El miedo como forma de hacer política en México

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Mariela Zunino, Antoine Libert Amico, Miguel Pickard – 28-noviembre-2008 – num.568
ciepac, san cristóbal de las casas
Introducción
En fechas recientes, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Munich, Alemania entrevistó a integrantes de CIEPAC sobre el miedo y su relación con la represión política, tal como es ejercida en México en la actualidad. Reproducimos aquí las respuestas para que alcancen a más lectores.

En México ¿se usa el miedo para hacer política? ¿En qué contexto? (represión política y social?)

Definitivamente, en México el miedo es una manera de hacer política. La falta de justicia en el país es una manera de generar y perpetuar el miedo entre la población, lo cual explica la ausencia total de voluntad del poder y de sus autoridades de subsanar, de forma frontal y estructuralmente, este enorme vacío en el “pacto social y político” que debería existir entre la sociedad y sus gobernantes. Desde temprana edad, la población mexicana aprende que el Estado en que vive es dominante, violento, corrupto, arbitrario, depredador, asesino y que prevalece la impunidad total en el aparato de seguridad y de justicia. Asimismo, la violencia está institucionalizada mediante decretos del poder ejecutivo, leyes del poder legislativo y veredictos del poder judicial. La impunidad cuenta con un patrón de complicidades imbricadas entre “autoridades políticas, militares, policiales y judiciales a nivel municipal, estatal y federal” (Carlos Montemayor, La Jornada, 31/10/08), es decir, en todo el sistema político-gubernamental.

La población mexicana sabe que el aparato de justicia sencillamente no funciona y que está diseñado a propósito para trabajar en su contra. En tales circunstancias, en la mayoría de los casos es preferible no denunciar cualquier abuso, atropello, delito o crimen que buscar el resarcimiento y arriesgar estar sujeto a estudiadas arbitrariedades del aparato de “justicia”. El poder sabe que el ciudadano común rehuye de tal aparato y lo manipula para amedrentar (infundir el miedo) a la ciudadanía, a la vez que desata sus brazos represores en contra de expresiones de inconformidad, protesta, desacato, desafío, resistencia o incluso interpelaciones. La mayor furia de este aparato se reserva para el/la luchador/a social y particularmente para expresiones de desobediencia civil.

Todo lo anterior se ha agravado en forma significativa desde 2005. Se han profundizado varias tendencias: criminalización de la protesta social, represión selectiva y masiva, desprestigio de líderes, organizaciones y movimientos, fomento de divisiones, detenciones arbitrarias, militarización, restricción a los derechos civiles, ambiente general de una guerra contra el terror y/o de contrainsurgencia, etc.

La insurrección popular en Oaxaca de 2006 ofrece ejemplos claros de lo anterior en términos de cómo se desató el aparato para reprimir – y quizá más importante aún – para aterrorizar a la población. Los medios de comunicación nacionales (todos, incluyendo los de izquierda) desplegaron una amplia cobertura de la represión. Podemos hablar incluso de que algunos medios la ensalzaron adrede. El objetivo era difundir ampliamente las siniestras consecuencias que esperan a la población que protesta, lucha y, peor, trata de construir alternativas al actual sistema. El costo político internacional de la brutalidad fue prácticamente nulo para el gobierno mexicano, por haberse dado en un año de transición entre un gobierno y otro.

La irónica “Rayuela” en La Jornada del 16/11/08 lo dice todo en su escueta síntesis: “La venganza parece no tener límites. A los luchadores sociales los castigan con penas más severas que a los secuestradores y narcos. Y encima no les permiten ver a su madre…”

¿Contra quienes, contra cuales sectores de la población en México se dirige esta política?

La política del miedo se dirige a cualquier sector de la población que protesta y, en especial a quienes protestan fuera de mecanismos seleccionados y vigilados para canalizar inconformidades hacia el poder. Asimismo, conviene mencionar un sector en especial, en gran parte políticamente inactivo pero sujeto al miedo como control social, los transmigrantes indocumentados que se encuentran en el país en tránsito en su mayoría hacia Estados Unidos. Es ampliamente conocida en América Latina la brutalidad y la corrupción de todas las autoridades mexicanas. No es aventurado suponer que el miedo de enfrentarse con semejante aparato policiaco, en condiciones de total desamparo, es un factor que los migrantes potenciales toman en cuenta a la hora de decidir si permanecerán en su país de origen o arriesgarán su vida exponiéndose a vejámenes de las autoridades mexicanas en su tránsito por el país.

¿Cómo se ejerce esa política?

El uso del miedo como forma de ejercer el poder – es decir, el miedo como política – se ha vuelto mas descarado desde el fraude electoral de 2006, que llevó a la imposición de Felipe Calderón en la presidencia de la república. En respuesta a su falta de legitimidad ante los pueblos de México, el gobierno federal ha buscado cobijarse detrás de la Ley. Así, los discursos del “Estado de Derecho” y de “mano dura” dominan la retórica del gobierno. Para afirmarse como institución que detenta el poder y justificar ese poder, el gobierno federal se ha lanzado en una guerra, siguiendo así un postulado maquiavélico histórico. Sin embargo, a diferencia de otros ejemplos como el de George W. Bush y su invasión de Afganistán y Irak, Calderón ha decidido declararle la guerra no a otro país, sino que a ese concepto tan vago y mediáticamente construido de “enemigo interno”. La guerra proclamada por Calderón supuestamente en contra del narcotráfico y el crimen organizado tiene a otros “enemigos internos” en la mira, y más bien se presenta como excusa perfecta para la militarización del país y la criminalización de la protesta social.

En esta publicitada guerra contra el narcotráfico el gobierno de Calderón ha hecho uso de todas las herramientas a su disposición. Estas herramientas buscan fortalecer el aparato represivo (policías, ejército, tribunales, medios) y son estas mismas las que acaban siendo utilizados contra los movimientos y los/las luchadores sociales. El desarrollo del aparato represivo en México se ha dado en el marco de la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmado tras puertas cerradas entre los mandatarios de Estados Unidos de América, Canadá y México. En resumidas cuentas, la ASPAN busca fortalecer la efectividad de los cuerpos militares y policíacos del país a través del financiamiento de Estados Unidos y las reformas legales correspondientes. Así, México recientemente recibió unos 400 millones de dólares de Estados Unidos como primer aporte anual en el marco de la llamada Iniciativa Mérida (más popularmente conocida como Plan México por sus semejanzas al Plan Colombia)(1).

Asimismo, se han llevado a cabo reformas a la ley que amplían las competencias y responsabilidades de los cuerpos policíacos y del ejército, mientras se fortalece el aparato judicial y penal. Estas últimas reformas se dan en el marco del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, firmado en Agosto de 2008 entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, las empresas, los medios de comunicación, y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De las 74 acciones precisas contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, resaltan: depurar y fortalecer las instituciones de seguridad; ampliar la base de datos de la policía sobre la ciudadanía con la creación de la llamada Plataforma México; castigos mas fuertes para la privación ilegal de la libertad y el secuestro; programas de difusión de la cultura de la legalidad y la seguridad en iglesias y centros de culto; el compromiso de los medios masivos de comunicación a dar seguimiento y difusión al Acuerdo; y la creación de la Policía Federal Únicacomo coordinación de los 2,500 diferentes cuerpos policíacos “públicos” que existen en México (sin contar las empresas privadas de seguridad). El uso de este aparato represivo fortalecido en contra de luchadores sociales es claramente ejemplificada por el hecho que el mismo día que se firmó este Acuerdo, el dirigente de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, vio su sentencia de cárcel aumentar 45 años por el delito de “secuestro”. Así, el gobierno federal ocupa el narcotráfico como la excusa perfecta para la imposición de su “Estado de Derecho”, a través del Acuerdo Nacional por la Seguridad.

Al mismo tiempo, mientras se proclama el “Estado de Derecho”, sigue la impunidad. Un ejemplo claro de esto siendo la reciente agresión por parte de la organización paramilitar OPDDIC en la comunidad de Jolamaltzac, ejido San Sebastián Bachajón, donde paramilitares previamente denunciados ante las autoridades correspondientes intentaron asesinar a ejidatarios adherentes a la Otra Campaña. Para más información sobre este caso ejemplar, les invitamos a consultar el Boletín Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (http://www.frayba.org.mx/index.php).

De igual forma, mientras se pone anuncios espectaculares en las carreteras del estado afirmando que “En Chiapas los golpeadores van a la cárcel”, los periódicos estatales y locales reportan de forma constante el hallazgo, una y otra vez, de cuerpos de mujeres asesinadas y tiradas al lado de la carretera. Mujeres en su mayoría provenientes de Centroamérica, pero no sólo. Así, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destaca en su último informe que en los últimos 19 meses se han reportado al menos 1,014 feminicidios en 13 estados del país (2).

De esta manera, la violencia y el miedo (el segundo siendo componente integral del primero) están presentes en todas las esferas de la sociedad mexicana. Desde abajo se vive y se sobrevive ante la crisis económica que ha provocado el sistema capitalista, dejando a los pueblos sin opciones de supervivencia: o te integras al crimen, o migras a Estados Unidos, o te dedicas a sobrevivir como puedas vendiendo lo que puedas en la economía informal, o te organizas para luchar y construir alternativas como pueblos. Y desde arriba, se fortalece el aparato represivo, sus instituciones, sus leyes y sus cuerpos policíacos, para mantener a toda costa el estatus quo.

¿Qué discursos existen en este marco? ¿Se puede identificar algunos actores?

El discurso predominante, como hemos mencionado, es la retórica del “Estado de Derecho”. Este discurso legalista se ha vuelto la justificación de toda acción, el cheque en blanco para las instituciones de gobierno.

Esto ultimo es visible en uno de los lemas del gobierno federal que son difundidos a través de “spots” (comerciales) en la televisión y la radio del país, que para promocionar los programas de gobierno, pronuncia: “Tu participación es tu protección. Gobierno Federal”. Este lema oficial, que nos recuerda demasiado los estados totalitarios que describían tan detalladamente George Orwell y Aldous Huxley, no puede ser tomado a la ligera.

La apuesta del gobierno federal a la imposición de su política a través de las reformas legales necesarias, descartando en los hechos cualquier reconocimiento de la legitimidad o falta de, es acentuada por el nombramiento de Fernando Gómez-Mont como nuevo Secretario de Gobernación tras la muerte repentina del Secretario anterior, Juan Camilo Mouriño, en un accidente cuestionable. Así, un empresario con fuertes vínculos a las transnacionales – particularmente españolas – con interés en la privatización de los energéticos en México, es remplazado por un abogado jurista, confiándole la responsabilidad de llevar a cabo las reformas legales necesarias para la seguridad y prosperidad de México, según el Presidente.

Sin embargo, este discurso del Estado de Derecho no tiene legitimidad ante la impunidad que prevalece en el país. Esas profundas heridas provocadas en los pueblos, las organizaciones, las comunidades y las familias por la impunidad, le restan todo sentido a los discursos legalistas desde arriba.

En cuanto a los actores, faltaría simplemente constar quienes firman el previamente mencionado Acuerdo Nacional por la Seguridad (gobiernos de los tres niveles, empresarios, medios de comunicación, y la misma CNDH) y preguntarse quienes lo financian (Pentágono y las empresas privadas de seguridad beneficiadas por la ASPAN).

Esa política del miedo, ¿cómo afecta a la gente, a corto y a largo plazo? ¿Cómo afecta la vida cotidiana y el planeamiento de vida?

El miedo posee un efecto paralizante sobre la gente. El bombardeo mediático al que nos sometemos a diario nos habla de secuestros, del aumento de la criminalidad, del peligro de los narcos y de cuán insegura es nuestra ciudad. La manipulación por parte de los medios de comunicación refuerza este imaginario colectivo acerca de la inseguridad y por lo tanto fomenta en la población el reclamo de medidas de combate al crimen y la delincuencia. En este marco, no sorprende que la sociedad reclame mano dura y endurecimiento de las políticas de seguridad.

Sentimientos como la angustia, el temor y la sensación de peligro constante se propagan entre la gente, provocando el querer encerrarse, el “no meterse”, lo cual reduce al mínimo los espacios públicos e induce al aislamiento.

Asimismo, la política del miedo funciona como un medio para mantener a la gente dentro de los parámetros “normales” de comportamiento. Como parte de su función de control social, el miedo busca dividir, fragmentar, desconfiar del otro. La política del miedo nos quiere individuales: cada quien sálvese como pueda.

¿Cómo afecta a la organización política alternativa y a los movimientos de resistencia?

El miedo, en su efecto paralizante, muchas veces provoca que se disuelvan los niveles organizativos, conduciendo al rompimiento de los tejidos sociales. La política del miedo busca romper los lazos de solidaridad y debilitar el sentido de comunidad.

Además, este modo de hacer política forma parte del sistema hegemónico de poder que todo el tiempo recrea e impone sujetos con roles que sean funcionales al sistema. Entonces, estas formas de subjetividad dicen por ejemplo que no está bien ser indígena, ni cultivar la milpa, ni oponerse a la construcción de una carretera… Esto muchas veces logra desmotivar la organización y la resistencia.

El estado de miedo que se genera a través de la criminalización de la protesta social tiene el claro objetivo de control social. La política del miedo construye nuevos enemigos internos, a los que intenta aniquilar para imponer su modelo de dominación. El mayor enemigo entonces está constituido por los movimientos de resistencia, que se vuelven victimas de la criminalización de la protesta. Acusados de terroristas, criminales, narcotraficantes, estos núcleos de resistencia son perseguidos y estigmatizados. El aumento de la represión encuentra su justificación en el incremento de la mano dura que el pueblo pide.

El objetivo principal de la represión psicológica es provocar el miedo. Se espera que al instigar el miedo, se logre inhibir las personas a seguir adelante con un trabajo que el gobierno u otro actor represor vea que le afecte. Busca provocar la paranoia, crear un ambiente de sospecha, y así llevar a las divisiones internas. Busca hacer que la gente se sienta sola, aislarla y separarla de su familia, comunidad, colectivo, organización.

El miedo es un sentimiento natural y humano que todos/todas hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. El miedo se vincula con un sentimiento de impotencia: impotencia frente a algo que parece inevitable, impotencia para poder responder, impotencia para poder cumplir un objetivo o negociar emociones profundas dentro de uno mismo.

Por eso decimos que el objetivo principal de la represión, en todas sus expresiones, es el aislar. Los asesinatos y las desapariciones son la expresión máxima de esto, por razones obvias. La represión legal y la cárcel lo son también: la idea principal es físicamente separar estas personas de sus relaciones cotidianas, de su familia, su comunidad, su organización. No solamente se encierra tras rejas y en celdas, conteniendo así el espacio físico, sino que las cárceles también son ubicadas de forma estratégica; y además se envía seguido a los detenidos a cárceles lejanas, tales como en el caso de Oaxaca, con el traslado a Nayarit de los cientos de presos tras el operativo policiaco-paramilitar del 25 de noviembre de 2006. El objetivo del aislamiento también está presente en la represión psicológica, a través del hostigamiento y las amenazas, que buscan provocar el sentimiento de soledad.

¿Existen estrategias individuales o colectivos contra esos discursos del miedo?

A nivel individual es difícil apreciar qué estrategia podría haber contra el discurso del miedo, aparte de compartir impresiones y retroalimentarse de los intercambios en la red social que tenga el individuo. Contra los efectos del aparato, sí las hay, por ejemplo, evitar el contacto con las autoridades del aparato militar-policiaco-judicial en la medida de lo posible y tener activas las redes familiares y sociales que podrían apoyar al individuo en caso necesario.

Las estrategias de los colectivos pueden ser varias: la deconstrucción conjunta del discurso mediante el análisis de sus componentes, las acciones conjuntas que pueden dar cauce al miedo, una actualización constante sobre el tema, una autoevaluación de las fuerzas y debilidades, búsqueda de alianzas con organizaciones afines, actuar en redes, contar con aliados en diferentes ámbitos, etc.

Al organizar una respuesta coordinada frente a la represión, hacemos cara a este sentimiento de impotencia, dándonos propuestas de acción. Pasamos de ser victimas pasivas a ser actores activos. Al organizar formas de comunicación constante, uno se sabe acompañado, venciendo así el sentimiento de la soledad, que es terreno fértil para el miedo. Al identificar los objetivos, las estrategias, los actores y las formas de la represión, aprendemos a enfrentarla. El análisis de la represión nos lleva de la denuncia a la acción, de la protesta a la propuesta. Al analizar la represión psicológica como algo que busca provocar el miedo, nos planteamos la necesidad de vencer ese miedo.

Algo que es urgente y sumamente importante tener en cuenta ante la política de miedo que busca imponer el estado mexicano, es que esta política es reacción. Reacción del gobierno, expresión clara de su propio miedo. Como describíamos mas arriba, el arribo al poder de Felipe Calderón a través de un fraude electoral hizo del Poder en México lo que podríamos llamar una silla sin piernas, una pirámide sin base. Los pilares que sustentan el Poder están derribados, y entonces el Estado busca otras formas de cimentar, arraigar, y justificar su poder, con un único objetivo obvio, que es la manutención de ese poder. Y aquí es donde interviene la política del miedo. La “cruzada contra el crimen organizado” puede entenderse de esta forma como la creación de un teatro alterno para distraer la atención, no sólo de las causas de raíz del poderío y la amplitud que representa el narcotráfico debido a que es una de las pocas alternativas económicas que se presenta para la gente frente a la crisis financiera.

La represión brutal de las expresiones de desobediencia civil y la criminalización de la protesta social representa entonces un intento desde el gobierno, bajo la presión de las empresas, de paralizar y socavar el caminar de los movimientos sociales. Y es que este caminar alternativo, desde abajo, ha tomado pasos importantísimos en estos años. Sí, con sus errores, equivocaciones y problemas, pero construyendo y difundiendo poco a poco una realidad innegable: es tiempo de construir algo diferente a este sistema. Y los pueblos no solo lo están diciendo, sino que ya lo están haciendo.

Notas

1. Para más información sobre la ASPAN, véase http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=541

2. La Jornada, 25/11/2008. http://www.jornada.unam.mx/2008/11/25/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

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Tomado de : Boletines de CIEPAC
“CHIAPAS AL DIA”

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