En México se violan los derechos humanos II o Crimen de Estado los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero

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La indignación llena los corazones de todos los que desde el sotano de la patria miramos dia a dia como no solo se violan los derechos elementales de los pueblos originarios sino que se ha desatado una guerra no declarada de exterminio en contra nuestra, en este contexto, los miembros del CECUIDH denunciamos a todo el mundo el crimen de Estado realizado en Guerrero, mediante la ejecución sumaria de nuestros hermanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron víctimas de un cobarde e innombrable ejercicio de exterminio por el solo hecho de defender sin cortapisas los derechos de sus respectivas comunidades y con ello los derechos de todos y todas quienes conformamos los pueblos originarios, reproducimos a continuación la denuncia de nuestros hermanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregando unicamente.
Por los caidos no un minuto de silencio sino una vida de lucha y compromiso con la paz con justicia y dignidad.

latido

Crimen de Estado los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero.

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009. Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), desde el pasado viernes 13, en Ayutla de los Libres.

Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.

Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla —que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa—, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público de inauguración de obras.

En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla —y ex militar—, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.

De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.

Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.

Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.

Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia, cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados —esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial— y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.

Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

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