ANÁLISIS A FONDO: LOS DERECHOS DE LOS INDIOS

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FRANCISCO GÓMEZ MAZA

· La tímida defensa de la ONU ante el gobierno mexicano

· Y los que más la llevan mal son los indios organizados

México es un país de leyes que sólo privilegian a los poderosos. Es el paradigma de la desigualdad y la injusticia, no obstante que la clase política esté convencida de que está gobernando democráticamente, porque, lejos de todo resentimiento social, los políticos creen a pie juntillas que están trabajando para el pueblo, para las mayorías y esto puede verse en los mensajes televisivos que nos endilgan a cada momento en cadena nacional. Hasta con la aprobación del incremento de las cargas impositivas, están convencidos de que son para elevar el bienestar de la población más vulnerable, y hablando de respeto a los derechos humanos pasa lo mismo. Nosotros no violamos las garantías individuales, pero la ley que le daba a los indios derechos sobre sus tierras originarias, sus formas de gobernarse, de organizarse política, social y económicamente – la olvidada Ley Cocopa, producto de la firma solemne de los Acuerdos de San Andrés – jamás fue aprobada ni por la Izquierda, y mucho menos por la derecha en el Congreso. La Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), creada para mediar cuando el levantamiento indio de 1994 nunca funcionó y actualmente pareciera que al único que le interesara revivirla es al amigo Jaime Martínez Veloz, que es una voz que clama en el desierto en los ambientes legislativos. A los priístas les tiene sin cuidado; a los perredistas jamás les han interesado las condiciones en que sobreviven los pueblos y comunidades indias – es más, en Chiapas, una entidad federativa eminentemente indígena, los perredistas no sólo no han defendido a los indios, sino que – caciques, pues – se han puesto en su contra e incluso los reprimen con policías, gases lacrimógenos y hasta con balas, y de ello hay hartos ejemplos y hartos muertos,

Con todo, pese a tener permanentemente la espada de Damocles sobre la cabeza, muchos pueblos y comunidades indias viven ya en sus autonomías, a pesar de que la ley Cocopa no fue aprobada hace ya tres lustros. (Cómo se pasa la vida… tan callando…). Viven un modelo de sociedad armónica, convivible, solidaria, productiva, sin pedirle “chichis” al gobierno, aunque lo que han construido les ha costado sangre, sudor y lágrimas. No lo va a usted a creer, amigo lector, pero hay mestizos que siguen creyendo que los indios no tienen alma, como lo creían los conquistadores y hasta los Papas católicos. Y gobiernos, instituciones, corporaciones policiales y militares siguen violando los derechos humanos de los indios. Que lo digan los indios chiapanecos, cuyo único delito es ser simpatizantes del neozapatismo y adherentes de la llamada “Otra Campaña” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Frecuentemente se dejan venir por la www indignantes denuncias de comunidades y pueblos indios porque son reprimidos, encarcelados, asesinados sus dirigentes y en la defensa de sus derechos los únicos que ponen la cara son los centros de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil, como el Centro Brayba, el Centro Prodh, el Vitoria y otros cuya lista sería interminable. Los gobiernos locales, sobre todo, se burlan de la Constitución Política, que consagra por lo menos las garantías individuales, aunque no reconoce los derechos comunitarios, de grupo, de etnias, de culturas.

En estos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha celebrado un nuevo periodo de sesiones con el estudio de varios casos de violaciones en América Latina, en especial de los derechos de los pueblos indígenas. La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó hasta ayer 54 casos, solicitados por gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región americana. Los países que más casos presentaron ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recomendó al gobierno del presidente Felipe Calderón reforzar la legislación para proteger de manera eficaz la integridad física de los defensores de derechos humanos. Y ésta debería ser la ocasión para que el gobierno reconozca que firmó los Acuerdos de San Andrés pero que, por sus pistolas, lo desconoció y las cosas quedaron igual o peor que antes, porque ahora se criminaliza la lucha social de los pueblos y comunidades originarias. En su más reciente “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, el organismo hace una serie de recomendaciones a la nación en materia legislativa, como recientemente lo difundieron diversos medios informativos. Entre ellas está culminar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, garantizando la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en la materia firmados por México.

Sugiere también reforzar mecanismos de protección a derechos humanos como el juicio de amparo; facilitar la constitución jurídica de organizaciones defensoras de derechos humanos y el acceso al financiamiento público y privado. Además, regular en los tres niveles de gobierno la actuación de la fuerza pública cuando se trata de contener manifestaciones, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Otra recomendación es facilitar a los defensores de derechos humanos el acceso a centros de detención para verificar situaciones específicas; y reconocer expresamente en la ley a la radiodifusión comunitaria, facilitando su utilización. “A las autoridades federales se les recomienda que, en concertación con las organizaciones de la sociedad civil, definan e implementen un mecanismo nacional de protección para defensores”, que pueda extenderse a otros grupos vulnerables, especialmente periodistas. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU indica que autoridades federales y estatales deben hacer una campaña “masiva y sostenida” para reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, que a veces parece “invisible”. En específico se sugiere “abrir un canal de comunicación directa entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los defensores de derechos humanos”, sobre todo en las entidades donde el Ejército participa en labores de seguridad pública. Además, el organismo ofrece su mediación para facilitar ese diálogo. El gobierno debe reconocer los derechos históricos de las comunidades y sus sistemas normativos, así como dejar de lado los vicios característicos del sistema de procuración de justicia, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos. Digo, mientras los diputados toman conciencia de que tienen un pendiente con los indios. Las reformas constitucionales acordadas y firmadas en San Andrés Sac’anchem de los pobres.

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