Nueva alerta en la región cuicateca
Como un ejercicio de solidaridad con las comunidades cuicatecas organizadas, publicamos el siguiente boletín de denuncia sobre la ofensiva que prepara el capital trasnacional en contra de las comunidades cuicatecas, en contravención de todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales violentando de manera flagrante los derechos humanos de las comunidades involucradas directamente en el mencionado proyecto.
PERSONEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS ESTUVIERON EN TEPEUXILA, OAX.
BOLETIN DE PRENSA No. 2.
A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS CUICATECOS
A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS TODOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS INTELECTUALES HONESTOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD JUSTA
A TODOS AQUELLOS QUE AÚN CREEMOS EN LA IZQUIERDA, DESDE ABAJO.
Nuevamente nos vemos en la necesidad de recurrir a ustedes para denunciar los movimientos que se están realizando en los territorios indígenas de la región cuicateca, sobre todo, en los municipios de San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Tepeuxila y Santa María Pápalo, concretamente.
1.- Como se hizo público a mediados de 2006, de que una porción de nuestra tierras había sido concesionada al capital privado internacional para la explotación de recursos mineros en el predio denominado La Raquelita I, (RI), con una extensión de 3 500 hectáreas que afectan las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo, San Juan Tepeuxila y todas las comunidades que se encuentran en la rivera del Río Grande.
2.- Ahora fuimos enterados y por ello la denuncia nacional e internacional de que personas de la Dirección General de Minas, dependencia del gobierno federal se apersonaron en la cabecera municipal de San Juan Tepeuxila, a bordo de dos camionetas y pidieron hablar con el presidente municipal, C. Juan García Palacios, quién por su parte buscó al Sr. Cayetano Cruz Palacios para que sirviera de guía de los empleados para mostrarles la zona que solicitaban inspeccionar. Esto sucedió el día miércoles 11 de febrero de 2009.
3.- Una vez informados de la situación recurrimos a investigar el trabajo que se está realizando y personas de diversas comunidades nos dijeron que tienen ya conocimiento de que el Comisariado “anterior” de San Juan Tepeuxila, permitió el trabajo para los estudios de prospección en el paraje conocido como “el zorrillo” en las tierras de la mencionada comunidad.
4.- De la misma manera, compañeros nuestros estuvieron presentes en la reunión de ejidatarios en la comunidad de San Francisco Tutepetongo, Cuicatlán, Oax., por la tarde del día domingo 15 de febrero de este año donde se trató el tema de la solicitud que hace el Presidente Municipal de San Juan Tepeuxila al ejido de Tutepetongo para que dicho ejido permita los trabajos en su territorio para el paso del tendido de luz trifásica de 4 líneas que está pendiente entre los limites del ejido de San Pedrito y Tutepetongo y que nadie sabe con certeza a donde van ni para que servirán, pero se sospecha que van dirigidos a la explotación de los minerales en algún punto de esta región.
5.- Por lo anterior denunciamos que el Presidente Municipal de San Juan Tepeuxila si sabe de los trabajos que diversas instancias del Gobierno Estatal y Federal así como personal de diversas compañías extranjeras están realizando en nuestro territorio y que fueron permitidas por el Comisariado Comunal saliente representado por el señor Manuel Villegas Villegas.
6.- De la misma manera, solicitamos la intervención de los antropólogos estudiosos de la cultura cuicateca porque en los parajes de exploración que se están realizando, como es el caso del Zorrillo y La Banqueta, esta ultima denunciada con anterioridad, son espacios donde hubo asentamientos de nuestros antepasados y están a escasos metros del punto “Cerro San Jacinto” o “Yicu Chindu” que tiene cierta deformación con la palabra “Yicu Tindu” o “cerro de colibríes”. Asentamiento origen de la cultura cuicateca y que por cierto no a sido estudiada y que además este lugar sagrado lo andan buscando por Usila, ¡ah, que intelectuales!
7.- Bueno sin que esta sea la intención, de un tiro matamos tres pájaros. Pero también es necesario recordar lo que dicen varios estudios sobre el impacto que tienen las explotaciones mineras, entre ellas el uso irracional del agua, únicamente para lixiviar o lavar o limpiar de impurezas sus minerales, por cada hora de trabajo utilizan la cantidad de agua que una familia de 5 personas gasta durante 20 años aproximadamente.
8.- Por lo anterior nos solidarizamos con el ejido de San Francisco Tutepetongo y los conminamos a que tomen las acciones pertinentes porque seguramente que dentro del estudio de la minera está el utilizar el agua del Río de la Grana, principal caudal que abastece las necesidades de los pobladores que habitan esta comunidad, para que realicen lo conducente, y a la sociedad nacional e internacional los ponemos al tanto de nuestras acciones para que nos apoyen con su solidaridad como lo han hecho siempre, lo mismo que nuestros hermanos indígenas de la región y del país.
Atentamente.
San Juan Bautista, Cuicatlán, Oax. Méx. Febrero 16 del 2009.
CONSEJO AUTÓNOMO CUICATECO.
La verdad no peca pero, vaya que, incomoda
La lucha por la dignidad de los pueblos no tiene límite más que la propia dignidad, en este sentido el Centro Cuicateco de los Derchos humanos, acompaña la lucha de las comunidades cuicatecas y retomamos a continuación una denuncia presentada por el CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO y el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, sobre recientes movimientos ajenos a las comunidades y que prefiguran la posibilidad de un atentado en contra de dichas comunidades, alertamos sobre ello y esperamos el apoyo de todos quienes aspiran a una sociedad con Paz, Justicia y Dignidad.
Posteado en Voz cuicateca sobre Febrero 16, 2009 por cac08
Desde que las comunidades cuicatecas iniciamos nuestro proceso de organización y discusión sobre la conveniencia o no de los megaproyectos y las secuelas de los mismos para nuestras culturas y territorios, hemos recibido etiquetas y sanbenitos que nos hantachado de mentirosos, enemigos de las comunidades, malos cuicatecos, enemigos del progreso, etc., todo ello hasta ahora y, esperamos por mucho tiempo no ha hecho mella, ni en nuestro ánimo ni en nuestro compromiso y vocación comunitaria, seguimos convencidos de que otra comunidad, otro pueblo, otra nación, son posibles y persistiremos en ello.
Los comentarios anteriores vienen a colasión porque en agosto de 2006, cuando iniciamos nuestra denuncia en contra del proyecto minero conocido como Raquelita I menudearon las críticas y acusaciones de conspiración en contra de las comunidades, en especial de la de San Juan Tepeuxila, en donde, particularmente el Comisariado de Bienes Comunales, de aquel entonces, en especial el Presidente Manuel Villegas Villegas y el Secretario Armando Vásquez, iniciaron una ofensiva en contra de algunos miembros de la comunidad, elementos del equipo de investigaciones del Centro de Estudios de la Región cuicateca, CEREC responsabilizándoles de “atentar” en contra de la mencionada comunidad, por oponerse al progreso, más todavía recorrieron las comunidades pertenecientes al Municipio de san Juan Tepeuxila afirmando, con una copia simple del oficio de desistimiento de la Compañía minera Zapata S. A. de C. V., a la titularidad de la conseción con la referencia, Título: 226954; Agencia: 62; Expediente: 062/09708; Concesionario: COMPAÑIA MINERA ZAPATA, S.A. DE C.V.; Superficie: 3500 has.; Lote: RAQUELITA I; Municipio: SAN JUAN TEPEUXILA; Estado: OAXACA; Vigencia: 31/03/2006; Término vigencia: 30/03/2056, haciendo énfasis en que dicho documento era suficiente para descartar cualquier perjucicio a las comunidades mencionadas, pero además negando cualquier participación en el hecho, a pesar de ser responsables de los bienes comunitarios en peligro.
A pesar de ello el Centro de Estudios de la Región cuicateca, CEREC, continuó investigando e informando de los resultados a las comunidades, afianzando la idea de que es necesario oponerse al proyecto altamente destructivo que derivaría de la probable explotación minera mencionada, ello ha llevado a un trabajo de acopio de información en el que expertos en diferentes áreas de la ciencia han aportado su grano de arena, hasta hoy, el mencionado centro, cuenta con estudios de impacto ambiental, social y económico para toda la región cuicateca y en ninguno de ellos se aprecia algún beneficio para las comunidades localizadas en el área de impacto.
En el camino se celebró este 14 de febrero la reunión informativa en la comunidad de Cacalotepec, con una aceptación de la información y un compromiso en la defensa del la integridad territorial y de la vida comunitaria, ahí mismo se confirmó la información acerca del papel que han jugado algunos de los miembros del anterior Comisariado de Bienes Comunales de San Juan tepeuxila en el otorgamiento de la Conseción, mencionada y sobre todo de las maniobras que han implementado recientemente para hacer posible la explotación minera a las que comunidades se han opuesto sistemáticamente, así se corroboró la siguiente información:
1º El anterior comisariado de Bienes Comunales de San Juan Tepeuxila, presumiblemente el Presidente y el Secretario salientes, otorgó la autorización para el inicio de la exploración en el sitio conocido como el Zorrillo, en el territorio de la comunidad de San Juan Tepeuxila.
2º El pasado 11 de febrero, del año en curso, vehículos de la Secretaría de Minas estuvieron presentes en la comunidad de San Juan Tepeuxila, y
3º El presidente municipal de San juan Tepeuxila, Juan García Palacios, solicitó a las autoridades comunitarias de San Francisco Tutepetongo, se autice el paso de un tendido eléctrico trifásico, presumiblemente para el servicio de la industria minera, el cual ha venido instalándose desde hace ya varios meses.
Ante estas evidencias queda al descubierto quienes han mentido en este proceso, quienes están dispuestos a defender los intereses de las comunidades y, por supuesto quienes pretenden desacreditar el trabajo del Congreso Autónomo Cuicateco, y de los compañeros del Centro de Estudios de la Región cuicateca, CEREC.
Por lo anterior demandamos por este medio la apertura de un debate de cara a las comunidades interesadas entre los patrocinadores del proyecto al interior de nuestras comunidades, en especial de las comprometidas en el mismo, específicamente las comunidades de San Juan Tepeuxila, cabecera municicipal, San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San andrés Pápalo y San pedro Cuyaltepec, de ello depende la credibilidad de quienes gobiernan estas comunidades, de no hacerse queda en duda la integridad de las mismas, así como su compromiso y se abre un espacio para imaginar que tienen intereses en el negocio que representa la misma, esperamos estra equivocados y continuamos esperando el espacio para la discusión.
Por nuestra parte refrendamos “La minería a cielo abierto no pasará”
¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO FEDERAL EN LA REGIÓN CUICATECA?
Al finalizar el año 2008, fueron presentados por la Comisiòn Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, los resultados en el rubro durante el año mencionado, amén de las reiteradas violaciones de siempre, destacó en esta ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, cómo el ente estatal con el mayor número de violaciones documentadas en el país, superó las 600, no es necesario reiterar lo ya dicho en otros foros y oportunidades, las reformas legales que criminalizan la lucha social y conversión del ejército y demás instituciones castrenses en guardianas del orden público, sobre todo en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico, en este sentido el CONGRESO AUTÒNOMO CUICATECO, reitera su preocupación por las posibles consecuencias de la resistencia de las comunidades ante los megaproyectos impulsados en la región cuicateca, fundamentalmente el de la explotación minera conocido com RAQUELITA I en el territorio del municipio de SAN JUAN TEPEUXILA, ante la implantación del plan Mérida y la colombianización de país alertamos sobre el posible recrudecimiento de dichas inicitativas, con los previsibles resultados de represión y persecusión a los luchadores sociales, de nuestra región y en general del país, mala nota para iniciar el nuevo año que sin duda representará uno de los momentos más crìticos de la historia reciente de México, pese a ello reiteramos nuestro compromiso de resistencia al exterminio y nos declaramos condenados a la defensa de nuestro derecho a la sobrevivencia con justicia y dignidad.
En este contexto recuperamos un documento de denuncia presentado por el CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO, durante el mes de otubre del año 2008.
A las comunidades indígenas del país, a la sociedad civil de México y el mundo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a todos los que creen en la posibilidad de otro mundo en donde quepan todos los mundos.
Desde el año 2004, el Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, localizó información fidedigna sobre la existencia de yacimientos minerales de gran envergadura en la región cuicateca, esto se halla registrado en el documento llamado CARTA GEOLÓGICO MINERA DE SANTIAGO NACALTEPEC, mismo que documenta estudios realizados a lo largo de más de treinta años, sin embargo fue en el año 2006 cuando se conoció de la existencia de un proyecto de explotación minera, localizado en la región cuicateca del estado de Oaxaca, con el registro: Título 226954, Agencia 62, Expediente 062/09708, Concesionario COMPAÑIA MINERA ZAPATA, S.A. DE C.V, superficie 3500 has., nombre de lote RAQUELITA I, Municipio San Juan Tepeuxila, Oaxaca, Vigencia 31/03/2006 a 30/03/2056, que las comunidades afectadas, iniciaron, con el apoyo del CEREC, que se conforma con nativos de la región, y por tanto interesados en la problemática, una investigación de la situación, descubriendo que en una flagrante violación a todos los ordenamientos legales tanto nacionales como internacionales, que promueven y velan por los intereses de las comunidades indígenas, no solo no fueron consultadas e informadas, sino que sin la menor claridad en los procesos jurídicos se han concedido tierras que pertenecen al régimen comunal y que por tanto requieren de procesos especiales para su concesión.
Ante este panorama a iniciativa de las propias comunidades se iniciaron trabajos de información y consulta a los interesados para definir acciones conjuntas para contrarrestar los posibles efectos de una devastación como la que anticipa un proyecto como el mencionado, en agosto del año 2007 se notificó a la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía sobre la renuncia de COMPAÑIA MINERA ZAPATA, S.A. DE C.V, a la concesión mencionada, pese a ello no se canceló la concesión, por lo que unos meses después, según documentos puestos en circulación por la propia DGM, una compañía canadiense llamada ALMADEN MINERALS LTD, fue registrada como la encargada de los estudios de exploración previos a la explotación, hecho ratificado por la misma compañía en su página de internet, ya en abril del año en curso, la propia DGM publicó en el Diario Oficial de la Federación, la puesta en venta de las tierras que ampara la concesión, todo ello sin el conocimiento de las comunidades.
Las reuniones informativas sobre el caso, realizadas en las comunidades dieron paso a la celebración de encuentros inter e intracomunitarios, enfocados al análisis de la situación y de las perspectivas de las propias comunidades, estos encuentros se han denominado “Encuentros en defensa de la Integridad territorial y de la vida comunitaria”, a la fecha se han realizado cuatro actividades, como es de suponerse se trata de encuentros pacíficos, en donde la temática es la reflexión sobre las condiciones en que se han desarrollado los acontecimientos, las implicaciones de las actividades como la que se pretende en nuestra región y por ende sobre alternativas de resistencia, en ningún momento se ha siquiera insinuado la posibilidad de violentar las relaciones tanto de las comunidades como con las instancias de gobierno de nuestro país, es en suma un movimiento que busca canalizar mediante el estricto apego al Estado de Derecho, vigente en México la búsqueda de soluciones a la problemática.
Pese a ello tuvimos la presencia del C. Rodrigo Velazco González, cabo de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), correspondiente a la 28ª. Zona militar de la ciudad de Oaxaca en el Tercer encuentro, celebrado el 30 y 31 de agosto en San Sebastián Tlacolula, y de acuerdo a la información recibida por este CENTRO, el día 8 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta patronal de la comunidad de San Juan Tepeuxila, cabecera municipal del municipio del mismo nombre, un pelotón del ejército federal se presentó en la comunidad, interrogando a los habitantes en torno a quienes son los que lideran el movimiento de resistencia y preguntas que por las características presentadas, reflejan un acto de intimidación a las comunidades y a quienes conscientemente se oponen a la posibilidad de ver destruidas sus comunidades, estas acciones no son nuevas ni en el estado de Oaxaca ni en el país, por lo que pueden anticipar una escalada represiva en contra de las comunidades y sus representantes.
Existe constancia fehaciente de que en cada lugar en el que el ejército hace presencia se violan sistemáticamente los Derechos humanos, como ha sucedido en Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y cualquier otro punto geográfico dan testimonio de ello, el pretexto, cualquiera, la lucha contra el narcotráfico, la contención de los movimientos sociales, ello no importa siempre ha habido abuso y la violencia inicia desde el lado de la fuerza militar, la región cuicateca no ha presentado, a lo largo de su historia ningún viso de alteración del orden público o jurídico, los problemas que, como en todas partes existen, hasta ahora han sido domésticos y excepcionalmente intercomunitarios, todos ellos resueltos en el marco del diálogo y la negociación.
Es decir hasta ahora no ha sido necesaria, y aún no lo es, la presencia militar, a no ser que se pretenda inhibir el derecho de las comunidades a subsistir, si es el caso, tendrán que ejercer mayor violencia y esta no provendrá de nosotros, a casi doscientos años de la independencia y cien de la Revolución mexicana, sería lamentable que las armas nacionales, que otrora se cubrieron de gloria en a lucha contra la intervención extranjera fueran utilizadas para defender los falsos privilegios de las compañías transnacionales, canadienses, estadounidenses, españolas o de cualquier otra nacionalidad, México y sus recursos con de los mexicanos y deben seguir siéndolo.
Ante ello alertamos a todos las organizaciones sociales, intelectuales comprometidos, tanto nacionales como internacionales a manifestar su solidaridad con la causa cuicateca y solicitamos su decidida observación sobre la evolución de la situación.
Historias como la nuestra suceden en muchos sitios del país y del mundo, somos una cultura milenaria y refrendamos el derecho a existir y a seguir siendo como somos, la situación social en la que se desarrollan nuestras comunidades, sin ser ideal no ha alcanzado todavía niveles de descomposición que hagan necesaria la presencia del ejército federal ni de ninguna otra fuerza pública, además de que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las fuerzas federales sólo interviene cuando el orden publico afecte la integridad de la república y a petición de parte, gobierno federal, estatal o municipal, y hasta donde estamos enterados, la situación local y regional es dentro de los parámetros mencionados, de calma y paz social.
En este sentido, las comunidades cuicatecas interesadas, demandamos la no intromisión de las fuerzas federales en nuestras tierras, el estricto respeto a la autonomía de los municipios, el total apego al Estado de Derecho, reiteramos nuestro compromiso y vocación de diálogo para la resolución de nuestros problemas, exigimos a todos los niveles de gobierno el respeto que merecemos como oaxaqueños y oaxaqueñas y mexicanos y mexicanas.
¡La región cuicateca no es cuartel ni puede serlo, no se necesitan más cuarteles en México, se necesita más justicia social y respeto para los marco jurídicos del Estado de Derecho!
¡Alto a la injerencia militar en nuestro territorio!
¡No a la realización de proyectos de destrucción de nuestras formas de vida comunitaria!
¡No a la mina, sí a la vida!
¡Nunca más un México sin los pueblos y naciones indígenas!
FRATERNALMENTE
AUTORIDADES COMUNITARIAS Y MUNICIPALES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA
En México se violan los derechos humanos cotidianamente I.
Durante el presente sexenio han visitado México varias comisiones de los Derechos Humanos, sin excepción han sido recibidas por los órganos de gobierno, federal, local municipal y aún los organismos estatales de promoción de los mencionados derechos. Todos también han recibido por estos medios datos que no solo niegan los que previamente han recibido, sino que presentan en México un paraíso de los derechos humanos.
Nada que ver con la cruda realidad que vivimos todos los días, la profunda crisis estructural que atraviesa el Estado mexicano y que amenaza con arrastrar a la nación a una desintegración total, el último recurso de ese Estado caduco ha sido la militarización paulatina de la vida social nacional, la historia moderna de México ha estado marcada de profundas desigualdades, la construcción de la independencia novohispana se realizo sobre la sangre y el sacrificio de inmensas masas de pobres de todos los signos, los ganadores como siempre fueron los herederos de la caduca corona española, otrora rechazados por los suyos y que aprovecharon las circunstancias encumbrándose en el poder, de inmediato se ocuparon de reprimir a los potenciales enemigos del Status quo.
La llegada del moderno Estado liberal, producto de la Reforma no mejoró las condiciones, la liberación de la mano de obra significó el exterminio de las comunidades indígenas y la expropiación de sus tierras, la consolidación del modelo capitalista solo aceleró estas condiciones, la Revolución mexicana contó por eso con enormes masas populares que buscaban con ella su liberación y en no pocos casos el regreso a las condiciones previas a la expoliación de que habían sido victimas, nuevamente el fracaso acompaño a los desposeídos, uno a uno los representantes de s movimiento fueron siendo exterminados, en lugar de la reivindicación se construyó un sistema paternalista que los consideró menores de edad como hasta hoy.
El Estado postrevolucionario construyo el andamiaje para que las élites regionales se restablecieran bajo el viejo esquema porfirista de la paz social ahora el control social combinaba represión y corporativismo en el partido oficial.
La terca realidad obligaba a otras formas de vida a resistir, es ese escenario se iniciaron políticas indigenistas de asimilación al México de la postrevolución, el ILV fue un ariete utilizado no solo por el Estado mexicano sino por la política genocida del Departamento de Estado norteamericano para evitar la propagación de doctrinas exóticas, como las llamaban, el INI en México cubrió los espacios vacios y se inició la cooptación de los movimientos y las rebeliones indígenas tomaron características oficiales y oficiosas, nuestros pueblos se convirtieron en piezas etnológicas y campo de estudios antropológicos patrocinados por el capital norteamericano.
La guerra fría tuvo también enormes repercusiones en nuestra realidad, durante las crisis de los años 50 y 60 del siglo pasado en México se iniciaron sendas políticas de exterminio de cualquier oposición fuera urbana o campesina, los años setenta marcaron con la llamada guerra sucia en contra de las guerrilla campesinas, desde Rubén Jaramillo hasta la actualidad, en el escenario aparecieron los pueblos indios, cuyos reclamos de igualdad y justicia los convirtieron en el blanco de la represión, tlapanecos, mixtecos, rarámuris, zapotecos, totziles, tzeltates y toda la gama del mosaico étnico nacional fueron víctimas de la represión sistematizada por los rangers y la CIA, la llegada de la ola neoliberal en medio de la crisis de los años ochenta marcó una nueva etapa para los pueblos originarios, la globalización, en realidad una regionalización del mundo volteo los ojos hacia los abundantes recursos naturales de los territorios históricos de nuestros pueblos, los estudios de prospección menudearon, disfrazados frecuentemente de programas gubernamentales de apoyo a las comunidades originarias.
Mientras tanto las élites políticas se asociaron con el gran capital, nacional o internacional, el capital no tiene patria, incluso el narcotráfico ingresó al negocio de la política profesional, desvirtuando la esencia de la misma, en medio de esta situación el movimiento nacional reivindicaba el derecho a la vida de las masas depauperadas, mientras el Estado construía una fantasía para los poderosos, ensimismados en sus logros se gestaba sordamente una resistencia desde las raíces, la represión no había logrado aplastarlas, el primer mundo soñado se pretendía concretar con un asalto a las condiciones que permitían sobrevivir a las comunidades, el derecho a la tierra consagrado en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 27, e el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se impuso una iniciativa de reforma que trastocaría la esencia de la comunidad la integralidad de su territorio, se declaraba muerta la reforma agraria y se ponían las bases para la destrucción de las comunidades.
A partir de ahí la guerra en contra de las comunidades, pueblos y naciones originarias ha adquirido tintes vergonzosos para un país como el nuestro y peligrosos para quienes conformamos esta parte de la sociedad mexicana.
¿Por qué una comisión de los derechos humanos?
Como todos los grupos humanos los cuicatecos enfrentamos dificultades propias de nuestra realidad y de las relaciones comunitarias e intracomunitarias, nada excepcional si consideramos que esta realidad es parte de todas las comunidades humanas a lo largo, y ancho del país y del mundo, sin embargo en nuestro quehacer cotidiano debemos permanentemente relacionarlos con el Estado Mexicano en sus tres niveles oficiales de representación: Federación, Estado y Municipio, al mismo tiempo las comunidades cuicatecos iniciamos desde el año 2001 con la celebración del «Primer Congreso de Pueblos Originarios de la Región Cuicateca, siglo XXI, en la ciudad de Cuicatlán, un proceso de reflexión y búsqueda de condiciones que pudieran permitirnos un desarrollo propio, en el cual nuestros intereses y vocaciones fueran el eje de desarrollo.
El proceso de reencuentro comunitario e intercomunitario ha sido lento pero constante, al grado tal que hoy en día nos encontramos cualitativamente cerca de concretar uno de los mas caros anhelos de quienes dieron origen al movimiento cuicateco contemporáneo, refundar las bases del pueblo cuicateco para reencontrar la esencia de la nación cuicateca.
En este esenario nos hemos enterado, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril del 2008, que el gobierno federal ha licitado una extensión de 3500 has., del territorio del municipio de San Juan Tepeuxila lo que significa una grave violación a los derechos de al menos tres comunidades, San juan Tepeuxila, San Sebastián Tlacolula y San Juan Teponaxtla, comunidades cuyos territorios se verían afectados de concretarse la explotación minera amparada por la mencionada concesión.
En este contexto desde el año 2006, se inició un proceso de investigación sobre el asunto, por parte del Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, y representantes comunitarios de las mencionadas comunidades, llevando a la celebración de ccuatro encuentros comunitarios denominados «Encuentros en defensa de la integridad territorial y de la vida comunitaria», ello generó amenazas de muerte en contra del equipo de investigación del mencionado centro y más recientemente la presencia de la inteligencia militar y de al menos dos pelotones del ejército mexicano durante el mes de septiembre, en una región en donde las condiciones cotidianas están alejadas de cualquier problemática que pudiera asociarse a dificultades que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, la cual según los ordenamientos jurídicos nacionales podrían jutificar dicha presencia
Es necesario mencionar que en el caso del ocho de septiembre las fuerzas federales irrumpieron en plena celebración patronal en San Juan Tepeuxila y con el pretexto de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Explosivos, en este caso los de los juegos pirotécnicos, obligaron a la comunidad a acelerar a tal grado la quema de dichos juegos, que pusieron en inminente riesgo la salud de los asistentes a la celebración la inmensa mayoría de los habitantes de la mencionada comunidad, a más de ello ostentaron sus armas de cargo de manera amenazante y bloquearon los accesos a la plaza principal de la comunidad, como puede deducirse del hecho es necesario reflexionar acerca de las condiciones que podrían derivarse de la oposición de las comunidades a la eventual destrucción que significaría cualquier proyecto que atente contra su integridad comunitaria.
Son estas condiciones las que hacen impresindible la participación comunitaria para la eventual defensa de los derechos humanos en nuestra región, la criminalización de la lucha social, el Plan Mérida, la nueva versión del Plan Puebla-Panamá, con su máscara mesoamericana advierten las posibles dificultades para nuestras comunidades, ante ello estar alerta es la solución.
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