ZACACUAUTLA- COPENHAGUE-ZONGOLICA

Alberto Híjar.

La reunión de 192 gobiernos del mundo convocada por la ONU en Copenhague atiende a los grandes consorcios en defensa de su derecho a contaminar. Obama El Débil tendrá que enfrentar el repudio de los empresarios al reconocimiento hecho por su encargada de los efectos malignos del bióxido de carbono y otras porquerías incorporadas al aire ambiental por los escapes, chimeneas y desagües de quienes envenenan tierra, aire y agua cotidianamente. Lo han hecho y lo seguirán haciendo pero son respetuosos de las leyes y normas y no toleran ser descalificados por la obviedad de sus procesos productivos malignos. Han fijado cuotas de contaminación y culpan a China de la devastación planetaria.

No hay comunicación entre Copenhague y Zacacuautla ni hay manera de construirla mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente esté en manos de uno de los gobernadores más corruptos que hayan existido y vaya que está dura la competencia. Patricio Patrón Laviada devastó Yucatán, contribuyó a la destrucción de playas y manglares de Quintana Roo y propició toda clase de construcciones y negocios sucios. Ahora forma parte de los responsables de la destrucción de la tierra, el aire y las fuentes de agua en beneficio de los grandes consorcios y sus socios locales. Ni siquiera sabe de la tala criminal del bosque de Zacacuautla en la frontera serrana de Hidalgo y Puebla gracias a la protección oficial de los falsos propietarios Canales por todas las autoridades: las ambientales, el gobierno del Estado de Hidalgo, el municipio de Acaxochitlán. Valido de la banda criminal de Los Negros, el cacique Pedro Canales ha destruido además, las marcas de los estudiantes y profesores de arquitectura de la UNAM organizadores de un proyecto productivo en el terreno de la comunidad. No saben en Copenhague de los trece procesos contra los Delegados electos en asamblea y sin sueldo, para mantenerlos amenazados e impedir su informe al pueblo en la asamblea del 25 de diciembre al salir de misa para reunirse en el auditorio junto a la sede delegacional a la que con mil esfuerzos se ha agregado un piso para albergar el centro de computo prometido por SEDESOL. Una cadena de mandos corruptos descubre asombrada la respuesta del pueblo organizado y encabezado por autoridades honoríficas y valientes. Esa cadena de mandos reproduce a la de los grandes empresarios apoyados por el gobierno  planetario concretado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional   y los bloques productivos como la Unión Europea y la Cuenca del Pacífico. A la cola de Estados Unidos, el gobierno de México simulará indignación y propondrá compromisos a sabiendas de que hay cientos de Zacacuautlas en proceso de destrucción de bosques y manantiales con sus defensores encarcelados, muertos y amenazados.

Un breve reporte televisual informó de la tala criminal de la Sierra de Zongolica en Veracruz. El valiente defensor del bosque informa de la presencia constante de matones para impedir que el pueblo se organice en defensa del ambiente. Hay asesinatos, como el del niño triqui victimado en San Juan Copala por el fuego de las organizaciones que atacaron por sorpresa el lugar del municipio autónomo que la prensa mentirosa de Oaxaca declara inexistente. Tampoco hay comunicación entre Copenhague y San Juan Copala donde la riqueza minera invita a las empresas yanquis y canadienses a la explotación en el sentido peyorativo.

La situación agónica del planeta no se resuelve con encuentros de altos funcionarios de Estado comprometidos con los destructores concientes del ambiente. Todos los presentes en Copenhague saben que sus declaraciones y compromisos serán tan incumplidos como el Protocolo de Tokio de hace cinco años. A Zacacuautla, Zongolica y San Juan Copala, a Venustiano Carranza en Chiapas donde mil hectáreas han sido concesionadas a mineras canadienses, a Montes Azules de Chiapas donde la explotación turística trasnacional expulsa campesinos y beneficia caciques, al Cerro de San Pedro donde la Minera San Xavier canadiense ha destruido el monte, la tierra y el pueblo pese a ser declarada ilegal, a las playas privatizadas de Quintana Roo rellenadas con miles de toneladas de arena de Cozumel e Isla Mujeres en perjuicio de los bancos de coral, los manglares y las especies arrasadas, a Baja California devastada por los saqueadores de sal y arena  y por los miles de conjuntos residenciales,  no llegan las fiestas de Copenhague. La organización de Cancún que trató de impedir el saqueo de la arena para recibir como respuesta la exigencia de una fianza millonaria, sufre tanto la farsa de los falsos ambientalistas gubernamentales para integrarse a los defensores de bosques, selvas, fuentes acuáticas, volcanes apagados y activos, manantiales, desiertos y estepas irremediablemente sentenciados a muerte por quienes han reducido al mundo a un gran bazar donde sólo cuenta la relación costo-beneficio. El beneficio de unos cuantos poderosos, la desgracia para muchos, para todos los habitantes del planeta porque a pesar de todo, entre Copenhague, Zacacuautla y Zongolica si hay relación.

DDHH-MÉXICO: Cuando defender a la comunidad se paga con la vida

Por Emilio Godoy

MÉXICO, 4 dic (IPS) – Los activistas comunitarios han vivido un año oscuro en México, pues su labor de defensa de los derechos de las comunidades ha derivado en amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos.

“Hay amenazas, la situación se ha agravado por la ‘criminalización’ a diferentes protestas. Por eso, se pone en riesgo a los defensores”, dijo a IPS Gubidcha Matus, portavoz del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), afincado en el sureño estado de Chiapas.

El último expediente en esta materia es el asesinato el 27 de noviembre en Chiapas de Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien se opuso duramente a la operación de la firma minera canadiense Blackfire Exploration en territorio chiapaneco.

Abarca y otros pobladores del municipio de Chicomuselo han combatido a esa empresa transnacional, que extrae desde el año pasado barita, un mineral empleado en la perforación de pozos petroleros y en la industria automotriz.

“Un ámbito de riesgo para los defensores de derechos humanos está relacionado con proyectos de inversión en distintas regiones del país, como mineras y grandes complejos hidroeléctricos.

Hay un elemento común, la impunidad, que contribuye a generar más condiciones de riesgo”, declaró a IPS Edgar Cortez, director de la Red Todos los Derechos para Todos, que agrupa a organizaciones de derechos humanos de todo el país. Miguel Pérez, activista del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en el sureño estado de Morelos, fue secuestrado, torturado y ultimado el 31 de octubre. Se oponía a proyectos de urbanización en una reserva natural en ese territorio.

“La contaminación del agua y la crisis alimentaria, producto de la venta de la tierra agrícola para proyectos de urbanización, están provocando el descontento general y la organización de los pueblos”, escribió en el periódico mexicano La Jornada, días después de ese crimen, Francisco Taboada, documentalista que ha filmado las luchas de los pueblos por proteger los recursos naturales.

Los activistas locales suelen dedicarse a la defensa del territorio, de los derechos religiosos y ambientales, además de promover el respeto a los derechos humanos.

Chiapas y los también sureños estados de Guerrero y Oaxaca han sido escenarios de persecución en contra de los defensores comunitarios. El suelo chiapaneco es rico en materiales minerales, un filón para las empresas de ese sector, especialmente las canadienses.

En Guerrero fueron ejecutados en junio Leonel Castro y su sobrino Ezequiel Castro, miembros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y cuya labor era la protección de los bosques.

En ese mismo territorio, los cuerpos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la no gubernamental Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, aparecieron torturados y ejecutados en febrero de este año.

En el también sureño estado de Puebla, cuatro activistas se encuentran bajo proceso penal desde 2008 por enfrentarse a la operación de la empresa productora de ganado porcino Granjas Carroll, subsidiaria de la estadounidense Smithfield Foods.

Durante la Jornada Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, realizada en Puebla en noviembre, un grupo de organizaciones sociales reclamaron el cese del hostigamiento oficial y la liberación de activistas.

Un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los activistas, difundido en octubre, dio cuenta de los peligros que afrontan en su labor.

La agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a activistas, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.

Las amenazas representaron 27 por ciento de los expedientes, la persecución penal de los promotores otro 20 por ciento, el hostigamiento ascendió a 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, a 10 por ciento, según el reporte.

“En esta región existen diferentes movimientos en contra de la minería, ya que están siendo afectados en su medio ambiente y en consecuencia en su salud por la extracción del mineral”, señaló Matus.

Entre los colectivos que defienden la tierra, el territorio, los recursos naturales y el ambiente, se hallan, entre otros, los comités de derechos humanos Oralia Morales y 10 de Enero, quienes han denunciado amenazas de muerte por parte empleados de Blackfire Exploration.

“La respuesta del Estado es de muy pocas acciones efectivas, no ha habido investigaciones que den resultados satisfactorios. Hay que seguir haciendo tareas como presentar y dar todos los elementos de denuncia ante las autoridades respectivas, y presionar para que estas instancias puedan realizar una investigación objetiva, pronta y efectiva”, planteó Cortez.

La ONU propuso la creación de un mecanismo nacional para la protección de los defensores, la consolidación de un programa especial de atención a los promotores amenazados y una campaña de difusión masiva sobre la labor de los activistas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, señaló que el respeto en esta área “en un estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los activistas para desplegar libremente sus actividades”…

También indicó “que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.

Mientras, la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, que data de 1998, indica que “el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos”. (FIN/2009)

Tomado de: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94151

“EL MOVIMIENTO INDÍGENA PUSO EN CONTRADICCIÓN LAS NORMAS DE DD.HH. INTERNACIONALES”

Por Manuel Lonkopan

En un auditorio del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se mostró repleto, Rodolfo Stavenhagen brindó una conferencia referida a los derechos internacionales de los pueblos originarios y sus implicancias en los países de Latinoamérica.

El reconocido especialista en la realidad indígena latinoamericana fue invitado a la “Jornada de Pueblos Originarios y Derechos Humanos. Debates contemporáneos”, organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y el Movimiento Internacional contra el Racismo y la Discriminación.

Stavenhagen, profesor-investigador emérito del Colegio de México, expresó a los asistentes que “la visión que tienen nuestros países sobre los pueblos originarios en general es un pensamiento ligado al pasado ya superado, en el mejor de los casos pertenecen a los museos y en los textos de historia brillan por su ausencia”. Pero, a juicio del ex relator, esto ha cambiado en las últimas décadas, “por eso hoy podemos hablar de un fenómeno sociológico, político, jurídico de emergencia como son los movimientos indígenas en América latina y que son parte de nuestra sociedad”.

La irrupción de los pueblos originarios ha ido configurando un nuevo mapa político en los Estados de Latinoamérica y que pone en crisis las Constituciones de los países. “Un ejemplo claro es Bolivia donde se ha declarado un Estado Multicultural y una nueva política de Estado hacia los pueblos originarios”, expresó Stavenhagen. Es decir, se está cuestionando el modelo básico de estos Estados por el sector social emergente que representan los pueblos originarios a poco de cumplirse el Bicentenario, y esto no es menor y menos aún casual a juicio del ex representante de Naciones Unidas en cuestiones indígenas.

Esto obliga además a repensar la concepción que se tiene de los conceptos de los Derechos Humanos, para tomar en consideración estos fenómenos históricamente nuevos referidos a la presencia de los pueblos originarios. “Esto no sucede solo a nivel de los países, sino también hacia el interior de las estructura de las instituciones de los Derechos Humanos. Hoy se puede afirmar que los pueblos indígenas son nuevos sujetos del derecho internacional”, señaló.

En las primeras declaraciones sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas no aparecían los Derechos Indígenas, puesto que esta noción se contrapone con la concepción colectiva de los pueblos originarios. “El Derecho Humano tiene como espíritu el resguardo individual de los hombres y mujeres sin discriminación, eso es importante porque hasta mediado del siglo XX muchos países no aceptaban esto. La importancia del reconocimiento de la Naciones Unidas a los derechos indígenas, puso en evidencia la contradicción de las normas con la realidad, porque por primera vez se habla de derechos colectivos, la ley es igual para todos pero la sociedad de cada país no es heterogénea. Lo indígena no es solamente un atributo individual, es mucho más, es sentirse parte de una identidad colectiva, no solo histórica sino también geográfica, donde la territorialidad es parte esencial de la identidad”, enfatizó Stavenhagen. Y reconoció que este no es un debate acabado en términos de los Derechos Humanos a nivel internacional.

“Mucho se ha discutido qué hacer ante esto”, señaló el ex relator, “porque hay una desigualdad en los hechos: los pueblos originarios buscan igualdad pero también plantean sus diferencias culturales y sociales traídas de las culturas ancestrales de esos territorios que pertenecen y hoy están bajo las jurisprudencia de los países”. Esto comenzó a cuestionar el modelo, por las crecientes demandas de los pueblos originarios a la opinión pública, a sus propios gobiernos y principalmente hacia el sistema internacional, reconoció Stavenhagen.

Esto se refleja en la Declaración Universal de los Derechos Indígenas del 13 de septiembre del año 2007, donde 147 países lo ratificaron positivamente. Para Stavenhagen esto abrió una nueva perspectiva en término de los Derechos Indígenas a nivel internacional. “Hay un reconocimiento a la libre determinación de los pueblos, muchos países se oponen a esto y es obvio que lo hagan, pero la Declaración trata de delimitar esto porque no se trata de separación o fragmentación de los Estados nacionales, sino que lo que se plantea es en términos de los derechos humanos y es importante porque se trata de la libre decisión de los pueblos sobre su propio existir, sus propios futuros y al manejo de las políticas publicas, de sus recursos naturales a nivel interno y regional”, señaló. Esto esta plasmado en el Articulo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, donde además reconoce la autonomía y autogobierno derivados de la autodeterminación de cada pueblo.

A diferencia de la ONU, la Organización de Estados Americanos aún continua discutiendo una declaración. “Son nuestros gobiernos y ahí esta nuestra responsabilidad como ciudadanos, que señales les mandamos en materia de derechos humanos sobre los pueblos originarios”, enfatizó.

Existen muchos avances en los últimos 20 años referidos a los Derechos Indígenas a nivel internacional, pero también hay mucho retroceso en reformas legislativas en America Latina. “Todavía en nuestros Parlamentos hay voces que de ninguna manera quieren reconocer estos derechos y hay acciones de gobiernos, como es el caso de Chile donde se emplean legislaciones dictatoriales de la época de Pinochet para castigar y criminalizar a los indígenas que procuran defender sus territorios ante los embates de la globalización y explotación de sus recursos naturales”, señaló Stavenhagen.

Todo este proceso conforma un panorama nuevo que está en pleno desarrollo, evaluó el ex relator, y planteó que preocupa que “la opinión pública de nuestros países parece ser que no se ha dado cuenta”. Esto se refleja en “la visión que todavía tenemos a través de los medios, a través de los discursos oficiales, de vestigio del pasado y que los pueblos originario son los menos valorados en la concepción de la Nación y de la sociedad”, concluyó.

Tomado: http://www.eibmisiones.org/site/?p=460

Mariano Abarca Roblero Vive

La Memoria es el motor de la resistencia

¡NO A LAS MINAS, SI A LA VIDA!

SALUD CAMARADA

¡Hasta siempre!

GRUPOS PARAMILITARES CERCAN AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA Y ASESINAN UN NIÑO

· Hay tres heridos y un niño muerto

· Buscan terminar con el municipio autónomo y entregarlo al control del gobierno estatal

· La agresión se da en el marco de las actividades de un acto de solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco

· En los últimos meses las agresiones en contra del municipio autónomo se han dado de una manera sistemática

El municipio autónomo de San Juan Copala informa a todo el público en general:

El día 28 de noviembre, la sede del municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue atacado violentamente por grupos paramilitares que disparaban armas de grueso calibre. La agresión se dio en dos ocasiones: una como a las tres de la tarde, que duró como una hora, y otra como a las seis de la tarde, que duró casi el mismo tiempo. En la primera tomaron como blanco el albergue infantil ubicado en el municipio autónomo y como consecuencia de ello, asesinaron a un niño de nombre Elías Fernández de Jesús; también resultaron heridos otros tres de sus compañeros, Tomotelín Velasco y Jacinto Velasco, y un tercero cuyo nombre se ignora.

Las primeras noticias que tenemos sobre los responsables apuntan a una alanza entre Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT) y un sector del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-UP). Mientras los primeros cerraron el único camino que comunica a San Juan Copala con el resto de la región, para aislar al municipio, los segundos iniciaron la agresión militar desde los cerros que se encuentran alrededor del centro del municipio, justo por el lado donde colinda con comunidades del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Después de que estos comenzaron la balacera, se les unieron los pistoleros de UBISORT que viven en el municipio autónomo.

Por las notas de prensa cercana al gobierno, donde se informa de la cancelación del municipio autónomo, sabemos que hay una estrecha alianza entre estas dos fuerzas políticas, coordinadas desde las altas esferas del gobierno estatal. No es una alianza de ahora sino de hace años, y no consideramos que sea todo el MULT-UP, sino principalmente sus dirigentes. Por eso desmentimos que el municipio ya no existe. Al momento de hacer esta denuncia se encuentra cercado y agredido con armas de fuego, pero nuestras autoridades autónomas siguen en sus cargos. Los barrios y comunidades que lo integran ya se movilizan para apoyarlos.

No podemos olvidar que el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en donde legalmente pertenecía el municipio Autónomo de San Juan Copala, es gobernado por el Partido Unidad Popular, y es ahí en donde la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) ha estado recibiendo los principales apoyos para las agresiones en contra del municipio autónomo. Tampoco olvidamos que a principios de noviembre pistoleros al servicio de la UBISORT intentaron asesinar al Presidente Municipal autónomo, matando a un miembro del municipio autónomo que intentó impedirlo, finalmente el asesino fue detenido y confesó que había un plan para asesinar al Presidente Municipal autónomo y a los líderes de los barrios. Cuando se entregó al Ministerio Público se presentó el líder de la UBISORT a exigir su liberación.

Las agresiones contra el municipio autónomo han aumentado desde que comenzamos a brindar apoyo a otros compañeros en lucha. Primero los compañeros zapotecos de los Loxicha, mientras exigían la libertad de sus compañeros, después la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero, contra la represión que están sufriendo por el gobierno del estado y ahora los compañeros de San Salvador Atenco, en la lucha por la libertad de sus compañeros presos y sentenciados a largas e injustas condenas de prisión.

Al denunciar estos hechos ante la opinión pública refrendamos nuestro derecho a seguir con nuestro proyecto de autonomía y a solidarizarnos con nuestros compañeros en lucha. Exigimos al gobierno del estado que deje de agredir a través de sus organizaciones títeres.

Municipio Autónomo de San Juan Copala, 29 de noviembre de 2009.

José Ramírez Flores

Presidente

Severo Sánchez González

Alcalde

Macario García Merino

Secretario

BOLETIN DE PRENSA AMAP

Ante la ofensiva del Estado Mexicano en contra de toda forma de lucha social, ampliamente documentada y en concordancia con la razón del ser del CECUIDH, nos sumamos a la condena absoluta y a más enérgica protesta por el exterminio que se pretende hacer de toda causa social por la vía de la desaparición de los que abanderan las mismas, elertamos al mismo tiempo sobre las implicaciones de nuestro silencio y reiteramos desde el espacio cuicateco que la  ¡destrucción de nuestras tierras y culturas no pasará!

Mariano Abarca vive en la conciencia de quienes refrendamos nuesto derecho a la autonomía.

¡No más asesinatos!

¡Alto a la escalada represiva del Estado en alianza con los grandes capitalistas!

¡Volveremos y seremos millones!

CONDENA ASESINATO DE MARIANO ABARCA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2009

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) expresa su más energica condena por el asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido la noche del día 27 de Noviembre pasado en Chicomuselo, Chiapas. En la misma acción resultó herido de gravedad su acompañante Orlando Velazquez. Mariano encabezo la resistecia ciudadana en el municipio de Chicomuselo en contra de la empresa minera canadiense Blackfire y participó activamente en la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA). Dada su intensa actividad fue hostigado en diversas ocasiones y arbitrariamente detenido el pasado 17 de Agosto, luego de permanecer diez días en la cárcel fue liberado. Sin embargo el hostigamiento en contra de su persona se agravó, por ello apenas hace unos días presentó formal denuncia en contra de Directivos de la empresa Blackfire, quienes de manera pública lo habían amenazado de muerte, amenazas que al parecer cumplieron. La AMAP demanda que este crimen no permanezca impune y le exige al gobierno de Chiapas que encabeza Juan Sabines sean castigados con todo el rigor de la ley los autores materiales e intelectuales de este asesinato; la Procuraduría de Justicia debe de inmediato seguir la línea de investigación ya iniciada con la denuncia hecha por Mariano en contra de LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO y de CIRO ROBLERO PEREZ, el primero de ellos Gerente de Relaciones Públicas de la Minera Blackfire quién amenazó de muerte públicamente a Mariano Abarca. Basta ya de crimenes en contra de luchadores sociales. Basta ya de criminalización de la protesta ciudadana.

Por la Coordinacion Nacional de AMAP

Carlos Beas Torres

Gobierno hostiga a defensores de derechos humanos

Autor: Nancy Flores / Publicado en: Contralínea,

http://laconvencionsinaloa.blogspot.com/

15 Noviembre 2009

En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.

Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.

Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.

Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.

En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales).

Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.

Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.

Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.

Proyectos de inversión, detrás del acoso

En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.

Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.

Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.

Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.
Conflictos mineros

De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.

El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.

Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.

Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.

Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.

Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.

“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.

Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).

Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto –llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.

Criminalización de la protesta

A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.

Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

Señala que éste es justo el contexto en el que trabaja el Frayba: “En donde se han agudizado las controversias, hay una acción más agresiva del Estado para realizar estos proyectos de desarrollo y también hay más claridad, mayor organización y mayor articulación en las comunidades indígenas para defender su territorio”.

El abogado –quien, junto con el obispo Samuel Ruiz, fue seguido, fotografiado y videograbado por personal del Cisen en mayo y junio pasados– dice que esta situación seguramente ha llevado al Estado a “ubicar” quiénes son los actores que representan un “obstáculo para saquear los recursos de los pueblos, y es muy probable que esté ubicando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un actor en esa lógica”.

Por ello, reflexiona, se está instrumentando una “campaña de hostilidad en nuestra contra en los medios de comunicación, que evidentemente están sometidos al poder del gobernador: el gobierno ha invertido mucho dinero en convenios mercantiles con los medios, que utiliza para promover el turismo y, al mismo tiempo, su versión tendenciosa de lo que está ocurriendo en los ámbitos político y social del estado. Entonces, por un lado, promueve el turismo y, por otro, criminaliza y pone fotos de gente que está en el movimiento y los presenta como delincuentes”.

Territorio en disputa

Además de la actividad minera, Diego Cadenas identifica a la autopista San Cristóbal-Palenque como uno de los proyectos prioritarios para los gobiernos federal y estatal, así como un atractivo negocio para las empresas españolas.

“Aquí hay intereses económicos muy importantes, porque esa autopista supone que potenciará el desarrollo ecoturístico de la región, pues conectará con la Riviera Maya: comienza aquí en Chiapas y acaba en la Península de Yucatán.”

Explica que quienes han mostrado mayor oposición a ese proyecto son los ejidatarios tzotziles de la comunidad de Mitzitón y los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. Estos últimos también luchan por usufructuar los recursos de las cascadas de Agua Azul, que se encuentran en su territorio y que han sido explotadas por la Secretaría de Turismo estatal.

En el caso de Bachajón, Diego Cadenas recuerda que tras intentar ejercer su derecho a administrar sus recursos naturales, el 13 de abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate, “como presos políticos”.

La constante en la administración del gobernador Juan Sabines es “un doble discurso: por un lado, dice que él está a favor de los derechos humanos; por otro lado, manda reprimir de distintas formas a los movimientos que se oponen al saqueo de sus recursos que se encuentran en sus territorios”.

Medidas cautelares

Ante los embates gubernamentales, Diego Cadenas explica: “Estamos recurriendo a las instancias internacionales de derechos humanos para solicitar su intervención para que cese esta hostilidad en nuestra contra y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ya se ha informado lo que está pasando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando su intervención para que le pida al Estado mexicano, a los órganos de seguridad, las medidas cautelares a nuestro favor y sobre todo de los ejidatarios de Bachajón, que se encuentran sitiados por la Policía Estatal Preventiva con la amenaza de desalojarlos de la caseta que les corresponde por derecho administrar en Agua Azul”.

El presidente del Frayba dice que, además de esta solicitud, los integrantes del centro han tomado medidas de seguridad, puesto que no pueden cejar en su lucha por el respeto pleno de los derechos humanos en Chiapas.
“Siempre hay un riesgo, como ya lo vimos con el caso de Ricardo Lagunes, nuestro compañero que fue agredido recientemente en una carretera por integrantes de la Opddic.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la opinión del gobierno de Juan Sabines a través del jefe de prensa Guillermo Enríquez. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Paramilitares y contrainsurgencia

“La estrategia de contrainsurgencia está destinada no únicamente contra los zapatistas, aunque inicialmente eso se pensaba por los patrones derivados de la documentación que hemos hecho en campo. Ahora notamos que realmente la estrategia es parte de la aplicación de una política más amplia: de la política económica”, explica Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Reflexiona que dicha política económica –con un concepto de desarrollo excluyente hacia los pueblos indígenas y de despojo de los recursos– se acompaña de mecanismos represivos para asegurar su propia realización y también para garantizar los negocios de los inversionistas.

En ese contexto, asegura, el gobierno está ubicando cuáles son las organizaciones que pueden ser sus aliadas en un momento dado para enfrentar a quienes se opusieran a este modelo de desarrollo.

“Ésta es la lógica de los grupos de corte paramilitar. Y aunque en este momento el rol es ciertamente de confrontación no armada, sí es definitivo que mantienen una subordinación a las fuerzas regulares, sobre todo a la Policía Estatal Preventiva.”

Diego Cadenas asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares. Indica que esa presencia busca dar una “perspectiva militar” de cómo atender los distintos conflictos y asuntos que hay en la región.

“Los temas del narcotráfico y del tráfico de personas están resultando en una justificación. Sin duda (ambas problemáticas) existen, pero también son muy oportunas para aplicar arraigos, hacer detenciones sin órdenes de aprehensión y criminalizar los movimientos sociales, la protesta social.”

Diego Cadenas refiere como ejemplo la detención injustificada del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata, José Manuel Hernández Martínez, ocurrida el pasado 1 de octubre.

A don Chema, explica, las autoridades “no quieren acusarlo abiertamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por eso le imputan otro tipo de delitos. Pero, en el fondo, hay también una justificación de combatir los grupos guerrilleros, particularmente el EPR, que también se está convirtiendo en Chiapas en una justificación para hostilizar a las comunidades”.

Cadenas reflexiona que la lucha contra el narcotráfico también ha servido para armar operativos militares en comunidades como San Jerónimo Tulijá; Galeana, muy cerca de La Garrucha; 28 de Junio, que es la comunidad de don Chema; y Río Florido, entre otras. “La justificación fue la lucha contra el narcotráfico, pero lo que realmente estaba haciendo el Ejército era hostilizar las comunidades, para señalar a los disidentes del sistema”.

Diego Cadenas observa que la sociedad civil debe tener un papel más activo en la defensa de los derechos humanos, pues es a través del activismo como se pueden superar los climas de violencia gubernamental.

“Es importante que tengamos claro que el Estado mexicano tiene un proyecto que va más allá de sus propios intereses, un proyecto global que va a beneficiar a unas cuantas personas, a unos grupos de poder económico y que si nosotros no hacemos nada como sociedad civil después vamos a lamentarlo todos.”

El defensor de los derechos humanos destaca la preocupación en el Frayba respecto de la hostilidad que padecen las comunidades: “Es donde vemos mayor vulnerabilidad”. Por ello, solicita que “toda la gente tenga acceso a esta información y haga algo en sus posibilidades; es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que cuando menos enviemos una carta o que estemos cada vez más enterados de esta realidad”.

El presidente del Frayba advierte que en Chiapas se percibe un incremento, “a un futuro muy cercano”, de la hostilidad gubernamental. “Van a estar en riesgo muchas personas y en su mayoría indígenas, que están intentando romper el cerco de marginación que el Estado mexicano les ha impuesto, y reclamar sus derechos humanos”.

Al respecto, señala, son derechos a los que el Estado mexicano está comprometido por los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos y “que simplemente no cumple”. “Ni la Constitución ni los derechos internacionales son practicados por nuestros gobiernos, más bien son letra muerta”. (NF)

2009, denuncias de agresiones omitidas

26 de febrero:  La Junta de Buen Gobierno de los Altos denunció la complicidad existente entre grupos paramilitares y el Ejército Mexicano, quien realizó constantes sobrevuelos y patrullajes militares en comunidades zapatistas
27 de febrero:  El Centro de Derechos Humanos Frayba denunció los “riesgos de posibles operativos policiacos y militares en contubernio con distintos funcionarios del gobierno estatal”
19 de abril:  Mediante una “acción urgente”, el Frayba denunció la complicidad de integrantes de la Opddic con policías estatales para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios de Agua Azul, adherentes a La Otra Campaña.
16 y 19 de junio:  El centro de derechos humanos denunció actos de persecución y hostigamiento en contra de sus integrantes. Entonces señaló como responsables a agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, quienes a bordo de distintos vehículos sin placas realizaron tareas de vigilancia y persecución

22 de junio: El Frayba se pronunció por la manipulación de información atribuida al gobierno estatal, “en su afán de mediatizar los conflictos sociales, contribuyendo a polarizar el clima de tensión en distintas zonas de Chiapas”

22 de julio:  La organización civil de defensoría advirtió el riesgo existente en la comunidad de Mitzitón, debido a la presencia de civiles armados quienes amenazaron a los ejidatarios, adherentes a La Otra Campaña, para que desistieran de sus acciones de protesta en defensa de su territorio. Como responsable de los hechos, el centro señaló a Esdras Alonso González, coordinador del grupo Ejército de Dios.

7 de agosto: Esdras Alonso González demandó penalmente al director del Frayba, Diego Cadenas

28 de agosto: Mediante “acción urgente”, el centro de derechos humanos recapituló y actualizó distintos actos de vigilancia, persecución, hostigamiento y descalificación contra sus integrantes y contra la labor que realiza con distintas comunidades y organizaciones de Chiapas. Desde entonces, advirtió el riesgo hacia la integridad personal y sicológica del equipo Frayba y la obstrucción de su trabajo

2 de septiembre:  Un periódico de circulación estatal (no identificado por el centro) publicó una nota de prensa que señaló al Frayba como “responsable” de un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Santo Tomás, municipio de Ocosingo. Al día siguiente, la fuente citada, organización ARIC-Unión de Uniones, desmintió la versión de los hechos que “ponen en riesgo la integridad de los defensores de derechos humanos”

18 de septiembre:  Integrantes de la Opddic emboscaron y golpearon al abogado Ricardo Lagunes Gasca, cuando éste concluía una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón
Abril-septiembre El periódico Péndulo de Chiapas, mediante distintas columnas y notas de prensa, publicó “información tergiversada que pone en riesgo la integridad de los miembros de este centro de derechos humanos. Sin fundamento ni fuente sustentada, ha tratado temas estigmatizando la labor de defensa integral que se realiza en distintas comunidades”
Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Algunos proyectos de inversión vigentes en Chiapas

Juan Sabines  “Mi gobierno es el mejor aliado de la inversión”

Proyecto  y Características
Minería:  Consolidación de la inversión de Black Fire Exploration México. Inversión: 5 millones de dólares. Empleos directos: 250

Programa de Ciudades Estratégicas:  Construcción de infraestructura carretera, aeropuerto y Centro Integral Planeado de Palenque y colocación de la señalización turística, que en su primera etapa contempla a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y Tapachula

Corredor cárnico:  Proyecto ganadero integral de la empresa de Carnes VIBA, ubicado en el municipio de Cintalapa. Inversión: 55 millones de dólares. Empleos directos: 550
Corredor avícola Granja avícola del Grupo Bachoco en el municipio de Ocozocoautla. Inversión: 10 millones de dólares. Empleos directos: 80

Planta de refrescos y agua:  Instalación de la planta de refrescos y agua de la empresa Grupo Embotelladoras Unidas, SA de CV, DGUSA Pepsico. Inversión: 45 millones de dólares
Corredor de autopartes Para fortalecer este proyecto se impulsó la expansión (dos nuevas plantas) de la empresa ARNECOM en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Inversión: 36 millones de pesos. Empleos directos: 80

Producción de PVC:  Se concretó la inversión para una fábrica de tuberías de PVC, en el municipio de Chiapa de Corzo

Plazas comerciales:  Construcción de cuatro plazas comerciales con cines, hoteles y locales comerciales en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque
Supermercados Construcción de siete tiendas supermercados de nacionales en las ciudades de Chiapa de Corzo, Ciudad Hidalgo, Comitán, Tonalá, Ocosingo, Frontera Comalapa y Villaflores. Inversión: 1 mil 471 millones de pesos. Empleos directos: 3 mil 600

Liofilizadora: Instalación de la liofilizadora: industria transformadora del grano aromático en café soluble, que conserva textura, sabor y aroma del café chiapaneco. Inversión: 24 millones de dólares
Fuente: Segundo informe de gobierno de Juan Sabines Guerrero, Chiapas, diciembre de 2008

Formal prisión a fundador de radio indígena

Misael Habana de los Santos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 13 de noviembre de 2009, p. 33

Acapulco, Gro., 12 de noviembre. El juez de primera instancia del distrito judicial de Abasolo, con sede en el municipio de Ometepec, Darly Arnoldo Alderete Cruz, dictó auto de formal prisión a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa La palabra del agua, acusado de privación de libertad en agravio de Ariosto Rocha, hermano de Aceadeth Rocha Ramírez, diputada local priísta y ex alcaldesa del municipio de Xochistlahuaca.

Mientras, dos desconocidos allanaron el domicilio de David Valtierra la madrugada del 11 de noviembre, aseguraron indígenas amuzgos y miembros del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Según familiares de Valtierra Arango, los dos sujetos no eran de la región.

El 5 de noviembre David Valtierra informó que había una orden de aprehensión en su contra y de otros 30 indígenas amuzgos. Valtierra Arango se presentó ante el juzgado de primera instancia el 10 de noviembre y ese mismo día se le dictó formal prisión.

En 2002, el pueblo de Xochistlahuaca se organizó para tener un gobierno autónomo regido por usos y costumbres y acusó a la entonces alc

aldesa Aceadeth Rocha de malversación de fondos.

Dos años después, en diciembre de 2004, se inició el proyecto de la radio comunitaria La palabra del agua, la primera de su tipo en Guerrero.

Los fundadores han enfrentado persecución de autoridades estatales y federales. Mientras, Aceadeth Rocha abrió el 18 de enero de 2007 una estación en Xochistlahuaca para bloquear la señal de radio Ñomndaa.

Tomado de : http://www.jornada.unam.mx/2009/11/13/index.php?section=estados&article=033n3est

¡Presos políticos, Libertad! Crónica de una reunión esperada por 10 años.

¡Presos políticos, Libertad!

Crónica de una reunión esperada por 10 años.

Ya en la soledad de mi celda recordaba yo

cómo a los comunistas, encarcelados en diversas

ocasiones, se nos debía en los últimos 40 años la

transformación de los sistemas carcelarios…

D.A. Siqueiros

Militante comunista, pintor, fundador del

Comité de Defensa de los Presos Políticos

 

Irma López Tiol

31 de Octubre del 2009.

Gloria Arenas y Jacobo Silva Nogales, ambos pertenecientes al ERPI, fueron detenidos, torturados y sentenciados a 49 años, 23 meses y 29 días por los supuestos cargos de homicidio, intento de homicidio y daño en propiedad en octubre de 1999. El miércoles 28 y jueves 29 de octubre del 2009, fueron liberados del penal de Chiconautla (Estado de México) y del Cefereso de Tepic (Nayarit), respectivamente.

Ninguno de ellos fue notificado previamente sobre su salida, ocurrió de manera sorpresiva, dijo Gloria Arenas en conferencia de prensa el viernes 30 de octubre. El recinto de periodistas que lleva el nombre del ilustre informador Filomeno Mata, cuyo hijo también fue preso político al lado de Siqueiros por apoyar al movimiento ferrocarrilero, albergó la conferencia convocada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Comité Verdad y Justicia para Gloria y Jacobo.

La noche del miércoles 28 Gloria Arenas se comunicó con sus familiares para avisar que ya la habían sacado del penal. A partir de ese momento la noticia viajó rápido por internet. Su familia, compañeros de Atenco, Trini la esposa de Ignacio del Valle (preso junto con sus compañeros en la prisión de máxima seguridad del Altiplano), miembros del Tacoso y otros compañeros en lucha fueron por ella. En la oscuridad y el aislamiento que rodea al penal de Chiconautla, con el temor de todo luchador social y político al saberse expuesta a ser detenida nuevamente so pretexto de algún subterfugio más, así esperó Gloria Arenas el arribo de quienes asegurarían su traslado a salvo hasta su casa. Ahí ya la esperaban muchos compañeros con una bienvenida de abrazos, palabras de lucha y confianza.

Prolongada recepción nocturna, difícil asimilar tan pronto el inicio de una nueva etapa de vida, sólo logró dormir dos horas. Al día siguiente, jueves 29,  a contestar innumerables llamadas telefónicas, intentaba redactar un boletín de prensa para la conferencia organizada para el viernes 30, tarea imposible dada la cantidad de personas que continuaban buscándola para abrazarla y conversar con ella. Apenas estaban en la sobremesa, caía la tarde, cuando Elizabeth Silva recibe la llamada desde Tepic, compañeros del Partido de los Comunistas habían sido informados de que en esos momentos Jacobo Silva estaba a punto de ser liberado y que personal del Cefereso lo iba a dejar en la terminal de autobuses de la capital de Nayarit. La solidaridad y el compromiso indiscutible de estos compañeros se puso en acción, implementando una estrategia rápida para monitorear en forma discreta desde las calles y avenidas como ruta probable hacia la central camionera, los compañeros se comprometieron a desplegar a sus miembros para garantizar la seguridad de Jacobo y comunicarse con Gloria Arenas en cuanto establecieran contacto con él.

Así ocurrió, gracias al invaluable apoyo de los compañeros de Tepic, Jacobo no estaba solo en ese trance tan difícil, lo recibieron en la terminal, sitio desde el cual se comunicó con Gloria su compañera y con Tía Neche, su mamá de 86 años. La atmósfera semifestiva y nerviosa inundó nuevamente el hogar de la familia Silva. Todos los que se encontraban ahí experimentaban diversas emociones, la necesidad de informar a través de los medios electrónicos, las llamadas telefónicas a las organizaciones populares, a preparar una gran recepción, etc., tareas que querían cubrir al mismo tiempo Elizabeth y Gloria, el boletín –decía Gloria- al tiempo que el teléfono no cesaba de timbrar. Una noche más sin poder conciliar el sueño, su hija Leonor también estaba a punto de llegar, había que avisarle, había que prepararla ahora para la llegada de su papá: Jacobo Silva venía ya en camino, una reunión esperada durante 10 años.

Jacobo Silva llegó a la Ciudad de México acompañado y protegido por los compañeros comunistas de Tepic, uno de ellos, un hombre de edad madura, comentó a quien suscribe la presente: “En el trayecto platicamos, a ratos Jacobo logró dormir. Yo le dije a mi hijo, tenemos que cuidarlo y tratarlo como si fuera nuestro hermano, yo le veo joven, como si fuera mi hijo, es un gran hombre, muy talentoso y sencillo en su trato.” Desde las 8.00 a.m., poco a poco se fue reuniendo un contingente en la Terminal de Autobuses del Norte. Familiares, amigos, compañeros, fotógrafos, etc. Alrededor de las 8.40 hrs., apenas cruzaba los torniquetes cuando Jacobo fue abrazado por Gloria, su mamá, Leonor, Elizabeth, al tiempo que las consignas ¡Presos Políticos, Libertad!, ¡Libertad, Libertad a los presos por luchar!, rompían la cotidianidad de ese espacio. Comerciantes, viajeros, personal de limpieza, personal de vigilancia, con asombro y curiosidad no alcanzaban a comprender semejante apropiación de un espacio urbano que marca el arribo o el punto de partida de múltiples historias anónimas. El nombre de Gloria Arenas y Jacobo Silva, coreado e integrado a las consigas políticas, por unos momentos, rompió con el anonimato que sólo es trastocado y es noticia cuando transitan por ahí personajes “del canal de las estrellas” o individuos por el estilo. La ruptura momentánea generó la “petición de abandonar el lugar” por parte del personal de seguridad de la terminal. Ya afuera, los saludos prosiguieron, las fotos, las entrevistas.

Acompañados de compañeros y familiares, ambos ex presos políticos se dirigieron hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México no sin antes hacer una breve escala para un sencillo almuerzo. Al mediodía se convocó a una conferencia de prensa en la que sólo se había confirmado la participación de Gloria Arenas. Ahora, a unas cuantas horas de salir de la prisión, Jacobo Silva también tomaría la palabra ante la prensa convocada. Gloria y Jacobo juntos, re-unidos porque unidos siempre estuvieron a pesar de las rejas, a contracorriente de los muros. Gloria irradiaba alegría e ímpetu por la necesidad de difundir la violación a los derechos humanos cometida al interior de las prisiones en México, la tarea por continuar luchando para obtener la liberación de presos políticos está en la agenda inmediata de ambos. Jacobo, menos extrovertido, mesurado, parece estar reflexionando constantemente y explica con sentido didáctico a quienes pudimos estar por momentos cerca de él.

Con pasos tranquilos, sin prisa, Jacobo y Gloria dejaban que los rayos del sol de esa mañana, los cobijaran; caminaron juntos por aquellas calles adoquinadas hacia el Club de periodistas, Gloria le tomaba del brazo, a veces lo abrazaba, las imágenes poéticas de algunas pinturas de Jacobo en clara referencia a ese amor que se profesan acudieron a mi memoria.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Un promedio de 80 personas esperaban el inicio de la conferencia, fotógrafos, reporteros, compañeros de La Otra Campaña, de ONG’s, etc., conforme ésta se fue desarrollando acudieron aproximadamente 150 personas.

El agradecimiento con las organizaciones sociales y populares que estuvieron pendientes de ellos, apoyándoles de diversas formas, marcó el inicio de la conferencia en voz de Gloria Arenas. Refirió cuán largo e intrincado fue el camino jurídico para lograr la libertad de ambos. En días anteriores a su liberación, esperaban la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La salida de ambos fue sorpresiva, no les notificaron con antelación las autoridades correspondientes. Salir en momentos tan críticos en que viven los movimientos populares en México, difiere de la época en que ellos fueron privados de su libertad, en que actualmente ven menos temor en la participación organizada, a pesar de que está más complicado el panorama del país. Ahora como ex presos políticos –afirmó Gloria-, el compromiso es continuar participando en la lucha social, particularmente para que obtengan su libertad otros presos políticos, algunos de los cuales antes de ser encarcelados, manifestaron su solidaridad con Jacobo y Gloria, como por ejemplo, los compañeros de Atenco, entre muchos otros.

Sobre el seguimiento jurídico de sus casos y dado que fue el propio Jacobo quien llevó la autodefensa jurídica de ambos en los últimos años, Gloria Arenas dio el micrófono a su compañero.

Jacobo Silva puntualizó que la liberación de ambos no se debía, de ninguna manera, a la “buena voluntad de las autoridades”, no fue un acto de benevolencia, salimos porque jurídicamente era insostenible que los mantuvieran por más tiempo presos. Salimos –dijo Silva-, por el esfuerzo de una gran cantidad de personas. No sé que hubiera pasado si no se han mantenido pendientes de nosotros. El apoyo, la solidaridad recibida nos dio libertad y esperanza a pesar de las condiciones tan inhumanas que prevalecen en el confinamiento.

Diez años de prisión en un penal de Máxima Seguridad como el del Altiplano y posteriormente en Tepic –sostuvo Jacobo-, me permiten decir lo que ahí ocurre porque lo vivimos, Gloria en Chiconautla y él en las prisiones referidas. Lo que vivieron ahí es necesario que se conozca. Conocer en forma indirecta cosas aún peores de lo que Gloria y Jacobo padecieron, por ejemplo, el homicidio al interior de las prisiones. Jacobo fue testigo del asesinato de un preso y lo denunció a las autoridades del penal, pero no pasó nada, lo visitó personal jurídico por ese motivo y sin embargo jamás interrogaron a los otros testigos.

Prosiguiendo con el tema, Jacobo también señaló cómo hay presos que desde la entrada a la celda asignada mueren como resultado de las golpizas de que son objeto cuando recién ingresan. La inexistencia de garantías individuales al interior de las prisiones van minando la salud física y emocional de los presos, un ejemplo sencillo es la prohibición de verse en algún espejo, no saber cómo se ve uno mismo al paso del tiempo, condiciones diversas que afectan gravemente y pueden conducir a la demencia, aunque espero que no me vean  así, espero no verme como demente. Palabras de Jacobo Silva que suscitaron risas de la concurrencia.

Al retomar la palabra, afirmó que ese conjunto de medidas coercitivas son también lesiones a la dignidad humana, no se permite leer, no se permite tener libro alguno, no se permite comunicarse con nadie, etc., es estar en el aislamiento extremo lo cual conlleva la despersonalización y, es muy posible, dijo Silva, que él sea una víctima más en ese sentido. Como ejemplo inmediato, comentó que durante la bienvenida de la mañana en la terminal de autobuses, ante los abrazos que le daban, él se sentía incómodo porque estaba acostumbrado a tomar distancia, distancia precautoria. Ahora, ya quisiera más abrazos, comentario de Jacobo que nuevamente motivó sonrisas.

Es importante que se conozcan las condiciones que prevalecen en las prisiones –continuó diciendo-, porque la adaptación al medio carcelario también puede contener una veta lúdica, un perfil creativo para encontrar formas de resistencia al medio, formas de resistencia al interior de la prisión. La cárcel es un exilio interno y externo. La prisión permite encontrar en uno mismo facetas desconocidas para sí mismo, habilidades como en su caso la pintura, escribir, eso permite sobrevivir a la soledad, a la enfermedad, ayuda a asumir una autodefensa en varios sentidos y que otros presos también lo hagan.

Visto así –afirmó Jacobo-, la cárcel es una gran experiencia, salir, es un logro colectivo. Agradeció en nombre de ambos, las visitas que les hicieron en prisión, todas las muestras de solidaridad porque el esfuerzo colectivo no tiene precio, en particular también mencionó a Marcos (EZLN) y solicitó comprensión por no recordar muchos otros nombres porque ha vivido un largo periodo de aislamiento. Concluyó sosteniendo que sí hay esperanza para la libertad de los presos políticos, ahora –dijo refiriéndose a Gloria y a él- nos toca a nosotros continuar esa lucha.

Consignas por la libertad de los presos políticos nuevamente fueron coreadas, antecedieron a la ronda de preguntas de los periodistas. Una breve pausa para que Gloria y Jacobo bebieran agua.

Una de las preguntas en relación a las características del contexto social y político en que son puestos en libertad, un contexto en el que existe acoso y represión, fue respondida por Gloria señalando que el movimiento popular ha sido muy golpeado, mencionó la APPO, Atenco, el SME, no obstante, piensa que el movimiento continúa y se defiende.

Jacobo insistió en que la libertad de ambos fue resultado de un esfuerzo colectivo y por una lucha que se dio en distintos frentes. Desde que fueron capturados, ambos admitieron ser guerrilleros no delincuentes comunes, asi que por conducta delictiva no podían sostenerles la sentencia imputada. No probaron que nosotros cometimos homicidio –dijo Silva-, es más, en el caso de Gloria mucho menos porque ella no se encontraba ahí. Daño en propiedad, pues sí. Es decir, era ya insostenible jurídicamente que los mantuvieran presos.

Ahora, ya como ex presos políticos –continuó explicando Jacobo-, somos unos más de los luchadores sociales, no somos una amenaza que salió a organizar por la vía armada; ahora podemos esgrimir otras armas como las de la razón, las del arte, hay otra clase de armas, sigue considerando válidas todas las formas de lucha. Se congratuló por salir en momentos en los que se puede participar en luchas como las del SME, por ejemplo.

Para precisar el sustento jurídico que se argumentó en la defensa de ambos, Jacobo Silva mencionó que el artículo 137 del Código Penal Federal, establece que no se considera homicidio quien muere en combate, combate como rebeldes, es decir, en ese caso se muere por lesiones en combate. Ellos, reiteró, nunca negaron ser guerrilleros, rebeldes. De hecho, cuando fue interrogado para saber a qué se dedicaba, cuál era su oficio, respondió: guerrillero. ¿Por cuánto tiempo lo había sido? respondió que por mucho, mucho tiempo, por eso lo catalogaron como preso de alta peligrosidad. No obstante, Jacobo manifestó que su corazón está con el ERPI, con el EZLN, con las FARP, y con muchas otras organizaciones cuyos nombres aún no se conocen.

En torno a si experimentan temor, si se sienten inseguros o temen por sus vidas ahora, Jacobo explicó con algunos ejemplos, cómo al interior de las prisiones se conocen testimonios de torturadores del Estado en los que narran su participación en asesinatos y tortura. Él escucho de viva voz tanto a un participante de la matanza del 2 de Octubre de 1968, como a otro involucrado en “los vuelos de la muerte” aplicados durante la década de los 70. Nadie está seguro de no ser acusado impunemente como hicieron con Nacho Valle, sin embargo, Jacobo aseguró que tanto él como su compañera están bien, salieron bien, porque a diferencia de otros, ellos no están tan afectados ni fueron mutilados.

La libertad como la posibilidad de apreciar la luz del sol, los colores, salir y caminar, son actos hermosos, es apreciar la belleza, no molestarse si nos toman fotos o nos filman, claro como ahora, aquí. Palabras finales que motivaron a un editor independiente quien se levantó de su lugar para leer un poema dedicado a ambos ex presos políticos. Las consignas se corearon de nuevo, Gloria y Jacobo permanecieron largo rato en el recinto, había muchas personas deseando estrechar sus manos, conversar, tomarse una foto con ellos, periodistas a la búsqueda de otra entrevista.

Asi  finalizó la conferencia de prensa, asi inician su nueva etapa de vida y lucha, acompañados, reconocidos como luchadores sociales en libertad para apreciar la belleza como bien lo dijo Jacobo. La libertad relativa que todos debemos cuidar manteniéndose en guardia porque ninguna acción de lucha es individual, libertad de organización amenazada por un Estado dispuesto a seguir criminalizando a los movimientos populares en lucha y ante una clase política-empresarial rapaz dispuesta a silenciar e ignorar a los cientos de presos políticos en México, compañeros confinados en espera de la acción organizada y la solidaridad incondicional para obtener su libertad.

ANÁLISIS A FONDO: LOS DERECHOS DE LOS INDIOS

 

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

· La tímida defensa de la ONU ante el gobierno mexicano

· Y los que más la llevan mal son los indios organizados

México es un país de leyes que sólo privilegian a los poderosos. Es el paradigma de la desigualdad y la injusticia, no obstante que la clase política esté convencida de que está gobernando democráticamente, porque, lejos de todo resentimiento social, los políticos creen a pie juntillas que están trabajando para el pueblo, para las mayorías y esto puede verse en los mensajes televisivos que nos endilgan a cada momento en cadena nacional. Hasta con la aprobación del incremento de las cargas impositivas, están convencidos de que son para elevar el bienestar de la población más vulnerable, y hablando de respeto a los derechos humanos pasa lo mismo. Nosotros no violamos las garantías individuales, pero la ley que le daba a los indios derechos sobre sus tierras originarias, sus formas de gobernarse, de organizarse política, social y económicamente – la olvidada Ley Cocopa, producto de la firma solemne de los Acuerdos de San Andrés – jamás fue aprobada ni por la Izquierda, y mucho menos por la derecha en el Congreso. La Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), creada para mediar cuando el levantamiento indio de 1994 nunca funcionó y actualmente pareciera que al único que le interesara revivirla es al amigo Jaime Martínez Veloz, que es una voz que clama en el desierto en los ambientes legislativos. A los priístas les tiene sin cuidado; a los perredistas jamás les han interesado las condiciones en que sobreviven los pueblos y comunidades indias – es más, en Chiapas, una entidad federativa eminentemente indígena, los perredistas no sólo no han defendido a los indios, sino que – caciques, pues – se han puesto en su contra e incluso los reprimen con policías, gases lacrimógenos y hasta con balas, y de ello hay hartos ejemplos y hartos muertos,

Con todo, pese a tener permanentemente la espada de Damocles sobre la cabeza, muchos pueblos y comunidades indias viven ya en sus autonomías, a pesar de que la ley Cocopa no fue aprobada hace ya tres lustros. (Cómo se pasa la vida… tan callando…). Viven un modelo de sociedad armónica, convivible, solidaria, productiva, sin pedirle “chichis” al gobierno, aunque lo que han construido les ha costado sangre, sudor y lágrimas. No lo va a usted a creer, amigo lector, pero hay mestizos que siguen creyendo que los indios no tienen alma, como lo creían los conquistadores y hasta los Papas católicos. Y gobiernos, instituciones, corporaciones policiales y militares siguen violando los derechos humanos de los indios. Que lo digan los indios chiapanecos, cuyo único delito es ser simpatizantes del neozapatismo y adherentes de la llamada “Otra Campaña” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Frecuentemente se dejan venir por la www indignantes denuncias de comunidades y pueblos indios porque son reprimidos, encarcelados, asesinados sus dirigentes y en la defensa de sus derechos los únicos que ponen la cara son los centros de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil, como el Centro Brayba, el Centro Prodh, el Vitoria y otros cuya lista sería interminable. Los gobiernos locales, sobre todo, se burlan de la Constitución Política, que consagra por lo menos las garantías individuales, aunque no reconoce los derechos comunitarios, de grupo, de etnias, de culturas.

En estos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha celebrado un nuevo periodo de sesiones con el estudio de varios casos de violaciones en América Latina, en especial de los derechos de los pueblos indígenas. La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó hasta ayer 54 casos, solicitados por gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región americana. Los países que más casos presentaron ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recomendó al gobierno del presidente Felipe Calderón reforzar la legislación para proteger de manera eficaz la integridad física de los defensores de derechos humanos. Y ésta debería ser la ocasión para que el gobierno reconozca que firmó los Acuerdos de San Andrés pero que, por sus pistolas, lo desconoció y las cosas quedaron igual o peor que antes, porque ahora se criminaliza la lucha social de los pueblos y comunidades originarias. En su más reciente “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, el organismo hace una serie de recomendaciones a la nación en materia legislativa, como recientemente lo difundieron diversos medios informativos. Entre ellas está culminar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, garantizando la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en la materia firmados por México.

Sugiere también reforzar mecanismos de protección a derechos humanos como el juicio de amparo; facilitar la constitución jurídica de organizaciones defensoras de derechos humanos y el acceso al financiamiento público y privado. Además, regular en los tres niveles de gobierno la actuación de la fuerza pública cuando se trata de contener manifestaciones, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Otra recomendación es facilitar a los defensores de derechos humanos el acceso a centros de detención para verificar situaciones específicas; y reconocer expresamente en la ley a la radiodifusión comunitaria, facilitando su utilización. “A las autoridades federales se les recomienda que, en concertación con las organizaciones de la sociedad civil, definan e implementen un mecanismo nacional de protección para defensores”, que pueda extenderse a otros grupos vulnerables, especialmente periodistas. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU indica que autoridades federales y estatales deben hacer una campaña “masiva y sostenida” para reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, que a veces parece “invisible”. En específico se sugiere “abrir un canal de comunicación directa entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los defensores de derechos humanos”, sobre todo en las entidades donde el Ejército participa en labores de seguridad pública. Además, el organismo ofrece su mediación para facilitar ese diálogo. El gobierno debe reconocer los derechos históricos de las comunidades y sus sistemas normativos, así como dejar de lado los vicios característicos del sistema de procuración de justicia, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos. Digo, mientras los diputados toman conciencia de que tienen un pendiente con los indios. Las reformas constitucionales acordadas y firmadas en San Andrés Sac’anchem de los pobres.

http://analisisafondo.blogspot.com/

analisisafondo@gmail.com

Nueva alerta en la región cuicateca

Como un ejercicio de solidaridad con las comunidades cuicatecas organizadas, publicamos el siguiente boletín de denuncia sobre la ofensiva que prepara el capital trasnacional en contra de las comunidades cuicatecas, en contravención de todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales  violentando de manera flagrante los derechos humanos de las comunidades involucradas directamente en el mencionado proyecto.

PERSONEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS ESTUVIERON EN TEPEUXILA, OAX.
BOLETIN DE PRENSA No. 2.

A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS CUICATECOS
A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS TODOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS INTELECTUALES HONESTOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD JUSTA
A TODOS AQUELLOS QUE AÚN CREEMOS EN LA IZQUIERDA, DESDE ABAJO.

Nuevamente nos vemos en la necesidad de recurrir a ustedes para denunciar los movimientos que se están realizando en los territorios indígenas de la región cuicateca, sobre todo, en los municipios de San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Tepeuxila y Santa María Pápalo, concretamente.

1.- Como se hizo público a mediados de 2006, de que una porción de nuestra tierras había sido concesionada al capital privado internacional para la explotación de recursos mineros en el predio denominado La Raquelita I, (RI), con una extensión de 3 500 hectáreas que afectan las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo, San Juan Tepeuxila y todas las comunidades que se encuentran en la rivera del Río Grande.

2.- Ahora fuimos enterados y por ello la denuncia nacional e internacional de que personas de la Dirección General de Minas, dependencia del gobierno federal se apersonaron en la cabecera municipal de San Juan Tepeuxila, a bordo de dos camionetas y pidieron hablar con el presidente municipal, C. Juan García Palacios, quién por su parte buscó al Sr. Cayetano Cruz Palacios para que sirviera de guía de los empleados para mostrarles la zona que solicitaban inspeccionar. Esto sucedió el día miércoles 11 de febrero de 2009.

3.- Una vez informados de la situación recurrimos a investigar el trabajo que se está realizando y personas de diversas comunidades nos dijeron que tienen ya conocimiento de que el Comisariado “anterior” de San Juan Tepeuxila, permitió el trabajo para los estudios de prospección en el paraje conocido como “el zorrillo” en las tierras de la mencionada comunidad.

4.- De la misma manera, compañeros nuestros estuvieron presentes en la reunión de ejidatarios en la comunidad de San Francisco Tutepetongo, Cuicatlán, Oax., por la tarde del día domingo 15 de febrero de este año donde se trató el tema de la solicitud que hace el Presidente Municipal de San Juan Tepeuxila al ejido de Tutepetongo para que dicho ejido permita los trabajos en su territorio para el paso del tendido de luz trifásica de 4 líneas que está pendiente entre los limites del ejido de San Pedrito y Tutepetongo y que nadie sabe con certeza a donde van ni para que servirán, pero se sospecha que van dirigidos a la explotación de los minerales en algún punto de esta región.

5.- Por lo anterior denunciamos que el Presidente Municipal de San Juan Tepeuxila si sabe de los trabajos que diversas instancias del Gobierno Estatal y Federal así como personal de diversas compañías extranjeras están realizando en nuestro territorio y que fueron permitidas por el Comisariado Comunal saliente representado por el señor Manuel Villegas Villegas.

6.- De la misma manera, solicitamos la intervención de los antropólogos estudiosos de la cultura cuicateca porque en los parajes de exploración que se están realizando, como es el caso del Zorrillo y La Banqueta, esta ultima denunciada con anterioridad, son espacios donde hubo asentamientos de nuestros antepasados y están a escasos metros del punto “Cerro San Jacinto” o “Yicu Chindu” que tiene cierta deformación con la palabra “Yicu Tindu” o “cerro de colibríes”. Asentamiento origen de la cultura cuicateca y que por cierto no a sido estudiada y que además este lugar sagrado lo andan buscando por Usila, ¡ah, que intelectuales!

7.- Bueno sin que esta sea la intención, de un tiro matamos tres pájaros. Pero también es necesario recordar lo que dicen varios estudios sobre el impacto que tienen las explotaciones mineras, entre ellas el uso irracional del agua, únicamente para lixiviar o lavar o limpiar de impurezas sus minerales, por cada hora de trabajo utilizan la cantidad de agua que una familia de 5 personas gasta durante 20 años aproximadamente.

8.- Por lo anterior nos solidarizamos con el ejido de San Francisco Tutepetongo y los conminamos a que tomen las acciones pertinentes porque seguramente que dentro del estudio de la minera está el utilizar el agua del Río de la Grana, principal caudal que abastece las necesidades de los pobladores que habitan esta comunidad, para que realicen lo conducente, y a la sociedad nacional e internacional los ponemos al tanto de nuestras acciones para que nos apoyen con su solidaridad como lo han hecho siempre, lo mismo que nuestros hermanos indígenas de la región y del país.

Atentamente.
San Juan Bautista, Cuicatlán, Oax. Méx. Febrero 16 del 2009.

CONSEJO AUTÓNOMO CUICATECO.

En México se violan los derechos humanos II o Crimen de Estado los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero

La indignación llena los corazones de todos los que desde el sotano de la patria miramos dia a dia como no solo se violan los derechos elementales de los pueblos originarios sino que se ha desatado una guerra no declarada de exterminio en contra nuestra, en este contexto, los miembros del CECUIDH denunciamos a todo el mundo el crimen de Estado realizado en Guerrero, mediante la ejecución sumaria de nuestros hermanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron víctimas de un cobarde e innombrable ejercicio de exterminio por el solo hecho de defender sin cortapisas los derechos de sus respectivas comunidades y con ello los derechos de todos y todas quienes conformamos los pueblos originarios, reproducimos a continuación la denuncia de nuestros hermanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregando unicamente.
Por los caidos no un minuto de silencio sino una vida de lucha y compromiso con la paz con justicia y dignidad.

Crimen de Estado los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero.

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009. Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), desde el pasado viernes 13, en Ayutla de los Libres.

Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.

Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla —que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa—, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público de inauguración de obras.

En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla —y ex militar—, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.

De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.

Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.

Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.

Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia, cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados —esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial— y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.

Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

ALERTA II

¡A las comunidades cuicatecas!

¡A los pueblos de México y el mundo!
¡Los organismos de DERECHOS HUMANOS nacionales e internacionales!
¡A los mexicanos mexicanas concientes!

Como es de su conocimiento, el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC, ha realizado desde hace cuatro años, las investigaciones relativas a la existencia de una concesión minera, por cincuenta años, en el territorio del municipio de San Juan Tepeuxila, hasta ahora no existe una sola prueba que permita poner en duda lo anterior, justamente por eso se inició desde el año 2006 una labor de información a las comunidades de la región cuicateca, circundantes a la probable área de impacto, tanto de la parte alta como a la cañada, cuya vida depende de los escurrimientos de agua que se originan en la parte alta, ello ha resultado en el firme compromiso de las comunidades informadas, hasta el momento alrededor de veinte, en la defensa de la vida y la integridad territorial cuicateca.
A través de diversos medios, que van desde las autoridades locales, comisariados, autoridades municipales y de las agencias, se ha solicitado la información y el expediente relativos a la mencionada concesión sin que hasta el momento la Secretaría de Minas, específicamente por medio de la Dirección General de Minas, se haya dignado en responder a las peticiones mas que con evasivas, el expediente de marras ha sido visto por las representaciones comunitarias interesadas, sin embargo por medio de obstáculos no se ha entregado a los interesados, y en el colmo del cinismo, en la versión que se ha mostrado a petición de las comunidades, el expediente ha sido rasurado, reduciéndolo a unas cuantas páginas con folios alterados e irreconocible.
Mientras tanto a partir de septiembre del 2008 se ha iniciado un hostigamiento por parte de las instituciones estatales y federales, e incluso del ejército federal en las comunidades participantes, la presencia de inteligencia militar, denunciada ya en este espacio, la presencia de un pelotón del ejército en plena celebración patronal en San Juan Tepeuxila, haciendo ostentación de su condición, así como patrullajes conjuntos en San Francisco Tutepetongo, interrogando a los lugareños, son solo un pequeño muestrario.
Durante el mes de diciembre del año anterior, el equipo de investigaciones del CEREC, realizó una visita al sitio sagrado de los tepeuxileños, conocido como la BANQUETA, ahí se localizaron marcas ajenas al sitio, que se ilustran en algunas fotografías al final, estas mismas marcas han sido realizadas por el personal de la Dirección General de minas, en la carretera que comunica a la comunidad de San Juan Tepeuxila con las demás comunidades, en un tramo que comprende desde el río de la Grana, límite natural con San Francisco Tutepetongo, y el sitio conocido como la capilla, sobre la carretera mencionada por ubicarse allí una pequeña capilla dedicada a la virgen de Guadalupe. Es necesario indicar que en este caso el sitio mencionado se encuentra totalmente fuera del polígono que comprende las 3500 has., concedidas ilegalmente en 2006 a Minera Zapata S. A. ce C. V., la cual renunció a la titularidad, lo que ocasionó que el propio gobierno Federal pusiera en licitación las tierras mencionadas en abril del 2008, nuevamente de manera ilegal al no haber hasta el momento ninguna notificación oficial, ni a las autoridades municipales ni a las representaciones comunitarias de los afectados.

El espacio mencionado, es conocido como el Zorrillo y se encuentra en los límites de San Juan Tepeuxila y San Francisco Tutepetongo, en los últimos dos meses ha sido visitado por equipos de exploración de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, en una franca violación a la autonomía de las comunidades, el régimen de propiedad es comunal en la totalidad de las comunidades afectadas, por lo que se rigen por usos y costumbres, pues como dato adicional se trata de comunidades indígenas, amparadas por leyes federales y estatales, como la propia Ley General de Cultura y Derechos de los Pueblos indios de Oaxaca, así como los ordenamientos internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, y otros tantos refrendados por el SENADO de la República y por tanto obligatoriamente vigentes en nuestro país.

Alertados por la situación, el día 7 de marzo del años en curso, luego de al menos dos intentos fallidos, autoridades municipales y de la comunidad de San Juan Tepeuxila, lograron detener una camioneta con placas TK-30-538, del estado de San Luís Potosí, al servicio de la mencionada dependencia, a bordo de la cual se confiscaron algunas rocas, se solicitó la presencia de los responsables de los trabajos y el día ocho del mismo mes alrededor del medio día se presentaron otros dos vehículos a bordo de los cuales viajaba personal de la dependencia que se identificó como parte de un equipo de geólogos provenientes del norte del país, todos ello pertenecientes a dicha dependencia federal, es necesario señalar, que por acuerdo de ASAMBLEA comunitaria, se les consignó ante las instancias correspondientes en la ciudad de Oaxaca de Juárez..
En un recorrido de trabajo, el equipo del CEREC, visitó en las mismas fechas varias comunidades de la región cuicateca y pudo constatar la existencia de señalizaciones similares en varias de las comunidades, estas de acuerdo con la nomenclatura geológica apuntan a la existencia de minerales como el oro y muy presumiblemente uranio, ello sin embargo hasta ahora no ha sido notificado a ninguna comunidad de manera oficial, asimismo se denunció por parte de los habitantes y autoridades comunitarias la presencia de personas ajenas a las comunidades las cuales a bordo de camionetas e incluso de helicópteros han inspeccionado los territorios de las comunidades de Copán de Guerrero y San Juan Teponaxtla, esto último testificado por parte de nuestro equipo de investigación.
Ante ello se realizaron en algunas de las comunidades Asambleas comunitarias para el análisis de la situación, hasta el momento se espera la réplica de las mismas en otras tantas, entre los resolutivos de las Asambleas se propone declarar a la Secretaría de Economía y en específico a la Dirección General de Minas organismo NON GRATO a las comunidades cuicatecas y se alertará a las comunidades para que tomen las previsiones necesarias y se impida el paso de los vehículos relacionados con esta institución, hasta en tanto la misma no considere informar puntualmente a las comunidades de la naturaleza de su presencia y disipe conforme a pruebas fehacientes las razones de su presencia y de que esta es inocua para los interesados, mientras tanto se harán las notificaciones pertinentes a los organismos estatales y federales y se conminará a que hasta que no sea cabalmente disipada cualquier duda la dependencia mencionada se abstenga de manifestar su presencia en la zona, deslindando a cualquiera de las comunidades sobre los riesgos que el personal de la DGM pueda correr de persistir en la violación de nuestros territorios.
Finalmente en tanto se realizan las diligencias correspondientes, tendientes a notificar oficialmente a las instituciones oficiales de dichas resoluciones apelamos a la vigencia de las leyes y solicitamos, nuevamente, la información pormenorizada referente a los trabajos que, hasta ahora clandestinamente, realiza la DGM en nuestro territorio cuicateco. Al mismo modo solicitamos a todos los hermanos y hermanas cuicatecos estén alertas ante las posibles implicaciones de esto y reiteramos nuestra solicitud a los pueblos y organizaciones originarias para que nos apoyen difundiendo este mensaje y observando atentamente el desenlace de los hechos.

FRATERNALMENTE
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO

¡Solidaridad para la reconstitución de la sociedad!

Señalización de la DGM en la Banqueta

señalización DGM sobre carretera a Tepeuxila

Vehículo retenido en Tepeuxila

Placas del vehículo retenido en Tepeuxila

En México se violan los derechos humanos

Como una prueba más de las sucesivas violaciones del Estado mexicano a los derechos humanos, presentamos los videos de las visitas del CCIODH al estado de Oaxaca, de donde somos originarios, mismos que prueban fehacientemente la participación del gobierno estatal y federal en la represión por los sucesos del año 2006, por considerarlos el preámbulo de lo que puede venir para toda resistencia frente a los megaproyectos que se desarrollan en el estado de Oaxaca, y en el país en general, especialmente en los territorios de los pueblos originarios, los cuicatecos alertamos con esto la eventualidad de una oleada represiva en contra nuestra por la oposición al proyecto minero llamado la “Raquelita I”.

Boletín No. 3

paisaje cuicateco

Por considerarlo una situación de emergencia y una clara violación , de las muchas cotidianas, en contra de los derechos comunitarios el CECUIDH, lanza éste boletín llegado a nosotros por los hermanos de San Alejo del municipio de San Francisco Chapula, Cuicatlán, Oaxaca, en la región cuicateca, los cuales alertan sobre una invasión en curso en su territorio ancestral, alertando al mundo sobre las probables impicaciones de la misma, este boletín ha sido generado por el equipo de investigación del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC.

DENUNCIA PÚBLICA AL MUNDO

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS ORGANIZMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS PERSONALIDADES E INTELECTUALES CONCIENTES Y CONSECUENTES.
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO

Nosotros investigadores del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGION CUICATECA (CEREC), nos dirigimos a los Pueblos Indígenas de México, a las organizaciones sociales, a los Organismos de Derechos Humanos, a las personalidades e intelectuales, a los medios de comunicación y a la opinión pública, para denunciar las amenazas que NUESTRAS COMUNIDADES CUICATECAS enfrentan en la actualidad con los megaproyectos que el gobierno federal tiene comprometidos con las trasnacionales que lo llevaron al poder.

De esta manera denunciamos ante ustedes que hermanos nuestros nos han enterado de que un equipo de investigadores extranjeros se han internado en los montes y serranías cercanas a la comunidad de San Alejo del municipio de San Francisco Chapula, Cuicatlán, Oaxaca, realizando estudios de prospección de diversa índole.

Por lo anterior, exigimos que se presente la información pertinente de las instancias gubernamentales correspondientes sobre dicho equipo y que se haga del conocimiento general de que tipo de estudios y con que finalidad está realizando el equipo mencionado.

Sin otro particular, reciban un fraternal saludo

“El oficio de un pueblo es crear, y la fuerza está en los que crean.”
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC

Represión en Ocotlán Oaxaca

represión en Ocotlán

Por tratarse de un asunto de interés público en momentos en que el Estado mexicano por sugerencia del Departamento de Estado norteamericano, Hillary Clinton, de seguridad Janeth Napolitano y asesores de CIA, pone en práctica medidas de CONTENCION SOCIAL, so pretexto de una emergencia sanitaria, más en la imaginación del estado que en la realidad, ampliamente difundido por los medios convencionales de comunicación, quienes manipularon ampliamente a la opinión pública, hacemos patente nuestra adhesión a la presente denuncia y seguimos alertando a toda la sociedad civil, nacional e internacional, sobre las implicaciones que las acciones de resisitencia pueden tener a futuro.

Mayo 6 del 2009

· El Estado nuevamente utiliza el uso excesivo de la fuerza pública para solucionar conflicto en San José el Progreso ante la resistencia de los habitantes a la exploración minera en su localidad.

· El estado viola derechos humanos de las comunidades indígenas.

· La protesta es un derecho, la represión un DELITO.

El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. y la COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ REPRUEBAN Y CONDENAN el uso excesivo de la fuerza pública como método institucional para acallar la voz y la participación de los inconformes ante los proyectos mineros; no es con la represión, detención y tortura como se resuelve la inconformidad, por el contrario genera más revuelta social y graves violaciones a los derechos humanos.

A los habitantes de las comunidades de San José el Progreso, Ocotlán Oaxaca se les están Violando sus Derechos Humanos:

- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,

- Derecho a la información,

- Derecho a la consulta,

- Derecho a la participación,

- Derecho a la integridad física,

- Derecho al desarrollo,

- Derecho a la organización y a la protesta social.

Exigimos

· Al Gobierno Federal y Estatal garantizar estos derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto minero.

· Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante diálogo, ya que éste tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

· Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México (Convenio 169 de la OIT).

· Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que, al no existir estudio de impacto ambiental y programa de atención a contingencias éste pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

· Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera.

· Garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos.

· Garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita de los detenidos.

· Alto a la represión de los habitantes de San José el Progreso Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

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Fuerzas represoras en Ocotlán

Habitantes de tres ejidos en Zacatecas exigen a minera canadiense cumplir compromisos

Una vez más las mineras en contra de las comunidades, por tratarse de una experiencia comunitaria que ilustra porque los cuicatecos decimos no a la minería, reproiducimos una más de las notas que involucran a las mineras, sobre todo canadienses en violaciones a los derechos y la vida de las comunidades

* Pago de regalías anuales e inversión en obras y educación, en Mazapil, entre las demandas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal

Zacatecas, Zac., 25 de mayo. Habitantes de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp no ha cumplido su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón.

En conferencia de prensa este lunes en la capital del estado, representantes de los tres ejidos confirmaron que desde el fin de semana tienen bloqueados los tres accesos principales a la mina, ubicada en el municipio de Mazapil. Acotaron que también tomaron los 26 pozos de agua que abastecen al complejo minero, ubicado a unos 330 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas.

El 21 de abril pasado, unos 300 campesinos y sus familias impidieron la entrada a Peñasquito, para entre otras exigencias “renegociar” los contratos que, según los campesinos, firmaron hace tres años “con engaños y aprovechándose de nuestra ignorancia” para ceder a la empresa canadiense más de 5 mil hectáreas, a precio de 50 centavos por metro cuadrado.

Peñasquito, que tiene “reservas probadas y probables” de 17.4 millones de onzas de oro y más de mil millones de onzas de plata, dejó de operar totalmente dos días de abril por el bloqueo.

Más de 4 mil 800 trabajadores subcontratados en el complejo minero pararon labores, ante la protesta de los ejidatarios.

Luego de dos reuniones en las cuales, además de las partes en conflicto, participaron el gobierno de Zacatecas y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) –que asesora legalmente a los ejidatarios–, se acordó levantar el bloqueo.

Las partes signaron un convenio de 12 puntos, que presentaron los ejidatarios. Incluían los compromisos de Gold Corp de invertir en obras de infraestructura urbana, salud y educación, así como de hacer una revisión de los contratos de ocupación, firmados en 2006 y 2008, mediante la Procuraduría Agraria.

La minera canadiense ofreció, además, indemnizar a los ejidatarios por la destrucción de un camino vecinal, de acuerdo con un avalúo comercial.

Como punto sujeto a “revisión”, los ejidatarios de Mazapil incluyeron la demanda de que, al igual que lo hizo en Guerrero con la mina Dos Filos, Gold Corp entregue en Zacatecas un porcentaje de 7 por ciento de las ganancias obtenidas con la explotación de los minerales preciosos. Felipe Pinedo, miembro del FPLZ y asesor de los ejidatarios, señaló: “En el estado de Guerrero, Gold Corp firmó un acuerdo de pago de 37 mil 200 pesos por hectárea anuales con los campesinos de aquel lugar; aquí en Mazapil, la misma empresa canadiense sólo quiere pagar 5 mil pesos durante 30 años, para explotar los yacimientos de oro de Peñasquito”.

Felipe Pinedo consideró que el reclamo de los ejidatarios de Mazapil no es un capricho, sino una petición legítima: “la ley minera obliga a la compañía Gold Corp a pagar a los campesinos de Zacatecas parte de las regalías obtenidas, las cuales oscilan alrededor de 17.5 millones de pesos diarios”.

Ejidatarios de Cedros, Mazapil y Cerro Gordo bloquearon de nuevo, por tiempo indefinido, las instalaciones de la mina Peñasquito, la veta de oro más grande del continente americano. Acusan a la empresa canadiense Gold Corp Inc. de negarse a cumplir acuerdos. Foto Alfredo Valadez

También decimos ¡Qué se vayan todos!

Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo sobre el inevitable proceso de transformación que el país requiere, en todos los ámbitos de la vida nacional, en unos más en otros menos, los temas diarios giran alrededor de la viabilidad o no de un país, que sumido en una profunda crisis, que desde hace ya mucho tiempo dejó de ser sólo económica, se ve cada día más al borde del negro abismo de la confrontación fraticida, sin que ningún poder terrenal tenga la autoridad moral para rescatarlo.

La clase política, cada vez menos influyente, fuera de sus tradicionales cotos de poder, ahora cercados por la inefable presencia del narcotráfico, el cáncer que ha corrompido las entrañas del Estado mexicano, que como testificamos recientemente no distingue colores o “ideologías”, si es que estas existen todavía, se apresta para escenificar, una vez más el ya de por sí, desabrido espectáculo del circo electoral.

En el colmo de la inmoralidad la vieja oligarquía, o sus testaferros, pretendidos herederos de la familia “revolucionaria” callista de los 20’s, escenifica burdos culebrones en los que redescubren, sus desde siempre conocidas miserias, así, ex presidentes decrépitos por el tiempo y por sus prácticas de entonces y de ahora, relanzan acusaciones sobre corruptelas y sucias alianzas delincuenciales, como si ello pudiera ser novedoso, lamentablemente eso dejó de asombrarnos desde hace ya mucho tiempo, probablemente porque como sociedad no hemos conocido, a los largo de nuestra historia alguna otra forma de ejercicio político, la máxima “él que no tranza no avanza” del carrancismo, dejó su lugar al ”político pobre es un pobre político” del hankismo y sus herederos del salinismo y el actual calderonismo, recuérdese a los Mouriño, es decir la corrupción, el nepotismo y todos los vicios no mencionados han sido la divisa del poder.

En medio de todo ello, afortunadamente se expresa una amplia gama de movimientos emergentes que buscan a través de variadas formas de expresión y, sobre todo de organización, generar una nueva oportunidad para que México despierte y, por fin, se decida a construir una sociedad cuya divisa sea la dignidad de todos y todas los y las que conformamos éste mosaico multicultural que aspira a convertirse en una nación.

Ante ello, evidentemente llegó la hora de abandonar conceptos monolíticos que no solo han limitado, sino que han impedido el pleno ejercicio de la democracia y la soberanía de los pueblos, en el entendido de que al ser un país multicultural convivimos en este espacio una variada gama de identidades, muchos pueblos una sola nación podría ser la gran divisa.

En este marco la oligarquía blandiendo lo que queda del Estado y renunciando a la defensa de la soberanía nacional, amenaza con precipitar el caos y aunque a viva voz declaran, al más puro estilo de las dictaduras tradicionales, “el caos o yo”, hacen todo lo posible por agitar las aguas de la ya de por sí frágil paz social. La vía elegida por el Estado es el etnocidio directo y la entrega inmoral de la riqueza nacional a las grandes transnacionales, vía los megaproyectos del gran capital y si hay oposición y resistencia el exterminio directo es la ruta.

No es necesario hacer una sesuda reflexión ni una profunda investigación, a lo largo y ancho del país, en cualquier punto de la geografía del nacional, tal como lo harían los delincuentes novatos, van dejando huellas de sus aviesas intenciones, despojos, asesinatos, amenazas, persecuciones, fabricación de delitos, desapariciones, etc., son solo unos cuantos ejemplos de ello, al mismo tiempo los viejos caciques, aliados al narcotráfico están prohijando una nueva generación de politicastros que refuerzan esta ofensiva, ya no por razones de Estado, como solía decirse, sino por intereses personales, las declaraciones de algunos de ellos apuntan claramente en esa dirección, actúan como voceros oficiosos de las transnacionales sin asomo de pudor, traicionando su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Tal como lo hemos hecho desde hace siempre, los mexicanos verdaderos, los de carne y hueso, sin nada que ver con la macroeconomía ni con las realidades virtuales en que la clase política se regodea, cada vez más dependiente del aparato represivo y de la suripanta en que han convertido al poder judicial, reclamamos el espacio que nos corresponde por la vía de los hechos. Es hora de gritar, “Que se vayan todos”, que nos permitan ejercer nuestro derecho a la “autonomía”, si no pueden resolver los problemas del país lo haremos nosotros mismos, no los necesitamos, nunca lo hemos hecho. Solo el pueblo salva al pueblo.

Finalmente, solo la verdadera organización, fundada en los intereses y necesidades reales de las comunidades, sean urbanas o rurales, permitirá resignificar la política y devolverle su sentido de servicio y búsqueda del bien común, ¡No a la mercantilización del ejercicio político, sí a una vocación de servicio y honestidad!, sólo así será realidad una verdadera y duradera paz con justicia y dignidad.

La junta del buen gobierno “corazón del arco iris de la esperanza”

La vida

Otra más sobre el ESTADO DE DERECHO, que como sabemos en nuestro país aún sin golpe de Estado, sólo existe en la imaginación de quienes detentan el poder y para sus aliados de siempre. Esto sucede en México para quienes lo duden.

La junta del buen gobierno “corazón del arco iris de la esperanza”

caracol IV torbellino de nuestras palabras. Morelia, Chiapas, México

28 de junio de 2009

A los medios de comunicación alternativos.

A I@s compañer@s adherentes de la otra campaña de México.

A I@s compañer@s de la otra sexta internacional.

A los organismos de derechos humanos.

Compañeros y compañeras.

Ésta junta del buen gobierno hacemos pública nuestra denuncia de un acto provocativo del señor Baltazar Domínguez Trejo de la fecha 16 de junio de 2009, mandando un grupo de 12 personas según para posesionarse en el poblado 16 de febrero donde ya viven en el lugar nuestros compañeros bases de apoyo tomado por el EZLN de 1994.

Está enviando a vivir en el lugar las 12 persona porque según Baltazar Domínguez ya les vendió el terreno y significando que ésta persona está renegociando la tierra recuperada porque sabemos que dicho terreno ya está pagada por el mal gobierno. Además es totalmente increíble sus argumentos porque ante ésta situación en que vivimos por la crisis creado por Felipe Calderón yel neoliberalismo es incansable el dinero para comprar cosas materiales de valor.

De la fecha 16 de junio de 2009, llegaron en el poblado de nuestros compañeros las 12 personas queriendo expulsarlos de sus casas y llevaban la disposición de quedarse a construir sus casas y pasaba lo que pase porque llevaban machete en la mano, lonas y cobijas.

La postura de nuestros compañeros y todos nosotros que jamás dejaremos las tierras recuperadas porque ya están pagadas por sangre de nuestros compañeros caídos.

Cuando estaba a punto de un enfrentamiento de eso llegó una persona empleado de gobierno que es operador público de nombre Oscar Pérez Hernández según para calmar el ánimo del enfrentamiento que estaba para sucederse.

En que podemos confiar de ellos, cuando sabemos que son los mismos y los mismos del mal gobierno que es parte actor de impulsar la contrainsurgencia que está pasando en nuestras regiones y sin vergüenza de él, disque llegó para calmar el ánimo de la violencia, cuando sabemos que está dentro de sus planes de los 3 niveles del gobierno de acabar las comunidades indígenas con sus culturas.

Mientras salía de un viaje nuestro compañero que es nombrada por los pueblos zapatistas asignada como comisión de tierra, el 27 de junio de 2009 eso de las 8 de la mañana, nuestro compañero Juan Cruz Pérez se dio cuenta que está vigilada sus salidas en cumplir su misión por 4 personas de las 12 personas que intentaron ocupar el terreno donde viven nuestros compañeros.

En una esquina sin saber nombre de la calle se dio cuenta que estaba perseguido por una persona sin saber su nombre y cuando estaba en la camioneta que viajaba llegaron 4 personas de las 12 personas provocadoras enviadas y manipuladas por Baltazar Domínguez Trejo

La situación actual está cruda por las amenazas que les llegan a nuestros compañeros, en éstas últimas fechas en boca de las 12 personas que llevarán a vivir y posesionarse en el poblado 16 febrero, 80 personas de Huixtán y más 30 personas de Ocosingo.

Y no solo esa amenaza, hoy nuestro compañero Juan Cruz Pérez, comisión de tierra del municipio autónoma Lucio Cabañas está amenazado de tener una orden de aprehensión, inventándole delitos. Nuestro compañero dice que se siente inocente porque nada malo está haciendo.

De las 12 persona que están impulsando las amenazas a nuestros compañeros son:

Nasario Hernández, Gerónimo de Mesa Guzmán y José López Pérez de la colonia de los pinos (3) de Ocosingo, Chiapas.

Hacemos ésta denuncia pública para evitar derramamiento de sangre y nosotros como juntas del buen gobierno tenemos esa preocupación con nuestro gobierno porque nosotros no buscamos la muerte por eso denunciamos lo que está sucediendo.

Como éste problema no es la única, así sucede en otros poblados de nuestros compañeros que existe el plan de provocarnos es sin dudar que está metido las instituciones del mal gobierno.

Aunque diga Juan Sabines que respeta nuestros poblados pero en los hechos vemos actos de provocación, buscando la manera de cómo desalojarnos.

Si sigue habiendo éste acto de provocación responsabilízamos directamente los señores Felipe Calderón y Juan Sabines.

A T E N T A M E N T E

La Junta del buen gobierno
Publicado por Congreso Autónomo Cuicateco en 6:11

CONSTRUIR EL FASCISMO

Resistencia social

Pocas mentes lúcidas y combativas quedan en el ámbito académico e intelectual de este país, al parecer la crisis ha terminado por afectar, también, este espacio de la vida diaria, mientras el comodinismo intelectual y la inmoralidad llevan a este país a la debacle, los medios alardean su impunidad y retan, un dia sí y otro también a los poderes fácticos establecidos y al fantasmagórico Estado de Derecho, que dicen existe en este país, recrean un discurso fascistoide que lo mismo ataca al obradorismo que al chavismo y alerta sobre el peligro para México que puede entrañar cualquier lucha social y tiende la cama a la represión masiva, vía el Plan Mérida y la traqueteada Iniciativa Mesoaméricana, el golpe de Estado en Honduras es tan solo una pequeña muestra, los gobiernos de avanzada social no son deseables, el gran capital no puede permitirlo y tal como en la europa de la crisis de los 20`s se apresta a elevar al poder sistemas represores, en este escenario presentamos una reflexión, aguda y lúcida en torno a estas dinámicas en el México de hoy, elaborada por el Maestro Alberto Híjar Serrano.

¿Las botas al poder?

CONSTRUIR EL FASCISMO

Alberto Híjar.

2 de julio, 2009

Dictadura del capital financiero, parlamento y sistema judicial de pacotilla para beneficiar a los traficantes del poder, militarización de la vida y control corporativo de gremios y clases sociales son señales del fascismo. Le falta el movimiento de masas, aquel que vitoreo a Mussolini con camisas negras, a Franco “de cara al sol con la camisa nueva”, a Hitler enaltecido en escenarios grandilocuentes. De algún accidente se valió Bertolt  Brecht para atesorar una película donde Hitler ensaya los gestos, los ademanes, el tono de voz y los pasos de ganso con los que enloquecía multitudes. De aquí el paso importante del trío formado por Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto y Aquiles Córdova el dirigente histórico y perpetuo de Antorcha Campesina. 130 mil asistentes al Estadio Azteca el domingo 21 de junio llegaron acarreados desde los estados centrales de la República, escucharon el discurso retador y violento de Córdova para insistir en la presencia organizada de los antorchistas ante las sonrisas complacientes de Gordillo y Peña a quien lo traicionó el subconsciente al declararse en lucha por la desigualdad en México.

El proyecto es aterrador. Antorcha Campesina asume desde su adhesión priísta, un lugar de agresivo apoyo a quienes encabezan empresas de Estado y privadas acompañadas por lecciones con apariencia sindical suficientemente sumisas al poder gremial y corporativo. El fascismo es este orden donde corporaciones beligerantes asumen su cuota de poder vertical en un Estado que las beneficia a cambio de su apoyo sustituto de cualquier otra representación. El parlamento, la administración de justicia y los grupos represivos, se someten a los mismos intereses con la consigna de acabar con las protestas populares. Tanto Peña como Gordillo han probado su eficiencia en estos menesteres.  Atenco es ya un caso histórico de represión impune donde las mujeres violadas, los dos jóvenes asesinados, los presos condenados a injustas sentencias, las familias pobres desmembradas, no sólo no tienen equivalente con los castigos a los culpables cuyas fianzas fueron pagadas por el gobierno del Estado de México, sino que los culpables fueron encumbrados hasta ser uno el Procurador General de la República y el otro el Secretario de la Seguridad Nacional. Gordillo por su parte, preside a perpetuidad uno de los sindicatos mas numerosos de América desde el que controla al gremio, a la Secretaría de Educación Pública, a las fuentes de financiamiento de sus proyectos empresariales con el control de la Lotería Nacional y su tajada en el ISSSTE y con la asociación con Televisa para cerrar la rosca empresarial con la idiotización masiva. Peña gasta dinerales en promoverse en radio, prensa y televisión, ostenta a una estrellita de Televisa como novia y el Día del Padre organizó una fiesta pública en Toluca donde Danna Paola cantó al mundo de caramelo con las niñas Peña para que papi saludara al conmovido público. 16%  ha aumentado el gasto de Comunicación Social (sic) del Estado de México y 5% ha disminuido el presupuesto de Desarrollo Social.

En tiempos de Raúl Salinas de Gortari al frente de CONASUPO, Antorcha Campesina vivió sus años de gloria levantando campesinos para someterlos a promesas de tierras, insumos y créditos. Todavía se ven indígenas de la Sierra de Puebla cumpliendo su cuota de propaganda al mendigar en los transportes públicos con sus famélicos hijos repartiendo papelitos. Y todavía los seleccionados son entrenados militarmente en casas de seguridad. Quizá resurja en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo la organización de Los Bolcheviques como formación de cuadros de dirección al amparo de la educación pública.

Nada de esto alcanza todavía una dimensión pública suficiente aunque hay regiones donde la violación a los derechos humanos por el ejército, las policías y los grupos paramilitares son cotidianos. Es aún una reserva estratégica para los dirigentes del empresariado y de la educación encabezada por Televisa cuyo presidente proclama las bondades de la caridad en encuentros empresariales de América y España. Con la Gordillo, Azcárraga echó a andar un programa de concurso como gran aportación educativa mientras las telenovelas son orientadas a exaltar a las comunidades indígenas falsas, bien vestidas y peinadas, como prueba del bien que hacen las fundaciones filantrópicas sustitutas de las obligaciones del Estado. Todo esto aletarga conciencias y cede posiciones de poder, pero lo grave es que ahí está el proyecto larvado del fascismo alimentado por la crisis total.

Resistir

Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses

• En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses.

• La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera.

• Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladore

Israel Rodríguez J.

Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).

Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.

La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.

Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.

La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.

Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.

Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.

En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.

Alianza ciudadana

Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.

Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.

Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.

Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.

Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.

Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

tomado de http://www.jornada.unam.mx/2009/07/17/index.php?section=economia&article=021n1eco

LA CUARTA GUERRA DE CONQUISTA EN LAS COMUNIDADES CUICATECAS.

EL FANAR Y LAS TIERRAS COMUNALES.

Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)

Julio 31, 2009

1.- El Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) es un programa gubernamental federal para privatizar las tierras comunales y ejidales que tiene como finalidad entregar una escritura al poseedor de la tierra para que finalmente dada su necesidad u el ofrecimiento de alguna persona particular este pueda vender su propiedad a quien así lo requiera sin importar el origen o característica particular del comprador porque quien vende ha perdido automáticamente la característica que anterior al proceso de privatización poseía: el uso y la costumbre, la dignidad y el origen, que también son leyes, conocido en varias comunidades indígenas como El Derecho Mayor.

De esta manera, la finalidad última del programa es la desincorporación del sujeto de su cultura y que entre en el proceso de “modernización” al dotarlo de la seguridad de ser “dueño” de su parcela como si viviendo en un espacio comunal u ejidal no lo fuera. Sólo que la diferencia radica en que en las tierras comunales y ejidales el sujeto no existe, porque en ellas quien decide es la asamblea, aunque si existe la venta de la tierra pero se da entre propios del lugar, generalmente. En caso contrario, para que un particular de un lugar distinto pueda adquirir una posesión en el lugar comunal o ejidal tiene que apegarse al derecho mayor, o sea que tiene que cumplir con las costumbres de la comunidad, prestar los servicios comunitarios gratuitos y cumplir con las actividades que programa el comisariado comunal u ejidal según sea el caso, entre otras actividades y servicios. Cumpliendo estos el sujeto se vuelve plural, se convierte en parte del pueblo y tiene los derechos que tiene cualquier comunero y/o ejidatario, además de que si existe alguna posesión que se encuentra en venta y quiere adquirirlo, lo puede hacer.

¿Entonces porqué entrarle al FANAR? Si no hay necesidad de privatizar la tierra no tiene sentido alguno entrarle al programa. Más bien, el gobierno es el que parece necesitado de ello. ¿Por qué? Porque sigue insistiendo en que las comunidades que no lo hicieron con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en su momento continúen el proceso de cambio a la propiedad privada, cuando en el documento que da origen a mencionado programa dice que la decisión de entrarle o no debe de ser voluntario. Entonces ¿por qué tanta insistencia?

Existen varias razones para ello, a) somos un país dependiente del exterior, en todos los sentidos, de infraestructura, de alimentos, de gas y otros que son pilares elementales en cualquier economía. b) Padecemos de gobiernos corruptos que viven de entregar nuestras riquezas al exterior. c) Existe un grupo de poder amafiado con grandes trasnacionales que dominan los poderes facticos en las naciones quienes a cambio de mantenerse en su posición o para escalar a otro nivel negocian las riquezas de las naciones para que por anticipado se les apoye con dinero en épocas electorales. O Sea, que quien decide quien gobierna un país es ese grupo de poder trasnacional, posteriormente viene el cobro de la factura. d) El país se mantiene económicamente de la venta de petróleo el cual se está volviendo más caro extraerlo. e) Vivimos en una región muy basta de riquezas naturales, agua dulce, maderas y minerales. Por todo lo anterior, pero sobre todo por el punto “e” es que quieren que se privaticen las tierras porque como las comunidades indígenas viven de la agricultura para autoconsumo y además de que estos productos finalmente se importan de los Estados Unidos, los indígenas salimos sobrando, y nuestras tierras son ociosas aparentemente, lo cual es ganancia para ellos porque lo ven con signo de pesos, por ello hay que cambiar el dominio de la tierra para que se pueda vender, que se vayan los legítimos dueños a otro lado, mientras que los poderosos y las trasnacionales se apropien de los recursos rentables, los que si se venden y que tienen un valor alto de ganancia. Esta parte es la que no ven ni analizan aquellos que están de acuerdo al interior de las localidades y se prestan para que el gobierno avance en su interés por privatizar la tierra de las comunidades y ejidos.

De esta manera regresa al campo cuicateco la nueva invasión por el control territorial. Primero fue el poderío azteca que alcanzó dominar la región, posteriormente vino la conquista española, más reciente, en los años cuarenta del siglo XX, fue la imposición de la educación, ahora vienen por los recursos naturales y minerales que como lo indican los estudios al respecto, nuestras tierras tienen concentraciones altas de minerales como oro, zinc, manganeso y uranio, entre otros, además de que poseemos importantes nacimientos de agua dulce, flora y fauna que son codiciados en otros lugares del planeta y que el gobierno mexicano nunca le ha importado su destrucción, ejemplos abundan a lo largo y ancho del país.

2.- En la actualidad, todas las comunidades con características sociales de explotación de la tierra han sido visitadas por la Procuraduría Agraria (PA) para insistir más no para invitar a que los núcleos agrarios le entren a la privatización de la tierra, de lo cual no han estado exentas las localidades cuicatecas. De esta manera en los años 2006 y 2007, fueron visitadas las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo y San Juan Tepeuxila, anteriormente ratificaron sus condición de ejido las comunidades de San Francisco Tutepetongo y El Casique.

De manera amañada la PA inició sus trabajos por la comunidad de Tlacolula y Teponaxtla, ahora nos damos cuenta de que la finalidad era lograr que dichas comunidades privatizaran sus tierras ya que paralelamente el gobierno federal ponía a la venta 3500 hectáreas de tierras posesión de las comunidades mencionadas a las empresas mineras para explotar oro en la modalidad de minería a cielo abierto e incluso el visitador agrario Lic. Juan Edy García Coronado ofreció camionetas del año a cada uno de los miembros del comisariado en la comunidad Tlacolula, aún así la comunidad no le entró a la privatización de la tierra.

San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec y Santa María Pápalo, privatizaron parte de sus tierras, con la finalidad de que se reconocieran partes que se encontraban ocultas o porque tenían diferencias en sus limites entre comunidades colindantes y según la PA esto permitiría darle solución a las problemáticas intercomunitarias, pero lo que desconocen las comunidades mencionadas es que están habitando una franja de tierra que va desde Tehuacán, Puebla, hasta el norte de Chiapas y que va de ancho desde Teotitlán del Camino hasta los limites de Teponaxtla al oriente que contienen importantes concentraciones de Oro, Aluminio, Zinc, Manganeso y Uranio en sus tierras, además de importantes cantidades de agua para hacer la lixiviación de los minerales en caso de ser explotados.

Queda la comunidad de Tepeuxila, que es cabecera municipal de las localidades Teponaxtla, San Andrés, Cuyaltepec y Tlacolula, que por lo visto cuando se hicieron los procesos de privatización en estas comunidades no tuvo una opinión al respecto.

Por otro lado, en su interior, políticamente no hay claridad. Tepeuxila es una de las comunidades más occidentalizadas de la región y quienes en la actualidad representan el poder desde la presidencia municipal están sometidos por el gobierno estatal.

Siempre Las tierras de Tepeuxila han sido comunales. Fue por los años sesenta cuando ya hubo un intento de privatización de ellas y a través de la recaudación de rentas en Cuicatlán se hicieron escrituras de la parte poblada o solares de la comunidad y uno que otro en el campo. Finalmente, en el año 2003, después de varios decenios de pleito por límites con el ejido de San Francisco Tutepetongo, el Tribunal Agrario (TA) manifiesta que los bienes de la comunidad Tepeuxila siguen siendo comunales en su totalidad.

La forma de vivir de los tepeuxileños en relación con la tierra ha sido de la siguiente manera, los solares, están delimitados por mojoneras en los puntos donde cada fracción de tierra linda con otra porción correspondiente a otra persona, de la misma manera se delimitan las tierras en la zona agrícola donde se maneja que la tierra es propiedad y que ha sido asignado a su actual posesionario por herencia o por compra. Estas tierras están escrituradas o en su caso tienen documento de compra venta.

Por otro lado, están las tierras de uso común, y casos ejemplares son los lugares donde se ha trabajado con anterioridad, la hierbabuena, el rancho, ojo de agua, tierra caliente y la montaña, en estos montes, las fracciones de tierra no estaban delimitadas por mojoneras, cada comunero conocía y respetaba hasta donde podía trabajar, algunos terrenos eran encorralados y otros estaban dentro de un corral común donde laboraban más de dos comuneros, pero cada uno en los casos donde el lote era pequeño inclusive sabían cuantos surcos tenía la parcela.

La montaña, fue un corral común, de hecho en la temporada de sequía toda la gente se organizaba dirigida desde la sindicatura del municipio, para que una vez terminada la recolección de la mazorca y levantado el zacate para alimento de los animales de quienes hicieron cultivo en señalado lugar, se abriera el corral común para la alimentación del ganado de los comuneros de Tepeuxila, al parecer esto se le ha olvidado a los nuevos comuneros y al ayuntamiento, más sin embargo a los animales no, hasta la fecha es notoria la llegada de animales que se encuentran en otros puntos del territorio tepeuxileño cuando ya la pastura se agota en esas zonas y hay andan rondando la montaña.

Problemas generados por esta forma de vida: ninguna

¿Entonces por qué y para qué la privatización de la tierra? Si no es para entregarla al gobierno para que este a su vez la concesione a empresas privadas no tiene ningún sustento.

Por el contrario la privatización de la tierra termina con una serie de formas de organización que tienen y que han mantenido a las comunidades indígenas. Por ejemplo, se terminaría el tequio y los trabajos comunitarios gratuitos: el servicio de policía, comités y ayuntamiento. Todos estos servicios tendrían que ser pagados.

Las propiedades serían vendidas a cualquier persona de la comunidad o sin que pertenezca a ella. Nadie de la comunidad podría tener una responsabilidad a nombre del pueblo ya que todos serían sujetos particulares.

La cohesión social que permite el uso del suelo es el que se desintegraría. Cada persona, cada familia se aislarían porque ya no existirá más ese valor comunitario que hace que la vida de los pueblos funcione como una familia.

En las tierras comunales y ejidos son los comisariados quienes cuidan del uso y disfrute de los recursos naturales para su explotación común como es el caso del pastoreo de ganado, del uso de leña para combustible y de la distribución de la tierra para quien así lo requiera.

En las tierras privadas, reyna el dinero. Si tienes dinero compras lo que quieras o requieras y si no tienes dinero te mueres de hambre, nadie se solidariza con tu persona.

AUTONOMIA TRIQUI

AUTONOMIA TRIQUI

Alberto Híjar.

San Juan Copala se hartó de violencia caciquil y proclamó en 2007 su autonomía municipal con el apoyo de otros pueblos triquis como Agua Fría, Yosoyosu y Santa Cruz Tilapa. El lunes 10 de agosto en el Club de Periodistas fue presentada la película subtitulada Chuman´a Autónomo por el presidente y el secretario del municipio acompañados por la periodista y académica de la UAM Magdalena Gómez, el profesor Macario García y el traductor Timoteo Alejandro Ramírez. Entre el público deambuló el maestro Francisco López Barcenas autor del guión y los realizadores Karina Rodríguez y Noe Rojas de la UAM Xochimilco patrocinadora junto a la Universidad de la Ciudad de México, Habitat International Coalition y la Fundación Rosa de Luxemburgo. Por lo visto, la tenacidad libertaria de los triquis corre a la par de trabajadores de la cultura universitaria al encuentro de vías democratizadoras autogestivas, libres de ingerencias partidistas y estatales en beneficio de las autonomías universitarias y comunitarias.

El presidente municipal José Ramírez Flores habló en triqui para la legión de mujeres ataviadas con sus elegantes huipiles rojos característicos. Sintetizó la lucha del pueblo narrada en la película para acentuar la tranquilidad ganada luego de tres años de ejercer el gobierno a partir de las decisiones de la asamblea, el Consejo de Ancianos y los comisionados delegados. Sobre estas bases, han liquidado la ley que en 1948 los volvió agencia municipal de Juxtlahuaca. La ingerencia del PRI se acentuó en 1961 mediante la cooptación de campesinos manipulados con la posesión de tierras y minas y los financiamientos para su explotación hasta volverse una fuerza dislocadora del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui. El lema “Luchemos por nuestro pueblo” de los tiempos de Luis Flores García, perdió su sentido histórico de reivindicación de la guerra de Independencia y la Revolución de 1910 donde los triquis ganaron su reconocimiento como municipio luego denegado. Luis Flores fundó en los setenta un club recuperando la tradición liberal magonista de donde surgió el MULT con una importante dimensión regional y nacional al apoyar movimientos tan importantes como el de la COCEI. Todo esto determinó su asesinato en los trágicos setenta cuado mensualmente caían los dirigentes en las veredas donde fueron y son cazados por los pistoleros del ejército y las policías al servicio de los caciques. Debe haber sido después de ese 1975 cuando López Barcenas empezó a escribir para la revista POR ESTO! las narraciones con títulos elocuentes con grandes letras para marcar las situaciones claves de la película. “Caminar y luchar juntos hasta triunfar” dijeron los mejores al darle vida al MULT Independiente. Amnistía internacional aceptó su defensa en 1984 y el Movimiento creció como unidad popular por toda la Mixteca. López Barcenas quien inició su carrera en sentido literal al ser expulsado de Huajuapan de León, tuvo que dejar de escribir y hacer corridos sobre lo que iba pasando, para irse hasta Sinaloa donde se graduó de abogado para regresar en los noventa a hacer su maestría en la UNAM donde no le aceptaron su línea de investigación sobre la autonomía indígena. Los doctos abogados la consideraron tema aberrante. Nada de esto le ha impedido trabajar con las comunidades hasta ganarse la jefatura jurídica del extinto Instituto Nacional Indigenista de donde salió denunciando la corrupción cuando era ya una autoridad reconocida en América y España sobre autonomía, derecho consuetudinario, usos y costumbres, cultura comunitaria. Todo la servicio de pueblos y comunidades hartas de despotismo caciquil, partidario y gubernamental.

Nada de esto se reduce al derecho formalista, clasista y racista de los supremos poderosos muy bien pagados y privilegiados. La película narra lo mismo que la marca en un brazo a los votantes en 1976 para ganarse torta y refresco que los ritos y mitos festivos. (Recordé cuando al final de una asamblea de la Unidad Popular de la Mixteca en Tlaxiaco, un camión del PRI llegó a repartir tortas que les fueron regresadas como proyectiles en la plaza principal). Hay una piedra enhiesta en el río donde han sido reconocidos los dirigentes legítimos. La Piedra Sagrada del río San Juan cada año recibe peregrinación y ofrendas para asegurar la vida. Por ella, el Consejo de Ancianos en la fiesta de San Juan hace una ceremonia donde don Emiliano, el de nombre emblemático y mayor edad, bendice alimentos, dones y bastón de mando del presidente municipal legítimo, democrático, libertario.

“La voz que rompe el silencio” da cuenta radiofónica de todo esto y recuerda en la persona de la joven y bella locutora actual, el asesinato impune de Felicitas y Teresa a quienes no pudo acompañar el día del crimen. La radio participa en la amenazada Red de Radios Comunitarias donde reúnen agravios y recursos de resistencia. Sumado al Frente Nacional Contra la Represión desde el encuentro de 1982, el Municipio Autónomo de San Juan Copala es un buen ejemplo de resistencia efectiva contra el mal gobierno. La película circulará ahí donde hay focos de resistencia contra el despotismo. Larga vida les deseamos.

DENUNCIA URGENTE SECUESTRAN AL LUCHADOR CONTRA LA MINERIA CANADIENSE EN CHICOMUSELO, CHIAPAS, MÉXICO

Ñaá Yivacu (jivacu), nDube, Inguúyu, 18 de Agosto del 2009
(Nación Cuicateca, Oaxaca, México, 18 de agosto del 2009)

Lic. Fernando Gómez Mont. Secretario de Gobernación
Lic. Juan Sabines Guerrero. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic.  Juan  Carlos  Moreno  Guillén.  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos Humanos
Dr.  José  Luís  Soberanes  Fernández.Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos
Sr. John Ruggie/Representante Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales de la Organización de las Naciones Unidas
P R E S E N T E S

Como  es  de  su  conocimiento,  el  día  de  ayer,  lunes  17  de  Agosto  a  las  12  del  medio  día,
personas armadas y en dos vehículos sin placas secuestraron al Sr. Mariano Abarca cuando salía  de  la  Escuela  Primaria  Federal  de  la  cabecera  municipal  de  Chicomuselo,  Chiapas, México.

El  Sr.  Abarca  y  más  habitantes  del  municipio  de  Chicomuselo,  miembros  de  la  Red Mexicana  de  Afectados  por  la  Minería  (REMA),  mantienen  un  plantón  desde  el  mes  de junio  en  la  cabecera  municipal  para  exigir  el  retiro  de  las  mineras  canadienses  en  el municipio.  Estas  actividades  “atentan”  contra  los  intereses  de  las  empresas  mineras canadienses  y del  gobierno municipal  y estatal, por lo que los hacemos responsables de la seguridad de Mariano Abarca, de su familia y demás miembros de las comunidades que se oponen a la minería destructiva que se ha venido promoviendo con descaro y en detrimento del ambiente de este municipio y del país mismo.

Las acciones de protesta de los campesinos de Chicomosuelo, han sido en el marco de las garantías constitucionales que nuestra Carta Magna garantiza, así como las enmarcadas en los  tratados  internacionales  en  materia  de  derechos  indígenas  que  el  Estado  Mexicano  ha firmado y ratificado sin ninguna reserva.

Por  lo  tanto, nuestra  organización,  considera  que  este  tipo  de  acciones  de  intimidación  y represión  se  enmarcan  en  las  políticas  de  “criminalización  de  la  protesta  social”  que  los distintos  niveles  de  gobierno  en  nuestro  país  han  venido  realizado  ante  la  inconformidad por las políticas de estado, así como ante las políticas de inversión de  capital trasnacional, como es el caso en todo el país de las compañías mineras y en nuestra región del Istmo de Tehuantepec de las compañías trasnacionales de energía.

Son  responsables  de  la  integridad  y  seguridad  de  Mariano  Abarca  el  presidente  municipal Julio  César  Calderón  y  su  equipo  de  gobierno,  el  gobernador  del  Estado  de  Chiapas,  Juan Sabines.  ,  así  como  al  gobierno  de  Canadá  y  sus  empresas  trasnacionales  Black  Fire  que extrae de Chiapas Barita, Oro y Antimonio en más de 10 concesiones mineras.  Radius Gold con  seis  concesiones  otorgadas  por  50  años;  Linear  Gold  Corp  con  24  concesiones  la mayoría  de  oro  y  algunas  por  50  años;  Fronteer  Dev.  Group  con  12  proyectos  mineros  y New Gold Inc. con tres concesiones.

Exigimos  de  ustedes  su  inmediata  y  eficaz  intervención  para  la  presentación  de  Mariano Abarca y los hacemos responsables de cualquier agresión que pueda sufrir.

La  minería  no  es  un  problema  aislado  ni  de  Chicomuselo  ni  de  Chiapas,  sino  que  se  ha esparcido como una catastrófica epidemia por todo el país, una epidemia que ya habíamos padecido durante 1600 y 1700, y que ahora vuelve de manera más voraz y destructiva. Las políticas  entreguistas  que  están  adoptando  no  menguarán  nuestras  fuerzas  ni  nuestra esperanza de vida.

Exigimos una inmediata respuesta.

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Atentamente

“Soldadridad para la reconstitución social”

CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO

“El oficio de un pueblo es crear  y la fuerza está con los que crean”

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA

EL DEBIDO PROCESO

EL DEBIDO PROCESO

Alberto Híjar

18 de agosto, 2009

Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia (fallos en el lenguaje técnico no exento de ironía) contradicen lo afirmado por el Secretario de Gobernación en su obligada comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, campesino cantor de corridos a Lucio Cabañas en los setenta. Cosas del pasado dijo para seguir la línea presidencial de exigir pruebas de las violaciones a los derechos humanos esgrimidas por el Senado yanqui para atorar la Iniciativa Mérida a cambio de mayor ingerencia en los controles policíacos y militares. Alegan los magistrados fallas en el debido proceso de Acteal y a la par niegan amparo a la viuda de un trabajador balaceado en un retén de Ciudad Juárez. Así las cosas, nada es prueba suficiente, ni la flagrancia porque siempre queda la duda sobre la visión de los vencidos, los ofendidos, los sobrevivientes, siempre sospechosos de parcialidad. Para probarla, nada mejor de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) influido por una iglesia evangélica del mismo credo que los enemigos de Las Abejas católicas de Acteal acompañados por escritores con amplia cobertura radial y televisual como Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Meléndez, Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio de los diarios Milenio y El Universal, los lectores de noticias censuradas y hasta los chistositos como ese que le dicen Estaca y su jefe Esteban Arce de Matutino Express, Lorett de Mola el chico, Pedro Ferríz el pequeño y la runfla de desinformadores al servicio de la mentira y la deformación noticiosa. Jamás estarán desempleados mientras dure el Estado mexicano y sus gobiernos urgidos de lavadores de cerebro. Así como el TRIFE ha procurado sin éxito impedir la difamación en las campañas electorales, la Suprema Corte debiera intentar el castigo de los calumniadores profesionales. Hay en todo esto un desencuentro histórico abordado por Carlo Ginsburg cuando confronta al historiador y al juez. Uno está por la verdad en el todo y en los detalles y el otro está por la legalidad como texto. Michael Foucalt se ocupó de hacer la historia del derecho como propio de la acumulación capitalista exigida de criminalizar sus oposiciones con instituciones adecuadas. En la acumulación originaria del capital europeo se instituyó el derecho, la jurisprudencia y la profesión de abogado para terminar con los ajusticiamientos públicos luego que un tribunal supuestamente infalible determinaba las culpas ratificadas a base de torturas y vejaciones ampliadas a los familiares. En el campo latinoamericano los procedimientos del feudalismo europeo siguen usándose como consecuencia del caciquismo, esa estructura de poder necesaria a los conquistadores asociados con los dirigentes indígenas para heredar el procedimiento garante del latifundismo y la explotación extrema de las comunidades originarias envilecidas con la complicidad de la Iglesia católica. En los setenta, apellidarse Cabañas, Gervasio, Iturio o Radilla en Guerrero era suficiente para ser golpeado, torturado, encarcelado y en ocasiones desaparecido. Entre las imágenes imborrables proporcionadas para el Museo de Sitio en Atoyac está la de un anciano desnudo enloquecido por la tortura. El debido proceso viene después como sucesión de escritos y trámites en garras de abogados que cobran caros sus servicios cuando no son de organizaciones de servicio social a los perseguidos. Los escritos cuentan con un lenguaje cifrado ininteligible para el preso y las organizaciones populares carecen de cursos de alfabetización para saber que hacer en casos de represión estatal. Cuando mucho, hay cursos de derechos humanos obviamente insuficientes. En lo personal, recuerdo el auto de formal prisión leído por un secretario en una rejilla de Lecumberri. No entendí nada y supuse que estaba perdido por el nombre del documento que en realidad significaba mi acusación como conspirador con un proceso que podía seguir fuera de la cárcel mediante una fianza según me explicó el benemérito abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas que llegó corriendo al final de la diligencia para advertirme que a propósito me habían llevado hasta ahí minutos antes del cierre del juzgado a las tres de la tarde por lo que había que esperar una noche violenta de despedida como en efecto ocurrió como preámbulo a un proceso iniciado con mi secuestro y tortura policiales. En rigor, ni cuando entramos al ritual judicial el debido proceso se realiza, menos cuando se trata de analfabetas o monolingües que no entienden el español. Dentro de las cárceles, un sistema de autogobierno acordado entre la dirección, los custodios y los mayores de las crujías seleccionados entre los capos mafiosos, somete al prisionero a cuotas para pagar por todo con el dinero de las visitas, con depósitos en cuentas bancarias o con trabajos corporales infames. Desde sus elegantes sitiales, ataviados con sus ridículas togas y asistidos de toda suerte de privilegios, los señores ministros envejecidos en sus negocios, hacen los proyectos sin más consideración que el rigor del texto con una suposición de sus referentes a conveniencia del Estado a quien deben sumisión absoluta. El caso Acteal de manera semejante al de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, prueban el sentido clasista y racista del sistema jurídico en México. No puede ser de otra forma ante la escalada represiva en todos los órdenes de la administración de la crisis en beneficio de los más ricos y poderosos. A menos que las organizaciones populares apoyaran combativamente a las comisiones de derechos humanos y a los familiares de perseguidos y desaparecidos hasta acabar con la impunidad, las complicidades infames y los encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas.

El ejército mexicano entrenó paramilitares

El ejército mexicano entrenó paramilitares

Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.

• Una red clandestina de “equipos humanos” creados a mediados de 1994 con la aprobación de Salinas de Gortari trabajaba dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

Mientras el Congreso estadounidense liberó los fondos de la Iniciativa Mérida retenidos porque el Departamento de Estado no había podido demostrar el respeto a los derechos humanos en México, una serie de documentos desclasificados en Washington demuestran que el ejército mexicano armó y entrenó a grupos paramilitares en el estado de Chiapas para enfrentarlos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que condujo a una masacre de indígenas en 1997.

Una serie de comunicaciones enviadas desde México a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA según sus siglas en inglés, algo así como la CIA del Pentágono) describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas. A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”.

El 22 de diciembre de 1997, paramilitares indígenas asesinaron a mansalva a 45 indígenas de la comunidad campesina de Las Abejas que rezaban en una capilla en el poblado de Acteal, en los Altos de Chiapas. Los muertos fueron un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres desarmados. Otras 25 personas resultaron heridas y se reportó a cinco desaparecidos.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la nación liberó a 20 indígenas, encarcelados hace doce años por la masacre, pero no porque fueran inocentes, sino por deficiencias en el proceso judicial que el gobierno siguió contra ellos.

Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, desde entonces, han defendido la versión ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) tras la masacre, y han pretendido mostrarla como “un conflicto entre indios bárbaros”, asegura el historiador Carlos Montemayor.

En 1997, la PGR reconoció la existencia “de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas”.

Pero en un telegrama enviado a la sede de la DIA en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México señala el “apoyo directo” del ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. El documento describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”, destaca The National Securiy Achive (NSA), una organización estadounidense especializada en desclasificar documentos secretos del gobierno de su país.

NSA responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana de aplicar “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica (…) con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Según Kate Doyle, analista y directora del Proyecto México de NSA, aunque el cable fue escrito en 1999, “el agregado tuvo cuidado en señalar que los oficiales de inteligencia del ejército estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997”. El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las numerosas declaraciones del ejército mexicano posteriores al ataque.

Los equipos de inteligencia, explica la Oficina del Agregado de Defensa, “estaban compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, al igual que por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba a cubrir comunidades selectas por un período de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”.

El jueves pasado, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a que realicen una investigación “minuciosa, independiente e imparcial” de la masacre y subrayó que, debido a que “no se realizó una investigación a la altura de la gravedad de los hechos, no se ha garantizado justicia para las víctimas”.

Brunori instó también al gobierno de México a que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan reparación.

Pero esto parece lejos de poder cumplirse. Kate Doyle acusa al gobierno mexicano de ofrecer una historia oficial con relatos que “han sido o incompletos o falsos” y señala que todas las solicitudes de información presentadas a la administración de Felipe Calderón sobre la masacre de Acteal sólo encontraron silencio como respuesta o, en el mejor de los casos, los remitían a documentos públicos inocuos, clasificados como “improcedentes” en el Archivo General de la Nación.

“Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a los gringos en busca de información sobre el ejército mexicano y Acteal”, lamentó Doyle.

En contraste, el jueves pasado, el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, John Feeley, informó que la administración de Felipe Calderón entregó al Departamento de Estado un informe sobre las acciones que lleva a cabo para evitar violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.

De paso, Feeley contradijo al presidente Felipe Calderón, que lleva tres años justificando la violencia desatada en el país desde que asumió el cargo y que ha costado la vida a más de 12.000 personas desde entonces: “No es señal de éxito” la violencia que se vive en México, dijo el diplomático, tras anunciar que el Congreso de su país liberó la totalidad de los fondos autorizados para la Iniciativa Mérida. De hecho, en el último año, precisamente desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad que involucró a todos los gobiernos estatales y a los tres poderes federales, 7296 personas han muerto en hechos relacionados con el combate de la delincuencia organizada, lo que casi duplicó el saldo rojo del año previo, cuando del 21 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2008 hubo 3742 víctimas.

Tomado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-130392-2009-08-22.html

¿Qué ha sido de los derechos humanos?

¿Qué ha sido de los derechos humanos?

Marcos Roitman Rosenmann
Hay celebraciones que enrojecen. Con un quinto del planeta en condiciones de pobreza y padeciendo hambre se rinden homenajes al 60 aniversario de la declaración de la carta de los derechos humanos. En sí constituye un acto de cinismo. Con ello no quiero afirmar que es mejor que no existiera. Pudiera ser que en su momento quienes manifestaron la necesidad de crear un prototipo de ciudadanía política tenían en mente la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del Holocausto nazi.

La mala conciencia de un mundo que no quería verse reflejado en los campos de concentración, en la tortura o las cámaras de gas, llevó por el sendero de redactar un decálogo de la dignidad humana. El tribunal de Nuremberg sintetizó el camino que seguirá la redacción de la carta de los derechos humanos. Sin embargo, las buenas intenciones han quedado presas de la dinámica de un orden político, de un sistema de dominio y explotación donde es inviable ponerlos en práctica, ya sea en su vertiente social, política, cultural y económica. Es la gran paradoja. Derechos virtuales, no reales. Como señalaba Durkheim, trate usted de ejercer la libertad y será reprimido. Mutatis mutandi demande la práctica de los derechos humanos y terminará, en el mejor de los casos, acusado de alterar el orden, y si reincide pasará a la cárcel, considerado un antisistema, pudiendo sufrir torturas o considerado un problema, remitirle al exilio.

En el capitalismo, independientemente de sus formas, ninguno de sus enunciados se cumple. De realizarse entraría en un colapso, más allá de sus crisis internas. No puede generar trabajo, educación, vivienda o producir alimentos para todos los seres del planeta. Menos aún repartir la riqueza. En otras palabras, se torna inviable. No representa una alternativa para homo sapiens sapiens. El capitalismo es un orden represivo incapaz de evolucionar hacia una democracia donde vivir una vida digna. En otras palabras bloquea la libertad de realización: poder ejecutar y convertir en realidad aquello que hemos elegido y decidido. Este concepto de Luis Villoro identifica el límite de un régimen excluyente y concentrador de la riqueza en todos los órdenes, inclusive antes del nacimiento. En un estudio del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Social y el Grupo de Investigaciones Agrarias sobre el hambre en las economías agroalimentarias de exportación realizado por Gonzalo Martner a fines de los años 80 se constataron algunas de las consecuencias del cambio de la dieta alimenticia en las futuras madres y en los futuros niños. “En el caso de los niños, los efectos a corto y largo plazos de la subalimentación son devastadores. No obstante la protección a la vida intrauterina, dichos efectos comienzan a manifestarse antes del nacimiento a raíz de la carencia de elementos nutritivos aportados por las madres insuficientemente alimentadas. Ello se traduce en aumentos de peso frecuentemente inferiores a los normales y por último en un peso insuficiente del niño desde el nacimiento, en trabas a la producción de leche materna y en efectos sobre la evolución cerebral: en el caso de la subalimentación de la madre el número de neuronas producidas hasta el séptimo mes disminuye, junto con las conexiones neuronales y a la mielinización de las neuronas, una de cuyas funciones es la transferencia de información… Cabe así subrayar que los daños cerebrales, cuyo carácter es irreparable, hacen imposible cualquier futura igualdad de oportunidades, se producen desde la concepción al tercer año de vida.”

Si el estudio se proyecta sobre el último informe de la FAO de 2008, donde se señala el aumento del hambre, de los precios de los alimentos y de mil millones de personas en condiciones de subalimentación en África, Asia y América Latina, estamos hablando de un retroceso de la condición humana. El primer derecho de igualdad y de libertad en el feto deja de cumplirse antes de nacer, a pesar de lo que dicen la iglesia y las asociaciones pro vida, tanto como las antiabortistas. ¿Dónde están los derechos humanos previos al nacimiento? Ahora están en manos de las trasnacionales de la soya y los agrocombustibles. Un quinto de los futuros habitantes del planeta tendrán inteligencia limitada. Clínicamente padecerán idiotez y, por ende, no podrán desplegar una vida digna. Son las consecuencias de la mielinización neuronal, apuntada por Martner. Hoy resultado voluntario de las políticas alimenticias diseñadas por los países dominantes y empresas como Monsanto. El uso de transgénicos, el alto costo de las semillas, el control monopólico de sus precios, por poner otro caso de violación de los derechos humanos, ha conllevado sólo en India al suicidio en un año, denunciado por el príncipe Carlos de Inglaterra, de 150 mil campesinos con raticida e insecticidas ante la imposibilidad de pagar las deudas con las financieras.

Los derechos humanos no son violados por estados o gobiernos en abstracto, lo son por banqueros, empresarios, militares, trasnacionales. Tienen nombres y apellidos. Ellos cuentan con el aval de los estados, los gobiernos y el Vaticano, quienes en nombre de la cruz y la espada, las libertades del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda, asesinan a un quinto de la población mundial. Como ejemplo del cinismo del primer mundo, en medio de la recesión, grandes almacenes de Madrid han bajado sus precios, el resultado es óptimo. Más beneficios que en todo el año. El negocio es el negocio. El primer derecho humano: apoyar el consumo. Que otros se suiciden con insecticida es mera estadística. No resulta extraño que las encuestas en América Latina reflejen alarmantemente preferencias de ciudadanos por regímenes autoritarios con tal de tener seguridad y poder consumir. Orden y progreso. Para este viaje no hacen falta los derechos humanos.

Tomado de: http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=opinion&article=021a1pol

Si me torturan, no existo

Si me torturan, no existo

Carlos Miguélez Monroy
30-Ago-2009

Si la policía captura a una persona que sabe dónde se ha puesto una bomba que explotará en unas horas, ¿sería legítimo torturarla para que confiese en dónde está el explosivo para salvar a decenas de niños? La tortura queda justificada cuando se abusa de esta analogía, alejada de los hechos y de los escándalos más recientes de tortura que implican a países considerados Estados de derecho.

Desde hace siglos se han realizado cacerías de brujas a partir de bulos y falsas informaciones. Víctimas en América Latina cuentan que sus torturadores no paraban cuando sabían que ya no quedaba nada que “confesar”, sino que buscaban la traición a la familia, los amigos y las creencias, prueba inequívoca de lealtad a lo que más importaba: los “valores” oficiales de la nación torturadora. Con 1984, George Orwell ya adivinaba la función de la tortura como engranaje de una maquinaria estatal que defendía a toda costa el pensamiento único. Aunque tomaba como modelo el totalitarismo soviético, la deriva del sistema neoliberal de hoy se asemeja cada vez más al terror que describía en su novela. Sesenta años después de la publicación de 1984, la periodista canadiense Naomi Klein publicó La doctrina del shock, que aporta nuevas luces a la utilización estatal de la tortura. Su investigación asocia el shock que produce la tortura en los cuerpos humanos con el que producen las medidas económicas que adoptan los gobiernos, en especial los de corte neoliberal. Eduardo Galeano lo define de la siguiente manera: “La gente estaba en la cárcel para que los precios pudieran ser libres”.

El “capitalismo de los desastres” parte de la premisa de que los mercados “libres” liberan a la gente. Para implantar y extender ese modelo neoliberal, los políticos aprovechan la indefensión y la desorientación de las personas en momentos de crisis colectiva —económica, política, social, medioambiental— para implementar terapias de shock en el sistema económico.

La terapia de choque en lo económico y el uso calculado de la tortura tienen como objetivo común poner en blanco aquello sobre lo que operan. Es decir, economías liberadas de cualquier amago de intervención estatal para poder implementar auténticos modelos de libre mercado sin vicios. En los casos de las personas, “borrón y cuenta nueva”, individuos reprogramados para que abracen la ideología del sistema. En Chile, la terapia de choque económico llegó de la mano de Milton Friedman y los Chicago Boys al mismo tiempo que las técnicas empleadas en los centros de tortura.

Para su investigación, Naomi Klein entrevistó a Gail Kastner, una de las “cobayas” o “conejillos de indias” de la CIA. Transcurrían los años 50 cuando la agencia de espionaje financió a un médico canadiense para que llevara esos experimentos. Entre las técnicas empleadas en una universidad canadiense figuran privaciones en el sueño, aislamiento sensorial continuo, electroshock y el consumo de drogas alucinógenas. Varios años después, la CIA tuvo que ofrecer un arreglo extrajudicial por un total de 750 mil dólares a los demandantes, que padecieron los efectos de la pretensión “científica” de construir personalidades a las que se podía reprogramar desde cero. La tortura experimental no reconstruyó a las personas, sino que las regresó a un estado infantil, de desentendimiento de la realidad, de ideas extrañas y tendencias autodestructivas. A pesar de la pobreza de los resultados, la CIA los tomó como religión en la paranoia de la Guerra Fría, cuando cabía la posibilidad de que espías y soldados estadunidenses cayeran en manos de soldados de países no-alineados o al revés. Por un lado, conocer los mecanismos de la tortura evitaba perder el control en una sesión de tortura. Por otro, permitía dominar sus técnicas para obtener información valiosa.

Hay similitud en las técnicas descritas en los manuales de tortura utilizadas por las dictaduras en América Latina y las que han salido a la luz desde la puesta en marcha de la guerra contra el terror. Demuestran que repetir una mentira no la convierte en verdad pero termina por creerse. Oponerse al cada vez más extendido paradigma del máximo beneficio le puede costar a un ser humano olvidar quién es tras interminables sesiones de tortura. Si no queremos que Big Brother nos coma, dejemos de relativizar o justificar la tortura.

ccs@solidarios.org.es

Tomado de : http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/707082

El delito de ser indio

El delito de ser indio

Miguel León-Portilla

A lo largo de los años y los siglos que siguieron a la conquista de México, el destino de los pueblos originarios fue siempre, y sigue siéndolo, en extremos adverso. De muchos de sus infortunios hablan los frailes cronistas desde el siglo XVI. Fray Bernardino de Sahagún escribió que “no quedó de ellos sombra de lo que fueron”. Y, si atendemos a los tiempos presentes, encontramos que las desgracias no han terminado. De los indios contemporáneos puede decirse que unos sobreviven en zonas de refugio con muy escasos recursos, como ocurre con muchos de los que habitan en gran parte del sur de México y varios lugares del altiplano central. De otros debe notarse que, sobre todo durante las últimas décadas han emigrado, marchándose a las orillas de las grandes ciudades de México y también, a algunas de los Estados Unidos. Ahí perciben salarios muy bajos y se afanan en provecho ajeno, de diversas maneras, bien sea en el servicio doméstico o en otros trabajos nada apetecibles. Pero, si es verdad que sigue siendo en extremo adversa la situación de los indígenas, se presentan casos en que parece que ser indio es un delito. A dos casos recientes quiero referirme, dados a conocer por “La Jornada” y otros periódicos el 15 de agosto de este año. Se presenta uno con el título de “La hija que Cirila perdió por no saber inglés”, el otro como “Doña Jacinta, presa de conciencia”. El primero trata de la indígena chatina –grupo de aproximadamente 50 mil habitantes en el suroeste de Oaxaca– que había cruzado sin documentos la frontera con el vecino país. Trabajaba ella en un restaurante chino de la ciudad de Biloxi, en el estado de Missisipi. Acerca de ella se informa que su nombre completo es Cirila Baltasar Cruz y que tiene 34 años. Hallándose embarazada y a punto de dar a luz, acudió a un hospital acompañada por un miembro de su familia que, por saber inglés, podría fungir como intérprete. Recibida en el hospital, se rechazó la presencia del familiar y se le asignó a Cirila una intérprete de español a inglés. Cirila, bien sea por tener un conocimiento limitado de la primera de estas lenguas, o porque la intérprete tampoco hablaba bien español o por otra causa, no estableció adecuada comunicación con ella. Poco después, a instancia de un funcionario del hospital, Cirila, que no tenía documentos migratorios, fue llevada a un tribunal. Ahí la intérprete declaró que Cirila le había dicho que quería entregar en adopción a su hija recién nacida y regresar a México. Por su parte Cirila, como pudo, manifestó lo contrario, afirmando que nunca pensó en separarse de su hijita. No obstante, el fiscal del tribunal acusó a Cirila de grave negligencia que ponía en riesgo la vida de su hija. La decisión del juez fue que Cirila, por ser inmigrante ilegal, por no disponer de recursos económicos y no hablar inglés, debía perder la custodia de su hija. Esta fue concedida a una pareja estadounidense. Puede decirse, a la luz de tales cargos, que el delito de Cirila fue ser india. El segundo caso ha ocurrido en México. Doña Jacinta es indígena otomí, en el estado de Querétaro, ha sido acusada de intento de secuestro, nada menos que de un policía. Vendía ella refrescos en el mercado del pueblo de Mexquititlán, al que llegaron varios policías con el fin de investigar si ahí se vendía mercancía pirata. El pueblo reaccionó en contra y rodeó a los policías. Estos, relativamente pronto, quedaron libres. Pocos días después se buscó a quienes los habían intentado “secuestrar”. En una foto tomada por un policía el día del conflicto aparece doña Jacinta. Esa fue la prueba que se exhibió para detenerla. Llevada ante un juez –como en el caso de doña Cirila– fue interrogada,. No pudo ella expresarse por conocer muy poco el español. El veredicto del juez fue que doña Jacinta, a la que no se concedió un intérprete, era culpable. Así, aunque inocente, fue condenada a 21 años de prisión. Su delito fue ser india que no pudo defenderse por carecer de recursos y no hablar bien español. La nota periodística respecto del primer caso, añade que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México “anunció en un comunicado que Cirila ha sido víctima de discriminación y violación a los derechos humanos y que usará todos los recursos legales a su alcance”. Informó asimismo que se investigan otros tres casos similares de niños mexicanos arrebatados a sus padres en circunstancias parecidas. Respecto de la segunda acusada, Amnistía Internacional se propone defender a doña Jacinta. Casos son éstos de flagrante injusticia en contra de estas dos indígenas sin recursos y a las que se dio mal trato y han sido condenadas al no hablar inglés o español. ¿Es un delito ser indio?

Miguel León-Portilla /Asic/La Jornada

Tomado de: http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=81410&seccion=Opinion

Mineras, inmunes a lluvia de impuestos

En un país en donde todos los días el Estado al amparo de su muy propia interpretación de la ley, lo mismo decreta la desaparición de una paraestatal y ataca el derecho a la sindicalización, que pretende imponer nuevos impuestos a los alimentos, medicinas y servicios, continua privilegiando a las grandes trasnacionales, he aquí una muestra más.

IXE Casa de bolsa descarta afectación en la inversión extranjera y no se afectarán los proyectos de exploración

MÉXICO, septiembre 22, 2009.- De aprobarse la iniciativa de nuevos impuestos a las empresas mineras, no se prevé un impacto sustancial en la rentabilidad de aquellas que cotizan en Bolsa (Compañía Minera Autlán, Grupo México e Industrias Peñoles), señala IXE Casa de Bolsa.

Sin embargo, indica la intermediaria bursátil en un análisis, habrá� que analizar cada caso en particular dado que metal y cada empresa tienen distintas estructuras de costos.

En principio, la casa de bolsa no espera que tenga un impacto en la inversión extranjera (México es un destino importante en la inversión en minería) dado que, como se dijo el impacto no sería sustancial y además las modificaciones no afectan los proyectos de exploración.

El pasado 15 de septiembre, detalla IXE, el Senador Francisco Arroyo Viera a nombre de diversos legisladores presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.

Estas modificaciones, menciona, afectan el cálculo de los derechos que las empresas mineras pagan por la explotación y producción de metales y minerales. Aquí cabe recordar que como lo establece la Constitución Mexicana la propiedad original de los bienes del subsuelo pertenecen a la nación y que es el estado el único autorizado a otorgar concesiones para su explotación.

Más allá de otros cambios de tipo técnico que se pudieran dar, comenta, el documento analiza principalmente el cambio en el cálculo de los impuestos/derechos.

Actualmente, explica la intermediaria bursátil, las cuotas para las concesiones y asignaciones mineras van desde los 5.08 a 111.27 pesos por hectárea dependiendo del año de vigencia de la concesión.

En su lugar, subraya, la iniciativa propone la aplicación de un 4% sobre la producción. El cálculo se realizaría promediando el precio público (mercado de metales de EU) multiplicado por el volumen de producción en cada mes y luego convertirlo a moneda nacional.

Independientemente que este tipo de impuesto no es algo nuevo ya que se aplica en otros países con producción minera intensiva, como por ejemplo Perú, IXE considera que falta tomar en cuenta algunos aspectos relevantes.

La producción, destaca, es distinta de la venta, por lo tanto nos parecería más apropiado que se gravara el volumen vendido y no la producción dado que de lo contrario se gravaría los inventarios indispensables en esta industria (cíclica).

En cuanto al cálculo de precio, considera que lo mejor sería grabar los volúmenes de venta al precio de realización ya que es muy común en esta industria las “ventas anticipadas” pactadas con precios actuales los cuales pueden diferir al momento de la entrega física de los productos.

En este punto, concluye, también habrá que tomar en cuenta los efectos de las coberturas de precio con derivados que también es muy común en esta industria. (El Semanario Agencia, ESA)

Así responde el Estado en contra de quienes se oponen a la minería depredadora

Ante la resistencia en contra de la minería en el estado de Chiapas, el estado mexicano responde con la militarización, la efervescencia social demuestra una vez más es carácter fascistoide del gobierno federal y que como hace cien años en nuestro país la Constitución y el Estado de Derecho han muerto.

Municipio de Motozintla, Chiapas, México, a 16 de Octubre del 2009.

A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS Y MEXICO.

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS E INDEPENDIENTES.

A LA PRENSA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

El Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP–FNLS) y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denuncian ante la opinión pública la INTENSA MILITARIZACIÓN QUE ESTÁN PADECIENDO LOS PUEBLOS DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS, COMO RESPUESTA OFICIAL A SU RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA.

Desde que el FRCP–FNLS inició su LEGÍTIMA LUCHA SOCIAL CONTRA LAS MÁS DE 50 CONCESIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO A CUATRO TRANSNACIONALES MINERAS, nuestros compañeros fueron inmediatamente objeto de hostigamiento y vigilancia policiaca constantes; al igual que amenazas de muerte por parte de personal de la empresa Linear Gold Corp, como fue el caso concreto del compañero Elpidio Díaz Roblero del ejido Carrizal, municipio de Motozintla. Pero al mismo tiempo comenzó una paulatina militarización de toda la Sierra Madre, con especial énfasis en los puntos donde se sabe que existen yacimientos minerales.

Con los primeros recursos económicos liberados por los Estados Unidos en el marco del llamado “Plan Mérida” (vergonzoso símbolo de la abierta injerencia norteamericana y de la violación a la soberanía nacional de México), dicha militarización se incrementó notoriamente.

En este contexto, las declaraciones hechas a fines de septiembre por el gobernador Juan Sabines mediante un comunicado oficial, donde afirma que existen quienes quieren aprovechar el movimiento contra la minería para convocar a la violencia y efectuar tráfico de armas, no son sino un exabrupto irresponsable y criminalizador utilizado por el Estado mexicano con dos objetivos: 1) tratar de darle una justificación a la intensa militarización que hoy se padece en la Sierra Madre de Chiapas; y 2) hostigar e intentar desmovilizar a las personas, ejidos, grupos y organizaciones como el FRCP–FNLS que precisamente en ésa región estamos dando la lucha de resistencia contra las mineras transnacionales.

De este modo afirmamos que EL PLAN MÉRIDA TIENE COMO OBJETIVO OCULTO EL RESGUARDO MILITAR DE LOS RECURSOS NATURALES Y ESTRATÉGICOS DE MÉXICO, PARA ASEGURAR QUE PUEDAN SER SAQUEADOS POR EL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL.

La anterior afirmación se desprende de los siguientes hechos concretos:

1.      Hoy la Sierra Madre de Chiapas ESTÁ OCUPADA por el ejército federal y corporaciones policiacas tanto federales como estatales, que aparatosamente armados y encapuchados cierran caminos y carreteras con retenes donde bajan a la gente de los vehículos, para interrogarles severamente: lo cual es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos. Con ello tratan de averiguar si las personas están dentro de alguna organización. Por lo menos entre Huixtla y Frontera Comalapa hay entre 5 y 6 retenes fijos, además de otros volantes que colocan arbitrariamente en cualquier lugar.

2.      Los soldados se meten a los hogares con prepotencia y de manera violenta, si acaso sólo tocando la puerta y procediendo al allanamiento de las casas, diciendo que sus aparatos han detectado que ahí hay armas; y en el acto comienzan a interrogar a sus habitantes sobre su participación en alguna organización.

3.      Este tipo de allanamientos militares se han dado más específicamente en las casas de familias integrantes del FRCP–FNLS en los barrios de San Lucas, Emiliano Zapata, Reforma, San Antonio, y los Milenios 1, 2 y 3, todos del pueblo de Motozintla.

4.      El jueves 8 de octubre de 2009, a las 9:00 horas, un grupo de soldados entraron de ese modo al domicilio de nuestro compañero Ismael Jiménez Ovando, uno de los más activos participantes dentro del movimiento social contra las mineras transnacionales. En esos momentos sólo se encontraba su esposa Rosa Ramos Juárez y sus tres hijos; de inmediato le cuestionaron a ella sobre dónde se encontraba su marido, insinuándole que éste se dedicaba al tráfico de drogas y armas.

5.      El viernes 9 de octubre de 2009 policías estatales y federales le tendieron una burda trampa al campesino Ramiro López Matías, militante del FRCP–FNLS, para detenerlo bajo la falsa acusación de “fabricación de billetes falsos” (actividad harto extraña para un campesino que ni siquiera terminó la escuela primaria). Este compañero es uno de los que encabeza la resistencia en su comunidad (Barrio La Mina del Ejido Carrizal, municipio de Motozintla), para impedir que la transnacional “Linear Gold Corp” explote los yacimientos de oro que se localizan exactamente ahí, sin contar con el respectivo permiso de la Asamblea Ejidal y dejando a cambio una gran devastación ambiental y graves problemas de salud pública.

6.      Cuando un grupo de miembros del FRCP–FNLS se presentó con el Ministerio Público de Motozintla para conocer la situación del compañero Ramiro, el comandante Tomás Luna Hernández de la Policía Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, les dijo: “ustedes son del FRCP, ¿verdad?; ustedes tienen muchas órdenes de aprehensión que ya se van a librar y pronto les vamos a caer, de una vez les aviso”.

Una vez más dejamos claro que nuestra lucha es pacífica, abierta y sustentada en el legítimo derecho que tenemos a defender la vida, dentro del marco constitucional. Para que el gobierno no trate de tergiversar nuestras legítimas razones como lo ha hecho, ni los articulistas del régimen quieran manipular a la opinión pública como penosamente lo han pretendido, MANIFESTAMOES QUE NUESTRA LUCHA CONTRA LAS TRANSNACIONALES MINERAS TIENE CAUSAS POR DEMÁS LEGÍTIMAS:

• A nivel internacional la minería metálica (que es la que más nos afectaría en varios municipios de la Sierra y en dos puntos concretos de Motozintla: Ejidos Carrizal y Buenos Aires) es considerada la actividad más contaminante del mundo. Cientos de estudios y documentales lo demuestran; revísenlos señores articulistas, antes de emitir opiniones torpes y vagas (al que le venga el saco…).
• La toxicidad de la minería no proviene directamente del oro ni de la barita, como estúpidamente quiso engañar a la población de Chicomuselo el secretario de salud de Chiapas, James Gómez Montes, al decirles que la barita no provoca daños al ambiente ni al agua. ¡El peligro lo representan los métodos con que se extraen estos minerales! En el caso del oro, además de los miles de kilogramos diarios de dinamita que usaría una sola mina, cada día se utilizarían también varias toneladas de químicos altamente tóxicos como lo es precisamente el CIANURO de sodio: un gramo del cual es suficiente para matar a una persona. Y las experiencias en muchos lugares del planeta indican que esos desechos terriblemente tóxicos, suelen filtrarse hasta los ríos y mantos acuíferos.
• Además las cantidades de agua que consume cada mina, se cuantifican en muchos millones de litros al día; ¡agua que queda irreversiblemente envenenada!

Para el FNLS lo anterior no significa desarrollo, sino devastación ambiental y grave atentado a la salud pública. Tampoco podemos aceptar, como pregona el gobernador Juan Sabines, que se realicen las explotaciones mineras que sí generen “beneficios” a la población del lugar; pues LA VIDA NO SE NEGOCIA. Los tóxicos usados en la extracción minera metálica ocasionan, desde la muerte, hasta enfermedades demasiado difíciles y costosas de curar como el cáncer o la leucemia.

De este modo concluimos diciendo además que el PLAN MÉRIDA Y SU ABSURDA MILITARIZACIÓN, conllevan también muerte y enfermedades para nuestro Pueblo.

¡ LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS !

¡ ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS !

¡ APOYO TOTAL AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) !

¡ RECHAZO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL !

¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Nueva presa política

Nueva presa política

Alberto Hijar.

Desde el domingo 11, Zacacuautla esta sin energía eléctrica y sin teléfono de por si inútil porque ese no es territorio Telcel. El viernes grandes maquinas irrumpieron en el monte y construyeron un camino para rodear el bosque y sacar rápido la madera producida por la tala de los próximos días. Ya la Delegación de los electos por la asamblea y que trabaja intensamente, sin remuneración alguna y que va y viene a Pachuca a declarar por los cargos levantados contra ellos, los deforestadores del bosque y del agua, a los organizadores de la mejor fiesta patronale que haya vivido Zacacuautla, contrataron una excavadora y abrieron zanjas en el terreno de la comunidad para impedir el paso de los camiones. El informe incluye el remate de la jornada con comida incluida de guiso de nopales, chilacayotes, cebollas, chile y tortillas todavía de maíz de a de veras. Todo comunitariamente compartido.

Antes, durante y después de los rezos por el esposo de doña Gabriela, se dieron tiempo para avisar a la policía y encontrarse con camionetas transportando litros de disel quizás para los trailers ladrones y para luego quemar el monte como hicieron hace tres años. Se van sumando hombres y mujeres a la defensa del bosque que avanza, pero todo se complica con la aprehensión de la Delegada el jueves 15 a las 14 horas.

Filiberta Nevados Templos es la Delegada primera, muy querida por su pueblo testigo de su incansable trabajo por todos y todas. Ha sido encerrada en Tulancingo, directamente en el Reclusorio y por lo pronto la acusan de daño en propiedad ajena. Ya se sabe con los acontecimientos de Atenco, Chiapas y Oaxaca, que se trata de tomar rehenes para desmovilizar a los que luchan y  reducirlos a los tramites legales. Un contingente del Taller de Construcción al Socialismo ya esta en Tulancingo mientras desde el Distrito Federal, otros procuran la denuncia, la solidaridad, las cartas al gobernador de Hidalgo que no se digno responder a ninguna de las comunicaciones que hemos enviado.

Todos somos Zacacuacutla porque si permitimos un asalto como el que arrasará con el bosque, quiere decir que no hay ley ni garantía capaces de oponerse a un criminal como Pedro Canales protegido por las autoridades de Hidalgo para hacer válidos los títulos de propiedad falsos, mantener a los Negros armados y que dicen ostentar la licencia de Semarnat y la Profepa ante las vanas promesas de algunos diputados locales de declarar zona protegida al bosque de Zacacuautla a solo dos horas y media del centro del país, entre los desvastados estados de Hidalgo y Puebla.

Por Fili, por la ejemplar Delegación de Zacacuautla, por nuestros bosques y manantiales, por los campesinos muy pobres que defienden su tierra, hemos de vencer a los criminales amparados por gobiernos corruptos.
A continuacion MAS INFO, Y SITUACION SOBRE LA DEFENZA DEL BOSQUE.

TAMBIEN EN EL LINK:
http://zacacuautla.blospot.com

DESTRUIR, ENCARCELAR, ASESINAR.

DESTRUIR, ENCARCELAR, ASESINAR.

Alberto Híjar.

En lugar de darse a la lamentación, Filiberta Nevado Templos mantuvo en el aislamiento de su celda en Tulancingo,  la dignidad de Delegada electa por aclamación por el pueblo de Zacacuautla. Consiguió papel oficio, bolígrafo y lentes con una trabajadora social generosa y escribió a su pueblo, a las organizaciones fraternas, al cura recientemente llegado de La Huasteca que también escucha Radio Huayacocotla, la emisora comunitaria que sobrevive a la voracidad de los llamados zares de la radio y la televisión.

Queda claro en primer lugar, el secuestro de ella y del Delegado segundo, Trinidad Santos Templos, subidos con engaños a una camioneta sin identificación por tres civiles, desconocidos como agentes merodeadores de Zacacuautla mentirosos al decir que averiguaban una casa de ladrones. Hasta que enfilaron a Tulancingo y ante la protesta de los secuestrados, mostraron de mal modo la orden de aprehensión y celebraron el “operativo limpio” que logró burlar el peligro de que el pueblo defendiera a sus representantes y llamara a las organizaciones solidarias que se sabe apoyan la defensa del bosque y el manantial amenazados por Pedro Canales y su hermana Margarita quien acusa a los dos secuestrados y a tres más de daño en propiedad ajena, tan ajena que no será la primera vez que ostente escrituras y testigos falsos. Los agentes en acción sugirieron burlones la entrega traicionera de los otros tres indiciados: la septuagenaria Benita Ibarra con toda su carga de cuartetas ingeniosas y sus riñones inservibles, el comandante de seguridad Vicente Islas y Blas Islas, parte policial desarmada de la Delegación y presidente de la Cooperativa El Ocotenco por la defensa del bosque y el agua, todos cargos honorarios sin remuneración económica. Un día completo con su noche gélida pasaron en la cárcel Fili y Trini mientras su pueblo se movilizaba para conseguir escrituras y dinero para las posibles fianzas, avisar a la capital, recibir periodistas y al fin traer al Presidente Municipal de Acaxochitlán que accedió a pagar las fianzas de 25 mil pesos cada una y poner al servicio de la Delegación de Zacacuautla a los abogados del Municipio que citaron a los procesados en la mañana del sábado para advertirles que deben restituir el dinero aportado y que es mejor que entreguen a los tres procesados ahora prófugos por la acusación de Margarita Canales del 27 de junio de 2008. Ellos que habían estado acudiendo a declarar a Pachuca por otros procesos porque no saben bien cuantos hay en su contra.

Aparecieron ante el nutrido grupo de compañeras y compañeros afuera de los juzgados de Tulancingo hacia las 3 de la tarde para ser recibidos amorosamente. Todos y todas los abrazaron conmovidos y escucharon a Fili afirmar la necesidad de mantenerse alertas en estos días cuando se espera la devastación  del bosque ya rodeado por un camino nuevo que la comunidad ha interrumpido con tres grandes fosas en el terreno donado a Zacacuautla por conducto de Alejandro Gómez García, el albacea de los auténticos propietarios a quienes además se les compraron tres hectáreas debidamente requisitadas.

Una pareja de periodistas de Criterios estaba cuando  ocurrió el secuestro al que no  prestaron atención como todos y todas los que estaban en la Delegación. Pero luego de intentar una entrevista con la familia Canales y con el jefe de Los Negros, la banda de criminales al servicio de Pedro Canales que ha estado hostigando y provocando con sus camionetas y transportes a los pacíficos habitantes de Zacacuautla, los indignados periodistas echaron a andar conocencias de cuando fueron Comisión de Derechos Humanos y organizaron una conferencia de prensa en Pachuca donde estuvimos ocho reporteros para escuchar a Fili, Trini y el exdelegado Virgilio Gómez que narró la historia que le consta de los asaltos y despojos de los Canales siempre protegidos por funcionarios corruptos y recordó el asesinato impune del defensor del bosque Samuel Cruz Hernández. Funcionarios como la abogada Teresita de Jesús Adán de SEMARNAT y al Secretario de Gobierno de Hidalgo como prepotentes negadores de los derechos de la Delegación de Zacacuautla que alegan el artículo 65 de la Ley Forestal que ordena suspender todo aprovechamiento del bosque cuando hay litigio. Presente en la conferencia, Alejandro Gómez intervino para decir que se le ha citado sin decir para qué y así poder asentar en actas que carece de documentos de legítima propiedad.

El 8 de junio logró la Delegación una asamblea en Zacacuautla con representantes estatales de Gobernación y SEMARNAT. Se hizo el compromiso de atender el litigio sobre la propiedad de los terrenos con el análisis preciso de la escritura falsificada de los Canales escrita con bolígrafo y fechada en 1939 cuando el supuesto vendedor había muerto y Pedro el jefe de jefes tenía 16 años. Se acordó despedir a los policías corruptos protectores del talamontes y retirar los cargos contra los delegados. Siguió el tortuguismo característico de los funcionarios y hasta el 23 de septiembre aparecieron para seguir dando largas al asunto.

La situación es grave porque en cualquier momento pueden girarse nuevas órdenes de aprehensión y por lo pronto, Delegación, pueblo y organizaciones solidarias tenemos que atender el respeto a la legalidad con la asistencia de una defensora de oficio y los cuatro abogados de la Presidencia Municipal de Acaxochitlán. El anfitrión de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos recomendó denunciar todo lo ocurrido a la Comisión Estatal y  a la Procuraduría de Hidalgo. Nos preocupa a quienes hemos escrito al Gobernador desde hace seis  meses no tener respuesta alguna. Lo cierto es que está en pie la amenaza al bosque para volverlo tierra arrasada porque luego de talar las 60 hectáreas sentenciadas se tienen listos los bidones de diesel para quemar los restos. Todos somos Zacacuautla porque la violenta prepotencia impune afecta no sólo a ese rincón humilde entre la sierra de Hidalgo y la de Puebla.

Pronunciamiento: Fin al Terrorismo de Estado en Chiapas y México

Tomado de : http://escrutiniopublico.blogspot.com/2009/10/pronunciamiento-fin-al-terrorismo-de.html

San Cristóbal de Las Casas, Chis., a 25 de octubre de 2009.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES,

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS,

A LOS PUEBLO DE MÉXICO Y TODO EL MUNDO,

A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRA LA TORTURA.

NUEVA DETENCIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA OCEZ-REGIÓN CARRANZA,

LOS CUALES FUERON BRUTALMENTE TORTURADOS POR SOLDADOS Y POLICÍAS.

En un contexto donde la militarización se expande en todo el país como pretexto de la lucha contra el crimen organizado –cuyo saldo según los últimos estudios varios miles de personas desaparecidas, de las cuales 90% no tienen relación con el narcotráfico–, lo que observamos con honda preocupación es la elevación del número de presos políticos y de conciencia.

Sin embargo este retroceso histórico e involución democrática, que pareciera demostrar un fracaso más del señor Felipe Calderón Hinojosa, lo que en realidad nos muestra son sus verdaderos propósitos y objetivos: legalizar el Terrorismo de Estado; criminalizar las luchas sociales fabricando supuestos “terroristas” o “guerrilleros”; asesinar a periodistas; encarcelar y desaparecer a líderes sociales; liberar a paramilitares como los que cometieron la masacre de Acteal, mientras se institucionaliza la impunidad para los autores de otras masacres como la de Aguas Blancas y El Charco, y de represiones salvajes como las de Atenco, Oaxaca, Sicartsa… entre muchas otras; así como consolidar en los hechos su alianza con la oligarquía nacional e internacional, asestando un burdo golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) e imponiendo su fascismo a toda costa.

Es así como constatamos una vez más que la estrategia contrainsurgente de la década de los setentas, conocida como la Guerra Sucia, ahora se revitaliza con la tecnología y asesoría militar de Estados Unidos, Francia e Israel; lo cual de paso viola vergonzosamente nuestra Soberanía.

Para nadie es desconocido que a través de la historia de los países latinoamericanos, siempre que ha existido una coordinación entre el imperialismo con las fuerzas armadas y gobiernos para una supuesta lucha contra las drogas, lo que en realidad ha sucedido es que la usan como mera cortina de humo para llevar a cabo detenciones, desapariciones y asesinatos selectivos de luchadores sociales y opositores al régimen.

Hoy en Chiapas, como en otros estados del país, es evidente cómo se legalizan la impunidad, la violación a los derechos humanos y la falta de respeto a los Pueblos indígenas entre otros. El gobierno de Juan Sabines Guerrero, a través de su operador político, el señor Nemecio Ponce, aliados con las fuerzas armadas especializadas para la lucha contra el narcotráfico, emprenden abiertamente la persecución contra luchadores sociales. Usan y compran a los medios de información serviles que hay en el estado, para construir campañas mediáticas que respalden sus actos ilegales y les brinden impunidad, al mismo tiempo que criminalizan las luchas sociales.

Esta persecución y represión va acompañada de la entrega de nuestra soberanía nacional, a los intereses geoestratégicos del imperialismo en la frontera sur. A ello y no a otra cosa responde el proyecto “Ciudades Rurales”: que es una repetición de las Aldeas Estratégicas usadas por los gringos con fines de contrainsurgencia, para concentrar a la gente y así poder controlarla militar y policiacamente; además de convertirla en un contingente disponible de mano de obra barata para las empresas maquiladoras. Los recientes recorridos por lugares que son las caras bonitas de Chiapas, amenizados con grandes eventos sociales para adornar la visita de 65 embajadores a la entidad, no fue más que el marco hipócrita para firmar convenios de inversión y dar a conocer políticas públicas con perspectiva de género, como la “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, que claramente tienen una intención mediática y no más. El futuro, como en tantas otras ocasiones, nos dará la razón de esta valoración.

El otro rostro de Chiapas, el verdadero, aquel que no publican muchos de los medios de información estatales y nacionales, ése que esconden los articulistas alabadores de este régimen en franca descomposición, es el del horror que en estos precisos instantes están viviendo mujeres, población infantil, ancianos y hombres del municipio de Venustiano Carranza, frente a la ocupación militar que se ha desatado en sus comunidades. La última expresión de la escalada de violencia de Estado en la zona, se dio este fin de semana con ladetención de otros dos integrantes de la Organización Campesina “Emiliano Zapata” (OCEZ-RVC): José Manuel de la Torre Hernández y Roselio de la Cruz González; quienes durante cinco largas y agobiantes horas sufrieron de brutales torturas físicas y sicológicas, siendo obligados a firmar papeles en blanco. Este es el Chiapas de los “hechos, no palabras”.

Durante la larga sesión de tortura, estos luchadores sociales fueron presionados para que dieran información que los ligara con el sacerdote de Venustiano Carranza. Así, fueron torturados de modo inhumano metiéndoles las cabezas en bolsas de plástico hasta que la asfixia les hacía perder la conciencia; para luego ser despertados agua mineral gaseosa que les introducían a presión en sus vías nasales (método de tremenda crueldad conocido en México como tehuacanazo). Esto demuestra una vez más que éstas prácticas, prohibidas en el mundo por organismos internacionales dedicados contra la tortura y por el respeto a los derechos humanos, siguen siendo parte del actuar de los gobiernos estatales como el de Chiapas, y del mismo gobierno federal.

Y mientras funcionarios de gobierno, policías y militares cometían esta barbarie contra los dos luchadores sociales mencionados, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas emitía un boletín de prensa donde los criminaliza abiertamente, adjudicándoles una serie de crímenes que han sido cometidos por malvivientes en otros municipios de la entidad. Así, con todo el dolo de un Estado criminal, los señala como miembros de una supuesta banda bautizada por la PGJE como “los pelones”; que a decir de los comuneros del municipio de Venustiano Carranza, los únicos conocidos bajo ese nombre son precisamente integrantes del grupo paramilitar de la comunidad de Paraíso (que ha sido un grupo armado al servicio del Estado y los caciques de la región), que adoptaron tal apodo al ser encabezados por Bartolo Mendoza, quien estaba calvo.

En dicho boletín de la PGJE se habla en varias ocasiones de supuestos testigos protegidos, como una forma de enmascarar la consigna del gobierno de golpear a los luchadores sociales utilizando a líderes vendidos como: Juan González Esponda (“profesor”/policía de la UNACH), Eduardo Fernández Simón (el pitufo), José Bernardino Magdaleno Velasco “El Nino” (subsecretario de Pueblos Indios) y otros, quienes continuamente se reúnen con “autoridades” estatales para analizar el señalamiento y entrega de luchadores sociales.

Cabe destacar que desde la madrugada de este sábado 25 de octubre, en las comunidades de Laguna Verde y del predio 28 de Junio, la población vive momentos de terror con la aplicación de un operativo en el que entraron 40 camiones con elementos fuertemente armados del Ejército Federal, AFI y Policía Especializada que vestían uniforme y casco negro con pasamontañas.

¿Esta es la concreción de la no violencia hacia las mujeres?, ¿Del respeto a los derechos de los pueblos indios?, ¿De la libertad de organización y libre expresión?. ¿Esta es la paz inconclusa de Chiapas? ¡¡Esta es la guerra de exterminio para toda persona u organización que forme parte de la disidencia política hacia este gobierno fascista de ultraderecha!!.

Este es el gobierno de “Hechos represivos, no Palabras”, que ha promovido los famosos “Pactos de Gobernabilidad” con la intención de comprar las conciencias de supuestos luchadores sociales. Ahora quedarán en la memoria del pueblo todos los agravios, la impunidad y la corrupción que rondan en el andar por los pasillos del palacio de gobierno, de aquellas personas, funcionarios, instituciones y grupos de poder del actual gabinete que se hunde en la miseria moral, ética y política. Nuestro pueblo se niega a quedar en el olvido y tampoco olvidará quiénes son sus verdugos y traidores.

Alertamos al pueblo de Chiapas, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, al movimiento popular, a la academia comprometida, y a toda persona progresista, para que esté pendiente de que la escalada de represión social ya está encima, es inminente la instauración del Terrorismo de Estado como forma de hacer política. Convocamos a la unidad de la lucha por la libertad de todas y todos los presos políticos del país, por la presentación con vida de desaparecidas y desaparecidos, por un alto a la criminalización de la resistencia popular.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS

¡¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

¡¡¡LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!!

¡¡¡APOYO TOTAL A LA LUCHA DEL SME!!!

¡¡¡ RESPALDO TOTAL A LA GRAN MARCHA QUE ESTE DÍA REALIZA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LA ORGANIZACIÓN LAS ABEJAS DE CHENALHÓ, EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD HACIA LOS PARAMILITARES DE ACTEAL!!!

COMUNICADO PÚBLICO URGENTE COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO

COMUNICADO PÚBLICO

COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO

Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

Dado que no ha existido ninguna señal del gobierno de poner fin a las fuerzas represivas en nuestras comunidades, hemos tomado una decisión como Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.

Manifestamos públicamente nuestra renuncia a la nacionalidad chile, y declaramos territorio de la nación autónoma mapuche desde río Bío bío al Sur, a partir del reconocimiento explícito que el Estado hace sobre su existencia en el Tratado de Tapihue de (1825) Art. 19.

Por lo cual damos por terminado todo dialogo con la republica de chile y le declaramos la guerra, desde hoy 20 de octubre de 2009 en adelante. Y llamamos a todas aquellas comunidades a seguir la misma senda para poder lograr la expulsión completa a todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche.

Por lo mismo hemos dado libertad de acción a los órganos de resistencia mapuche para actuar en contra de los intereses capitalistas en el territorio mapuche.

Por ello, asumimos en plenitud la reciente acción desarrollada por nuestros Weichafes Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y huilliches de las Comunidades Mapuche en conflicto de la CAM comunicamos a nuestro pueblo y a la opinión publica lo siguiente:

Martes 20 de octubre del 2009, nuestros Weichafes realizaron acciones en contra de dos camión de la empresa forestal EL Bosque, que se encontraba circulando en la ruta que une Collipulli con la ciudad de Angol, específicamente en el alto de Cancura, en la Región de La Araucanía.

Que estas prestaban servicios a Forestales, resultando dos de estas máquinas destruidas.

Estas acciones tienen como único objetivo repudiar todos los últimos hechos de violencia en contra de nuestra nación mapuche, y a la vez respaldar el proceso de recuperación de tierras de nuestras comunidades en conflicto. Esta es también una forma en que nuestros Órganos de Resistencia del Territorio Mapuche- Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y Huilliche expresan su repudio a las condenas sufridas por nuestros hermanos recluidos en las diferentes cárceles del estado chileno y la forma de comunicar que de seguir existiendo prisión política y condenas, estas acciones se seguirán realizando por parte de nuestros weichafe, apoyados por todas las comunidades Mapuche de la nación mapuche .

Por último, reafirmamos nuestra convicción de seguir en la senda de nuestros antepasados que con fortaleza se ofrendaron a la causa de la justicia y dignidad de nuestro hermoso y heroico Pueblo Nación Mapuche. La Coordinadoraestá más fortalecida que nunca en su lucha por el Territorio y Autonomía.

Mientras exista pobreza y miseria a raíz de la falta de tierras con políticas de estado que legitiman el despojo territorial, la CAM seguirá existiendo.

Con la fuerza de de nuestros Futa Keche Kuifi y Weftun (renacer de los nuevos guerreros), que germinan y multiplican por todo el WALLMAPU por una causa que se convierte día a día en una causa más sagrada.

¡MARICHIWEU!

Órganos de Resistencia Territorial

ORT-CAM.

¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche !

¡WEUWAIÑ PU PEÑI, PU LAMNIEN!

FUERA LAS FORESTALES Y LATIFUNDISTAS DEL WALLMAPU TERRITORIO Y AUTONOMIA PARA LA NACION MAPUCHE CON LEMUN Y CATRILEO ¡

¡WEUAIÑ!!

ESTADO REPRESOR. Pide AI investigar “detención y tortura” de tres dirigentes campesinos.

ISAíN MANDUJANO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 29 de octubre (apro).- Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno mexicano investigar el caso de “la captura ilegal y tortura” en el estado de por lo menos tres líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la persecución de que ha sido objeto el resto de sus integrantes.
En un llamado urgente publicado en su página de internet, la oficina de AI en México afirmó que ha recibido noticias de que Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, dirigentes de esa organización, fueron detenidos en forma ilegal y permanecen recluidos en una prisión estatal.
El abogado de los detenidos, Marcos Pérez López, ha afirmado que, durante los interrogatorios, los mantuvieron atados y con los ojos vendados y los golpearon.
Señaló que “a De la Cruz lo golpearon y lo amenazaron de muerte, mientras que a De la Torre le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico hasta que casi se asfixió”. Añadió que a ambos los obligaron a firmar papeles que no les permitieron leer.
Además, AI manifestó su preocupación por otro líder de esa organización, José Manuel Hernández Martínez quien, dijo, permanece preso en una cárcel federal, ubicada a dos mil kilómetros de distancia, lo que dificulta que su familia o su abogado lo visiten.
Los tres son acusados de ocupar ilegalmente tierras en 2005.
Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre fueron detenidos por la policía del estado el pasado 24 de octubre, durante un cateo realizado en casas de miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), en el municipio de Venustiano Carranza.
Hernández Martínez, también miembro de la OCEZ, fue detenido el pasado 30 de septiembre. Luego, el 16 de octubre fue trasladaron a esa prisión federal.
El organismo demandó a las autoridades mexicanas que se garanticen que Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre “no serán sometidos de nuevo a torturas u otros malos tratos”.
Y pidió que se realice una investigación imparcial sobre la “tortura” de que fueron víctimas ambos y sean procesados los responsables.

Tribunal federal ordena a Semarnat anular permiso a Minera San Xavier

 

Como una manifestación de que aún por la vía legal es posible detener la destrucción, ahora sólo esperamos como muchos más en el país que el Estado verdaderamente cumpla con la ley.

Tribunal federal ordena a Semarnat anular permiso a Minera San Xavier
El plazo para acatar el fallo vence el 13 de noviembre; la empresa podría interponer amparo
Activistas esperan que ahora sí se proceda contra la compañía, acusada de daños al ambiente
EDITH ARGÜELLES
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2009, p. 35
San Luis Potosí, SLP, 29 de octubre. El pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una resolución a un amparo promovido por el grupo Pro San Luis Ecológico y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anular el permiso que otorgó el 10 de abril de 2006 a Minera San Xavier para explotar oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro.
El abogado de la organización no gubernamental (ONG), Héctor Barri González, informó que el plazo para que Semarnat retire el permiso a MSX vence el próximo 13 de noviembre. Yvette Salazar Torres, diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no descartó que la empresa busque un amparo.
La resolución del expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-10-04-QC-DA fue notificada a Pro San Luis Ecológico el 14 de octubre, indicó Héctor Barri González. A partir de esa fecha, la dependencia tiene 20 días hábiles para dar cumplimiento al resolutivo y retirar el permiso a Minera San Xavier.
De acuerdo con el ex regidor perredista Carlos Covarrubias Rendón, la resolución reconoce que en la queja de la ONG existen fundamentos para dejar sin efecto la autorización al proyecto, otorgada en 2006 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
La lucha legal de Pro San Luis Ecológico se inició en 1999, cuando la empresa Metallical Resources Inc, de la que formaba parte San Xavier, obtuvo el primer permiso de la Semarnat para explotar mineral en Cerro de San Pedro con proceso de tajo a cielo abierto. Desde su inicio el proyecto fue considerado de alto riesgo por el uso de cianuro y plomo para extraer oro.
Los opositores a Metallical Resources –que en 2008 fue comprada por el Grupo New Gold– argumentaron que el uso de suelo de la zona es de preservación ecológica, lo que invalida los permisos otorgados a la empresa por no existir condiciones físicas ni legales para la explotación minera.
Metallical Resources llegó a Cerro de San Pedro en 1995; comenzó a utilizar explosivos en 2005 y sus operaciones formales comenzaron en 2007. Se le atribuyen daños al patrimonio histórico del pueblo de San Pedro –que dio origen a la fundación de San Luis Potosí–, así como contaminación de aire, tierra y mantos acuíferos que surten a la capital del estado, ubicada a escasos kilómetros, sostuvo Covarrubias Rendón.
El pleno del TFJFA emitió su sentencia en cumplimiento de lo ordenado por el noveno tribunal colegiado de primer circuito. Ésta sería la tercera ocasión en que la sala superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve la nulidad del proyecto Minera San Xavier en favor de recursos promovidos por la ONG.
La primera se emitió en septiembre de 2004. En cumplimiento de la ejecutoria D.A.65/2004-873, el TFJFA anuló la autorización que Semarnat otorgó a la empresa en 1999. Sin embargo, el mismo tribunal concedió una excepción a la dependencia.
La segunda ocasión fue en octubre de 2005 (expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04), cuando se dictó sentencia definitiva y se asentó que la autorización promovida por Minera San Xavier no debió ser otorgada por la Semarnat, pero la dependencia entregó un nuevo permiso en 2006.
De esta autorización se desprende la más reciente declaración de nulidad. Los opositores esperan que esta vez sí se cumpla.