que el día 26 de junio a las ocho de la noche se hicieron tiroteos en el municipio y dejo heridas a dos mujeres y a una niña:  Marcelina de Jesús López, herida de dos impactos de bala en el hombro izquierdo, Celestina Cruz Ramírez, de 26 años, herida en el mismo lado por tres impactos de Bala y una menor de nombre Miriam Martínez Flores de 8 años herida con un impacto de bala en el pie izquierdo, hechos denunciados en su oportunidad.

El día 2 de Julio se nos invito a participar en la reunión con las Eurodiputadas, Ska Keller y Satu Hassi quienes viajaron a esta ciudad con el interés de conocer la situación de los Derechos Humanos en Oaxaca y especialmente conocer sobre lo que vive el Municipio Autónomo de San Juan Copala, nos entrevistamos con ellas y al salir del Hotel “Fortín Plaza”, lugar donde fue la reunión, nos percatamos que Rufino Juárez y Anastasio Juárez lideres de la Ubisort nos seguía y por ello buscamos protegernos en la Iglesia de Xochimilco, pero al llegar ahí, también observamos a gente de la Ubisort cerca, esto provoco que saliéramos de Oaxaca inmediatamente para buscar un lugar más seguro y con nuestra gente.

Por todos estos hechos graves y que ponen en peligro la vida de nuestra gente que lucha por sus derechos indígenas,  seguimos denunciando al Gobierno del Estado de Oaxaca por la complicidad y protección que brinda al grupo de Priistas de la UBISORT, quienes sabiéndose protegidos se atreven a intimidar y perseguir a nuestra gente del Municipio Autónomo, incluso ya no sitiando y matando a la gente que esta en el Municipio, sino cazando a los compañeros que buscan por todos los medios denunciar la situación que prevalece en la zona para atraer el interés y las miradas de organizaciones internacionales en la problemática, para que sean testigos de la espiral de violencia, injusticia, impunidad que vivimos por el solo hecho de revelarnos a estar sujetos a los grupos de poder: MULT y UBISORT.

Denunciamos también los constantes hostigamientos y amenazas, por parte del MULT, que viven los compañeros que están en el distrito federal trabajando para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Ante esta situación que vivimos, pedimos a las organizaciones de derechos humanos y personas adherentes a la otra campaña estar pendientes del caso de San Juan Copala, no dejar de brindar su solidaridad y acompañamiento a nuestro Municipio.

Continuar la denuncia a nivel internacional, porque a pesar de existir tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y de defensores de derechos humanos, en Oaxaca no hay el mínimo interés  de respetarlos, ni mucho menos de aplicarlos en beneficio de los pueblos indígenas de Oaxaca, acá la única ley que existe es la del Gobernador Ulises Ruiz y sus grupos paramilitares.

“Un pueblo conciente será siempre un pueblo Rebelde”

Por la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos
Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Casimiro Martínez Aguilar
Vocero

BOLETÍN DE PRENSA Comisión Internacional de Comunicación y Observación de Derechos Humanos, COICODH

Oaxaca está  en la mira del mundo desde hace muchos años, por la constante violación a derechos humanos.  El escenario que nos trajo aquí se construye desde las movilizaciones en 2006 cuando ocurrieron varios asesinatos de entre los que destacamos la del periodista norteamericano Brad Will.  Este escenario se agrava recientemente con las muertes de Bety Cariño y Jyri  Jaakkola;  de líderes triquis Timoteo Alejandro y Cleriberta Castro y previo, a la jornada electoral, del presidente municipal de Santo Domingo de Morelos, Nicolás García Ambrosio, y del síndico Miguel Ángel Pérez García.

Con ello constatamos que la cultura de la violencia está enraizada en el Estado de Oaxaca y se  expresa con la presencia de  grupos paramilitares, de pistoleros al servicio de políticos,  de porros; en la intimidación  de empresas transnacionales que dividen a poblaciones como en el caso de San José del Progreso con la empresa Fortuna Silver,  por mencionar algunas de muchas realidades que forman parte de una estructura de poder que viola derechos humanos de manera sistemática.

De frente a lo anterior,  también reconocemos  la riqueza de la diversidad cultural del pueblo de Oaxaca, de sus múltiples experiencias organizativas con gran sentido de pertenencia comunitaria  que buscan autonomía,  que se dignifican y crean poder popular y son un gran potencial para generar alternativas de vida digna.

De  las entrevistas con académicos, activistas de movimientos sociales, ciudadanos comunes y con representantes de partidos  políticos que accedieron a darnos entrevistas, confirmamos el contexto histórico de violación sistemática de derechos humanos en Oaxaca. Junto con ello, el momento electoral se presentaba como una gran oportunidad para cambiar ese contexto y  realizar las transformaciones sociales y civiles democráticas de manera pacífica y  sin romper la  institucionalidad.

La riqueza de estrategias y organizaciones populares que encontramos nos sorprendió; y demostró que la población realmente confió en que es posible cambiar por la vía institucional y pacífica. La gente en Oaxaca acudió a las urnas enfrentando el clima de miedo que se propagó de diversas formas, incluso a través de periódicos  y panfletos distribuidos de manera gratuita a la víspera y al inicio del día de la elección.

La gran participación  de la población en la jornada electoral se manifestó no sólo en acudir a votar sino en organizarse y capacitarse para vigilar las urnas y el conteo de votos.

Los movimientos sociales más horizontales e independientes de partidos, se mostraron dispuestos a participar para garantizar la legitimidad de la elección y  respetar la voluntad popular.

Los resultados preliminares indican que  Oaxaca eligió el cambio de un régimen autoritario y una práctica criminal de gobernar. Sin embargo, es necesario dar cuenta de que la alternancia de poder por sí sola, no garantiza el cambio, como está demostrado a nivel federal.  El próximo gobierno está llamado a generar condiciones para  que Oaxaca camine hacia un Estado de Derecho  y que se haga justicia.

El pueblo de Oaxaca y en particular, la comisión internacional de comunicación y observación de derechos humanos (COICODH) estará vigilante para que las muertes de Brad Will, Bety Cariño y Jyri  Jaakkola;  de los triquis, Timoteo Alejandro y Cleriberta Castro, así como del presidente municipal, Nicolás García Ambrosio y del síndico Miguel Ángel Pérez García, de  Santo Domingo de Morelos, no queden impunes.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 6 de julio de 2010

Contra los pueblos indígenas: la verdadera guerra del gobierno mexicano

La Jornada *

Adital -

En OjarascaHace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio contra los pueblos de México. Los  gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene) cajas de resonancia lo negaron una y otra vez. No podía ser de otro modo: el régimen priísta-panista resulta responsable directo de dicha guerra, que sí lo es en el sentido más estricto y literal que el atribuido  por el calderonismo a su “guerra” contra el crimen organizado. El poder político y económico disputa a los pueblos originarios sus territorios, sus culturas, su derecho a la vida, y les niega la autonomía, la autodeterminación, los derechos culturales y políticos. Ante la abundancia de hechos graves registrados en la primavera de este año, el equipo editorial de Ojarasca elaboró el presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente nos quedamos cortos.

Los paramilitares no existen (1): OaxacaSobran elementos en Oaxaca para confirmar la existencia de grupos paramilitares en franca guerra contra comunidades triquis y mixtecas. Sus acciones criminales, sobre todo en la sierra Mixteca, se han recrudecido en meses recientes, bajo una consistente protección del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz. Ataques de grupos armados siempre con armas de uso exclusivo del Ejército, y en ocasiones uniformados de negro, sólo en mayo afectaron a comunidades enteras en Chalcatongo de Hidalgo y Zimatlán, además del mucho mejor conocido caso del municipio autónomo San Juan Copala, sitiado desde hace medio año por un grupo armado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El gobierno priísta de Oaxaca nunca ha aceptado la existencia de grupos paramilitares, del mismo modo que ocurre en Chiapas desde 1995. Así es la flagrante actuación de miembros de Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) como grupo “civil” armado, entrenado y organizado, que mantiene sitiado San Juan Copala a tiros, con la impávida anuencia gubernamental. El candidato priísta a gobernador, Eviel Pérez Magaña, rubricó la versión de Ruiz y dijo que es un conflicto que lleva 150 años, y nada de que hay paramilitares.

Además de varios asesinatos recientes, en menos de un mes murieron emboscados por Ubisort la activista Betty Cariño y el observador de paz Jyri Jaakkola (27 de abril), y luego fue ejecutado el líder del multi y parte el gobierno municipal autónomo bajo sitio de San Juan Copala, Timoteo Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro. Esto llamó la atención nacional e internacional, y una segunda caravana de paz intentó romper el cerco el 8 de junio. Pero no ha sido el único caso. El 5 de mayo, según el reportero Roger Valle, “más de 50 integrantes del grupo paramilitar que comanda Freddy Eucario Morales Arias bajaron de la comunidad de Los Reyes, sitiando La Paz y Reforma Chalcatongo”. El grupo colocó barricadas en los caminos, “dejando incomunicado a los pobladores, y ha amenazado con matar a los que pretendan salir”, declaró Isidro Jiménez, presidente de bienes comunales de Chalcatongo de Hidalgo. “Los paramilitares, con armas de alto poder, bajaron de su comunidad realizando disparos al aire, tratando de sembrar el terror en La Paz y Reforma, lo que originó que los pobladores se encerraran en sus casas para evitar ser asesinados.” Los paramilitares, dijo Jiménez, “exigen la liberación de su líder preso Morales Arias, así como de Aurelia García García, detenida en días pasados acusada de asesinar a Epifanía Ruiz Ruiz en 1996, y que en caso de no dárseles la libertad, se estaría asesinando a los pobladores”.

Fructuoso Román Mendoza Cortés, agente de policía rural de La Paz, mencionó que “que los pobladores temen ser asesinados durante la noche”. Por su parte Rufino Benítez Sánchez, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, expuso: “En el paraje Los Reyes se encuentra refugiado el grupo paramilitar. Las autoridades locales, estatales y nacionales han sido informadas de estos sucesos mediante denuncias formales y peticiones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 177 personas de Santo Domingo Ixcatlán (municipio vecino) “en grave situación de peligro por la amenaza que representa el grupo paramilitar que opera en dicha zona de la Mixteca Alta”. Esto evidencia “que en Oaxaca existen grupos paramilitares que cuentan con la protección del Estado, ya que actúan de manera reiterada y cada vez más violenta, en total impunidad, sin que la procuración de justicia sea eficaz e imparcial”. Cabe mencionar que Chalcatongo, tierra natal de Ulises Ruiz, es un municipio mixteco que lo repudió oficialmente en 2006. También que el cacique de Santo Domingo Ixcatlán, ex-edil y cabecilla paramilitar, Morales Arias, es parte del grupo de protegidos del gobernador y los sucesivos secretarios de Gobierno. Como funcionarios, alcaldes o legisladores, han asolado distintas regiones y municipios de Oaxaca. Chalcatongo y Santo Domingo son sólo un par de casos. Hay otros.

El 29 de mayo los reporteros regionales Ricardo García y Roger Valle informaron que hombres encapuchados y con armas de alto poder dispararon contra los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, también en la Mixteca, “generando terror”. La gente buscó refugio “para no ser el blanco de los disparos que dejaron heridos y varias casas quemadas”. Nicanor Jiménez Garcí¬a, suplente del agente municipal de Zimatlán dijo que más de 150 personas “fuertemente armadas y vestidas de negro” atacaron a la población: “Los disparos provienen de los cerros que rodean a la comunidad”. Aquí también la población se vio obligada a buscar refugio para no ser blanco de los paramilitares apostados en los cerros”. En las escuelas se suspendieron las clases. Los más de 150  paramilitares que han rodeado Zimatlán pertenecen a la comunidad San Sebastián Nopalera. El gobierno estatal, al tanto de la situación, “no da respuesta al problema, lo que pone más tensión, y los pobladores temen que durante la noche los paramilitares bajen de los cerros e inicien ejecuciones”.

Una explicación posible de este recrudecimiento está en el actual proceso electoral, que para estos políticos profesionales significa el Aleph: ganar, ganar, ganar elecciones cueste lo que cueste. El verdadero trasfondo de este ensañamiento con los pueblos es la intención del poder de arrebatar sus tierras a los indígenas. En ellas existen recursos minerales y forestales, tierras de cultivo, o habrán de transformarse en autopistas. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán, los paramilitares atacan donde hay agua, potenciales polos turísticos, o también potenciales rutas para el narco y los polleros.

Una temporada de abusos

Según el informe en 2010 de Aministía Internacional (AI) El estado de los derechos humanos en el mundo, “en México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en tareas policiales y por policías federales, estatales y municipales”.

Amnistía Internacional añade: “Familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares fueron amenazados, y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos”. Además, continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro. “Bandas de delincuentes secuestraron a miles de  migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Doce periodistas fueron asesinados, y algunos activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos”.

Sierra Huichola: despojo y destrucción del bosque

Un ejemplo de cómo se desfonda la institucionalidad es el programa de “Focos rojos” de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de retribución (o “indemnización” injustificada) a quienes por años invadieron tierras con lujo de violencia. Ya habían perdido los litigios en tribunales agrarios. En la Sierra Huichola, por citar un caso, se instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto). Ello restó autoridad a los tribunales y afianzó a caciques (“poderes fácticos”), que recibieron una inyección en efectivo para operar, sin que ningún tribunal pueda impedirlo. Los principales afectados son los huicholes y sus asambleas. Ahora deben demostrar nuevamente que son los legítimos dueños del territorio invadido. En los polígonos que “sobran” cuando las brigadas institucionales hacen mediciones, literalmente “inventan tierra donde no hay” o permiten “indemnizar” a invasores que sólo rentaban, y que las comunidades ya habían corrido. Las asambleas se enfrentan a caciques, incrustados en las propias comunidades, que promueven la venta del bosque antiguo, sagrado para los wixaritari: Maye Niuhue, el corazón de la Sierra. Según Semarnat, existen allí 22 especies en peligro de extinción. Hasta 2000, la comunidad de San Sebastián (Jalisco) resistió la tala y frenó al invasor Francisco Quintanilla y su empresa Triplay y Maderas del Norte. Ahora, el comisariado de bienes comunales accedió a la tala de Maye Niuhue, a los precios ridículos (475 pesos el metro cúbico de madera en pie) que paga el empresario duranguense Enrique Adame, quien en la más reciente asamblea propuso de nuevo que los wixaritari hicieran tratos con Francisco Quintanilla. Y mientras se malbarata el bosque sagrado en San Sebastián, sin que los comuneros tengan vías legales para evitarlo, en Bancos de San Hipólito (Durango), el Ejército federal irrumpió el 2 de junio en los campamentos de limpieza ambiental de la comunidad, instalados para aprovechar, con permiso de Semarnat, un millar de árboles caídos por las tormentas y nevadas de meses anteriores. Las tropas federales decomisaron ¡tres rifles .22!

De igual manera, el 29 de mayo habían sido “desarmados” en Jalisco cazadores wixaritari de San José Hayukarita, en la comunidad de San Andrés Cohamiata, y de Ciruelillo, en Santa Catarina Cuexcomatlán. Lo mismo ocurrió en Ciénega de los Osos, dentro del territorio tepehuano de Santa María Ocotán, (Durango). En todos los casos, esto representa un hostigamiento a los trabajos ceremoniales indígenas.

Los paramilitares no existen (2): Ostula

En Santa María Ostula, en la costa nahua de Michoacán, la situación es descrita así por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos: Las comunidades enfrentan “una serie de ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas invadidas hace 40 años por supuestos pequeños propietarios de La Placita”. Ese mismo día, 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares con rifles AK 47.

El pasado 23 de febrero, Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles fueron desaparecidos por un comando armado mientras se encontraban en un restaurante del municipio de Aquila. El 20 de abril, un comando paramilitar fuertemente armado de aproximadamente 20 personas sitió la casa del presidente del comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel, a quien secuestró y llevó “con rumbo desconocido”.

El 7 de mayo, unos 150 encapuchados, portando armas de alto poder, incursionaron en la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El Faro en la comunidad de Coire, “con el objetivo de sembrar el terror en la población y tratar de secuestrar a un comunero, transitado después por la carretera federal con absoluta impunidad”. La Red también subraya la impunidad con que operan estos grupos en la zona, donde hay una fuerte presencia del Ejército federal, la Armada y el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, “por lo que resultan alarmantes la situación y la omisión de las autoridades”.

Desde junio de 2009 han sido violentamente asesinados ocho comuneros nahuas de Ostula, Coire y Pómaro “sin que los crímenes hayan sido investigados por alguna autoridad gubernamental, a pesar de que la comunidad ha denunciado en varias ocasiones la presencia de poderosos cárteles de droga, que gozan de una completa impunidad y que se han puesto al servicio de los supuestos pequeños propietarios para atacar a la población indígena”.

Desde meses atrás, el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha venido denunciando lo que ocurre en Ostula y sus comunidades hermanas. En medio de una conflictiva agraria causada por el propio gobierno, la Red señala que esta situación se da “en medio de una fuerte presión para imponer ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido consultados con las comunidades nahuas, como el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y proyectos mineros”.

Minería brutal: el proyecto de los depredadores

Las corporaciones echan mano de la manga ancha de la jurisdicción nacional como ventaja comparativa para la inversión extranjera. Por eso les funciona “liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas”, muchas, comunidades en resistencia, de acuerdo al informe del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio (3 de junio).

“El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración forzada o concentrándola en núcleos urbanos, como el programa gubernamental Ciudades Rurales Sustentables  en Chiapas. De este modo, regiones con alta concentración de recursos quedarán disponibles para las empresas en alianza con los gobiernos. “La consigna parece ser ‘limpiar el terreno’, arrasar el modo de vida campesino-indígena para dar lugar al ‘desarrollo’”. El informe apunta “dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial para el despliegue del capital”. Una coercitiva, por medio del desalojo, la militarización o paramilitarización de las comunidades. “Otra, más silenciosa, propiciando condiciones para el desplazamiento forzado de la población” por la migración o “reacomodo en centros urbanos”.

Así, “la privatización y venta de tierras comunales y la instauración de megaproyectos abonan el abandono del campo”. Para miles de personas, su modo de vida campesina “no encuentra cabida frente al saqueo del territorio”. Lo que subyace es un “cambio de uso de suelo”. La milpa y la comunidad se hacen a un lado y dan paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza”, concluye CIEPAC.

Nadie más rampante que las mineras. Paramilitarización, desplazamiento, emboscadas y terror acompañan a muchos de los proyectos mineros, que -según el investigador Andrés Barreda- “pasaron de la perforación de túneles a la minería a cielo abierto, que entraña un despanzurramiento de la región en pos de mucho menores cantidades de mineral, a cualquier costo social y ambiental”.  Un caso ejemplar es la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Aunque el tribunal federal de justicia fiscal falló contra sus operaciones, sigue funcionando. Juan Carlos Ruiz Guadalajara explica (nota de Angélica Enciso, La Jornada, 28 de abril): “Ahora la compañía canadiense labora sin permiso ambiental y argumenta que lo hace al amparo de la norma oficial mexicana 155 de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual determina los requisitos para los sistemas de lixiviación de minerales. La minera, en una zona semidesértica, utiliza diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro, líquido que no podrá ser reutilizado”.La empresa declara que existe medio gramo de oro por cada tonelada de corteza terrestre. “Con ese método de explotación a tajo abierto, cuesta 180 dólares una onza de oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200 dólares. Por cada 28 gramos de oro, se destruyen 56 toneladas de montaña”.

Ya en mayo de 2007, La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá, documento del autor colectivo Mandeep Dhillon, afirmaba: “El debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los movimientos sociales son requisitos para que prosperen los proyectos mineros en México. Los informes de la industria minera no dejan lugar a dudas. La ‘estabilidad política’ que mencionan los informes de las empresas canadienses y del gobierno no es la estabilidad social sino el control de los movimientos con mano dura, de la militarización del campo y el desplazamiento de las comunidades locales” tal como se dan actualmente en México. Esto permite “la implementación y protección de las inversiones corporativas. Oaxaca cuenta con abundantes recursos naturales que han estado en la mira de las empresas extranjeras durante años”. Continuum Resources, de Vancouver, tiene 10 proyectos en Oaxaca, en más de 70 mil hectáreas, y “consolida su dominio en terrenos aun mayores”. En septiembre de 2006, la empresa Chesapeake Gold Corp. anunció haber cedido en Oaxaca casi la totalidad de dos proyectos a Pinnacle Mines. “La Horseshoe Gold Mining, adquirió 60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, en Oaxaca. La Linear Gold Corp de Halifax también es dueña de un proyecto minero en marcha”. El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San Juan Copala aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento de las compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril, era una activista contra la minería.

Desalojos “ecológicos” contra la autonomía comunitaria

El 26 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó un informe sobre la situación de las garantías de los pueblos de Chiapas en el último año. Sus hallazgos son aplicables a todos los procesos de autodeterminación y autonomía que se desarrollan actualmente en México, “demuestran que la autonomía es un camino que se construye, reinterpreta y resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias; se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos, en contraposición a la lógica capitalista y de desarrollo, basada en la sobreexplotación de pueblos y recursos naturales”.

Planes como el Proyecto Mesoamérica, que promete infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, “constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza”. El gobierno, considera el Frayba, pretende despojar de la tierra a los pueblos, “lo cual supone la venta de la gran diversidad biológica y cultural, en beneficio de inversionistas internacionales y nacionales”.

La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “fomentan conflictos” en diferentes regiones. Por ejemplo, “otorgando tierras recuperadas por los zapatistas a peticionarios afines al proyecto de privatización, valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”. En Chiapas (como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros), “los gobiernos federal, estatales y municipales utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales”. La represión contra los pueblos que históricamente poseen la tierra “ha aumentado”.

La estrategia de despojo pretende imponer “la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades”. Sin embargo, los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio”. Ante las luchas a nivel nacional contra el calentamiento global y por la protección ambiental, los gobiernos estatales promueven presuntas alternativas “ecológicas y sociales”, como agrocombustibles y maíz transgénico. Apoyan el monocultivo argumentando que es “una oportunidad para el desarrollo de las comunidades más pobres”.El cultivo de maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria. El objetivo consiste en que los pueblos dependan de las transnacionales para su sobrevivencia y se inserten en la lógica consumista. Esto representa un peligro para el medio ambiente y los derechos fundamentales. El gobierno mexicano continúa practicando el “desplazamiento interno”, confirma el Frayba. El 21 y 22 de enero fueron desalojadas de Montes Azules las comunidades El Suspiro y Laguna San Pedro, ésta última de bases zapatistas pertenecientes al caracol de La Garrucha. Y el 2 de mayo, la junta de buen gobierno de La Realidad denunció la intención oficial de nuevos desalojos que afectarían, entre otros, a bases del EZLN que ejercen su derecho a habitar la selva racional y legítimamente.

Ante las demandas de autonomía de la población indígena, “el Estado se limita a ofrecer subvenciones paternalistas, mediante programas que crean dependencia para el control político y contrainsurgente”. La libre determinación “implica que los pueblos asuman el control de su territorio y la procuración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos de sus territorios”.

A miles de kilómetros, en el extremo norte del país, el 19 de mayo, las fuerzas armadas detuvieron en el mar de California a los pescadores cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, por llevar en su panga una totoaba de 12 kilos. El ministerio público los consignó por, presuntamente, pescar en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado, donde los cucapá han vivido y trabajado durante siglos. El juez José Ávalos Cota dictó auto de formal prisión a los indígenas, sin derecho a fianza, “como si fueran criminales”, como lo expresaron sus hermanos cucapá. Ahora podrían alcanzar penas de hasta nueve años por pescar en sus costas ancestrales. Del mismo modo, los peregrinos wixaritari enfrentan amenazas equivalentes en Virikuta (Desierto de Coronado, en San Luis Potosí), territorio sagrado que durante siglos han sabido cuidar mucho mejor que las voraces autoridades “legales”, corroídas hoy por la corrupción.

Los paramilitares no existen (3): Chiapas

En Chiapas, los paramilitares “no existen” desde 1995. Ni siquiera fueron reconocidos por el gobierno tras la masacre de Acteal en 1997. Mucho menos en la ola criminal desatada por Paz y Justicia en la zona chol. La actuación de esos u otros grupos contrainsurgentes contra las bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus municipios autónomos se ha sucedido desde entonces.  Alrededor de 2000, diversas ramificaciones de la Opddic -agrupación priísta, como todos los grupos contrainsurgentes armados en México-, han protagonizado agresiones contra comunidades de los municipios autónomos San Manuel, Comandanta Ramona y Ricardo Flores Magón, cuando menos. El pasado 10 de mayo, la junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha denunció la desaparición de nueve indígenas, bases de apoyo del ezln, y de cinco más, “detenidos” en el ejido Peña Limonar por miembros de un grupo armado, de corte paramilitar, responsable de dos asesinatos en la comunidad de Amaytik en 2002. En marzo, estos “asesinos” habían ocupado por la fuerza tierras de Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón. La junta El Camino del Futuro destacó que las bases zapatistas “son perseguidas por la seguridad pública y los paramilitares, cerrando todos los pasos y entradas en los caminos para vigilar qué hacen y a dónde van los compañeros, y los asesinos tranquilamente paseando”.

Las mujeres, “en sus entradas y salidas de la comunidad”, se encuentran amenazadas por los paramilitares, que además “quieren desalojar” el poblado. El grupo paramilitar ha sido vinculado por la propia junta a la Opddic. De esta manera, las mismas autoridades gubernamentales que han solapado a los asesinos durante ocho años, detuvieron sin motivo a cinco campesinos zapatistas, y los entregaron a la policía, que los condujo a la cárcel para “ser procesados”. Fueron liberados el 12 de mayo, pero la amenaza paramilitar en Amaytik y otras comunidades zapatistas y de la Otra Campaña en Chiapas sigue en pie.  En un episodio más, el 12 de marzo Opddic amenazó con atacar la comunidad zapatista Casa Blanca, o Santo Domingo, perteneciente al caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, en La Garrucha. Y en Bolón Ajaw, municipio autónomo Comandanta Ramona, el 9 de febrero hubo un ataque armado de ejidatarios de Agua Azul, identificados desde hace años como “opdiqueros”, y que a fines de enero habían invadido tierras de la comunidad autónoma sobre las cuales no pueden invocar ningún derecho, pues son tierras recuperadas por los zapatistas. Sin embargo, y como siempre, los paramilitares “no existen” en los territorios chiapanecos intensamente militarizados desde el gobierno de Ernesto Zedillo, no tanto para combatir militarmente a los zapatistas (no hasta ahora) como para implementar una amplia estrategia contrainsurgente que ha incluido sistemáticamente grupos civiles armados. Paramilitares, o bien bandas criminales, “leales” al Ejército, las policías y el gobierno estatal.

Coda: El cerco de Copala, una vergüenza nacional

El desenlace, si se le puede llamar así, de la segunda caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala el 8 de junio, confirma que el gobierno de Ulises Ruiz puede hacer, o permitir que se haga cualquier cosa en Oaxaca sin que pase nada. El territorio triqui es el escenario donde el Estado mexicano libra hoy mismo una batalla más de su guerra contra los pueblos. Conformaban el frustrado cortejo centenares de personas, en 20 autobuses. Indymedia registró entre los participantes a miembros del municipio autónomo triqui sitiado, la Otra Campaña, diputados del PRD y PT e integrantes del movimiento indígena nacional. De AMAP, MAIZ, Ucizoni, FIOB, SME, FNIC, RMALC; de la iglesia católica; grupos de derechos humanos y ambientalistas del DF, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Decenas de comunicadores de medios alternativos y comerciales. Observadores de varios países europeos. La policía estatal, que presuntamente los venía protegiendo, les impidió llegar a su destino, argumentando que no podía comprometerse a defenderlos, no había condiciones.

En la cercanía de San Juan Copala, Ubisort bloqueaba el paso con grandes rocas trasladas por maquinaria pesada. Una concentración de indígenas priístas, encabezada por su líder Rufino Juárez y decenas de hombres armados, esperaba a la caravana para impedirle el tránsito. A la entrada del paraje Agua Fría, la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, comunicó a los caravaneros que la “condición” que puso Rufino Juárez, dirigente de Ubisort, para dejarlos pasar “es que también dialoguen con ellos” (El Universal, 9 de junio). Defensores de derechos humanos señalaron de que no se podía dialogar con una persona que está señalada en una averiguación previa como responsable de la emboscada, “y no hay siquiera una orden de presentación”. La procuradora se zafó replicando que existen órdenes de aprehensión para militantes de las tres organizaciones de la zona triqui (MULT, Ubisort, MULTI), pero no se ejecutan porque “no queremos vernos como un Estado represivo y creemos que la ayuda de ustedes puede coadyuvar al diálogo”. La caravana humanitaria dio marcha atrás, según informó el propio secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Y que en el paraje La Pavimentada, última desviación hacia San Juan Copala, se escucharon disparos de arma de fuego.

Convertido además en botín electoral de los partidos, el municipio autónomo de San Juan Copala lleva meses secuestrado a punta de cañón, ante los ojos del mundo. ¿Alguien dijo paramilitares?

YA BASTA DE PARAMILITARES, EXIGIMOS REUBICACIÓN DE ESOS DELINCUENTES DEL EJÉRCITO DE DIOS!

Mitzitón (pueblo adherente a La Otra Campaña) Chiapas, México a 1 de julio de 2010.

A las Juntas De Buen Gobierno
A las adherentes nacionales e internacionales a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona
Al Congreso Nacional lndlgena
A los organismos de Derechos Humanos No Gubernamentales
A los medios libres e independientes

Compañeras y compañeros reciban un saludo y nuestra palabra de lucha. Les damos a conocer una vez más el acuerdo que ha tomado nuestro pueblo.

Nosotros hombres y mujeres del pueblo organizado de Mitzitón ya estamos cansados de las injusticias, los crímenes en contra de nosotros, como el asesinato de nuestro compañero Aurelio Díaz Hernández, han estado disparando por las noches, han intentado violar a nuestras compañeras, han golpeado y secuestrado a nuestros compañeros y actualmente han estado talando árboles sin ningún respeto a nuestra asamblea Y NUESTRO PUEBLO CONTESTA ¡YA BASTA!

Por eso este día 1 de julio nos estamos movilizando para decir a al gobierno que no queremos más mentiras, ni sus circos de aplicacíon de justicia, donde siempre termina dejando libres a los delincuentes que verdaderamente están tratando de terminar nuestra organización y vender lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra tierra.

Porque nosotros, como pueblos, queremos vivir en paz y solo los pueblos podemos vivir en paz cuando no estamos revueltos con delincuentes, paramilitares. Por que estos grupos paramilitares Ejército de Dios nos han hecho muchas cosas, dentro de nuestro pueblo y fuera de nuestro pueblo. Por eso ya no los queremos aquí y lo que exigimos es que el mal gobierno los reubique, por que el mal gobierno perfectamente sabe cual es nuestro acuerdo y no ha cumplido.

Estamos cansados de denunicar una y otra vez con el mal gobierno y sus ministerios públicos sin que hasta el momento se haga justicia, al contrario, somos nosotros los que somos encarcelados como lo hicieron con nuestro compañero Manuel Díaz Heredia, por eso, el día de hoy acordamos que ya estamos cansados de tanta violencia y que el mal gobierno los proteja, reafirmamos que el grupo de paramilitares “Alas de Águila, Ejército de Dios” quedan desconocidos totalmente de nuestra comunidad y sin derecho tanto a sus solares como las tierras. Aclaramos que no somos un grupo de personas que estamos tomando acuerdos, sino que somos los ejidatarios, cooperantes y las mujeres que formamos nuestra comunidad y que somos el pueblo.

En estos últimos días se ha agravado las amenazas y provocaciones de los paramilitares “Alas de Águila, Ejercito de Dios”, sin que el mal gobierno haga algo, por eso acordamos hacer un bloqueo carretero permanente hasta que el mal gobierno limpie nuestra comunidad, sacando a los paramilitares “Alas de Águila, Ejercito de Dios” y los reubique en otro lugar donde no sigan dañando a nuestra comunidad, porque
queremos vivir en paz, evitar más derramamiento de sangre, más muerte o un enfrentamiento con hechos lamentables. Queda acordado no molestar a los pasajeros y mucho menos pedir dinero. Si el mal gobierno no trabaja sacando a los “Alas de Águila, Ejercito de Dios” de nuestra comunidad, lo haremos nosotros y será su responsabilidad de lo que pueda pasar.
Queremos hacer denuncia pública de que nos ha llegado información de amenazas que un grupo de 45 personas armadas, que son todos del municipio de Teopisca, comandado por Carmen Díaz López, comandante paramilitar del Ejército de Dios, que van a llegar a desalojarnos en nuestro bloqueo. El mal gobierno que ha protegido estos delincuentes le estamos avisando para que no diga que no sabe. Que actúe, que detenga esos matones. Y repetimos lo que pueda pasar será su responsabilidad.

PUEBLO ORGANIZADO DE MITZITÓN ADHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA.
¡VIVA LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA!
¡VIVA EL EZLN y LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS!

Asunto: Severa crisis en la salud de nuestro compañero Cayetano Cabrera

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,

A los organismos de derechos humanos,

A los medios de comunicación nacionales y extranjeros,

Al pueblo mexicano,

Salud:

A 78 días de una prolongada, complicada y digna huelga de hambre, el camarada Cayetano Cabrera Esteva ha comenzado a experimentar los severos estragos de la falta de ingesta de alimentos.

El día de hoy, por la mañana en el campamento del Zócalo, nuestro camarada tuvo que ser infiltrado de emergencia con soluciones de suero además de administrársele oxigeno, para poder enfrentar una crisis sanitaria. La voluntad expresa de Cayetano es mantenerse en la huelga de hambre, pues solo saldría si es para regresar a su puesto de trabajo.

“He tomado la decisión de ir hasta las últimas consecuencias y solo estoy dispuesto a levantarme cuando me devuelvan el trabajo que me arrebataron, cuando se haga valer la figura de patrón sustituto” ha sostenido valientemente Cayetano Cabrera. “No queremos dinero, queremos trabajo. El dinero lo sabemos generar con nuestro esfuerzo” han dicho con toda dignidad, nuestros camaradas huelguistas, y se mantienen como un monumental y extraordinario ejemplo de los que somos los trabajadores en resistencia y en lucha, miembros del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

La actitud de Cayetano Cabrera Esteva, pinta de cuerpo entero la estatura ética, moral y política de uno de los mejores hijos de la clase obrera y del SME, habla de los principios y valores que rigen a quienes solo poseemos nuestra fuerza de trabajo para enfrentar la vida y sus vicisitudes, es un trazo magnifico de quienes aman a su patria y a los trabajadores al grado de ofrendar su vida por garantizar el respeto a nuestros derechos y conquistas.

Llamamos a todas las fuerzas progresistas y democráticas a extremar la atención y la solidaridad para nuestros camaradas huelguistas y nuestra Organización Sindical, el mal gobierno aprieta fuerte para lograr su propósito de exterminarnos, así como no le ha importado la vida de más de 24 mil mexicanos en su estúpida guerra entre facciones delictivas, menos le importa la vida de los trabajadores firmes y dignos, como lo es la de nuestros camaradas.

¡¡¡Viva Cayetano Cabrera Esteva!!!

¡¡¡Vivan los huelguistas de hambre!!!

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 12 de julio de 2010

Fernando Amezcua Castillo

Secretario del Exterior.

Paramilitares en Chiapas: una estrategia de la Secretaría de Defensa mexicana

Aunque el gobierno mexicano asegure que en el país se combate la violencia paramilitar, un recorrido por el estado de Chiapas muestra lo contrario. Estos grupos financiados, armados y entrenados con dinero del Ejecutivo e instructores del Ejército, todavía siguen en actividad. Si bien su presencia es más solapada y esporádica que a mediados de 1990, continúan armados y hostigando a comunidades indígenas, con el pretexto de detener el “avance zapatista”.

Las pruebas sobre la actividad paramilitar sobran: asesinatos, masacres como la ocurrida en el poblado de Acteal en 1997, robos de cosechas y ganado es un tema de conversación siempre presente cuando se recorren las comunidades. Todos los habitantes saben que están ahí, esperando nuevamente una orden para desenterrar sus armas y cometer toda clase de delitos. Quienes viven en las comunidades tienen claro también que las diferentes instancias gubernamentales sostienen una complicidad de muchos años con el paramilitarismo.

Entrevistado por Resumen Latinoamericano, Jorge Armando Gómez, coordinador del área de Trabajo Regional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), habló sobre la actualidad en Chiapas, la presencia paramilitar -ahora disfrazada en “organizaciones civiles”-, la complicidad de los gobiernos con estos grupos, y el rumbo que la mayoría de la clase política busca para México: la “colombianización” del país a través del Plan Mérida.

Conocido internacionalmente, el Frayba lleva a cabo un trabajo sistemático desde 1998 recolectando información y denunciando los crímenes, tanto de paramilitares como del Ejército. Quien lea algunos de sus informes anuales (www.frayba.org.mx), se encontrará con una situación crítica en Chiapas, donde la criminalización de la protesta está a la orden del día, mientras las comunidades indígenas resisten desde hace años toda clase de vejaciones.

-¿Cuál es la situación actual en Chiapas con respecto al paramilitarismo, sobre todo en relación con las comunidades indígenas?

-Para hablar de los grupos paramilitares hay que ver el antecedente. Estos se crearon como un experimento de la Secretaría de la Defensa Nacional para ciertas regiones de Chiapas donde, según documentos, el Ejército identificaba hacia dónde se podía expandir la influencia zapatista. En la zona que directamente estaba identificada como zapatista aplicaron la militarización. En la zona que ellos decían que se podía extender la influencia, crearon grupos paramilitares. Ellos cometieron miles de crímenes de lesa humanidad: desapariciones, ejecuciones, violaciones, además de muchos desplazados.

Esto empezó en 1995, sobre todo en la zona norte del Estado, en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, y hacia la parte de Los Altos, donde la punta del iceberg fue la masacre en Acteal en 1997. Como esto es una estrategia creada desde la Secretaría de la Defensa Nacional , se va modificando, entonces si el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha caminado más por una vía civil y pacífica, modificaron esa estrategia. Entonces todos esos grupos paramilitares empezaron a esconderse en organizaciones civiles, sin embargo siguen existiendo, nunca fueron desarmados y tomaron causes “institucionales”. A lo que ahora se dedican es a hostigar a las comunidades, a las organizaciones y, principalmente, a las bases civiles del EZLN.

-¿Estos grupos paramilitares tuvieron entrenamiento directo del Ejército mexicano?

-Nosotros documentamos que tenían fuertes vínculos con el comandante de toda la región que va de Tuxtla hasta Tabasco. Fueron ellos quienes les dieron adiestramiento, las armas y el dinero. Para eso se utilizaron recursos de programas federales y estatales, entonces es todo un diseño de funcionarios que operan en esta lógica. También los presidentes municipales actuaron en esa lógica.

-Una de las justificaciones de la existencia del paramilitarismo por parte del discurso oficial, fue el supuesto conflicto entre las propias comunidades indígenas. Tanto paramilitares como gobierno, ¿esgrimen otras razones para justificar la violencia que llevan adelante?

-Esa es la razón donde buscan ocultar el conflicto. Esos grupos actúan movidos por funcionarios de gobierno, siempre terminamos documentando quiénes son los funcionarios y de dónde vienen las líneas de mando para hostigar. Lo que más bien se argumenta es que son conflictos comunitarios y de esta forma el Estado niega queson ellos y que están detrás de esa estrategia. Es lo que nosotros llamamos “estrategia integral de contrainsurgencia”, que es la militarización del Estado, la creación de grupos paramilitares para sembrar el terror, y toda la acción de las políticas de cooptación y división de las comunidades.

-¿Qué cantidad de grupos paramilitares pudo registrar el Frayba en todos estos años?

-Han ido cambiando, pero hay varios informes del Frayba donde están documentados todos los grupos. Uno de los más fuertes era el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), que se forma en la parte de Las Cañadas, en la zona donde está más militarizado. Otros grupos son Los Chinchulines, en la zona de Chilón, y los Máscaras Rojas que se identificaban en la zona de Los Altos. Pero ha ido cambiando esta estrategia y se han ido “institucionalizando”.

Lo que pasó, y que nosotros fuimos monitoreando en los últimos tres o cuatro años, es que estos grupos se unieron, formaron alianzas territoriales y tienen la misma lógica de expansión y ocupación que los militares. Hay una organización que se llama OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), donde se fusionó el MIRA y Los Chinchulines, entonces la OPDDIC creció mucho en la zona de Las Cañadas y corre hacia la zona norte de Chilón. Otra organización es Paz y Justicia, donde son todos paramilitares, pero siempre fue una “organización civil” que en el interior tenía un grupo paramilitar. Paz y Justicia sigue existiendo y tiene su sede en la ciudad de Palenque. Por otro lado, la parte más radical de este grupo se dividió y se fue a la zona norte.

-¿Cómo analizan ustedes el hecho de que el paramilitarismo recluta gente de las propias comunidades indígenas?

-Este es uno de los grandes retos que se tienen. Es lamentable, porque esta es la parte psicológica de la estrategia de contrainsurgencia: sembrar el terror y la división en las comunidades. Lo bello, maravilloso y la gran riqueza y aporte histórico que tienen los pueblos indígenas a nuestro país y a nuestra América Latina, es el sentido comunitario de la vida, de la lucha y de la esperanza. El gobierno, lo que busca, es atentar contra el corazón del tejido comunitario y llenarlo de miedo y odio. Eso es un crimen contra la humanidad. ¿Entonces qué pasa? Las comunidades están divididas, llenas de odios y rencores, miedos muy presentes en las poblaciones, miedos a organizarse, la palabra “organización” en algunas partes, donde fueron más crudos los paramilitares, genera miedos. Pero hay que ir recuperando el sentido de esperanza, que ellos rompieron. Eso es lo más fuerte, ver cómo el gobierno atenta contra el sentido de esperanza, que es atentar contra el sentido final de la humanidad. Pero los pueblos vienen resistiendo más de quinientos años a guerras muy crudas, a estrategias de exterminios, entonces esto es un capítulo más y nosotros tenemos la esperanza que vamos a salir adelante. El aporte histórico de los pueblos indígenas es que logran salir adelante pese a todo.

-¿El Frayba tuvo algún registro de que los paramilitares fueron entrenados directamente o tuvieron algún contacto con la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) o el Ejército norteamericano?

-A lo grupos paramilitares no, porque la CIA le daba la asesoría directamente a los militares mexicanos, entonces los militares ya operaban la estrategia. No tenemos registros de que hayan entrado en los pueblos, pero a partir de 1994 México comienza a enviar a todos sus mandos militares a lo que fue la Escuela de las Américas. Ahí se formaron todos los mandos militares que después estuvieron en Chiapas. Sí sabemos de la presencia de agentes de la CIA en México. El año pasado, la organización que desclasifica los archivos de seguridad nacional de Estados Unidos, reveló uno documentos que eran cables de sus enviados en México. Es una clara muestra de que aquí estaban presentes, además de toda la asesoría y educación en la contrainsurgencia de los militares mexicanos que fue por parte del Ejército de Estados Unidos.

-¿El Frayba cómo ve a futuro la presencia paramilitar y militar en Chiapas?

-Lo que nosotros estamos viendo es que México va rumbo a colombianizarse. Los políticos son cada vez más cínicos al decir que tenemos que ir hacia ese rumbo. Nosotros lo preveíamos cuando empezamos a monitorear cómo se estaba dando todo esto. Cada vez es más claro y los políticos son bastante cínicos para decir que tenemos que aplicar un Plan Colombia, aunque ahora está el Plan Mérida que es una cosa parecida. Esto va creciendo, lo que pasó en Chiapas está pasando en todo el país y vemos que se va a recrudecer. Esto va a suceder porque el sistema político mexicano está fracturado, debilitado, deslegitimado y cada vez hay más conflictos sociales por todas partes. Con un gobierno, representante del Estado, tan debilitado no les está quedando otra que aplicar la fuerza.

Es lo más claro que se vio en este cambio de cuando salió Vicente Fox y entró Felipe Calderón a la presidencia. Calderón entró con una alianza con los militares, a darles mucho dinero a los militares, eso está claro en los presupuestos. Llegó a militarizar las policías, sacar a los soldados del Ejércitos y enviarlos con todas sus prestaciones y rangos a la Policía Federal , que es la que se encargó de hacer la represión, por ejemplo en Atenco y en Oaxaca. Ante esto, el único recurso que le queda al gobierno es estar golpeando a la población, pero al seguir golpeando ellos creen que van a fortalecer su legitimidad, pero al contrario, se están deslegitimando más. Entonces hay dos escenarios: el que se quede pasmado y con miedo, o el que se organice y luche.

Nosotros tenemos esa gran esperanza, porque es la experiencia y aprendizaje que como Frayba tenemos de los pueblos indígenas en Chiapas. Ante tanto dolor y tanto sufrimiento, siempre está la esperanza, que es lo último que se pierde. Esos escenarios vemos, pero con muchas esperanzas, porque hay también muchos movimientos sociales en México. Invisibles cada vez más por los grandes medios, pero ahí están, hay mucha comunicación desde abajo. Y desde abajo vamos construyendo y sabemos que hay muchos compañeros y compañeras, organizaciones, colectivos, familias, comunidades, y por ahí vamos a caminar.

http://www.kaosenlared.net/noticia/132752/mexico-paramilitares-chiapas-estrategia-secretaria-defensa-mexicana

PRONUNCIAMIENTO DE MUJERES INDIGENAS EN EL FORO REGIONAL SUR

Reunidas en la comunidad Náhuatl de la Sierra de Santa Martha del Municipio de Tatahuicapan de Juárez, en el Estado de Veracruz los días 17 y 18 de Julio del 2010, mujeres Náhuatl, Popolucas, Zapotecas, Ayuujk, Chinantecas, Ñu Savi, Triquis, Ikoots, Nahñu , Tseltales, y Chatinas; en el marco del Foro Regional Zona Sur, Rumbo al Sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas.
Consideramos que:
El Estado Mexicano tiene una deuda histórica- social, económica, política, cultural y ambiental con los pueblos, las abuelas, mujeres y niñas indígenas de México; 518 años hemos vivido racismo, discriminación y exclusión sistemática por quienes han ostentado el poder político, económico, social y cultural de este país.
Por lo que:
Rechazamos la violencia institucional que ha ido en aumento y agrava diferentes tipos y ámbitos de violencia incluyendo la violencia de género y violencia feminicida, y por lo consiguiente no habrá estado de derecho en tanto no se respeten los derechos humanos, no se cumplan las leyes por parte del gobierno, así como el respeto a nuestros sistemas normativos, y no existan garantías de seguridad.
Repudiamos la constante militarización del país por que ha generado una invasión justificada a nuestros territorios por parte del estado.
Rechazamos la violación a nuestros derechos individuales y colectivos en la violencia sexual y la utilización del cuerpo femenino por parte del estado mexicano para deslegitimar la lucha de nuestros pueblos.
Exigimos al gobierno el cumplimiento de los instrumentos internacionales relativos a pueblos indígenas y mujeres, así como las recomendaciones del Foro Permanente Indígena de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Exigimos al Gobierno Federal el cese inmediato del estado de sitio que vive el Municipio Autónomo de San Juan Cópala y la pronta solución y castigo a los responsables del asesinato de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Alberta Cariño Trujillo, Jiry Jackola, Timoteo Alejandro Ramírez, Tleriberta Castro, de este etnocidio y responsabilizamos al Gobierno del Estado de Oaxaca de esta situación.
Nos sumamos a la declaración emitida por las hermanas indígenas y afrodescendientes en Brasilia, en el marco de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Diáspora, respecto a que no somos grupos vulnerables, sino sujetas de derecho.
Nos comprometemos a seguir fortaleciendo liderazgos diversos de mujeres indígenas con perspectiva de género y intergeneracional.
Pugnamos por el derecho a la paz y desarrollo de los pueblos indígenas desde nuestra cosmovisión, para que se traduzca en el buen vivir.
Los pueblos indígenas no reconocemos el festejo del Bicentenario y Centenario de la colonización, pues nuestra resistencia no parte de la legitimación del dominio sino del reconocimiento de los derechos ancestrales y actuales que nos permite seguir existiendo.
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Red de Mujeres de la Tierra Unidas por un Futuro y un Mundo Mejor A.C., Tepaleuia-maseual Siguame, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Sierra Sur (COSSSUR), Radio Comunitaria Mixe Jenpoj, Union de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios ( CECIPROC), Organización de Mujeres Unidas NAXII, Grupo Mixto Rio Pluma (GMRP), Trópico Agrícola S.P. R., Radio Comunitaria las Voces de los Pueblos, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO), Unión de Mujeres Campesinas de la Mixteca ( UMCAMIX), Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (MAPPA), Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER), Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER-Oaxaca),Tianguis Indígena, Municipio Autónomo de San Juan Copala, Radio Amay Iyoltokniwan, Yontan Yosallanpan, Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Marcha Mundial de las Mujeres de Chiapas, Resistencia contra las altas tarifas de luz, Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas de Querétaro (UMICQ), Movimiento Social para el Desarrollo (MOSODE), Tsooka-Teyoo de la Sierra, Asociación de Mujeres Indígenas por el Desarrollo Integral (AMIDI), Luna del Sur, Red de Mujeres de Ocotal Grande, Grupo de Mujeres de Arte en Semillas, Mujeres por CIARENA, IXMUCANE, Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas Populares (CGCIP), Pobladores A.C., Kojpëtë, Frente Amplio de Lucha Popular de San Lucas Ojitlán (FALP), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (REMAL).

Emergencia en San Juan Copala

San Juan Copala, Oaxaca  a  28 de julio de 2010.

A LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS PUEBLOS DE OAXACA, MÉXICO Y EL MUNDO

A LA ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

A LA OTRA CAMPAÑA

El digno pueblo triqui de San Juan Copala hace un llamado desesperado de auxilio.

El pueblo triqui les pide que sea  la voz y las acciones de la gente humilde y sencilla quien evite la masacre que el gobierno del Estado prepara en nuestra comunidad, desde luego con la complacencia del gobierno Federal, que no VE ni OYE el llamado de justicia, paz, y respeto de las pueblos indígenas de este País.

En días pasados, en la prensa local, específicamente en el periódico NOTICIAS, circuló la nota emitida por el C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, actual secretario de gobierno, afirmando que nosotros como MULTI habíamos acordado sentarnos a una mesa de dialogo con el mult y la ubisort. Inmediatamente desmentimos públicamente tal afirmación, pues en ningún momento hemos acordado nada con dicho funcionario.

Como respuesta a dicha aclaración los hechos de violencia y hostigamiento han aumentado exageradamente, pues a partir de ese día las balaceras a nuestra comunidad han sido más constantes.

Por compañeros que tienen acceso a los dirigentes del mult y al otro grupo de criminales que se dicen ubisort, tenemos conocimiento que los representantes de estos dos grupos se reúnen con gente del gobierno del Estado en Juxtlahuaca para planear y acordar cómo acabar con nuestro pueblo antes de que el gobierno actual entregue el cargo. Cabe  mencionar que, sabemos también que en estas reuniones han acordado acabar con la vida de nuestros representantes en la ciudad, porque piensan que son ellos los que deciden nuestros destinos como pueblo.

Lo decimos con claridad: ¡gran equivocación! nuestro proceder para enfrentar esta situación la deciden nuestras comunidades anteponiendo nuestra dignidad y la grandeza de nuestra historia cosa que ellos desconocen, nuestro pueblo sabe que la única esperanza  de poder  lograr una vida digna y en paz solo será con la solidaridad de nuestro país y del mundo es por esto que hacemos el llamado de auxilio y narramos los últimos hechos CRIMINALES en contra de nuestro municipio.

A partir de haber desmentido al secretario de gobierno el compañero Jorge Albino Ortiz se han recibido varias amenazas a través de su teléfono celular de números con ladas de otros estados, y también por medio de  sus de familiares le han hecho saber que hay ordenes de desaparecerlo.

También las balaceras han sido mas fuertes llegando a tanto la perversidad de quienes realizan esta acción que el día 26 cuando la compañera MARIA ROSA FRANCISCO de 35 años se atrevió a salir a buscar leña  estos criminales empezaron a disparar sobre  todo lo que se movía en la comunidad por espacio de dos horas matando decenas de animales domésticos como aves de corral, cerdos  y perros de la compañera desde ese momento no sabemos nada hemos preguntado con nuestros hermanos de otros pueblos cercanos y nadie sabe nada por lo que tememos que la compañera allá sido asesinada y nadie puede buscarla para en el peor de los casos darle cristiana sepultura.

Es por eso que hacemos el llamado a que todos los espacios de gente que camina abajo y a la izquierda estén atentos y si se puede se manifiesten según su modo para denunciar estos hechos criminales. Por nuestra parte nosotros hacemos responsables de lo que pueda suceder a ULISES RUIZ ORTIZ Y A EVENCIO MARTINEZ NICOLAS por que estamos seguros son ellos los que en lugar de cumplir con su deber de procurar paz y justicia han ocupado su poder como gobernantes para sembrar la división y confrontación de los pueblos de Oaxaca.

NO NECESITAMOS PERMISO PARA SER LIBRES

Respetuosamente

CASIMIRO MARTINEZ AGUILAR

Vocero del municipio autónomo

Se recrudece la represión oficial contra activistas de derechos humanos en Guerrero: Tlachinollan

Las órdenes de aprehensión contra defensores de los derechos humanos han aumentado en Guerrero en meses recientes y a la fecha hay 26 profesores, activistas, indígenas y estudiantes detenidos y procesados, aseguró Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El sábado por la noche en Tlapa, durante la celebración del 16 aniversario de la institución, Barrera Hernández destacó que de mediados de 2009 a mayo de 2010 ha aumentado el número de detenciones, y en siete meses se han efectuado nueve. Además, en junio el gobierno de Zeferino Torreblanca reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

Otros perseguidos son militantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, egresados de la normal rural de Ayotzinapa, opositores a la empresa minera Media Luna e integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El gobierno estatal cataloga a los luchadores sociales como delincuentes, les gira órdenes de aprehensión y los procesa aun cuando los procesos se basan en delitos prefabricados, como ocurrió en el caso de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa, preso en Ayutla de los Libres desde hace más de dos años, sostuvo.

En el último año del actual sexenio resurgió la violencia política como expresión funesta de la protección a los violadores de derechos humanos, lo que alienta la impunidad, dijo.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

BASTA DE REPRESION EN COPALA

ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS

COMUNICADO DE PRENSA

BASTA DE REPRESION EN COPALA

31 DE JULIO DEL 2010

LA AMAP EXPRESA SU CONDENA POR EL OPERATIVO REALIZADO DE MANERA CONJUNTA POR POLICIAS ESTATALES Y PARAMILITARES DE LA UBISORT, QUIENES AYER POR LA TARDE INGRESARON VIOLENTAMENTE A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COPALA,OAXACA, AGREDIENDO A LAS MUJERES QUE DEFENDIAN LA SEDE DEL MUNICIPIO AUTONOMO.

EN LA AGRESION RESULTARON HERIDAS LAS JOVENES TRIQUIS SELENA Y ADELA RAMIREZ LOPEZ Y SE DENUNCIO LA DESAPARICION DE ALFREDO MARTINEZ E HIPOLITO MERINO. LA POBLACIÓN TUVO QUE REFUGIARSE EN LAS MONTAÑAS ANTE LA GRAVEDAD DE LAS AMENAZAS Y LA VIOLENCIA EJERCIDA POR UNOS 40 PARAMILITARES Y CIENTOS DE POLICIAS ESTATALES.

CON ESTE OPERATIVO ES MAS QUE EVIDENTE LA COMPLICIDAD EXISTENTE ENTRE LA BANDA DE ASESINOS UBISORT Y EL GOBERNADOR DE OAXACA, ULISES RUIZ ORTIZ Y EL PROCURADOR DE ESE ESTADO, EVENCIO NICOLAS; QUIENES IMPIDIERON JUNTO A LOS CRIMINALES EL INGRESO DE LA CARAVANA HUMANITARIA EL PASADO 8 DE JUNIO Y AHORA  JUNTOS Y DE MANERA VIOLENTA TOMARON A SAN JUAN COPALA.

LA AMAP DENUNCIA QUE A TRES MESES DEL BRUTAL ASESINATO DE BETY CARIÑO Y JYRI JAAKOOLA, LOS ASESINOS NO HAN SIDO DETENIDOS Y QUE ALGUNAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LA INTEGRACION DE LA AVERIGUACION PREVIA NO HAN PODIDO SER REALIZADAS POR LA FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL.

ANTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACION, LA AMAP EXIGE:

RESPETO PLENO A LA INTEGRIDAD FISICA A LA POBLACION DE SAN JUAN COPALA

RETIRO INMEDIATO DE LAS FUERZAS POLICIACAS DE SAN JUAN COPALA

Y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE OAXACA RESPONSABLES DE MULTIPLES CRIMENES

LA AMAP EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON EL MUNICIPIO AUTONOMO Y HACE UN LLAMADO A LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES A SUM,ARSE AL RECLAMO DE JUSTICIA PARA COPALA Y DE CASTIGO PARA LOS ASESINOS DE BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA.

FRATERNALMENTE

POR LA COORDINACION NACIONAL

MARCO ANTONIO VELAZQUEZ-RMALC-DF

ANGEL PEREZ SILVA-MAIZ-VERACRUZ

CARLOS BEAS TORRES-UCIZONI-OAXACA

CONVOCATORIA

El Comisariado de Bienes Comunales de Cacalotepec, Reyes Pápalo;La Agencia Municipal de Cacalotepec, Reyes Pápalo;El CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO Snduchi nü (Estamos despiertos);EL CENTRO CUICATECO DE LOS DERECHOS HUMANOS NDUCU STAVIE-NÜ (CON NUESTRO CORAZÓN) yEl CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA

 

CONVOCAN

A todas las organizaciones de los derechos Humanos de la sociedad civil, expertos en el tema, pueblos y comunidades y al público en general al:
Foro: SEGURIDAD DEMOCRÁTICA y derechos comunitarios
A celebrarse en la Comunidad de Cacalotepec, Santos Reyes Pápalo, Cuicatlán , Oaxaca, el 18 de septiembre de 2010, a partir de las 10:00 am., las directivas para llegar a la comunidad y la logística del caso se enviarán a los interesados vía correo electrónico, por lo que ponemos a su disposición los siguientes buzones.

cecuidh@gmail.com, Centro cuicateco de los Derechos Humanos
cac.oax@gmail.com, Congreso Autónomo Cuicateco,
cuicatecos@gmail.com, Centro de Estudios de la Región cuicateca.

Además de las siguientes webs y blogs.

http://cerecmexico.jimdo.com/
http://cuicatecos.jimdo.com/
http://www.centrocuicatecodeinformacion.blogspot.com/
http://cecuidh.wordpress.com/

México: Tercera declaración de Ii’pyxyukp en el 9º aniversario de la radio comunitaria Mixe Jë

Desde las veinte divinidades, la palabra y el pensamiento del pueblo Ayuujk florecen sus nueve años de camino y se esparcen en los vientos de fuego.

Reunidos en las faldas del Zempoaltepetl, nuestra montaña sagrada, contentos por los logros y caminos que hemos obtenido, conscientes de los retos que tenemos por delante y dispuestos a seguir construyendo comunicación comunitaria en nuestras comunidades con alcance regional, nacional e internacional, mujeres y hombres del Pueblo Ayuujk y de otros pueblos hermanos que nos acompañan en presencia y en espíritu, DECLARAMOS:

Que la comunicación comunitaria es un derecho que se viene ejerciendo en el territorio Ayuujk desde tiempos ancestrales, lo mismo que en muchos otros territorios de las naciones originarias.

Que la participación de las mujeres es de vital importancia para el fortalecimiento del pensamiento y palabra Ayuujk.

Que seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la información y comunicación haciendo uso de todas las tecnologías de información y comunicación que vayan surgiendo porque son herramientas para que nuestra palabra y pensamiento permanezca, florezca y se conozca.

Que vemos con repudio la exclusión y discriminación que se sigue haciendo de nosotros los pueblos Originarios, principalmente de las mujeres indígenas en los medios de comunicación masivos a nivel local, regional y nacional. Cuando no somos ignorados, aparecemos en forma de estereotipos que no respetan lo que somos ni hablan desde nuestra perspectiva de vida.

Que seguimos siendo objeto de marginación en la información al no contar con leyes y reglamentos que hagan viable nuestro derecho a adquirir, operar y administrar nuestros propios medios de comunicación. El Estado mexicano sigue siendo cómplice de una permanente y sistemática violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.

Que como comunicadoras y comunicadores de los derechos humanos seguimos siendo acallados, amenazados y hasta desaparecidos.

Ante esto,

Exigimos al Estado mexicano y al Poder Legislativo:

Se reglamente el Artículo 2º Constitucional Apartado B Fracción 6, a través de la elaboración, aprobación y reglamentación de una Ley de Comunicación Indígena.

Se realice la redistribución del espectro radioeléctrico que sea democrática y equitativa y considere la reservación de frecuencias para medios de comunicación indígenas a nivel local, regional y nacional.

Se apliquen los convenios y acuerdos internacionales que respaldan nuestros derechos como pueblos originarios y mujeres indígenas a la comunicación e información, como lo son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Se garantice la seguridad e integridad física y moral de las y los comunicadores de los pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos.

A los grandes medios de comunicación, exigimos:

Respeten nuestra identidad, lengua, espiritualidad, libertad de decidir y libertad de expresar nuestras opiniones y pensamientos.

Nos hagan participes a los pueblos indígenas en sus contenidos para informar, explicar y dar a conocer nuestras formas de vida, principios, cosmovisión, usos y costumbres, fiestas para que sea comprendido su significado y se evite la burla y discriminación del resto de la sociedad.

Hagan visible a la mujer indígena con respeto, reconociendo su valor cultural, los trabajos que hace, sus capacidades, conocimientos y habilidades con un trato equitativo frente al resto de mujeres de nuestra sociedad.

Nos consulten previamente para el uso de símbolos, lenguas, vestimenta y cualquier otro recurso que pertenezca a las culturas originarias.

Asimismo, ACORDAMOS:

Seguir construyendo la comunicación comunitaria para los pueblos desde las comunidades, agencias, rancherías, haciendo participes a todas y todos hasta alcanzar el nivel regional.

Promover la colaboración y enlace entre las diversas radios y medios de comunicación alternativos con el fin de fortalecernos, apoyarnos y lograr una mayor difusión de los materiales que producimos.

Autogestionar espacios para nuestra formación y capacitación que permitan seguir reflexionando el rumbo de la radio comunitaria, complementarnos en aspectos técnicos y operativos, así como trabajar en la elaboración de propuestas legislativas para el reconocimiento pleno de nuestros derechos.

Respaldar los acuerdos del III Congreso Nacional de Comunicación Indígena y exigimos al Gobierno de México, al Congreso de la Unión y a Suprema Corte de Justicia hagan efectivas las demandas ahí expuestas según les compete.

Nos adherimos a la convocatoria de la Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena a realizarse en el Cauca Colombia del 8 al 13 de noviembre del 2010 con el objetivo de reunirnos y diseñar estrategias de comunicación indígena a nivel internacional.

Expresamos nuestro repudio a la agresión ancestral y reiterada hacia nuestros hermanos y hermanas Triquis, que han defendido su territorio autónomo; exigimos el castigo a los asesinos de Alberta Cariño e Jyri Jakkola; y demandamos el desarme y la pacificación de la zona, así como el respeto y reconocimiento al gobierno autónomo legítimamente constituido de San Juan Copala.

Exigimos un alto a las agresiones contra las bases de apoyo zapatistas y otras regiones indígenas del país.

Nos adherimos a las demandas del Movimiento Indígena Nacional y respaldamos las propuestas de rearticulación de todos los Pueblos de México para retomar nuestro papel histórico, esta vez rumbo a la construcción de un Estado Plurinacional.

En la fiesta de la palabra desde Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, 7 de agosto de 2010

Radio Comunitaria Mixe Jënpoj

Colectivo Tekääm ejts tsuung, San Juan Guichicovi

Taller de Mujeres Ayuüjk de Tamazulapam Mixe

Colectivo Cultura y Resistencia Ayuuk

Tääxuuk tiik-Casa luna, Ayutla Mixe.

Ojo de Agua Comunicaciones

Colectivo culebra gráfica.

Colectivo Koojts jääy

El Caracol Azul

Colectivo Colmena

Agencia Internacional de Prensa Indígena – AIPIN

Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad

Piden alto a la violencia en la zona triqui

Oaxaca, México.- Oaxaca, México.- Organismo civiles defensores de derechos humanos, demandaron hoy, al gobierno estatal, intervenir para evitar que la violencia y la impunidad, se siga resgistrando en la zona triqui, tras el homicidio de cuatro personas el sábado pasado en las inmediaciones de San Juan Copala.

A conituación  comunicado enviado a esta Redacción:

Ante los más recientes hechos violentos sucedidos el día de ayer en la región triqui, se ha dado a conocer que aproximadamente a las 8 de la noche fue emboscada una camioneta Nissan blanca de redilas donde viajaban los organizadores de la marcha motorizada programada para salir el 23 de Agosto de Oaxaca a la Ciudad de México, con el objetivo de denunciar  la situación actual que padecen. La emboscada se dio en el paraje denominado “Hierba Santa”,  ya que una comisión del Municipio Autónomo de San Juan Copala salieron de Agua Fría hacia Santa Cruz Tilapa para recoger a las mujeres que participarían en la marcha caravana anunciada. Los paramilitares asesinan en la emboscada a ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ de 72 años de edad y dirigente moral del municipio autónomo; ANTONIO CRUZ GARCÍA de 39 años, de Santa Cruz Tilapa Copala;  RIGOBERTO GONZÁLEZ de 40 años, de Agua Fría Copala.  Heridos: VÍCTOR DE JESÚS GONZÁLEZ de 25 años, de Santa Cruz Tilapa Copala  y ALFREDO MARTÍNEZ GONZALEZ, de 28 años de Agua Fría Copala.

Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Oaxaca a que intervengan y paren las agresiones, violencia  e impunidad que se vive en la zona;  Exigimos un ALTO a la permanente, continua y creciente escalada de violencia hacia los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala; ellos han estado denunciando que a partir del  ataque que sufrieron el pasado 30 de julio de 2010 por parte del Grupo de la Ubisort y la entrada de la Policía Estatal, se vieron en la necesidad de salir de su comunidad, el 11 de Agosto del 2010, por el alto riesgo en que se encuentran. Un grupo de 20 mujeres indígenas triquis y 25 niños/as se instalaron en plantón indefinido en el ex palacio de gobierno, en el zócalo de la capital del Estado de Oaxaca, para denunciar la violencia y violaciones a sus derechos que como pueblo indígena están padeciendo, y pedir la salida de los grupos paramilitares que operan en las inmediaciones de su comunidad.  Ellas denuncian que después del ataque que resistieron por parte del grupo perteneciente a  la Ubisort, dos pequeñas salieron heridas, Adela de 14 años y Selena Ramírez López de 17. Adela recibió un impacto de bala que se le alojó en la médula espinal, lo que ocasionó que la pequeña quede paralítica, sin embargo, fue trasladada a la ciudad de México el 8 de agosto con la finalidad de aminorar un poco la lesión, pero en realidad son muy pocas las esperanzas de que vuelva a caminar.

Narran que para poder salir de su comunidad tuvieron que caminar por horas para llevar alimentos a su familia y dejarles comida a los que se quedaron, que ellas caminaron por el monte para evitar ser visibles y atacadas por el grupo que vigila, muy a pesar de las precauciones y medidas que tomaron, fueron nuevamente atacadas y recibieron balazos aproximadamente hora y media, afortunadamente ninguna más salió herida.

El campamento que está en la Ciudad de México y ahora el de Oaxaca anunciaron que el día 23 de Agosto saldrían en caravana motorizada a la Ciudad de México para informar sobre lo que viven a la fecha y pedir la solidaridad de todos los pueblos indígenas que los reciban en el camino; su esperanza es que haya oídos que los escuchen y personas que intervengan para parar la violencia y la muerte de gente de su Municipio, pues son muchas las vidas que ya han aportado para que la paz llegue a la zona. Pero desde el 19 de agosto denuncian nuevamente que las balaceras son continuas y ahora sucede este hecho donde pierden la vida 3 personas y 2 quedan heridas; motivo por el cual han suspendido la marcha programada para el 23 de Agosto.

Condenamos estos hechos violentos donde pierden la vida estas personas y dejan heridas a otras más, repudiamos la complacencia y complicidad y exigimos al gobierno del Estado de Oaxaca:

• FRENAR DE INMEDIATO LA AGRESIÓN, VIOLENCIA E IMPUNIDAD GENERADA EN CONTRA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA.
• INVESTIGAR Y DETENER A LOS GRUPOS PARAMILITARES CAUSANTES DE TODOS ESTOS DELITOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
• RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE OAXACA, PRINCIPALMENTE DE LA ZONA TRIQUI.

A los pueblos indígenas de Oaxaca, organizaciones y sociedad en general:

• EXIGIR UN ALTO A LA VIOLENCIA Y MUERTE DE INDIGENAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA Y DE LA REGION TRIQUI.
• MANIFESTAR SU SOLIDARIDAD A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PLANTON EN LA CIUDAD DE OAXACA.

“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”.

Centro Regional de Derechos Humanos

“Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.

“LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA”

Comisión Diocesana de Justicia y Paz

Pronunciamiento de Mujeres Indígenas en el Encuentro Nacional Feminista en Zacatecas, México

Nosotras las mujeres de los pueblos indígenas de México, quienes hemos permanecido en lucha por más de 500 años, por el reconocimiento y respeto a nuestros derechos colectivos e individuales, en el marco del encuentro nacional feminista, estamos reunidas en la ciudad de Zacatecas, los días 27,28 y 29 de agosto del 2010, mujeres Tepehuanas del norte, Náhuatl, Popolucas, Zapotecas, Mixes, Chinantecas, Ñu Savi, Triquis, Ikoots, Nahñu, Mazahuas. Y ante los festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución de nuestro país, nosotras las mujeres indígenas seguimos permaneciendo en la marginación ante la falta de compromiso y cumplimiento del Estado Mexicano en el respeto a los derechos fundamentales para nuestro desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental con nuestros pueblos.

Reconocemos:

La lucha de nuestras ancestras por la permanencia de nuestros pueblos y contra la opresión constante de las mujeres indígenas.

La lucha y logros de las mujeres feministas y apoyamos a la construcción de una sociedad de diálogo intercultural, plural, incluyente para una sociedad más justa y equitativa.

La declaración emitida por las hermanas indígenas y afrodescendientes en Brasilia, en el marco de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Diáspora, respecto a que no somos grupos vulnerables, sino sujetas de derecho, expresa que el Estado no ha cumplido su papel garante de derechos.

Que la participación de las mujeres indígenas es un hecho histórico en este Encuentro Nacional Feminista 2010.

Repudiamos:

La militarización del país y la violencia del aparato militar y nos posicionamos en contra de la creación de la policía única.

La destrucción sistemática de nuestros recursos naturales, culturales, sociales, jurídicos y políticos.

Todo tipo de violencia hacia las mujeres y nuestros pueblos indígenas.

Por lo que exigimos al Gobierno municipal, estatal y federal:

La garantía y respeto de los derechos fundamentales, sobre todo, referente a los derechos a una vida libre de violencia para las mujeres así como el acceso a la justicia de manera gratuita y eficiente en un marco intercultural.

El acceso libre, gratuito y de calidad a los servicios de salud que aún no garantizan la vida por enfermedades curables y prevenibles de las mujeres, ancianas, niñas y niños indígenas; también, el inmediato compromiso en asegurar el acceso a la educación intercultural de calidad que incluyan, temas de salud sexual y reproductiva, clara y precisa.

La dignificación y el reconocimiento del trabajo del hogar y la garantía de los derechos fundamentales y laborales de las mujeres indígenas y no indígenas, trabajadoras del hogar.

A que cumpla y respete los instrumentos internacionales (CEDAW, Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, Belen Do Para) relativos a pueblos y mujeres indígenas, así como las recomendaciones del Foro Permanente Indígena de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al cese inmediato al estado de sitio que vive el Municipio Autónomo de San Juan Copala; demandamos la pronta solución y castigo a los responsables del asesinato de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Alberta Cariño Trujillo, Jiry Jackola, Timoteo Alejandro Ramírez, Tleriberta Castro, de este etnocidio y responsabilizamos al Gobierno del Estado de Oaxaca de esta situación.

La investigación a profundidad e imparcial, de los asesinatos cometidos a las mujeres de Ciudad Juárez así como el castigo inmediato de los responsables.

Y nos comprometemos a:

Seguir impulsando procesos de liderazgos diversos de mujeres indígenas con perspectiva de género, intergeneracional y de autocrítica cultural.

Luchar por la construcción del derecho a la paz y desarrollo de los pueblos indígenas desde nuestra cosmovisión como mujeres indígenas para que se traduzca en el buen vivir.

Seguir fortaleciendo puntos de encuentros y diálogos con mujeres feministas en contra de la opresión patriarcal. Así como articularnos y establecimiento de alianzas con mujeres diversas.

Tomado de: http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-mujeres-indigenas-exigen-respeto-no-mas-violencia

Incursiones militares en comunidades indígenas en Hidalgo

Lic. Felipe Calderón Hinojosa Lic. José Francisco Blake Mora

Presidente de la República Secretario de Gobernación

Lic. Arturo Chávez Chávez Gral. Guillermo Galván Galván

Procurador General de la República Secretario de la Defensa Nacional

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Gobernador del Estado de Hidalgo

Lic. Raúl Arroyo González

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo

Dr. Raúl Plasencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez

Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – SEGOB

H. Puebla de Zaragoza a 25 de agosto de 2010

Expediente: 18/FDOMEZ-Hgo.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico contacto@reddh.org y numero celular 044 22 21 27 68 39, solicita su intervención urgente ante las constantes incursiones militares en comunidades indígenas.

HECHOS

De acuerdo con la información enviada vía correo electrónico por parte del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, adherido al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Los días 11 y 12 de agosto del presente año, a las 4 de la mañana hubo sobrevuelos rasantes con luces apagadas sobre las comunidades de Chiliteco, Tepetzintla, del Municipio de Huautla, Hidalgo.

El 14 de agosto repentinamente el ejército federal del 84 batallón de infantería instalaron un reten en el puente del Ixtle, Huaulta, Hidalgo. Este mismo día los federales bloquearon la entrada de la comunidad organizada de Chiliteco, municipio de Huautla, Hidalgo, unos tres pelotones militares de manera intimidatoria rodearon a la comunidad e interrogaron violentamente a la gente ¿que si no habían visto gente desconocida? Y un compañero les respondió que no, de manera agresiva el soldado respondió que no se hiciera pendejo que si había. Tomaron la comunidad. En la entrada donde instalaron el reten fue revisado minuciosamente la camioneta de la comunidad para después dejarlo pasar, el chofer les respondió no somos delincuente ni narcotraficantes, el compañero fue fotografiado por un civil desde el camión militar.

El 16 de agosto sobrevoló un helicóptero en las comunidades de Tohuaco II y Tohuaco Amatzintla del Municipio de Huautla, Hidalgo. Este hostigamiento no es aislado se viene intensificando, en julio pasado un militar “retirado” que se hacía pasar como vendedor de medicinas quiso quedarse por la fuerza en la comunidad de El Lindero, del mismo municipio cosa que no se le permitió. Días después realizamos una asamblea general de la comunidad organizada de Oxale, municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo y llegó un destacamento del ejército federal rodeando el pueblo e interrogando.

En la comunidad organizada de Chiliteco del municipio de Huautla, Hidalgo no ha estado gente extraña, los que estuvimos en ese lugar somos jóvenes estudiantes, maestros, profesionistas y el sector campesino los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en una reunión ordinaria, considerando que esto es un derecho constitucional donde todo ciudadano tiene el derecho de asociación y de reunión, en tanto no puede ser molestada. Al término de los trabajos se hizo una convivencia con la comunidad con música de banda, aclaramos que los compañeros asistentes de otros estados como Michoacán y Chiapas no son extraños porque siempre han estado presentes en las actividades del 15 y 16 de septiembre, así como otros eventos políticos-culturales y conmemorativos.

La gente extraña que llegó a Chiliteco eran los del gobierno, el lunes 2 de agosto llegó una brigada de salud en la galera pública, el jueves 5 de agosto a las 4 de la tarde llegó nuevamente hasta la galera pública un camión volteo para pasar a dejar 14 despensas para las compañeras que no tienen oportunidades, en dicha galera estaba la reunión para los preparativos de las actividades del 15 y 16 de septiembre, a las 7 de la tarde llegaron los del gobierno encabezado por el Lic. Sabas Díaz Montaño representante del gobierno de Osorio Chong, El Profesor. Samuel Secretario del Ayuntamiento Municipal, el enlace de “oportunidades” en el municipio y otro individuo de la subsecretaría de gobierno en la Huasteca.

Denunciamos ante el pueblo de México y el mundo al gobierno ilegítimo de Felipe calderón a Miguel Osorio Chong, por criminalizar, perseguir y hostigar a nuestras comunidades organizadas en el FDOMEZ, así como a nuestros compañeros de otros estados del FNLS, porque nos intenta coartar la libertad de tránsito, la libertad de organización, y la libertad de reunión.

Así mismo responsabilizamos al comandante del 84º batallón de infantería con sede en Huejutla de Reyes Hidalgo, el coronel Roberto Martínez Hernández, de la represión contra nuestras comunidades organizadas, así como de la integridad física y psicológica de nuestros representantes y habitantes de las comunidades organizadas.

Cabe destacar que las comunidades organizadas en el Frente Democrático Oriental Mexicano Emiliano Zapata, han luchado desde hace más de 30 años por mejores condiciones de vida, por tener una buena salud, por la defensa de la educación, por tener acceso a los beneficios sociales, por la defensa de sus tierras, bosques y aguas, por las libertades políticas, es decir, por derechos constitucionales.

Por lo anterior la Red de Defensa de los Derechos Humanos solicita:

I. El cese de hostigamientos, amenazas y todo acto que menoscabe la dignidad humana por parte de los efectivos militares.

II. Regreso a sus cuarteles por parte de elementos del ejército.

III. Garantizar la integridad física y psicológica de los habitantes de las comunidades indígenas adheridas al Frente Democrático Oriental Mexicano Emiliano Zapato-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

Boletín Urgente!

A los pueblos indígenas
Al movimiento de mujeres
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales, a los movimientos de resistencia y emancipación que están en rebeldía y a las mujeres y hombres que buscan la justicia para nuestros pueblos indígenas, para el pueblo triqui, a ese México en desobediencia…
 
A todas y todos ustedes que escuchan nuestra voz, que han comprendido que no puede seguir estos crímenes contra nosotras, madres, hijas, esposas, hermanas; quienes denunciamos constantemente las agresiones de las que somos victimas, como mujeres, como pueblos, como triquis y como autónomas.
 
El día de hoy 7 de septiembre como a las 12:45 nuevamente nuestras hermanas, Natalia Cruz Bautista de 42 años y Francisca de Jesús Gracia de  45 años (quienes se encontraron en la ciudad de Oaxaca con los padres del Finlandés Jyri Jaakkola asesinado el 27 de Abril junto con Alberta “Bety” Cariño) fueron interceptadas en una de las veredas de lado norte que conduce al Municipio Autónomo de San Juan Copala, después de regresar de la capital con víveres para sus familias. Identificando a los agresores quienes son: Antonio Cruz Gracia, Ramiro Domínguez Gracia, Julio Cesar Martínez Mórales, Mauro Vázquez.
 
Cuando estaban en camino a Copala fueron interceptadas, Francisca de Jesús logro darse a la fuga, sin embargo fue herida en su huida, mientras que la compañera Natalia Cruz Bautista fue golpeada, amenazada, cortándole su cabello, dejándola desnuda y violada por los sujetos de la extinta UBISORT que hoy es cobijada por otras comunidades y organizaciones de la región de las cuales hemos denunciado anteriormente, lo que se suma nuevamente a las acciones de violencia y a la política de paramilitarismo que mantiene el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, así como a las redes de control y narcotráfico de Jorge Franco.
 
Estamos seguras que esta agresión se comete en el marco de la campaña Nacional, internacional en la que exigimos justicia para Bety Cariño, en donde como municipio autónomo nos manifestamos, estamos convencidas que estos actos de agresiones son con el fin de acordar pactos de impunidad con el gobierno federal, así como un acto de presión contra el gobierno entrante.
 
Basta Ya de Agresiones contra nosotras!
Cárcel a los responsables de este crimen!
Justicia para el Municipio Autónomo!
Alto a las agresiones contra las Mujeres Triquis
Justicia para Natalia Cruz Bautista y Francisca de Jesús Gracia
Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola
Justicia para Teresa Bautista Felicitas Martínez!
Justicia para Virginia y Daniela
Justicia para Timoteo Alejandro Cleriberta castro.
Justicia para Antonio Ramírez López y Antonio cruz García
Justicia para Rigoberto Ramírez González y Pedro santos castro
Justicia para celestino Hernández y Héctor Antonio Ramírez
Justicia para el menor de edad, (9 años) Elías Fernández

Emergencia en la región cuicateca.

Las intensas lluvias que acompañan al temporal a lo largo y ancho del país ya se han dejado sentir en la región cuicateca enclavada en la cañada del estado de Oaxaca, en reciente recorrido el equipo de trabajo del CEREC pudo constatar que la región se encuentra en serio riesgo de quedar aislada.

Los caminos de terracería que se emplean diariamente para el tránsito de personas y bienes han resultado seriamente dañadas dada la cantidad de agua que se ha precipitado en las últimas dos semanas, a decir de los pobladores lluvias tan intensas como no se habían presentado en los últimos diez años.

Comunidades como Santa María Pápalo, Teponapa, Peña verde, Teponaxtla, San Andrés Pápalo, Cacalotepec, Tepeuxila, Tecomaltianguisco y hasta Concepción Pápalo con su flamante carretera pavimentada se encuentran aisladas y en riesgo de hambruna, las primeras señales de escases de productos básicos, maíz, frijol, azúcar, sal, etc., ya se empiezan a manifestar en la región, lamentablemente el relevo sexenal ha dejado desprotegidas a las comunidades pues a estas alturas del sexenio estatal URO se encuentra más preocupado en justificar sus cuentas que en auxiliar a las mismas y si a eso le agregamos la inexperiencia y de plano incapacidad de algunas autoridades locales para realizar los seguimientos correspondientes y exigir que sea declarada zona de desastre y con ello susceptible de ser beneficiada con el FONDEM, pues tenemos un cuadro sumamente preocupante.

Los más recientes informes recabados por el CEREC, nos informan que ya hay casas derrumbadas en las comunidades de Tutepetongo, Tepeuxila, Cacalotepec, Tlacolula, Teponaxtla, Santa María, San Andrés, Teponapa, Peña verde, al parecer la más afectada, y Cuyaltepec por citar algunas, informamos que la ayuda institucional aún no ha fluido y que las escasas despensas que llevó la SEDENA a la zona (como en el caso de Tepeuxila) no han sido distribuidas apropiadamente, por lo que EL CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO y CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA , nos dirigimos a ustedes para que en la medida de sus posibilidades iniciemos el acopio de víveres ya que hace más de una semana que los productos básicos de primera necesidad se han agotado, entre otros, maíz, fríjol, azúcar, y sal básicamente, nos informan que han cortado el agua potable en Tepeuxila, por lo que les pedimos a los interesados que nos pongamos en contacto al correo del CEREC; cuicatecos@gmail.com, o bien al del CAC; cac.oax@gmail.com, para iniciar el acopio económico y en especie, de inmediato e iniciar la distribución a través de los canales que las propias comunidades establezcan.

CENTROS DE ACOPIO:

En México: Calle Primavera 1407, casa 194, Col. Tepalcates, a 100 metros de la Av. Zaragoza, cerca del metro Canal de San Juan, línea “A” metro ferreo, frente a la Ford, horario de atención de 10 a 17 hrs.

En Oaxaca: Calle Francisco Zarco 106, Col. Reforma Agraria, tel. (01 951) 51 45 351, con la Profa. Ausencia Jiménez Martínez.

En Cuicatlán: Calle Rayón s/n, a un costado de la Escuela “Victoriano González”, con la Profa. Carmen Espinoza, Tel. (01 236) 3740111.

También es posible llamar al teléfono (55) 5622 5324 con Virgilio Neri Contreras y, en caso de desear realizar donativos monetarios realizar sus depósitos a las cuentas: 70411322046649, clabe: 127180013220466492 a nombre de Javier Palacios Mtz., de Banco Azteca o a la cuenta 2613661997 de Bancomer a nombre de Rosalba Vázquez Contreras.

Cabe mencionar que se está adecuando un espacio en la ciudad de Cuicatlán para almacenar lo recabado y desde ahí establecer los mecanismos de entrega a las comunidades.

Lo recabado se entregará íntegramente bien en especie o en efectivo a la gente de las comunidades a través de los representantes del Congreso Autónomo Cuicateco (CAC) en las diversas comunidades.

Fraternalmente:

“Solidaridad para la reconstitución social”

 

El Municipio Auntónomo de San Juan Copala Informa sobre el operativo de muerte de los paramilitares contra la comunidad.

No porque el MULT y la UBISORT quemaron nuestras casas y robaron nuestras pertenencias, nos van a intimidar, estamos más fuerte que nunca

BOLETIN URGENTE
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA

AL PUEBLO TRIQUI
AL PUEBLO DE OAXACA
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y DE DERECHOS HUMANOS

El Municipio Autónomo de San Juan Copala informa al público en general los siguientes últimos acontecimientos suscitados en la comunidad de San Juan Copala.

En la madrugada del día 13 de septiembre, aproximadamente a las 04:00 de la mañana, más de 500 hombres fuertemente armados con A-47, R-15 y ametralladoras del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) provenientes de 20 comunidades del MULT y 4 comunidades de la UBISORT, se apoderaron violentamente del Municipio Autónomo de San Juan Copala y del Palacio Municipal Autónomo. Paramilitares que disparaban y gritaban al mismo tiempo desde el palacio municipal, ex cuartel militar y desde los cerros que rodean a la población consignas como ¡Viva MULT!, ¡Viva UBISORT!, ¡Viva Rastrojo!, ¡Mueran los autónomos!, ¡Muera MULTI!, ¡Muera José Ramírez Flores!, ¡Muera el maestro Miguel Ángel Velasco!, ¡Muera Jesús Martínez Flores¡, ¡Copala ya es del MULT y de la UBISORT! y ¡Tienen hasta el día de mañana para abandonar la comunidad o serán masacrados como perros!. En esta invasión y ataque violento, fueron heridas nuestras compañeras María Rosa Francisco de 35 años y María Rosa López de 55 años de edad, la primera fue herida en el tobillo y en la pantorrilla del lado izquierdo y la segunda a la altura de la pierna izquierda.

En el día 15 de septiembre, la UBISORT y el MULT celebraron el bicentenario y centenario en el Palacio Municipal Autónomo de San Juan Copala, mismo que fue video grabado y narrado en español por Gabino Ávila Martínez de Cuyuchi Copala, uno de los paramilitares y activistas del MULT que tomaron el Palacio Municipal Autónomo junto con la UBISORT, mismo quien también es la mano derecha de Rufino Merino Zaragoza y cobrador de impuestos del municipio de Santiago Juxtlahuaca, distrito gobernado por el Partido Unidad Popular creado por el MULT, mientras que más de 500 hombres fuertemente armados del MULT y la UBISORT vigilaban y asechaban en todos los puntos cardinales a los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala. En la tarde del mismo día fue herida nuestra compañera Macaria Merino Martínez de 85 años de edad por los paramilitares del MULT y la UBISSORT cuando se asomó por la puerta de su casa, misma que recibió un balazo de AK-47 a la altura del tobillo del lado izquierdo.

En la madrugada del día 18 de septiembre, a las 04:30, fue asesinado nuestro compañero David García Reyes de 25 años de edad en el atrio de la iglesia católica por los paramilitares del MULT y la UBISORT cuando intentó salir de la comunidad.

En la madrugada del día 19 de septiembre, a las 04:00, fue asesinado nuestro compañero Paulino Ramírez Reyes de 28 años en el interior de su domicilio ubicado a unos metros de la iglesia católica por el MULT y la UBISORT. Paulino era el hijo de Antonio Ramírez Flores de 72 años de edad, máximo líder moral y fundador del Municipio Autónomo de San Juan Copala de Santa Cruz Tilapa, quien fue asesinado el día 21 de agosto en el paraje de la Cumbre Yerbasanta junto con otros compañeros de nombres Antonio Cruz García de 39 años y Rigoberto Ramírez González de 40 años de edad cuando se encontraban preparando la “Tercera Caravana de Paz” que iba a partir de Huajuapan de León Oaxaca a la ciudad de México el día 23 de agosto. En ese mismo día fueron desaparecidos nuestros compañeros Eugenio Martínez López de 65 años, máximo líder y fundador del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Jordán González Ramírez de 33 años, María Agustina Flores de 54 años y Susana López Martínez de 21 años de edad.

En el día 20 de septiembre, a las 03:00 pm, los paramilitares del MULT y la UBISORT prendieron fuego y destruyeron más de 100 casas de los líderes y simpatizantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, hiriendo al niño Pablo Velasco Dorantes de 16 años de edad, mismo que también presenta graves quemaduras de fuego. Pablo Velasco es unos los hijos del maestro Miguel Ángel Velasco, máximo líder y fundador del Municipio Autónomo de San Juan Copala. Se encuentra desaparecido nuestro compañero José Gonzalo Cruz de 100 años de edad.

Por último, les informamos que el Municipio Autónomo de San Juan Copala no está desaparecido ni va a desaparecer porque tiene el respaldo y apoyo de la gente y de varias comunidades triquis.

¡¡¡No porque el MULT y la UBISORT asesinaron a nuestros lideres, simpatizantes y gente solidaria a nuestra lucha, vamos a dejarnos vencer, estamos más fuerte que nunca!!!

¡¡¡No porque el MULT y la UBISORT quemaron nuestras casas y robaron nuestras pertenencias, nos van a intimidar, estamos más fuerte que nunca!!!

¡¡¡Las cobardes acciones del MULT y UBISORT de quemar nuestras casas y robar nuestras pertenencias, están demostrando lo cobarde que son!!!!

!!!No nos vamos a dejar vencer por el grupo paramilitar priista, pseudo izquierda y asesino del MULT!!!

!!!No nos vamos a dejar vencer por el grupo paramilitar priista de la UBISORT!!!

!!!No nos vamos a dejar vencer por el asesino de Ulises Ruiz Ortiz!!!

¡¡¡Viva el general Emiliano Zapata!!!

¡¡Vivan nuestros líderes y compañer@s caíd@s por el MULT y la UBISORT!!!

¡¡¡Vivan l@s compañer@s que dieron su vida y sangre por nuestra lucha!!!

¡¡¡Vivan nuestras valientes mujeres y niñ@s!!!

¡¡¡Vivan los pueblos autónomos de México y del mundo!!!

¡¡¡Viva el Municipio Autónomo de San Juan Copala!!!

JESUS MARTINEZ FLORES

Presidente del Municipio Autónomo de San Juan Copala

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE WIRIKUTA.

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE WIRIKUTA.

Que emite el Pueblo Wixárika de los tres Estados Jalisco, Nayarit y Durango representado por las comunidades de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tutsipa – de los municipios de Mezquitic y Bolaños Jalisco; Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, Tatei Kie – San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco Jalisco; Uweni Muyewe – Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango y la Unión Wixárika de los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

RECORDANDO que el Pueblo Wixárika desde tiempos inmemoriales acude en peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta, recreando una larga ruta que recorrieron nuestros antepasados durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semi-desierto de Real de Catorce.

CONSIDERANDO que nuestro rezo en Wirikuta es para que la vida se mantenga para todos y todas los seres vivientes de este planeta, para que nuestra antigua cultura Wixárika se mantenga y no desaparezca, para que se renueven las claves del conocimiento y las velas de la vida que nos dan sentido a nuestra identidad Wixárika.

ANALIZANDO que el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y las leyes reglamentarias que se han derivado para favorecer la operación de este neoliberal acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, no han hecho mas que agudizar la guerra de exterminio contra nuestros pueblos indígenas, a través de ordenamientos jurídicos como la Ley de Minería que ha llevado a que nuestros lugares sagrados en el desierto de Real de Catorce hoy sean objeto de 22 concesiones otorgadas a la trasnacional minera First Mejestic Silver de origen canadiense, sumando 6,326 hectáreas concesionadas abarcando nuestros lugares sagrados.

OBSERVANDO que los manantiales sagrados donde recolectamos aguas benditas se encuentra dentro de las cuencas de las venas de plata a explotarse, corriendo un inminente riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento por las grandes cantidades de agua que usaría la industria minera, pues el acuífero, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se encuentra de por sí en un grado de sobreexplotación y la capacidad de recuperarse es muy baja.

CONSIDERANDO que el daño afectaría de manera irreversible a 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes a 6 Ejidos de la zona, así como numerosas localidades del bajío que sufrirían los efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y contaminación), tal es el caso de  El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3500 personas que resultarían afectadas.

EVALUANDO que el proyecto minero de First Majestic Silver viola los derechos que tenemos como pueblo reconocidos en el convenio 169 de la OIT; se viola lo establecido en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi el 70% de la concesión minera y que el Pueblo Wixárika somos parte del consejo de Administración; se incumple lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos; no se respetan las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí; La Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del estado de San Luis Potosí; así como una importante cantidad de Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

CONSENSANDO la posición generalizada del pueblo Wixárika através del análisis de esta problemática durante La Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños llevada acabo los días 3, 4 y 5 de Septiembre del presente año; La Asamblea Extraordinaria de Bancos de San Hipólito Mezquital, Durango llevada acabo los días 4 y 5 de Septiembre del año vigente; Las reuniones del consejo de ancianos de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán llevadas acabo los días 5 de Septiembre en la localidad de Las Latas y 11 y 12 de Septiembre del año 2010, llevada acabo en la localidad de Pueblo Nuevo1; Reunión de la Unión Interestatal de Centros Ceremoniales llevado acabo en la comunidad de Uweni Muyewe los días 11 y 12 de Septiembre del presente año; En el Primer Foro de Diálogo sobre la Minería en Wirikuta con la red en defensa de Wirikuta Tamatsima wa’há llevado a cabo en Real de Catorce el día 18 de Septiembre del presente año; La Presente Reunión de Trabajo para el seguimiento al PACTO DE HAUXA MANAKÁ llevada acabo hoy en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.

DECLARAMOS LO SIGUIENTE.

1. Manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto minero de la trasnacional First Majestic Silver en el desierto de Real de Catorce, pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika.

1. Exigimos la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de la trasnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.

1. Comunicamos nuestra fundada preocupación a los habitantes de Wirikuta sobre la contaminación y desecamiento del agua que beben, del incremento en las enfermedades respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer debido a los venenos usado en la minería y el efecto de sus residuos químicos, los invitamos a informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta imposición  criminal que llevará a la destrucción de sus tierras de sus paisajes de lo que les dejaron sus abuelos y lo que les dejarán a sus hijos.

1. Exigimos al Estado Mexicano que de manera inmediata implemente estrategias efectivas que lleven a la mejora de vida de los habitantes de Wirikuta, que sean propuestas armónicas con el medio ambiente, y no propuestas tan destructivas como la de la mina en donde se pone a los campesinos humildes entre la espada y la pared ofreciéndoles un trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio.

1. Pedimos respetuosamente a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Real de Catorce que no expida permisos municipales de construcción o de uso de suelo, pues como se dio cuenta la Secretaria General del H. Ayuntamiento que nos acompañó durante el foro de diálogo llevado acabo el 18 de Septiembre en Real de Catorce, la población Wixárika y un importante número de personas del municipio que no desean la mina.

1. Aclaramos que haremos uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a nuestro favor así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

“Por la Reivindicación Integral de Nuestras

Comunidades del Pueblo Wixárika”.

Dada en la Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco

A 23 de Septiembre de 2010

Autoridades Tradicionales y Agrarias del Pueblo Wixárika

Por la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipio de Mezquitic y bolaños, Jalisco.

Santiago López Díaz

Gobernador Tradicional de Waut+a

Mauricio Hernández Castañeda

Gobernador Tradicional de Tutsipa

Ramón González López

Pte del Comisariado

José Ángel Díaz Serio

Pte del Consejo de Vigilancia

Por la comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco.

Jaime Carillo Carrillo                                        Juan Ávila De la Cruz

Gobernador Tradicional                                          Pte del Comisariado

Por la comunidad indígena de Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango.

Santos De la Cruz Carrillo

Pte del Comisariado

Por la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco.

Mauricio Montellano De la Cruz

Gobernador Tradicional

Por la Unión Wixárika de Jalisco, Nayarit y Durango.

Eleuterio De la Cruz Ramírez                                 Jaime Carrillo López

Pte de la Unión                                      Pte del Consejo de Vigilancia

Testigos de Honor

Ramón Bañuelos Bonilla                                        Fredy Medina Sánchez

Pte Municipal de Mezquitic, Jal.           Pte Municipal de Huejuquilla, el Alto Jal.

Ing. Guadalupe Flores Flores                        José de Jesús Navarro Cárdenas

Delegado Estatal de la CDI Jalisco y colima.                Visitador de la CEDHJ

Tirzo Navarrete Rodríguez                                 Roberto López López

Director de la CCDI Mezquitic                       Coordinador Regional de la CEI.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA.

 Ante los recientes acontecimientos en el Municipio de San Juan Tepeuxila el CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO emite el siguiente Pronunciamiento del Consejo de Delegados del Congreso Autónomo Cuicateco, CDCAC: Como es del dominio público el Municipio de San Juan Tepeuxila ha sido desde siempre gobernado por la clase política de la comunidad de SAN JUAN TEPEUXILA, ignorando sistemáticamente a las comunidades que conforman el Municipio, a saber; San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo y San Pedro Cuyaltepec, estas comunidades aceptaron tal situación de manera resignada durante décadas. El resultado de esta situación devino en la corrupción y despotismo de la “Autoridad Municipal” al grado tal de convertir al Municipio en la caja chica de la clase política tepeuxileña, el enriquecimiento inexplicable es el signo de la mayoría de quienes han ostentado la Presidencia Municipal y los cargos principales del Ayuntamiento, Síndicos, Tesoreros, entre otros. Ante esta situación la credibilidad del Ayuntamiento ha ido a la baja reflejándose en reclamos permanentes de las comunidades que conforman el municipio, las últimas administraciones han demostrado la inviabilidad de un grupo gobernante en decadencia. Fue debido a ello, precisamente, que en las elecciones anteriores se “permitió” que las comunidades presentaran candidatos, sin embargo en una maniobra política se implicó a los emigrados tepeuxileños en el proceso con la idea de debilitar el movimiento de resistencia contra la minería a cielo abierto que se gestaba y como mecanismo para inhibir la participación de las comunidades. A pesar de ello el candidato comunitario, avalado por San Juan Teponaxtla y San Pedro Cuyaltepec resultó triunfador, desafortunadamente la inexperiencia y la fe en las instituciones estatales les impidió obtener la documentación que acreditaba su triunfo, a cambio fueron agredidos e ignorados y, nuevamente con la intervención descarada de la subdelegación de gobierno, la cual negoció con la clase política tepeuxileña, se entregó la presidencia al C. Juan García Palacios, actual presidente, proveniente de los emigrados tepeuxileños, quien por todas las vías trabajó para desarticular el movimiento de resistencia, afortunadamente sin lograrlo. A tres años de su elección y envalentonado por el apoyo de la subdelegación de gobierno ha recurrido a la amenaza y al chantaje para tratar de detener el derecho de las comunidades a participar, y desde que estas se pronunciaron en ese sentido ha pretendido obstaculizar al máximo su participación. En este marco el pasado 24 de octubre citó a las representaciones comunitarias, agentes municipales para “informarles” sobre la decisión tomada por el ayuntamiento y avalada por el grupo de interés de la comunidad de San Juan Tepeuxila, entre ellos dos ex presidentes, dos ex síndicos municipales, un ex presidente del comisariado de Bienes Comunales, todos vinculados directamente al PARTIDO REVOLUCINARIO INSTITUCIONAL, específicamente al diputado Elpidio Concha Arellano, de impedir a toda costa que ellos, en uso de los derechos que les asisten participen en el proceso comicial y sobre todo para advertirles que nada de lo que pretenden será posible. Al recibir el rechazo de los representantes comunitarios, quienes se retiraron de inmediato hacia sus comunidades, recurrió, nuevamente al subdelegado regional, por lo que el día 26 citó a los mencionados representantes en la oficina delegacional en Teotitlán de Flores Magón para a través del mencionado funcionario advertirles que no “PERMITIRÁN” que dichas comunidades participen en la lección del nuevo Ayuntamiento, amenazándoles con medidas en su contra de persistir en su intención de participar. En este sentido es necesario recordar que el municipio de SAN JUAN TEPEUXILA se rige por el principio de usos y costumbres y que estos están regulados por la LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, en cuyo articulado no se reconoce ninguna facultad de ninguna autoridad sea Local, Estatal o Federal en dicho proceso. En este contexto se ha convocado a la celebración de los comicios el próximo domingo 14 de noviembre del año en curso por lo que El Consejo de Delegados del Congreso Autónomo Cuicateco, CDCAC, DECLARA LO SIGUIENTE:

 RECHAZAMOS ROTÚNDAMENTE cualquier intento por impedir que las comunidades que componen el municipio de SAN JUAN TEPEUXILA participen, en uso de su pleno derecho de los comicios municipales;

ADVERTIMOS sobre el intento que el actual Ayuntamiento pretende concretar para imponer a los CC. Essau Palacios Martínez y Floriberto Cruz como autoridades municipales sin una verdadera consulta a las comunidades;

 DENUNCIAMOS la pretensión del actual gobierno municipal para generar una situación de ingobernabilidad y favorecer con ello la imposición de un consejo de gobierno a propuesta del Subdelegado de gobierno.

DENUNCIAMOS que las maniobras en curso no tienen otra finalidad que ocultar los malos manejos de los recursos de los Ramos 33 y 28, mismos que en el presente año han ascendido a alrededor de CUATRO MILLONES, mismos que han sido manejados discrecionalmente por el actual Ayuntamiento.

ALERTAMOS sobre la posibilidad de que los intereses en juego puedan generar hechos de violencia como justificación para la intervención de intereses ajenos a las comunidades.

LLAMAMOS a la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y de los DERECHOS HUMANOS ante la eventualidad de los hechos denunciados. RESPONSABILIZAMOS a los miembros del Ayuntamiento, principalmente la Presidencia municipal, la Sindicatura y a los miembros del grupo político aliado al PRI de los posibles hechos de violencia que se puedan generar y de las represalias que puedan sufrir quienes se oponen a dichas maniobras, tanto al interior de la comunidad como en las comunidades que conforman el MUNICIPIO.

ATENTAMENTE.

“SOLIDARIDAD PARA LA RECONSTITUCIÓN SOCIAL”

 El Consejo de Delegados del Congreso Autónomo Cuicateco, CDCAC,

CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO, CAC.

Samuel Ruiz: pérdida y compromiso

La muerte del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz –tatic, como lo llamaban, en lengua tzotzil los indígenas de Chiapas—, ocurrida ayer en esta capital, deja un amplio y profundo sentir de orfandad para los pueblos indígenas de México, los organismos defensores de los derechos humanos, los sectores progresistas de la Iglesia católica y, en general, para los ciudadanos que aspiran a un país más justo, digno y equitativo. Las múltiples y diversas voces que lamentaron ayer el fallecimiento –políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos, dirigentes sociales y representantes religiosos– permiten ponderar la trascendencia del hecho: el país ha perdido a su más emblemático representante en el campo de la teología de la liberación –y precursor, por añadidura, de la llamada “teología indígena”–; a un defensor incansable de los derechos humanos; al “obispo de los indios y de los pobres”, como se le conocía, pero sobre todo, a un hombre de extraordinaria sensibilidad hacia las lacerantes injusticias que padecen, desde siempre, las mayorías depauperadas y los pueblos originarios en concreto, y que se han ido extendiendo y agravando en forma exasperante y alarmante en tiempos recientes. Esa sensibilidad lo hizo transitar, a lo largo de una labor pastoral que lo mantuvo cuatro décadas al frente de la diócesis de San Cristóbal, de la tarea meramente evangelizadora de los pueblos indígenas a una visión que persigue el empoderamiento de éstos, que reivindica su papel protagónico como sujetos históricos y que es consciente de que el mejoramiento de sus condiciones de vida está fuertemente vinculado con cambios profundos en la estructura social. Es significativo, y a la vez revelador de la ausencia de referentes éticos propios del grupo que detenta el poder, el hecho de que la Presidencia de la República haya reconocido ayer a Samuel Ruiz como pieza “esencial para alcanzar la paz en el estado de Chiapas” –en referencia a su participación como mediador en esa entidad tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994–, como si el religioso hubiese desempeñado un papel cercano, cuando no al servicio, de las elites políticas. Ante ello, es importante recordar que el compromiso del tatic siempre estuvo con las causas de los marginados, los sin voz, los de abajo; que padeció, por ello, una campaña de persecución y hostigamiento político y religioso, y que, durante sus últimos años, continuó denunciando la indolencia de los gobiernos hacia el carácter irresuelto de la cuestión indígena en el país. En todo caso, preferible a los halagos inciertos y a las palabras vacías sería un compromiso efectivo de la autoridad con la atención y la solución de la problemática de los indígenas, que siguen padeciendo, cada vez que deben relacionarse con instancias políticas formales, un rosario de abusos y atropellos sistemáticos del poder público, así como obstáculos al pleno ejercicio de su ciudadanía. La corrección de las circunstancias legales que han hecho posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos originarios por parte de la autoridad –y que no fueron correctamente atacadas en el conjunto de reformas legales de hace una década en la materia– tendría que ser vista como el mejor homenaje, y acaso el único presentable y congruente, del grupo gobernante a la memoria de Samuel Ruiz. En los difíciles tiempos que corren en la actualidad, resulta doblemente valioso y necesario el legado que el tatic deja en sus seguidores pastorales, en sus feligreses y en millones de ciudadanos conscientes y comprometidos con la transformación social de la nación. Descanse en paz.

TOMADO DE: http://www.jornada.unam.mx/2011/01/25/index.php?section=edito

DENUNCIA PUBLICA LIBERACION INMEDIATA AL COMPAÑERO JAIME BETANZOS

UCOCAM, A.C

Las elecciones por usos y costumbres desarrollados el día 14 de noviembre de 2010 en San Antonio Eloxochitlán Oaxaca, resultando con mayoría de votos para presidente Municipal el Profesor de primaria Manuel Zepeda Cortez, después de haber desarrollado una campaña muy controvertida con calumnias en contra de sus opositores y con la compra de votos por la cantidad de $ 200.00 por persona, financiamiento adquirido de diferentes compañías constructoras de los estados de Oaxaca y de Puebla con el objeto de regresarles la factura cuando se encuentre en funciones, aunado a que, aparte de ser profesor se dedica al comercio de materiales para la construcción, explotando la mano de obra de los pobladores con un salario estrafalario de $60.00 al día, extrayendo piedras y arena del único río caudal atractivo turístico del pueblo, asimismo cuenta con un criadero de pescados, acabando con el ecosistema del municipio causando la mayor contaminación de excrementos y desechos de los pescados desechados en el río ocasionando con esto de que las familias ya no puedan hacer uso de las aguas, cabe aclarar que dichos proyectos fueron adquiridos con los recursos del Ayuntamiento Municipal y cuando estuvo de presidente su hermano Vicente Zepeda Cortéz, a pesar de todo esto las elecciones fueron realizadas con disciplina, paz y civilidad, los candidatos, Alfredo Pacheco Bolaños y el profesor Fernando Palacios Cházarez, invitaron a sus seguidores a un refrigerio, todo terminó en orden.

Posteriormente a las dos semanas, el Profesor Zepeda Cortéz, aún cuando todavía no funjìa como Presidente Municipal, pasándose por encima del aún presidente municipal Eusebio Morales, ordenó de manera personal a una de sus Empresas Constructoras comprometidas para quitar derrumbes de la carretera de una de las agencias del Municipio, ocasionadas por las lluvias. Esto ocasiono disgusto a la Autoridad Municipal, por lo que informaron al pueblo de lo ocurrido, el pueblo cuestionó seriamente la actitud autoritaria de ésta persona, toda vez que ni consultó a sus miembros de su cabildo electo, por lo que el pueblo tomó el acuerdo de desconocerlo automáticamente, y elegir nuevas autoridades, y en su lugar ponen como Presidente Municipal al Sr. Alfredo Pacheco Bolaños.

El día 1 de enero no recibe ninguno de los dos el bastón de mando por el Presidente saliente, el gobierno del Estado mantiene como presidente electo al Profesor Manuel Zepeda Cortés, desconociendo los acuerdos de cambio tomados por la asamblea comunitaria, trayendo como consecuencia la existencia de dos presidentes municipales, todo el mes de enero transcurrido y el pueblo sin Autoridad Municipal, después de tanto desgaste de la asamblea para que el gobierno desconociera al Profesor Manuel Cepeda Cortéz y diera poder al C. Alfredo Pacheco, toman la carretera federal Huautla de Jiménez a Tehuacan puebla por tres días, asimismo determinan el cierre total de las escuelas y el día 27 de enero del presente año por la tarde se reúnen con el secretario de gobernación, para conciliar entre los grupos contrarios un acuerdo. Como resultado acuerdan la integración de los Concejales del ayuntamiento, y al momento de estampar las firmas de los participantes de las ambas partes, se percatan que algunos puntos descritos en el documento no fueron discutidos ni acordados, por lo que se niegan a firmar los integrantes del grupo oposito del Profesor Manuel Cepeda Cortés, esto ocasionó irritación al Secretario de Gobernación quien presidió la reunión y amenazó a los presentes que de no firmar, acudiría a la represión como medida para convencer a los presentes de aceptar sus disposiciones plasmadas en el documento.

Sin dejar pasar mayor tiempo esa misma noche a las 9:00 P:M La policia del estado detiene al Profesor Jaime Betanzos Fuentes, recluido en el penal de Miahuatlàn Oaxaca, anterior dirigente de la Secciòn 22 de magisterio oaxaqueño, y exmiembro de Consejo Central Indígena del Municipio, que estuvo al borde de la muerte en el año 2003 por impactos de balas recibidos en el pecho, por pistoleros pegados de sus enemigos políticos que hasta la fecha siguen impunes, por defender las causas del pueblo, a cambio de esto el Secretario de Gobierno, plantea que la condición para la liberación del Profesor detenido es que se firmen los acuerdos, por lo que al día siguiente se presentaron y aceptaron dichos acuerdos plasmando sus firmas y aceptaron que se abriera el Palacio Municipal, todo con el fin de que el gobierno cumpliera con la liberación del Profesor Jaime Betanzos, han transcurrido 8 dìas, y el gobierno no cumple su palabra, entonces que sigueeeeeeeeee?????????????????,

Por lo anterior denunciamos enérgicamente la pronta liberación del compañero Jaime Betanzos Fuentes, toda vez que no existe delito alguno que se le imputa, todo es calumnia, lleno de hechos prefabricados.

¿ cual es la forma de mantener la estabilidad de los pueblos? La Represión o el Dialogo……………………………….

Solicitamos a todas las organizaciones sociales y policitas del país su solidaridad enviando cartas al gobierno y denunciando en todos los medios las medidas de represión del Gobierno: Gabino Cué Monteagudo. “Gobierno de la Coalición de transición a la Democracia”

LA LEY ES UN FRENO Y CON FRENO NO HAY LIBERTAD…. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Viva Ricardo Flores Magòn ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

REPRESION EN OAXACA

Escrito por Sección 22 Oaxaca

A LA OPINION PÚBLICA

AL MAGISTERIO DEMOCRATICO OAXAQUEÑO

OAXACA, OAX.-Al momento que integrantes de la Sección XXII y miembros de su Comité Ejecutivo seccional encabezados por el Secretario General Azael Santiago Chepi, realizaban un mitin para fijar postura ante la visita del espurio Calderón Hinojosa intempestivamente los cuerpos policiacos apostados, iniciaron una agresión golpeando a las personas que transitaban por el área, al mismo tiempo que lanzaban gases lacrimógenos en contra de la sociedad civil y trabajadores de la educación.

Como resultado de esta acción represiva de los gobierno federal y estatal Oaxaca en estos momentos se está atendiendo en distintos hospitales de esta ciudad a los profesores Gabriel Melitón Santiago Gonzales Secretario de Prensa y propaganda quien con la mayor saña fue golpeado por la policía estatal y al el profesor Raymundo Servando Santiago Sánchez integrante de la Hepteta de Telesecundarias de la Sección XXII quien sufre una lesión pulmonar por impacto de cartucho.

Hasta estos momentos policías federales y estatales continúan lanzando gases lacrimógenos y proyectiles en contra de las y los trabajadores de la educación y ciudadanos que se han concentrado en las inmediaciones del edificio sindical repeliendo la agresión de la que son objeto. De igual forma golpeados varias personas de la sociedad civil.

Las calles aledañas al zócalo y alameda de la ciudad se encuentran rodeadas por las diferentes corporaciones policiacas, militares y federales vestidos de civiles a la más vieja ultranza de represores.

En los momentos en que el gobierno federal y estatal se confabulan para reprimir al pueblo surge nuestra más enérgica protesta en contra de los actos de represión del que en estos momentos somos objeto la ciudadanía y pueblo de Oaxaca.

Repudio total a los gobiernos estatal y federal por la represión ejercida en contra de los integrantes de este magisterio combativo y pueblo en general.

Llamamos al pueblo de Oaxaca y a las distintas organizaciones del movimiento social a solidarizarse y a repudiar estos actos en contra de la sociedad así como se hace también el llamado a las estructura sindical del estado para que estén arribando al zócalo de Oaxaca.

Por lo que responsabilizamos al Gobierno Federal, Estatal y Municipal de Represión Ejercida.

Exigimos Castigo a los autores materiales e intelectuales

¡ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL!

¡POR LA EDUCACION AL SERVICIO DEL PUEBLO!

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL

PRENSA Y PROPAGANDA

SECCION XXII – OAXACA

A exigir la presentación con vida de Carlos René

AL MAGISTERO DEMOCRÁTICO

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

AL PUEBLO DE OAXACA

A pesar de la supuesta transición en el estado de Oaxaca y de los hipócritas llamados a la reconciliación, existe una agresión abierta y permanente en contra de todo aquel que para el gobierno y los grupos de poder significa rebeldía. La represión de que fue objeto la manifestación del día 15 de febrero, en el marco de la visita del espurio Felipe Calderón a Oaxaca, hace evidente que en nuestra entidad, lo mismo que en otras regiones se sigue criminalizando la protesta. La propia visita de Felipe Calderón quien después de hacer patente su apoyo a la educación privada, haciendo deducibles de impuestos el pago de las colegiaturas, es una agresión para el pueblo pobre y trabajador. Hace apenas unos días el mismo gobierno da a conocer que millones de oaxaqueños padecen pobreza alimentaria, mientras, con su presencia del presidente de la república hace patente su apoyo a los ricos.

Ante la declaración de la ruptura de relaciones entre de la Sección 22 con el Gobierno, como respuesta a la represión, que se dio este mismo 15 de febrero, los grupos colaboracionistas y oportunistas se desgarraron las vestiduras, puesto veían caer los compromisos, que a nombre del magisterio estos grupos, antes antigobiernistas y ahora incrustados en el gobierno empezaron a hacer una serie de señalamientos de aquellos que con dignidad defienden la autonomía del magisterio.

Mientras Asamblea Estatal del día 19 de febrero discutía en plan de acción, algunos compañeros maestros que reclamaban la autonomía del magisterio y el rechazo a que los oportunistas usen el movimiento magisterial como trampolín para ocupar cargos públicos, estos compañeros recibieron amenazas anónimas. En este marco de descomposición y prebendas también nuestro compañeroCarlos René Román Salazar, recibió estas amenazas, en las que se le decía: “Si no te calmas te va a llevar la chingada.” “Ya estamos hasta la madre de ustedes pinches rebeldes revoltosos” “Vamos por ti y por todos los tuyos”.

El día 14 marzo, por la noche, el Profesor Carlos René Román Salazar se dirigía a su casa a bordo de su automóvil, después de una reunión de trabajo, no pudo llegar y desde entonces se encuentra desaparecido. Todo lo anterior, nos hace suponer que Carlos René Román fue objeto de lo que se conoce como un “levantón”, por que tememos por su integridad personal y su vida. Por lo que demandamos a los Gobierno federal y del estado la presentación inmediata y con cabal salud de este reconocido miembro del magisterio e integrante de la Sección 22.El compañero desaparecido es miembro del CEDES 22 y uno de los principales impulsores del proyecto de educación alternativa.

La desaparición del compañero Carlos René Román Salazar, es una agresión más al magisterio, a nuestra autonomía, significa en continuismo de un régimen autoritario y represor. La lucha por la libertad y la democracia, al lado del pueblo no puede detenerse.

Hacemos un llamado al magisterio en general, a los hombres y mujeres libres, a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo en general a manifestarse en contra de la ola de represión y violencia que se viene ejerciendo en contra de los luchadores sociales. Llamamos a manifestarnos el día de hoy miércoles 16 de marzo a manifestarnos el día de hoy a las 4 de la tarde en las oficinas de la sección 22 para partir de ahí la Zócalo e instalar un campamento de denuncia y juntos exigir la presentación inmediata y con vida del compañero Carlos René Román Salazar.

ALTO A LA CRIMILIZACIÓN DE LA PROTESTA

ALTO A REPRESIÓN A LA LOS LUCHADORE SOCIALES

PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE CARLOS RENÉ ROMÁN SALAZAR

UNIDOS Y ORGANIZADOS LUCHANDO VENCEREMOS

COLECTIVO LIBERTARIO MAGONISTA

Opositores al muelle en Azueta suman seguidores

HERCILIA CASTRO

Zihuatanejo, 27 de marzo. Pobladores de la comunidad de Juluchuca se unirán al movimiento de pescadores de Barra de Potosí y Zihuatanejo, opositor al proyecto de concesión que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Fonatur Operadora Portuaria SA de CV.

Después de cuatro meses en plantón, campesinos y ejidatarios afectados de Juluchuca manifestaron que no han visto solución a la demanda de revocación para el permiso otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Agregados de Ixtapa SA de CV (Agritsa), la cual quiere hacer explotación de material pétreo sobre el arroyo de Juluchuca en el arroyo de esta comunidad.

Salvador Cortes Flores, originario de ese poblado, manifestó que en estos cuatro meses no tienen una respuesta concreta por la Conagua y, por ello, se manifestarán en la próxima marcha del jueves 31 en solidaridad con el movimiento opositor a Fonatur con los pescadores de Zihuatanejo y Barra de Potosí.

En la séptima asamblea informativa de los opositores de Zihuatanejo y Barra de Potosí al proyecto de Fonatur, se sintieron molestos ante las declaraciones de la directora del Fondo Nacional del Fondo al Turismo (Fonatur), Adriana Pérez Quesnel, en relación a que no habrá muelle de cruceros en Barra de Potosí y se respetará a comerciantes y pescadores.

El presidente de la cooperativa pesquera Los Pulpos, Benjamín Lorénzano Basurto, consideró que Pérez Quesnel tiene un discurso maquillado: “es la misma versión que traen todos, mismo discurso de que no van a hacer muelle y, sin embargo, la concesión dice otra cosa”. Denunció que el administrador de Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, Fernando Gaytán, ya ha solicitado a los lancheros y pescadores de playa Las Gatas el muelle que tienen y desalojó a un propietario del recinto portuario que tenía su espacio desde hace muchos años.

Por su parte, el pescador Helio Orbe calificó como una incongruencia lo dicho por la titular de Fonatur, porque puede alegar que no hay muelle pero en los documentos de la concesión viene plasmada otra cosa: “el papelito es el que habla, hay que dejarnos de tanta palabrería, si ellos quieren un arreglo, que se revoque esta concesión y que se haga una concesión dónde se incluya a la gente de la bahía de Zihuatanejo, a la gente de Barra, mientras no les vamos a creer nada”.

TOMADO DE: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/03/28/index.php?section=sociedad&article=006n3soc

Comuneros de Cherán se enfrentan con presuntos talamontes de Capacuaro

“El pueblo está dispuesto a levantarse en armas porque la policía está coludida con la mafia” Un herido por impacto de bala, por lo menos tres personas retenidas, tiroteos, vehículos incendiados, bloqueos carreteros y la amenaza de “levantarse en armas” porque la autoridad local “está coludida” con la delincuencia organizada y solapa la tala clandestina, es el saldo que hasta la noche de ayer arrojó el enfrentamiento entre comuneros del municipio de Cherán con presuntos talamontes de la comunidad uruapense de Capacuaro, en el corazón de la Meseta Purépecha. Los hechos de violencia comenzaron alrededor de las 5:30 horas de este viernes, en el lugar conocido como El Calvario, donde un grupo de comuneros detuvo tres camionetas cargadas con madera y secuestró a por lo menos tres de los ocupantes de esas unidades. El resto de los presuntos talamontes abrió fuego y, en su huida, incendiaron la zona boscosa. En la refriega también prendieron fuego a cinco vehículos y un cheranense recibió un impacto de bala en la cabeza. Esta persona fue trasladada a un hospital de Morelia, donde su estado se reporta como crítico. Los talamontes retenidos fueron llevados al centro de Cherán y amarrados en las inmediaciones de la iglesia. Los habitantes de ese municipio se dicen “hartos y fastidiados” por la tala clandestina que solapa la autoridad: “hoy el pueblo dijo ya basta. El pueblo está dispuesto a levantarse en armas porque la policía está coludida con la mafia y Cherán está olvidado”, advirtió –ya entrado el mediodía– un habitante de ese municipio que accedió a ser entrevistado vía telefónica y que afirmó que para esa hora sus coterráneos habían organizado un “pequeño ejército” para vigilar los accesos a la zona. Ante la situación de emergencia, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) implementaron un operativo por tierra y aire para “atender” el conflicto. Sin embargo, los elementos de esas corporaciones sólo lograron cercar la zona limítrofe de Cherán. Hasta el cierre de esta edición, soldados y policías permanecían al alba, porque en la plaza principal del municipio unas mil personas armadas con pistolas, machetes, palos y piedras estaban listas para reiniciar los enfrentamientos. El personal de la Secretaría de Gobierno de Michoacán que se apersonó en la zona no logró entablar negociaciones con los comuneros para que accedieran a liberar a los talamontes retenidos. El conflicto entre ambas comunidades vecinas ha sido recurrente durante la última década, debido a que Capacuaro ya no cuenta con recursos forestales y, de manera ilícita, sube a los bosques de las comunidades cercanas a talar árboles y robar madera. “La gente del pueblo ya se fastidió por la deforestación. La policía municipal está coludida con la mafia y la policía estatal sólo se da una vuelta de vez en cuando, detiene a dos o tres talamontes que al otro día ya andan libres. ¡Queremos que venga el Ejército a ordenar esto! Los soldados por lo menos actúan con más legalidad, pero de cualquier forma aquí ya no hay gobernabilidad”, dijo otro comunero de Cherán que también aceptó una entrevista telefónica. “El bosque es fuente de empleo, pero los talamontes queman los cerros, cortan árboles a lo loco y hasta nos roban lo que pueden, saquean nuestras trojes. Ayer mismo incendiaron un cerro desde la punta… ¡están acabando con todos nuestros recursos naturales!”, reclamó el comunero consultado, quien hizo hincapié en que los talamontes retenidos no serán liberados, “hasta que el pueblo lo decida”.

EDUARDO FERRER

COMUNICADO URGENTE ASESINAN A JAVIER TORRES CRUZ ECOLOGISTA DE LA SIERRA DE PETATLAN

COMUNICADO URGENTE

19 de abril 2011

ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA

JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE

Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.

La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena. Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido  Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército). Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.

Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz,agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces,  la seguridad de el mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial  sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.

Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.

El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.

Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.

Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Álvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.

Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.

Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero.

Por lo anterior, demandamos:

- Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.

- Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.

- Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.

- Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

- La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011

COMUNICADO SOBRE ASESINATO EN AGUA FRÍA COPALA EL DÍA DE AYER 5 DE AGOSTO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LA OTRA CAMPAÑA

Compañeras, compañeros nuevamente la sangre de nuestro pueblo vuelve a ser el botín de quienes en su infinita avaricia, no les importa el dolor del hijo, de la hermana, de la madre, de la esposa, con tal de cumplir sus ambiciones.

El día de ayer se cumplió lo que con anticipación aviamos denunciado otra masacre en nuestras tierras, que enluta y llena de dolor tres hogares de hombres y mujeres dignos que el primero de enero del año 2007 decidieron dejar de ser un numero en una organización clientelar, con una dirigencia palera de los malos gobiernos y de los ricos de este país, que lo único que les importa es saquear las riquezas naturales de nuestros pueblos.

Porque fue eso y solo eso lo que el MULT no perdono nunca a nuestro movimiento el haber devuelto la palabra a nuestro pueblo para decidir su propio destino con la dignidad que por naturaleza los Triquis tenemos, muchos deslindes podrán decir con su boca llena de mentiras pero la realidad es que desde que nos separamos del MULT y de la UBISORT muchos hermanos nuestros han muerto por sus manos criminales porque son ellos y solo ellos quienes han estado siempre tras los ataques a nuestro proyecto de Autonomía, son ellos quienes ocuparon el nombre de la UBISORT para junto a algunos criminales atacar sin piedad a SAN JUAN COPALA y desplazar al pueblo entero, son ellos los que hoy ocupan nuestra comunidad y nuestras casas y son ellos los que en complicidad con algunos funcionarios del gobierno quieren hacer creer que en San Juan Copala todo está en calma y se puede vivir con tranquilidad, son ellos quienes han tomado bajo su protección a toño pájaro y su grupo de criminales para vestirlos de impunidad.

Esta acción cobarde y criminal ya se venía preparando desde días antes con mentiras que estos criminales avían difundido a través de algunos medios de comunicación donde acusaron a nuestra organización de atacar a balazos la comunidad de la CIENEGUILLA, con esta perversa campaña de difamación solo preparaban las condiciones para masacrar a nuestros hermanos, y seguir gozando de la impunidad que les brinda el gobierno del estado, porque queremos dejar claro que a pesar de existir órdenes de aprensión en contra de los asesinos de nuestro pueblo estas no se ejecutan porque el poder de la dirigencia del MULT es superior al gobierno del estado y es por eso que tienen el permiso para masacrar impunemente, y no solamente eso, sino que son premiados con pequeños bonos de 50 millones de pesos otorgados por el propio gobernador, dinero que su base social nunca llega a mirar tan es así que a pesar del tiempo que esta organización dirigida por gente ajena a nuestra cultura e historia lleva en el poder los pueblos Triquis son cada vez más explotados y más saqueados mientras la bolsa de estos dirigentes es cada día más gorda.

El día de ayer a las 5 de la tarde nuestros hermanos: ALVARO JACINTO CRUZ, FRANCISCO RAMIREZ MERINO, JOSE LUIS RAMIREZ de 18, 37 y 39 años de edad respectivamente pasaron a ser víctimas de la impunidad que este gobierno del cambio ha permitido en la región Triqui baja, claro está, que también con la complicidad de algunos destacados funcionarios, priistas como diputados, presidentes municipales o secretarias de gobierno, nuestros compañeros fueron atacados de manera cobarde con armas de grueso calibre quedando muertos en la desviación de San Pedro Chayuco a cinco minutos de Agua Fría Cópala cuando estaban por adquirir algunos productos de abarrotes.

Es por eso compañeras, compañeros que hacemos el llamado a la solidaridad de todos los que tengan bueno su corazón que nos apoyen a exigir justicia y nos acompañen en este largo camino que los Triquis nos hemos dispuesto a caminar hasta lograr la PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD que los pueblos originarios de este país merecemos, al mismo tiempo pedimos nos apoyen para poder sepultar dignamente a nuestros hermanos, ya que como todos sabemos somos un movimiento independiente que no recibe pequeños bonos ni se sienta con la secretaria de gobierno para suplicar limosnas.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!

6 DE agosto de 2011

RESPETUOSAMENTE CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO

DE SAN JUAN COPALA